“El acoso judicial contra periodistas es una práctica sistémica”

Durante la octava edición de la Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios (FILUNI) se realizó el conversatorio “Libertad de expresión y censura, retos para la construcción de paz”, donde participaron la periodista Marcela Nochebuena y Raquel Álvarez Charqueño, abogada especialista en derechos humanos.

En 2023, Nochebuena publicó en Animal Político un reportaje con 14 testimonios de mujeres víctimas de violencia obstétrica por parte del médico Jesús Luján Irastorza, quien según la investigación periodística, ejercía violencia obstétrica en contra de sus pacientes, por ejemplo, inducía partos, en algunos casos mediante medicamentos suministrados sin consentimiento.

Posterior a la publicación del reportaje, otras 17 mujeres compartieron su testimonio sobre el ginecobstetra y, posteriormente, la colectiva Con Ovarios recopiló entre 50 y 60 casos vinculados con el llamado “el rey del parto inducido”. 

Al menos cinco denuncias penales contra Luján Irastorza bastaron para que se girara una orden de aprehensión. No se precisa la cifra exacta porque el despacho que lleva el caso continúa integrando denuncias. Ante esto, el médico huyó a Estados Unidos, de donde fue deportado a México. Fue vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, tras haberse dado a la fuga. Luego de ocho meses, se le concedió enfrentar el proceso en libertad.

En 2025, Marcela Nochebuena fue notificada de un proceso legal en su contra por parte de Luján Irastorza, quien acusa que el trabajo periodístico dañó su honor y reputación. Desde entonces, ni Nochebuena ni Animal Político han podido publicar más sobre el tema.

La periodista explicó que el riesgo de sufrir acoso judicial debe ponerse en la conversación entre periodistas y comunicadores: “Ninguno de nosotros, periodistas en activo, estamos preparados para enfrentar una demanda porque obviamente tampoco es un escenario ideal, no es como que tendríamos que tener una preparación para eso. Puesto que no debería existir el acoso judicial”. 

Nochebuena destacó que, con base en información de organizaciones civiles que dan acompañamiento a periodistas, hay más de 50 casos de acoso judicial contra periodistas. La organización Artículo 19 publicó, en 2025, que hay 51 litigios contra comunicadores. 

Durante el conversatorio convocado por la Unidad de Investigaciones Periodísticas (UIP), la abogada Álvarez Charqueño, de Perteneces AC, mencionó que los procesos judiciales contra comunicadores para censurarlos son producto de una falta de capacitación en fiscalías y juzgados locales, instancias que perpetran la intimidación mediante el aparato jurídico.

“Necesitamos capacitaciones e información dentro de los poderes judiciales de las entidades federativas y a nivel federal que conozcan que hay parámetros que ya han construido la Suprema Corte Judicial de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a cómo resolver un caso cuando se podría vulnerar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información”, señaló.

La abogada Álvarez explicó que, hasta el momento, Perteneces A.C. ha acompañado a “15 periodistas y medios de comunicación” que enfrentan demandas judiciales como la de Marcela Nochebuena. 

La abogada Raquel Álvarez Carqueño responde a una pregunta del publico en donde se mencionaron casos de censura similares al de Marcela Nochebuena.
La abogada Raquel Álvarez Charqueño responde a una pregunta del publico en donde se mencionaron casos de censura similares al de Marcela Nochebuena.

Demandas para generar miedo

Durante el conversatorio, las ponentes dijeron que si bien aún se siguen practicando formas letales para hacer callar a periodistas, también están surgiendo métodos más sofisticados como el acoso judicial que, en palabras de Álvarez Charqueño: “son usados por las personas que ocupan algún poder público, político o económico”.

Ambas coincidieron en que el acoso judicial, visto como una forma de intimidación contra periodistas, puede tener consecuencias laborales, reputacionales, económicas y anímicas contra quienes desempeñan el periodismo. 

“Lo primero que buscan (las demandas contra comunicadores) es generar temor, para que después tengan que empezar a gastar parte de sus recursos o de su tiempo, que podrían estar utilizándolo en generar investigaciones”, sostuvo Álvarez Charqueño.

Marcela Nochebuena, quien también se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, añadió que el ámbito académico para la formación periodística es clave para generar conocimiento en cuanto a acciones legales contra la prensa.

“Como en otras aristas de la formación periodística, hace falta muchísima vinculación con la realidad, hace falta que periodistas en activo traigan estos temas a la academia y se hable que estas son cosas que hoy pueden pasar en México”, afirmó la reportera.

La abogada señaló que los tribunales en derechos humanos han fallado en que se tiene que ponderar y dar mayor protección a la libertad de expresión por encima de los derechos de la personalidad, a lo que sumó el caso de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien mantiene un proceso legal y medidas de censura contra el periodista Jorge Luis González Valdez por supuestamente “incitar al odio y la violencia”. Por esta razón, el periodista no puede publicar sobre la mandataria.

“Los de Campeche, pues no cumplen con el parámetro para que sea considerada violencia política en razón de género, son personas públicas que se encuentran bajo el escrutinio y que muchas de las veces tienen que ver con los vínculos que tienen con otras personas”, explicó Álvarez Charqueño.  

En la ronda de preguntas y respuestas, casi al final de este conversatorio, se hablaron de otros casos similares como el sucedido en Baja California, con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligó a una ciudadana a disculparse en la red social X (antes Twitter) con la diputada federal Diana Karina Barreras por presunta violencia política en razón de género. Un caso que se conoció popularmente como “Dato Protegido”.

Al cierre del evento, Marcela Nochebuena reflexionó por qué es importante seguir haciendo periodismo pese a este entorno de amenazas: “Nuestro trabajo sigue siendo explicar, explicar todo eso que sucede en ese ruido tan tremendo que es el que todo el mundo hable al mismo tiempo. Ese sigue siendo un trabajo que hoy es más complicado porque hay cada vez más de ese ruido, pero que también es muy gratificante, es decir, también hay trabajo periodístico que es referencial, que hace que cosas sucedan”.

Los integrantes del conversatorio Libertad de Expresión y Censura, retos para la construcción de paz en orden de aparición: Aldo Martinez, integrante de la septima generación de la UIP; Raquel Alvarez Carqueño, abogada de Perteneces AC; Marcela Nochebuena, periodista; Alma Delia Fuentes, periodista y directora e la UIP: y Alessandra Conrado, integrante de la octava generación de la UIP.
Al cierre del conversatorio e reunieron las personas invitadas en este espacio, en orden de aparición: Aldo Martínez, integrante de la séptima generación de la UIP; Raquel Álvarez Charqueño, abogada de Perteneces AC; Marcela Nochebuena, periodista; Alma Delia Fuentes, periodista y coordinadora de la UIP; y Alessandra Conrado, integrante de la octava generación de la UIP.