120 días frente a Segob: impunidad transexenal

No solo la violencia ha prevalecido sino que viejos casos de violaciones a derechos humanos permanecen en la impunidad. Por si fuera poco, los fondos de apoyo a  víctimas y familiares han desaparecido. Ante esta situación, en cuatro meses de plantón frente a SEGOB (Secretaría de Gobernación), diversos colectivos recurrieron a protestas dramáticas: amenazar con prenderse fuego, velar los restos de sus familiares en la calle, desangrarse por días…

El féretro está flanqueado por veladoras, flores y una decena de personas. Es 10 de febrero de 2021 y el cuerpo de Víctor reposa dentro de un féretro instalado frente a la Secretaría de Gobernación (Segob). No se trata de un simulacro ni de un performance. Los restos fueron recuperados hace más de un año por el colectivo Buscando Cuerpos de una fosa clandestina en la comunidad de Chichihualco, a una hora de Chilpancingo, en el estado de Guerrero.

No es la primera vez que Margarita López, quien encabeza el colectivo, vela un cadáver frente a estas oficinas. Luego de meses de acampar frente a las puertas de la Segob, en la calle Abraham González de la colonia Juárez, recuerda que más de una vez las autoridades han intentado impedir estas ceremonias con el pretexto de que representan un riesgo sanitario. 

Margarita no es la única. Desde el 18 de noviembre, unas 30 personas han instalado, poco a poco, pequeñas tiendas, carpas y fogones hasta conformar un plantón que bloquea de lado a lado los accesos. Las personas duermen en pequeñas casas de campaña, entre pancartas y carteles colgados de los postes de luz o de los barrotes de la secretaría en los cuales denuncian todo tipo de violencias. Todas las personas aquí reunidas son víctimas, sobrevivientes: hay quienes sufren el desplazamiento forzado de sus comunidades; personas que han padecido tortura; familiares de personas ejecutadas extraoficialmente o de desaparecidos.

Están aquí en protesta por la extinción –aprobada por el Senado en octubre de 2020– del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, un fidecomiso mediante el cual se otorgaba un apoyo económico que servía a las víctimas para solventar sus gastos de alquiler y transporte; puesto que muchas pierden sus trabajos y modos de sustento para integrarse a grupos de búsqueda o necesitan desplazarse a la capital para dar seguimiento a sus casos. 

Y como la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (aún sin titular, tras la renuncia de Mara Gómez) se niegan a pagar los gastos funerarios de las personas encontradas en las fosas clandestinas de Guerrero, el colectivo Buscando Cuerpos ya ha velado cinco cuerpos en la calle de Abraham González. A los funcionarios, dice Margarita, los ataúdes a pie de la banqueta les provocan, sobre todo, molestia.

“¿Qué podemos esperar si a Cienfuegos no le hicieron nada?”

Óscar Alejandro Kabata tenía 17 años cuando fue detenido en Ciudad Juárez junto con su amigo Víctor Manuel Baca, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, el cual se anunció como un intento de las fuerzas armadas y la policía federal para desarticular a los Zetas y al Cártel del Golfo. 

Era la noche del jueves 26 de febrero de 2009 y, como consta en la recomendación 38 por violación grave emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la detención fue arbitraria. Los soldados lo golpearon y agredieron sexualmente; a Víctor, entonces de 21 años, lo ejecutaron sin razón alguna.

Tras cinco días de tortura, A Óscar lo llevaron ante quien identificó como el general Felipe de Jesús Espitia Hernández –de acuerdo con el expediente del caso radicado en la entonces Procuraduría General de la República (PGR)–. Espitia, coordinador general del operativo, lo dejó libre bajo amenaza: si contaba algo, si él y su familia no abandonaban Ciudad Juárez, los mataría. Fue liberado el 2 de marzo de 2009.  

Laura Kabata de Anda, madre de Óscar, llegó a la Ciudad de México a principios de 2021. Se instaló en el plantón frente a Segob para exigir una reparación del daño adecuada; además de justicia para las víctimas, pues la autoridad señalada permanece impune. 

