Apagan micrófonos de radios comunitarias

Las radios comunitarias se enfrentan muchas a diversas adversidades: operativos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que consideran “piratas” a algunas de éstas, además de escasez de recursos y prohibición para comercializar espacios.

Eran las 11 de la mañana del 23 de febrero del 2022 cuando cinco inspectores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), acompañados por más de 20 agentes de la Guardia Nacional, irrumpieron en las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Guerrero (Radio Uagro), estación ubicada en la sede de dicha casa de estudios en Chilpancingo, la capital del estado. “¡Apague todos los aparatos y corte la transmisión!”, le exigió uno de los inspectores a Víctor Wences Martínez, director de la emisora; pero él se negó y, en cambio, corrió a la cabina para informar a la audiencia lo que ocurría.

Aunque se trata de una de las radiodifusoras con mayor trayectoria en el estado, con 40 años de vida, para las autoridades federales Radio Uagro es pirata; es decir, que forma parte de un grupo de al menos 894 emisiones y proyectos de radio independiente que, de acuerdo con el IFT, carecen de permiso para prestar servicios de telecomunicaciones. Por ello, de acuerdo con el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en castigo deben “perder en beneficio de la nación” todos sus bienes, instalaciones y equipos de transmisión.

Para los operadores de estas radios, no obstante, lo que en realidad buscan las autoridades federales con la cancelación de sus señales, el despojo de sus equipos y la persecución de sus miembros, es controlar la emisión de contenidos libres y críticos. Así lo explica el locutor Sergio Ocampo, fundador de Radio Uagro y corresponsal de La Jornada en Guerrero.

“Este intento de desmantelar Radio Uagro se da por la línea editorial que ha tenido durante casi 40 años, que vamos a cumplir el próximo 4 de mayo. Por eso, entendemos, nos tratan de desmantelar. Radio Uagro ha jugado un papel informativo importante, por ejemplo, en el caso de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa”.

Desde 1982 la estación universitaria ha priorizado la difusión de información sobre las luchas sociales del estado de Guerrero. Ha sido una radio plural que lo mismo le ha dado el micrófono a familiares de desaparecidos que a profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG); pero, también, difunde un resumen diario de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aun así, continúa el locutor, la urgencia de suprimir las transmisiones de Radio Uagro fue tanta, que las autoridades federales “violaron la autonomía de la universidad, porque la institución es autónoma y se supone que no pueden incursionar en sus instalaciones”. Ante el llamado de alerta, recuerda Ocampo, alrededor de las instalaciones se congregó la comunidad universitaria, “evitamos que se llevaran el equipo, con la participación del auditorio y con la prensa”. Ante la presión, luego de dos horas, los inspectores del IFT se retiraron.

Pero un día antes, el 22 de febrero, en operativos similares, las autoridades sí lograron llevarse los equipos de Digital 106.1 AM y FM, que operaba en Chilpancingo; de La Chilapeña, del municipio Chilapa, y de El Ocotito, radiodifusora de la comunidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Chilpancingo.

Pocas y bajo persecución

Las radios comunitarias son proyectos de comunicación indígena, popular, campesina, universitaria o ciudadana que buscan atender las necesidades informativas de sus comunidades y regiones; reivindicar sus lenguas, tradiciones, cultura, usos y costumbres, así como fortalecer procesos de defensa de derechos humanos.

El concepto fue introducido en México en 1992, durante el Encuentro Mundial de Radios Comunitarias, realizado en Oaxtepec, Morelos, con la participación de 450 delegados de proyectos radiofónicos de 55 países. Aunque se realizaba en México, en el encuentro sólo hubo dos proyectos nacionales con ese perfil: Radio Teocelo, del centro de Veracruz, y Radio Huayacocotla, al norte del mismo estado.

Pero, aunque el concepto de “radio comunitaria” viene trabajándose en México desde hace 40 años, fue apenas en 2013 que estos proyectos fueron reconocidos por el marco normativo nacional, explica en entrevista Élfego Riveros Hernández, colaborador de Radio Teocelo. Sin embargo, aunque ahora la ley les reconoce su derecho a existir, al mismo tiempo les prohíbe financiarse mediante la comercialización de espacios publicitarios; es decir, les impide hacerse de recursos para existir.

