Todas las corporaciones del Estado participaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa: GIEI

“No tenemos condiciones para seguir”, afirma el grupo de expertos al dar a conocer el último informe sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Tras ocho años de enfrentar la opacidad del Estado mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó en su último informe que las Fuerzas Armadas conocieron en todo momento el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 

Diversas corporaciones ocultaron y manipularon la información, enfatizaron Carlos Beristain y Ángela Buitrago, últimos integrantes del GIEI original, durante la presentación del sexto informe del Grupo, efectuada el 25 de julio en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT). Con esta entrega, el equipo de juristas internacionales concluye definitivamente su mandato y se retira del país.

Este informe del GIEI, creado en 2015 por acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de México, presenta un cruce y contraste de datos a partir del registro de 500 llamadas, documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas, lo que permite concluir que “marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como el ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), conocían, con monitoreo en tiempo real, el paradero de los normalistas”.

Además, los expertos revelaron que la Secretaría de Marina realizó “un operativo de inteligencia de carácter reservado” desde el día siguiente al ataque a los estudiantes. La Marina nunca informó sobre el operativo, que implicó detenciones y torturas “con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros”.

Todo esto, contrasta con la versión de la llamada “verdad histórica”, dada a conocer por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam –actualmente vinculado a proceso por este caso–, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Ángela Buitrago expuso que efectivos de la Marina fueron los primeros en llegar al basurero de Cocula; sin embargo, no registraron en el expediente de la diligencia lo que después se afirmará en la versión oficial, según la cual los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. 

La abogada penalista destacó, también, que en 2014 el Ejército hacía un seguimiento de la organización Guerreros Unidos a través de un centro regional de inteligencia militar. No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó tales registros al ocurrir la desaparición de los estudiantes.

“Todas las corporaciones del Estado” participaron en la desaparición de los jóvenes con “distintos niveles de responsabilidad”, sentenció Beristain.

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La “verdad histórica” decía que no existían pruebas de que autoridades locales o federales participaran en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. A su vez, afirmaba que el grupo delictivo Guerreros Unidos confundió a los estudiantes normalistas con sicarios de la banda rival “Los Rojos”.

En su sexto informe, el GIEI afirma lo contrario: “Nadie confundió a los jóvenes con lo que no eran. Todas las corporaciones sabían desde hace horas que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa que trataban de tomar buses para su marcha del 2 de octubre a la Ciudad de México. Quienes los bajaron de los buses, los detuvieron y desaparecieron sabían que eran estudiantes, las autoridades que los persiguieron y atacaron nuevamente durante toda la noche, también”.

Contradicciones e información negada sobre Ayotzinapa

“No podemos darle una respuesta a las familias porque no hemos tenido toda la información disponible”, señaló Beristáin. Por tal razón, el grupo de expertos dejará de colaborar con el gobierno mexicano el próximo lunes 31 de julio. 

Entre la información contradictoria o que ha sido negada por diversas instancias del Estado mexicano, la penalista  destacó algunos ejemplos referidos al Ejército. Mencionó, en primer lugar, que la institución armada negó por escrito la existencia de un Centro Militar de Inteligencia (CMI). Pero en sus investigaciones, el GIEI obtuvo documentos de la misma Sedena que contenían las siglas CMI.

“Al preguntar qué significaban estas letras, la respuesta fue: Contenido Mediático de Información”, detalló Buitrago, abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca.

Por otro lado, refirió que mandos militares realizaban “juntas para acordar las respuestas” cuando el grupo de expertos solicitaba documentos necesarios.

El Informe Ayotzinapa VI. Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes documenta que miembros de Guerreros Unidos, muy probablemente con el apoyo de policías, “habrían llevado a cabo tortura y asesinato del cuerpo de Julio César Mondragón, que apareció más de ocho horas después del último ataque”.

De acuerdo con documentación de la Zona Militar 35 de Chilpancingo, el lugar donde apareció Mondragón no fue la zona industrial del Andariego, Iguala, sino Mexcaltepec, en Taxco de Alarcón. 

Los expertos destacan las contradicciones de la Sedena. En un informe incluido en la “verdad histórica”, el Batallón 27 notificó que levantó el cuerpo a las 10:30 de la mañana; sin embargo, existe otro informe donde el Batallón 41 informa que realizó el levantamiento.

Julio César Mondragón fue encontrado con evidentes signos de tortura: su piel y sus ojos fueron arrancados de su rostro y tenía cerca de 40 fracturas a lo largo de su cuerpo. Beristain señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar a fondo estos informes para esclarecer el caso del joven normalista de 22 años de edad.

Otro de los hallazgos que implican a la Sedena en el asesinato y tortura de Mondragón, es que cuando el cuerpo del joven se encontró a la mañana siguiente de los hechos, su celular no estaba con él, pero éste siguió activo y tuvo ubicación en el Campo Militar Número 1 de la Sedena.

