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Familiares de cuatro víctimas de feminicidio del Estado de México rechazan su disculpa pública

Las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde —víctimas de feminicidio precedido de desaparición en el Edomex—, escuchan la disculpa pública como obligación del Estado de México (Foto: María Luisa López)

“Los dejamos solos”, reconoce la Fiscalía mexiquense; familiares de cuatro víctimas de feminicidio rechazan su disculpa pública

María Luisa López, reportera / Corriente Alterna el 4 de marzo, 2023

Escucha aquí el podcast:

La voz de Laura Velázquez Florencio se quiebra frente al micrófono cuando afirma: “A mí no me asesinaron. Pero el 2 de julio de 2017 se llevaron mi tranquilidad cuando autoridades de Chimalhuacán no quisieron salir a buscar a mi hermana a pesar de contar con Alerta por Violencia de Género desde 2015. Cuando empezamos a hacer su trabajo… Salir a buscarla, pedir cámaras, ‘sábana’ de llamadas. En diferentes ocasiones nos han maltratado y discriminado”.

“No tendríamos que estar aquí. Yo tendría que estar con mi hermana viendo cómo su hijo o hija crece”. Cuando fue asesinada, Diana estaba embarazada.

Pero Laura encontró su cuerpo, por búsqueda propia y no de autoridades, en el piso del Servicio Médico Forense (Semefo) de Nezahualcóyotl, ese oscuro julio de 2017. Una imagen tatuada en su memoria.

Laura describe la imagen, que “nunca” podrá borrar, del momento en que encontró el cuerpo de su hermana, Diana Velázquez Florencio, en el Centro de Justicia de Ciudad Nezahualcóyotl.

Lo hace frente a su madre, Lidia Florencio, quien, dice, le enseñó a luchar y está sentada en una de las butacas del Auditorio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde la autoridad ofrece “disculpa pública” a cuatro familias de víctimas de feminicidio por las negligencias y violencias cometidas en las investigaciones penales de cuatro casos documentados por Amnistía Internacional (AI) en el Informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.

Las cuatro familias se dirigen a la explanada de la Fiscalía (Foto: María Luisa López)

En dicho documento AI advierte que las investigaciones de la FGJEM para estos casos “presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes”.

El acto de disculpa pública, pero acceso restringido, se pospuso de noviembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023. Las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde —víctimas de feminicidio precedido de desaparición en el Edomex—, escuchan la disculpa pública como parte (y obligación*) de la reparación integral del daño, ya que el Estado no fue capaz de garantizar a las víctimas su derecho a la vida, la integridad y la libertad personales.

Los familiares de las cuatro víctimas escucharon, pero rechazaron ante el fiscal mexiquense la obligatoria disculpa pública (Foto: María Luisa López)

“Los dejamos solos: el recordatorio de lo que no debemos hacer”

Frente a los familiares  de estas cuatro víctimas de feminicidio en el Estado de México —entidad que en 2022 ocupó, de nuevo, el primer lugar en asesinatos violentos de mujeres, con un registro oficial de 344 y sólo 120 con investigación como feminicidio—, el fiscal general de Justicia estatal, José Luis Cervantes, reconoce, con algunos tropiezos al mencionar nombres de víctimas y sus familiares, los errores cometidos en el marco de sus atribuciones, “que nunca debieron suceder y agravaron su dolor, sin trato digno, humano, empático”.

“Que se escuche bien y claro: no atendimos lo suficiente a las víctimas ni a sus familias. Les dejamos solos. Nuestras acciones pasadas serán siempre el recordatorio de la distancia que interpusimos entre nosotros y las familias que hoy honramos. Serán siempre recordatorio de lo que nunca debemos hacer ni permitir, ni para ellas ni para otra víctimas ni familias”.

Al momento de los hechos, expuso Cervantes, no se tenía la formación, sensibilidad, conocimientos ni las herramientas para resolver sus casos.

Tras asumir públicamente las omisiones y deficiencias de atención a las víctimas y sus familias, el fiscal mexiquense destacó que, como parte de los cambios institucionales necesarios para mejorar, está la obligación de contar con mayores recursos para la investigación de violencia contra las mujeres en el estado y la capacitación de su personal.

Violencia persistente

Los familiares de las cuatro víctimas escucharon, pero rechazaron ante el fiscal mexiquense la obligatoria disculpa pública.

“Que todos sepan que Diana no murió, Diana fue asesinada. Que tuvimos que denunciar la deficiencia de los ministerios públicos, policías, jueces, y que sólo tuvimos impunidad como respuesta”, dijo en voz alta, pero entrecortada, Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio.

Axel y Laura, hijo y madre de Daniela Sánchez Curiel, desaparecida hace ocho años y sin conclusión en la investigación sobre su paradero, sumaron su voz: “No aceptamos esta disculpa, ¿dónde está la verdad?”.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, enfatizó que la FGJEM sigue siendo “deficiente y omisa en su deber de investigar y procurar justicia para víctimas de feminicidio”, y que, en el caso de estas cuatro familias, “se les sigue violentando”.

“Esto no solamente contribuye a que estos crímenes queden impunes. También obliga a los familiares a que realicen acciones que le competen a esta institución: Ana Sosa y sus hermanas tuvieron que escarbar la tierra con sus propias manos para encontrar el cadáver de su madre; Laura Sánchez Curiel sale a buscar a su hija todas las semanas; Lidia Florencio y Laura Velázquez Florencio encontraron el cuerpo de Diana en un Semefo y buscan constantemente evidencia para identificar a los responsables; María Antonia Vázquez ha tenido que recurrir al Sistema Interamericano para buscar justicia por el feminicidio de Nadia”.

Violencia institucional

Los familiares, subraya Olivares, han sido objeto de “violencia institucional” por parte de la fiscalía. “Les niegan información, les han impedido acceso y revisión de expedientes, no les atienden llamadas, no realizan las diligencias solicitadas, las tildan de locas, las insultan, las amenazan”.

La conclusión de AI es categórica: “El Estado mexicano y el Estado mexiquense son indolentes frente a los feminicidios y frente a las familias de las víctimas. Se han violado y se siguen violando sus derechos humanos; por ello, esta disculpa no es suficiente, pese a su valor. Es imprescindible que se combine con mejoras de reparación integral del daño y con garantías de no repetición”.

Al término del acto oficial, Lu Ruenes y Regina de Ovando interpretan la canción #HastaSerEscuchadas, parte de la campaña impulsada por AI. Cuando concluye, nadie aplaude. El auditorio de la FGJEM huele a ausencia y a silencio.

Al salir del auditorio, las cuatro familias se dirigen a la explanada de la Fiscalía. Toman el megáfono y gritan: “¡Ni una más! ¡Justicia! Hablan con medios, abogados, autoridades… con quien quiera escuchar y replicar su voz. El silencio se torna ruidoso.

*Es obligación del Estado

Las disculpas públicas forman parte de la reparación integral del daño y están establecidas en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). También están incluidas en ordenamientos mexicanos: Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado, Ley de Victimas, Ley de reparaciones, Ley de Amparo y en la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1°, el artículo 17° y el 20, apartado C, de la Constitución.