Durante los primeros seis meses del 2020, al menos 26 periodistas mexicanos fallecieron de COVID-19. Además, 52 comunicadores sufrieron agresiones durante la cobertura de la contingencia, según el registro de casos que realiza Artículo19, organización civil defensora de la libertad de expresión.
De acuerdo con la ONG, la crisis sanitaria ha evidenciado el contexto de precariedad y violencia que viven las y los periodistas en México: “Desde antes de la pandemia, la prensa ya se encontraba en una situación de vulnerabilidad por la violencia exacerbada contra las y los periodistas, sobre todo aquellos que cubren temas de corrupción, política, seguridad, justicia y derechos humanos”, explica Itzia Miravete, coordinadora de documentación y seguimiento de casos en Artículo 19. A eso, luego se sumó la vulnerabilidad por la pandemia, ya que las labores periodísticas no fueron protegidas por ninguna política pública, a pesar de que esta profesión integró desde el principio la lista de “actividades esenciales”, relata Miravete.
Contagiados en la cobertura
A mediados de marzo pasado, en el municipio de
Monclova, Coahuila, personal de salud asignado a la clínica 7 del IMSS realizó una marcha; exigían insumos para enfrentar la pandemia; la
movilización fue cubierta por varios periodistas locales. Días después, entre
los trabajadores de esa clínica fue declarado un brote de COVID-19.
Periodistas de diversos medios “estuvimos de lleno cubriendo todo
eso (la marcha) y pues de ahí se derivan algunos contagios entre compañeros de
la prensa local”, relata Lidieth Mexicano, corresponsal del periódico Vanguardia en Monclova, y madre de dos niños pequeños.
En total, siete reporteros dieron
positivo a COVID-19 luego de la marcha.
Las pruebas, sin embargo, no les
fueron proporcionadas por los medios para los que trabajan, sino que debieron
pedirlas “al gobernador del estado (Miguel Riquelme), pues teníamos la
inquietud de que todos los reporteros habíamos estado en eventos con gente
contagiada (…) De prestaciones, en algunos medios no
tenemos absolutamente nada –cuenta Mexicano–, no estamos respaldados al cien
por ciento.”
Esta situación se reproduce otras latitudes del país.
En Quintana Roo, por ejemplo, se han reportado
al menos cuatro muertes de periodistas o comunicadores por contagio de
coronavirus: Johnatan Gonzalo Arana Chan, Geovani de Jesús Tamayo Castillo,
Martha Caballero y Vanessa Azamar Cruz.
B., trabajador del periódico Novedades de Cancún, quien pidió
anonimato por su seguridad y la de sus compañeros, cuenta que “desde antes de la pandemia, las cosas ya
estaban complicadas para el gremio”.
A principios de año, a B. le redujeron 30% su salario, por
los conflictos económicos por los que atraviesa el estado, sobre todo porque gran
parte de los ingresos de los medios de comunicación provienen del gobierno.
La caída del turismo en Quintana Roo “ha
golpeado mucho la industria de los medios, porque la gran mayoría vive de los
convenios (publicitarios) con el gobierno”, relata B.
En abril, luego de que se declaró la contingencia sanitaria, reporteros y reporteras de distintos puntos del estado conformaron la Red de Periodistas de Quintana Roo, que aplicó una encuesta entre comunicadores: 58% de las personas consultadas sufrieron un recorte salarial. A uno de los entrevistados le bajaron hasta el 70%. Además, 35% expresaron haber sido amenazados con despidos o con descuentos.
Según B., la mayor parte de
las y los periodistas del estado trabajan sin contrato, por un sueldo mensual
de trece mil pesos, en el mejor de los casos, sin prestaciones y sin
posibilidad de obtener una liquidación en caso
de ser despedidos.
Lo mismo se presenta en la Ciudad de México.
J.,trabajador
del periódico El Universal, quien pidió anonimato por seguridad,
también vio reducido su salario en 30% con la
pandemia. “Me dijeron que era una opción para evitar recortes
de personal, para poder subsistir de aquí a que acabe
la pandemia”; pero eso, destaca, es un chantaje: “apelan
a la solidaridad con los compañeros” que podrían perder su trabajo, dice J,
padre de un niño que cursa la educación primaria.
Juan González
Anaya fue despedido del medio digital Ruido en la Red, donde
trabajaba sin contrato. La falta de oportunidades laborales “nos lleva a los periodistas jóvenes a aceptar trabajos
sin un contrato fijo, sin seguridad social”, cuenta.
Josie Palma, community manager de la revista Entrepeneur, pasó por lo
mismo: a fines de abril “fuimos despedidos un grupo de 20
personas”, narra.
Josie obtuvo la liquidación estipulada por ley, que no contempló
ninguna compensación por trabajar horas extra no remuneradas ni cobertura médica.
También en medios de larga tradición la pandemia
cobró su factura: la revista Proceso canceló por completo la sección de opinión; algunos
articulistas aceptaron seguir colaborando un tiempo más sin cobrar.
Sobre la marcha
“Muchos de nosotros nos vemos obligados a trabajar en varios medios
de comunicación para poder cubrir nuestras necesidades”, relata desde Veracruz el
reportero Noé Zavaleta,
colaborador de la revista Proceso y del periódico local Crónica de Xalapa.
Pero el periodismo, subraya, se mantiene en pie
por la insistencia y trabajo de las y los periodistas que no se rinden. “Fuimos aprendiendo de este contexto sobre la marcha 一afirma con orgullo一. Uno está aquí por vocación, no porque fuera la única
opción”.
Según el Censo Económico 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 234 mil personas laboran
en medios de comunicación mexicanos, en todo el país, de los cuales, al menos
10% (22 mil trabajadores y trabajadoras) no cuentan con cobertura médica ni asistencia pública, según
reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social.
A ello se suma que las y los periodistas de 17 entidades del país no cuentan con instrumentos legales que protejan su labor, según el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), ni con apoyo de sus medios. De hecho, según el informe de Libertad de Expresión 2020, coordinado por el CASEDE, las redacciones de los medios son la primera fuente de riesgos para los comunicadores, ya que de ahí parte la indicación de realizar coberturas imprudentes o sin protocolos de seguridad.
En México, destaca Itzia Miravete, de Artículo19, “le toca a las autoridades que el contexto de riesgo cambie: garantizar condiciones seguras para la libertad de expresión”, sin embargo, también los medios “deberían garantizar coberturas seguras” para sus empleados, y no ocurre así.