Para acceder a una concesión de uso social los proyectos de radio comunitaria deben cumplir una serie de requisitos que, en muchos casos, son imposibles para las comunidades y colectivos que los impulsan con trabajo voluntario, con equipos adaptados improvisadamente y sin recursos económicos a su disposición. Por ejemplo, la ley dicta que deberán demostrar capacidad técnica, capacidad económica, capacidad jurídica y capacidad administrativa, además de realizar peritajes en telecomunicaciones, para los cuales es necesario contratar servicios especializados.

“Somos pocos los que hemos logrado cubrir los requisitos; no más de 130 proyectos tienen concesiones; no son nada al lado de los permisos de las grandes empresas de comunicación, que tienen canales de radio y televisión que abarcan prácticamente toda la república. No se pueden comparar con los medios nuestros, de pequeño alcance”, reconoce Riveros.

Los registros oficiales del IFT revelan las dificultades que estos proyectos enfrentan en la búsqueda de la regularización. De 1,577 solicitudes de inclusión en los programas de aprovechamiento de bandas de frecuencia para uso social, tramitadas entre 2014 y 2022, sólo 111 proyectos han obtenido concesiones de radio “comunitaria”, y otros 21 para radio comunitaria “indígena”.

Radios comunitarias: se buscan por robo

Durante el año 2016, el IFT lanzó en medios masivos de comunicación la campaña “Se busca por robo”, en la que equiparaba las emisoras no autorizadas con organizaciones criminales dedicadas al lucro mediante el robo de  frecuencias. Hasta la fecha, la autoridad no ha definido qué características tienen las radios piratas o ilegales, y cuál es su diferencia con las emisiones comunitarias, laguna legal que da a lugar a hechos como los sucedidos a Radio Universidad Autónoma de Guerrero.

Organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC-México, integrada por 62 emisoras comunitarias e indígenas) y la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen (que promueve la formación de comunicadoras y comunicadores en regiones campesinas e indígenas), solicitaron al IFT el retiro inmediato de la campaña, advirtiendo que las radios comunitarias transmiten con fundamento en el artículo 7 de la Constitución mexicana, según el cual, “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”; y que, explícitamente, establece que “no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información”.

En abril de 2016 el entonces vocero del IFT, Edgar García Turincio, aseguró que la campaña tenía la finalidad de “perseguir a las estaciones piratas, es decir, aquellas que no cuentan con un permiso para operar, y no a las estaciones sociales, comunitarias o indígenas”. Lo que no reconoció fue que el organismo trata como “piratas” a todas las radios comunitarias que operan sin permiso.

Aunque la campaña fue retirada, el IFT no suspendió los operativos para desmantelarlas, ni siquiera con el cambio de autoridades y el inicio, en diciembre de 2018, de la actual administración federal, encabezada por el presidente López Obrador.

Al cierre de 2021 el IFT reportó que tenía 922 denuncias contra radios “piratas” pendientes de atender, sobre las cuales “se analiza y evalúa la información contenida en las mismas, para programar su localización” y desmantelamiento.

Corriente Alterna solicitó una entrevista al Instituto Federal de Telecomunicaciones para conocer los criterios aplicados para determinar cuándo una radio es pirata y cuándo es comunitaria, pero el organismo se negó a tocar el tema.

Inanición forzada

La ley establece que las radios comunitarias que logran obtener una concesión de uso social no pueden comercializar espacios publicitarios, pero sí pueden aspirar a recibir recursos públicos, ya que la misma norma señala que el 1% del presupuesto que el gobierno federal invierte en publicidad oficial debe destinarse a este tipo de proyectos.

Sin embargo, en entrevista para Corriente Alterna, Maru Chávez, directora de Violeta Radio, señala que éste es un criterio de financiamiento “arbitrario”, ya que “nadie dice qué razones hay para que las radios comunitarias sólo puedan recibir ese 1%, y el restante 99% sea para los medios comerciales; las autoridades parten de la idea de que las radios comunitarias somos pocas, pobres y pequeñas, y que por eso no necesitamos más de ese financiamiento”.

