Juicio de las víctimas de feminicidio en Oaxaca alcanza a las autoridades

María del Sol Cruz Jarquín, de 27 años de edad, fue asesinada el 2 de junio de 2018 en una emboscada perpetrada en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la que también murió la regidora Pamela Terán y su chofer, Adelfo Guerra.

María del Sol era fotógrafa y trabajaba para la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del estado. Pero su jefe, Francisco Javier Montero López, la había forzado a cubrir la campaña electoral de su hermano, Hageo Montero López, con quien colaboraba la regidora Terán.

Casi cuatro años han pasado y, tal como explica Soledad Jarquín, periodista y mamá de la fotógrafa, los autores materiales e intelectuales del crimen gozan de impunidad ya que, aunque hubo dos detenidos, ambos fueron liberados.

“Las mujeres no queremos estar muertas –dice Soledad Jarquín–, las mujeres queremos estar vivas. Por eso es que denunciamos la violencia”.

Según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyos resultados se publicaron en 2016, Oaxaca se ubicó como la quinta entidad a nivel nacional con mayor violencia ejercida contra las mujeres por su pareja (actual o anterior), y como la quinta entidad con mayor violencia escolar contra las mujeres. El 63.7% de las oaxaqueñas encuestadas indicaron haber sufrido, al menos, un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. Sin embargo, no todas las mujeres víctimas de violencia de género lo reportan por miedo a las represalias.

En los últimos siete años, periodo que abarca el conteo oficial de víctimas de asesinato y feminicidio en México, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos 770 mujeres han sido privadas de la vida de forma intencional en Oaxaca; crímenes que han crecido a un ritmo explosivo: en 2015, al iniciar el registro de víctimas, en el estado se contabilizaron 17 casos de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, mientras que para 2021 este indicador registró 105 casos. Un aumento comparado de 517% en seis años. Periodo que coincide con la administración de Alejando Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca desde el primero de diciembre de 2016.

El 30 de agosto de 2018 se declaró en Oaxaca la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida, un mecanismo gubernamental de emergencia que busca proteger los derechos de las mujeres en zonas de violencia extrema de género, que ya se ha declarado en 22 estados de la república. Ésta ordena “implementar acciones de emergencia” en 40 municipios de Oaxaca.

A más de tres años de su instrumentación, organizaciones no gubernamentales como Consorcio Oaxaca han documentado y denunciado que, en vez de reducirse, “la violencia contra las mujeres en estos 40 municipios ha aumentado y representa alrededor del 65% de todos los casos registrados a nivel estatal”.

“A diferencia de otros estados de la república –detalla la abogada y defensora de derechos humanos Karla Micheel Salas–, Oaxaca cuenta con un marco jurídico robusto que, en apariencia, en la letra, busca garantizar los derechos humanos de las mujeres”.

Lamentablemente, estas normas diseñadas para garantizar una vida libre de violencias no se cumplen. No sólo por desconocimiento o falta de capacitación sino por redes de corrupción y de complicidad con los asesinos y con intereses políticos. Así lo advierte Salas. Además, estas redes de corrupción que fomentan el feminicidio en Oaxaca generan la percepción de que “sólo se puede acceder a la justicia cuando se cuenta con recursos económicos. Porque en Oaxaca la justicia se compra, la justicia se vende al mejor postor”.

Corrupción y negligencia oficial

Soledad pone su historia como ejemplo. En el caso de su hija, “los delitos que se han cometido y que no se investigaron son el feminicidio de María del Sol y de Pamela Terán, el robo del equipo de mi hija”, así como la corrupción y la negligencia de las autoridades judiciales responsables de esclarecer el ataque.

De hecho, luego de aplazar 13 veces una audiencia, el pasado 22 de noviembre de 2021 se dejó en libertad a uno de los imputados por el asesinato de María del Sol, por fallas e irregularidades en la investigación.

“Al menos cuento, ahorita, 18 funcionarios y exfuncionarios que han contribuido a la impunidad”, subraya Soledad. Entre quienes ella señala están el exfiscal de Oaxaca, luego secretario de Bienestar del gobierno estatal, Rubén Vasconcelos Méndez; el extitular de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López, y el actual regidor de recursos renovables de Juchitán, excandidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza a la alcaldía de Juchitán, Hageo Montero López.