Existen documentos que prueban que el teléfono fue utilizado para intercambiar mensajes con personas que se encontraban en ese Campo Militar y en las instalaciones del Cisen.

Durante las desapariciones estuvieron presentes integrantes del Órgano de Búsqueda de Información (OBI) y un agente del Cisen. Aunque el GIEI afirma que falta mucha información sobre los hechos ocurridos en la calle Juan N. Álvarez, en Iguala, donde murieron dos normalistas.

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El GIEI se despide del caso Ayotzinapa

El GIEI comenzó su labor el 2 de marzo de 2015 integrado por cinco personas: Francisco Cox, abogado penalista chileno; Claudia Paz y Paz, la primera mujer fiscal general de Justicia en Guatemala; Carlos Beristain, médico y doctor en psicología de origen vasco; Alejandro Valencia, abogado colombiano, y la abogada Ángela Buitrago, también de Colombia.

Su primer periodo finalizó el 30 de abril de 2016, después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no renovará su mandato. En 2018, con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la presidencia, cuatro de sus cinco integrantes comenzaron una segunda etapa, Valencia no regresó a México.

Cox y Paz cerraron su colaboración con el gobierno mexicano en octubre de 2022, dos meses después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) revelara, sin consultar al GIEI ni a los familiares de los normalistas, datos contenidos en capturas de pantalla de conversaciones por celular de supuestos integrantes de Guerreros Unidos durante la noche de la desaparición de los normalistas.

Al finalizar la presentación del Informe, un estudiante normalista tomó la palabra, a nombre de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), para agradecer al GIEI y recordar al presidente Andrés Manuel López Obrador que le queda un año para resolver el caso, “ya que se andaba colgando del movimiento de los 43 diciendo que iba a dar una resolución”.

También reclamó a las Fuerzas Armadas su colaboración en el crimen: “Tienen las pruebas suficientes para dar con el paradero (de los estudiantes), pero no quieren avanzar”, aseguró.

En la contraportada del Informe, el GIEI apunta:

“La verdad es una herramienta para sanar las heridas, pero la verdad duele, no solo porque los detalles del horror son duros y el recuerdo de los hijos desaparecidos o asesinados duele. También duele ver cómo un caso que podría haberse resuelto las primeras semanas, terminó enredado en mentiras, falsedades y desvíos de la investigación”.

“Urge una reunión con AMLO”: padres y madres de #Los43

Un día después de la presentación del último informe del GIEI, padres y madres de los 43 normalistas ofrecieron una rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh), externaron su pesar y desesperación “por no alcanzar la verdad”, aunque reconocieron y respaldaron el trabajo realizado por el GIEI.

“A ocho años y 10 meses, seguimos aquí, de pie. Nos sentimos muy tristes, enojadas, preocupadas porque no se está cumpliendo la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador […]. Nos dejan buenas herramientas para avanzar con las investigaciones, algo que nosotros vamos a exigir. Sabemos que no somos los únicos que estamos sufriendo (en busca de sus hijos), pero de verdad nos sentimos muy desesperadas y pedimos que nos sigan acompañando”, dijo Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio.

Por su parte, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, cuestionó el papel de la presente administración de AMLO frente a ellos y a nivel internacional dada “la manipulación de toda la documentación” en poder de las instituciones involucradas con la desaparición de sus hijos.

“Para nosotros ha sido fundamental el trabajo del GIEI. Nos queda a nosotros, como padres y madres, con apoyo de las organizaciones que nos han acompañado y la sociedad, seguir la lucha para alcanzar verdad y justicia: ¿Por qué gobierno te ensañas con tu propia gente, con el derecho a la vida y a ser encontrados”.

Los familiares de los estudiantes desaparecidos tuvieron una “reunión tensa” este miércoles con Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a quien le solicitaron la gestión de una reunión “urgente” con el presidente López Obrador para exponerle la necesidad de continuar las líneas de investigación que deja el GIEI en su VI infome.

“(El Informe) tiene bases contundentes y le pedimos al señor presidente que no nos falle. Si está la información, ¿por qué no la entregan? ¿qué esconden, por qué no la entregan? La Sedena debe entregar a los padres esa documentación si tiene un poco de vergüenza.

“Si el presidente, que es la máxima autoridad, no nos da la apertura para que la Sedena y Marina nos la entregue: ¿quién más podría hacerlo? ¡Ya basta de tanta cerrazón! Nos merecemos la verdad. No venimos (a pedirlo) de parte de nadie. Venimos de parte del dolor”, concluyó Mario González, padre de César Manuel González, uno de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de quienes, a casi una década de su desaparición forzada, aún se desconoce lo que realmente sucedió con ellos.