Radio Teocelo, por ejemplo, cuyo archivo de 40 años de contenidos fue recientemente integrado al acervo sonoro de la Fonoteca Nacional por su valor histórico, se sostiene mediante apoyos de la audiencia “a través de sorteos, a través de una campaña que le llamamos Socios del Club de Amigos, con la que ellos dan una aportación por algún servicio; pero ha sido, sin duda, el cariño de la gente lo que nos ha sostenido y por lo cual hemos seguido adelante”.

El 20 de enero de 2021, de hecho, el IFT publicó la lista de las 74 radios con concesiones de uso social que sí cumplen con los requerimientos para acceder a esos recursos. Sin embargo, no estableció cuáles son los mecanismos ni los criterios para que estos recursos fluyan, por lo que el financiamiento público es mínimo y discrecional.

Miryam Vargas es comunicadora popular desde hace 14 años, integrante del colectivo de medios libres Centro Cultural Tlaxcaltzin, en Puebla, y fundadora de Radio Cholollan, un proyecto comunitario y universitario que desde 2008 genera y transmite contenidos a través de radio convencional, internet y perifoneo con altavoces en la localidad de Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés Cholula.

En 2014, Radio Cholollan fue despojada de sus equipos por el IFT, aunque dos años después, en 2016, el mismo organismo reconoció que no se trataba de una radio “pirata” y le otorgó la primera concesión de uso social para una radio comunitaria “indígena”. Pese al reconocimiento, Radio Cholollan no ha logrado obtener acceso a financiamiento público.

Por el contrario, la emisora se sostiene mediante la realización de rifas entre la comunidad, venta de publicidad sólo para su página de internet, y recibe donaciones en dinero, especie y trabajo voluntario de los vecinos de Tlaxcalancingo.

—¿Nosotras qué hacemos? —se pregunta Miryam—. Pues la chamba de informar, de estar constantemente haciendo la comunicación en los pueblos. Pero se nos relega de esta posibilidad de tener una sostenibilidad, de tener las condiciones y las garantías para continuar. Hay muchas radios comunitarias que, así como inician operaciones, las cancelan por falta de recursos. O no cierran, pero tampoco pueden ofrecer contenidos más amplios.

La obtención de un permiso, además, no es necesariamente el deseo de todos los proyectos de radio comunitaria. Para algunas, operar sin ese permiso es parte de su esencia.

Radio Ñomndaa, en español “la Palabra del Agua”, es una de las radios comunitarias que se han declarado en rebeldía, que han advertido a las autoridades federales que no necesitan permiso para operar, ya que lo hacen al amparo del derecho a la libre expresión y difusión de las ideas, consagrados por la Constitución mexicana.

Este proyecto de radio comunitaria inició sus emisiones en 2004, en el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, y cuatro años después, en 2008, cuatro decenas de policías municipales y elementos de la Agencia Federal de Investigaciones invadieron sus instalaciones. No obstante, cuando se preparaban para irse con el equipo, Radio Ñomndaa alcanzó a enviar a su audiencia un mensaje de auxilio y, en pocos minutos, más de 300 personas, en su mayoría mujeres, le cerraron el paso a los uniformados.

El operativo se suspendió y los policías se retiraron, para no volver más. Eso fue en julio de 2008, y para diciembre, explica David Valtierra Arango, colaborador de Radio Ñomndaa, “nosotros teníamos muy claro que no estaban respetando la vía de los usos y costumbres, como es en las comunidades indígenas”, por lo cual, la comunidad de Xochistlahuaca decidió en asamblea popular que su radio siguiera operando, sin tramitar ningún permiso gubernamental jamás.

Más allá de lo local

Para Élfego Riveros Hernández, de Radio Teocelo, pionera de las radios comunitarias en México, la función principal de estas iniciativas de comunicación es fomentar y acompañar la participación ciudadana en la vida de la sociedad, para que las personas oyentes, “plenamente informadas, puedan lograr cambios hacia el buen vivir”.

Por eso, subraya, lo lógico en un Estado democrático sería apoyarlas o, al menos, darles la posibilidad real de financiarse, y no perseguirlas ni despojarlas de los medios con los que operan, como ocurre en México. “México, las y los jóvenes, deberían ver a los medios comunitarios e indígenas como una nueva opción informativa, laboral y de realización personal, no como los medios marginales o de segunda o tercera categoría, en que se les quiere catalogar en la época reciente”, concluye.