Para medir el nivel de impunidad que alcanza el asesinato de mujeres en Oaxaca,Corriente Alternacomparó el número de crímenes acumulados en el estado, contra el número de casos resueltos y con una sentencia condenatoria. Esta comparación se hizo en el trienio 2017-2019, por ser los últimos tres años sobre los que el Poder Judicial ha reportado el sentido de sus sentencias.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ese trienio 390 mujeres fueron víctimas de “homicidio doloso” y “feminicidio” en Oaxaca. En contraste, los registros del Poder Judicial revelan que el Ministerio Público únicamente logró concluir la investigación de uno de esos casos de feminicidio (cometido en 2017), aunque el expediente fue consignado ante un juzgado penal sin que el presunto responsable hubiera sido aprehendido.

Al concluir 2019 ese único caso consignado ante juzgados seguía impune, sin que la orden de detención del presunto responsable fuese cumplida y sin que el juicio en su contra diera inicio, tal como señalan los registros administrativos en materia de justicia penal (que el Poder Judicial difunde a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi).

“¿Qué es lo que están haciendo los tribunales locales, qué está haciendo la Fiscalía de Justicia estatal? –se pregunta la abogada Karla Micheel Salas, y emite la respuesta–: Hacen todo lo contrario a lo que dice la ley. La ley es muy clara: dice que se debe garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia; que se le tiene que creer a las víctimas; que se tienen que hacer peritajes especializados; que no se debe revictimizar, que ningún funcionario puede maltratar o violentar a las víctimas, que tiene que respetarles plenamente su dignidad. Pero ¿qué es lo que hacen las autoridades? Lo opuesto.”

Feminicidio en Oaxaca: otro nivel de la justicia

Es noviembre de 2021 y, a un costado de la Fuente de las Ocho Regiones, en Oaxaca de Juárez, a treinta pasos de la “Antimonumenta contra la violencia feminicida”, puede verse una carpa blanca, abierta, amplia, con medio centenar de mujeres adentro. Cinco de ellas encabezan la reunión, son las “juezas”, porque lo que ocurre aquí es un juicio ciudadano.

Las juezas fueron elegidas por su larga trayectoria en el movimiento feminista, en la defensa de los derechos de las mujeres en México desde organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como por su lucha en contra del feminicidio y la violencia de género, no sólo en Oaxaca, sino en todo el país. Son Karla Micheel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Norma González Benítez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, y Ana Yeli Pérez Garrido, directora ejecutiva de Justicia Pro Persona.

Una cinta morada envuelve el podio que ellas ocupan, abrazándolo hasta formar un moño. A un lado se encuentra una mesa, que viste de blanco y morado. No se trata de un morado pálido, mucho menos de un morado fúnebre. Es un morado brillante, el mismo con el que se han pintado las calles del país, cada vez que las mujeres se reúnen para marchar en defensa de sus derechos. Es la mesa donde están sentadas las denunciantes.

Atril y mesa están a la misma altura, para que las juezas nunca estén por encima de las víctimas, y ambos puntos están a una distancia lo suficientemente corta, como para que sea posible el contacto de sus miradas.

Los días 29 y 30 de noviembre de 2021 la capital del estado fue sede del Tribunal Feminista contra los Feminicidios, encuentro ciudadano de carácter simbólico en el que nueve mujeres oaxaqueñas expusieron sus casos o los de aquellas seres queridas que no pueden ya hablar por sí mismas, para denunciar la impunidad sistemática que pesa en el estado sobre este tipo de crímenes: siete asesinatos de mujeres, un caso de violencia sexual contra niñas en el ámbito familiar y uno de violencia familiar con riesgo feminicida, todos ocurridos entre el 2013 y el 2021.

Aquí es donde, finalmente, Gerarda, madre de Melisa Pastrana, asesinada en Oaxaca por su pareja, el 20 de diciembre del 2020, pudo por primera vez narrar en público el feminicidio de su hija, ese pedazo de historia que tanto le duele para después romperse en llanto. Romperse para, al bajar del podio, ser sostenida por otras mujeres que la abrazaron y secaron sus lágrimas.

