El pasado 16 de febrero, en el ex-Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, comunidades denunciaron las actuales traiciones a los Acuerdos de San Andrés. / Foto: Santiago Reyes
De los Acuerdos de San Andrés, tal vez ni las intenciones
Santiago Reyes, estudiante / Corriente Alterna el 19 de febrero, 2022
Algunas personas toman nota, otras graban o solo escuchan; una mujer borda con hilo rosa un pedazo de tela. Alrededor, las ventanas cubiertas por carteles exhiben la frase «¡500 años de resistencia!». Estas son las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que desde 2020 fue tomado por un grupo de pueblos otomíes y que, con el paso de los meses, se ha convertido en espacio de diálogo y denuncia para otras comunidades en resistencia.
Los rostros de defensoras y defensores plasmados en los afiches pegados a los muros parecen mirar a quienes, desde el centro del salón, hablan de la represión a la lucha de educadores indígenas y normalistas por parte de la Guardia Nacional en Caltzontzin, Michoacán, o de los ataques paramilitares a los pueblos zapatistas en Aldama, Chiapas. Desde el estrado también se narran los desplazamientos y secuestros a los pueblos de Guerrero y de las agresiones contra wixárikas y tepehuanos en Atzqueltan, Jalisco. Alguien más recuerda el asesinato del ejidatario Francisco Vásquez, opositor a la termoeléctrica de Huexca en Morelos en el municipio de Ayala.
La voz de una mujer defensora del agua recuerda el agravio más reciente: el 15 de febrero fue desalojada, por elementos de la Guardia Nacional, de La Casa de los Pueblos – Altepelmecalli que se instaló durante seis meses en la planta de agua de Bonafont, propiedad de la empresa francesa Danone , en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.
–Lo que pasó el día 15 de febrero en la Casa de los pueblos fue una violencia más que se realiza contra los pueblos, una traición más de los Acuerdos de San Andrés –resuena la denuncia.
La planta había sido tomada, en agosto de 2021, por una organización de más de 20 pueblos nahuas que denunciaban a la empresa Bonafont de extraer millones de litros de agua del subsuelo, drenar los mantos freáticos, secar los pozos artesanales y provocar socavones gigantes en la región. Y aunque la Guardia Nacional desarmó el plantón que se había instalado en la embotelladora, la resistencia cholulteca viajó hasta la Ciudad de México y participó en el evento de los 26 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés: un tratado sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios por parte del gobierno mexicano.
Desde un “INPI” reconvertido, el testimonio de esta y de otras comunidades en lucha sugieren que, de aquellos acuerdos, quizá ni las intenciones quedan.