“Hasta hace poco, Espitia todavía laboraba en el gobierno”, señala Kabata. 

Es verdad. El general fungió, hasta 2020, como coordinador de asesores del director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM); hoy está en retiro.  

El 4 de febrero pasado Laura intentó ingresar al edificio de Segob junto a otras de las víctimas. Elementos del Servicio de Protección Federal las recibieron a golpes. “Ahora, sí, nos las vamos a chingar”, escuchó que decía alguien. En el altercado sufrió asfixia; acusa que los guardias usaron una bufanda que llevaba al cuello para lastimarla, lo cual derivó en una crisis nerviosa y en varios moretones. 

El 24 de marzo Laura trasladó su protesta a Lomas de Sotelo. Ahora acampa allí, frente a las instalaciones de la Sedena y junto a su hijo Óscar, para exigir atención al caso. El 5 de abril recibió por mensaje de celular una amenaza de muerte. Que aceptara el dinero ofrecido por la reparación del daño, aconsejaba el anónimo, y levantara su plantón. 

–Nosotros, lo que queremos, es cerrar ciclos, empezar una nueva vida con una reparación justa –se desahoga–. A Espitia no le han hecho nada, no le hacen nada ¿Qué nos podemos esperar si a (Salvador) Cienfuegos tampoco le hicieron nada?”.

Un periodista desangrándose en la acera

La sangre comienza a gotear desde el catéter colocado en su brazo izquierdo. 

Omar Bello Pineda, periodista originario de la Costa Grande de Guerrero, denunció que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se negó a asignarle escoltas. Esto luego de que hiciera públicas las amenazas de muerte que había recibido ese mismo mes, en agosto de 2020. Como el fideicomiso de ayuda a víctimas desapareció, los fondos del Mecanismo también desaparecieron por decreto. Así que, el 19 de noviembre, Omar se plantó frente a Segob junto al resto de las víctimas.

Había dormido ya varias semanas en la intemperie sin recibir atención por parte de las autoridades cuando decidió elevar la protesta. El 14 de diciembre, el periodista se colocó un catéter en el brazo, se sentó a unos cuantos metros de la entrada principal de la secretaría y comenzó a desangrarse voluntariamente.

“Vivimos en regiones en donde ejercer el periodismo es un trabajo de alto riesgo. Es una labor que va contra algunos cánones de la delincuencia organizada y del mismo gobierno”, explica Bello Pineda en entrevista. Señala que tuvo que salir de Guerrero después de haber sido víctima de tortura y de dos privaciones ilegales de la libertad. 

Durante cuatro meses “sostuvimos el plantón frente a Segob con nuestro propio recurso; yo surtía al mes más o menos unos 6 mil pesos de comida, yo compré casas de campaña, yo compré colchones inflables”.

Bello Pineda señala que el Mecanismo de Protección a Periodistas es “un nido de élites”. Sostiene que, “si no eres parte del clan –cercano a los integrantes del Consejo Consultivo del mecanismo o un periodista famoso–, simplemente no te dan las medidas de protección, aunque las necesites”. 

Semanas después de que comenzara a desangrarse, al final de 2020 Omar amenazó con prenderse fuego e inmolarse si sus solicitudes no eran atendidas. 

Meses después, el 7 de marzo de 2021, el periodista se retiró del plantón. Hasta la fecha sigue sin protección de escoltas y responsabiliza a las autoridades de cualquier agresión en su contra. Sin embargo, reconoce que logró reunirse con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y que más del 90% de sus peticiones fueron cumplidas.

35 días en huelga de hambre

Llevaba más de un mes en huelga de hambre cuando, la noche del pasado 4 de abril, Margarita López se desvaneció al interior de su casa de campaña. Su hijo Julio cuenta que la estabilizaron en una ambulancia que llegó al plantón frente a Segob cuando lanzaron la alerta. 