También en este espacio Zoila Elizabeth Bengochea Espitia, mamá de Denisse Carreño Bengochea, asesinada el 9 de abril de 2013 por negarse a reiniciar una relación sentimental con su agresor, trajo al presente el sueño de su hija de convertirse en abogada.

Y en donde, tanto juezas como audiencia, pudieron conocer los casos de Ivón Jiménez Camacho, extrovertida estudiante de Diseño de Modas; de María Carmen Paula Burgos, campesina de 63 años, reconocida en su familia por trabajadora e independiente. También de Melisa Areli Rojas, de 39 años, madre muy unida a su familia; de Quedma Ramírez Torres, de 35 años, recordada en su comunidad por la alegría que desprendía, y de Lizbeth Jiménez Cámara, de 19 años, apasionada de la escaramuza charra, un deporte nacional y ecuestre.

El juicio se inspira en los llamados “tribunales de conciencia” o “populares”, espacios simbólicos gestionados por organizaciones de la sociedad civil en donde las víctimas visibilizan las violaciones a derechos humanos, así como las omisiones y obstáculos gubernamentales en su búsqueda de justicia.

El primero de ellos, conocido como Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra (o Tribunal Russell-Sartre), fue impulsado en los 60 por el filósofo Bertrand Russell y acompañado por el francés Jean Paul Sartre, en Estocolmo, Suecia, con el objetivo de juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en la Guerra de Vietnam. Países como Nicaragua, El Salvador y, más recientemente, Holanda, entre otros, los han replicado para tratar la impunidad frente a la violencia hacia las mujeres y a las agresiones contra periodistas.

El Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca se realizó bajo una perspectiva de “justicia feminista”, que implica “considerar el dolor, el sentir de las personas”, explica Ana Yeli Pérez Garrido, jueza en el encuentro.

Además de reclamar la no repetición de la violencia, basada en la memoria y la consciencia social, la justicia bajo perspectiva feminista, subraya, mira a los ojos, pregunta a las personas cómo están, cómo se sienten, escucha con atención, pregunta respetuosamente y agradece. “Es una forma, también, de abrazar a las madres, de refrendar nuestro compromiso por otro tipo de justicia, una justicia donde se coloque en el centro a las víctimas, que lo que se privilegie sea la verdad, la reparación”, agrega la jueza Salas Ramírez.

“En la justicia feminista”, continúa Pérez Garrido, “es importante nombrarlas: nombrar sus historias de vida, nombrar que son compañeras que tenían una vida y aspiraciones”. Las juezas, en este sentido, eligen cuidadosamente las preguntas; se toman un momento para pensar las palabras que enuncian, cuidan a las denunciantes.

Veredicto de esperanza

Al finalizar las deliberaciones, el Tribunal Feminista contra el Feminicidio condenó al “Estado mexicano y a las autoridades de la entidad federativa de Oaxaca por las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, violación al derecho a la verdad, al acceso a la justicia, al derecho a una vida libre de violencia y discriminación”.

Tanto el Tribunal Feminista como la sentencia emitida por las cinco juezas tiene, según Pérez Garrido, “un efecto no sólo simbólico, también social; pero, sobre todo, reparador para ellas… reparador y de esperanza”. En el Tribunal, sostiene la jueza, se dieron insumos para que las mujeres que dieron su testimonio tengan elementos jurídicos para exigir la resolución de su caso.

Para Soledad, madre de María del Sol, este ejercicio no sólo abonó a la lucha para visibilizar que el Estado mexicano es parte de esa maquinaria que cobra la vida de miles de mujeres. El encuentro con otras mujeres dispuestas a escucharla y acompañarla le restaura la esperanza en que, algún día, pronto, llegará la justicia formal, no sólo para ella y su hija, sino para todas las víctimas de feminicidio en Oaxaca.

“Yo creo en la justicia, no en la impunidad –explica Soledad–. Si la que hubiera muerto fuera yo, María del Sol estuviera exigiendo justicia por mí. Yo conocí a mi hija, era una indignada, se indignaba con la injusticia, y yo creo que está detrás de mí, echándome porras todo el tiempo”.

Luego, Soledad levanta la sentencia emitida por el Tribunal Feminista. “Ella, estoy segura, está contenta. Yo honro su vida de esa forma”.