Hace más de ocho años, en noviembre de 2012 y en esta misma calle, Margarita ya se había negado a ingerir a alimentos en protesta por el secuestro y asesinato de su hija Yahaira López Bahena. Entonces el titular de Segob era Alejandro Poiré y Felipe Calderón todavía ocupaba la Presidencia. La huelga de Margarita duró seis días. Casi una década después, tras enterarse de que los asesinos de Yahaira salieron libres, la activista repitió su protesta para exigir una audiencia con la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Fue el pasado 2 de marzo, después de que la CNDH le notificara por WhatsApp que los responsables del asesinato de Yahaira habían salido libres, que Margarita inició una nueva huelga de hambre.

“La SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) dejó mal integrada la averiguación –explica–. Eso ocasionó que el caso de mi hija pasará de un juzgado federal a un juzgado estatal y que los delincuentes pudieran salir absueltos”. 

Según la notificación de la averiguación previa PGR/SEIDO/UETMIO/101/2011 “uno de los servidores públicos no fue encontrado responsable y los otros 2 fueron encontrados administrativamente responsables por hechos no graves, por lo que se les sancionó con una amonestación privada”.  Por tal motivo, Margarita López interpuso un amparo ante la justicia federal. Las observaciones del documento que recibió Margarita por parte de la CNDH el 2 de marzo, detallan que el expediente de su causa penal contiene irregularidades graves. Por ejemplo, no acreditar la participación de los funcionarios públicos en el crimen y dejarlos libres.

Margarita solicitó una reunión con Sánchez Cordero; pero, de acuerdo con la activista, la secretaria se negó a recibirla: “Me mandó decir que no tenía tiempo”.

Yahaira Bahena López tenía 19 años cuando contrajo matrimonio con un subteniente del Ejército que fue trasladado a Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. La joven no vivió más de una semana allí.  El 3 de abril de 2011, un grupo de hombres armados la secuestraron y asesinaron días después. Margarita señala que en la desaparición y asesinato de su hija participaron miembros del crimen organizado, servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad Pública de Tlacolula. 

Se levanta el plantón frente a Segob

Tras cuatro meses de dormir a la intemperie, el martes 13 de abril, las víctimas levantaron el campamento en su totalidad de la calle Abraham González. 

Las lluvias intensas del año pasado, el frío del invierno, las secuelas emocionales derivadas de la violencia y la interminable burocracia, el miedo ante un posible contagio de Covid-19, lograron mermar las energías de quienes protestaban y exigían respuesta de la autoridad. Problemas de logística y cohesión, tal vez, pues a diferencia de otros colectivos, estos no contaban con estrategias claras. Quienes se plantaron frente a Segob no estaban organizados del todo. Al contrario: las víctimas cruzan acusaciones entre sí. Dicen que uno u otro es un “traidor”, incluso un “agente encubierto” del gobierno; mientras tanto, improvisan protestas cada vez más dramáticas: desangrarse en la acera, amenazar con inmolarse, dejar de ingerir alimentos. 

A pesar de todo, después de velar cuerpos en plena calle, quienes mantenían el plantón frente a Segob también vieron nacer una vida nueva. El 9 de febrero, por la mañana, Sayuri Barroso Meza, del colectivo Raúl Trujillo Herrera Por los Desaparecidos, entró en labor de parto. Participaba en el plantón en protesta por la desaparición de uno de sus familiares en Chilpancingo. El parto fue complicado y prematuro pero, actualmente, el bebé se encuentra estable.

“Si yo aquí muero de inanición, voy a ser una cifra más para ellos”, dijo Margarita López días antes de desvanecerse. Había resistido 35 días en huelga de hambre. Actualmente, el colectivo Buscando Cuerpos se retiró del plantón para no arriesgar más la salud de su directora. 

Laura Kabata, tras recibir amenazas de muerte, ha comenzado a desangrarse frente a la Sedena; exige castigo para el general Espitia. Otros, como los integrantes de las comunidades guerrerenses de Chichihualco y Filo de Caballos, desplazadas de su territorio hace tres años por el crimen organizado y quienes se habían unido hace apenas una semanas al plantón, sí fueron recibidos por el subsecretario Encinas. El compromiso de reubicarlos en un “plazo corto” suena demasiado prometedor. Sobre todo si se considera a las decenas de víctimas que han visto cómo la violencia y la impunidad se perpetúan de un sexenio al otro.