GUADALAJARA, JALISCO. 25MARZO2017.- Un pequeño grupo de mujeres de la comunidad lesbiana feminista, salieron a las calles de la ciudad para demandar igualdad, respeto y al mismo tiempo para protestar en contra de los feminicidios y violencia perpetradas a mujeres en los últimos tiempos.Pareja de lesbianas.
FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Mujeres LGBT+ en resistencia: lesbofeminicidios impunes

Paulina Márquez, Luis Fernando Jarillo González, Alejandra Ramírez Martínez, Viridiana Jocelyn Gómez Álvarez, Rafael E. Lozano y Natalia Ruiz Barrera/ Integrantes del segundo taller de inducción al periodismo de investigación, Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM / Corriente Alterna | publicado el 24-04-2021

El 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. En México, aproximadamente diez mujeres son asesinadas cada 24 horas. La mayoría de estos crímenes quedan impunes. Cifra terrible que, en el caso de las mujeres que aman a otras mujeres y personas trans, se traduce en invisibilidad agravante. La indiferencia de las autoridades, reflejada en la opacidad de las cifras, demanda elevar la exigencia desde la sociedad que ha decidido romper el pacto machista y patriarcal. 

Marbella Ibarra era una celebridad en Baja California. Fundó el equipo las Xolas de Tijuana sin ser ella misma futbolista, como lo contó en una entrevista con el diario El País. Año y medio después de esa publicación, Marbella desapareció. Semanas más tarde su cuerpo fue encontrado a la orilla de la carretera de Rosarito. Transcurrido un año del hallazgo, una familiar acudió con las autoridades. “El caso está cerrado”, le dijeron. ¿Por qué? Porque no había agentes para hacer la investigación.

Marbella era mujer y lesbiana. Su muerte sigue impune. 

En México son asesinadas entre 10 y 11 mujeres cada 24 horas. La mayoría de esos crímenes nunca se resuelven. Si, además, esas mujeres son lesbianas, sáficas –mujeres que aman a otras mujeres– o trans*, es muy probable que sus asesinatos sean crímenes de odio y que nunca se castiguen o aclaren. 

Desde 2015 se han registrado 441 asesinatos contra la comunidad Lesbica, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti e Intersexual* (LGBT*+), de acuerdo con el informe de 2019-2  de Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de personas LGBT*+. Este conteo se basa en reportes de medios de comunicación. La propia Letra S calcula que los casos registrados deben multiplicarse por 2.3. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT coincide en que existen tres asesinatos “invisibilizados” por cada uno de los que están en sus registros.

Violencia simbólica sobre violencia asesina

–Muchas veces los cuerpos son hallados en basureros –cuenta Claudia Sanz, mujer lesbiana coordinadora del Colectivo Diversa, Codiver, en Ensenada, Baja California–. Esto tiene una connotación simbólica: te van a aventar por allá porque te consideran un desecho, algo que no tiene valor, te equiparan con basura.

Marcas de ensañamiento, indicios de violencia sexual y el lugar donde es encontrado el cuerpo de la víctima: los crímenes de odio suelen revestirse de una violencia simbólica con la que se intenta degradar aún más a las víctimas.

–En los crímenes de odio se expone al cuerpo: hay vejaciones, hay abuso sexual, hay empalamiento, se cortan los genitales, se cercenan los senos –explica Raúl Martínez, coordinador del Colectivo Michoacán es Diversidad y parte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT.

Y, como señala Alejandro Brito, fundador de Letra S, “no es lo mismo la manera en cómo asesinan a las mujeres lesbianas que a los hombres gay y a las mujeres trans”. 

El objetivo es despojar a la persona de su calidad humana. Para Ana Claudia Neria Ortega, activista, psicóloga y mujer bisexual, las agresiones tienen una causa: se trata de una suerte de venganza contra las mujeres por no estar a disposición de la lógica sexual que coloca al varón heterosexual como centro de la sociedad.

–Se trata de despojar a la persona de su calidad humana –dice, y precisa–: muchos de los casos de violencia contra mujeres lesbianas incluyen una violación sexual de carácter “correctivo”.

En el caso de los lesbofeminicidios, por ejemplo, las notas periodísticas refieren que los crímenes se ejecutan en presencia de sus parejas. Es un mensaje para ellas, como testigos.

–En el caso de las lesbianas, el castigo también va hacia la segunda persona –expone Gloria Careaga, académica de la UNAM y directora de Fundación Arcoíris.

Mujeres protestando contra los lesbofeminicidios. Mujeres de grupos colectivos feministas se reunieron en el Antimonumenta para realizar diversas actividades que demandan justicia por el el feminicidio de Ingrid Escamilla.
FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Opacidad en las cifras

Algunas voces, como la de Lorena Villavicencio, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirman que México el segundo país en América Latina con más casos de crímenes de odio contra personas LGBT*+, solo por debajo de Brasil.

Letra S registró en el país 441 asesinatos, motivados por el odio, entre 2015 y 2019: 17 fueron de mujeres lesbianas, 245 de mujeres trans y una mujer bisexual. El informe de Letra S correspondiente a 2020 se publicarán en mayo de este año. Por su parte, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró 17 asesinatos de mujeres lesbianas en el país entre 2014 y 2020, lo que representa 8.1% de los casos registrados por el Observatorio.

Pero las cifras no son claras. Buena parte de los asesinatos motivados por el odio hacia la diversidad sexogenérica no quedan registrados ni siquiera en la prensa. Esto se debe, explica Lucía Riojas, a que las personas de la comunidad LGBT*+ suelen ocultar su identidad y orientación sexual por sobrevivencia. “Cuando se empezaron a dar cursos de manejo de datos personales, la prensa no supo qué hacer con la información y dejó de reportear por completo la orientación sexual e identidad de género por miedo a represalias”, afirma Raúl Martínez.

Lucia Riojas es diputada federal sin partido y se presenta como feminista y lesbiana. También es codirectora del refugio LGBT+ Casa Frida. “En nuestro país ser una mujer y lesbiana implica una doble vulnerabilidad. Porque sí vivimos en un país súper misógino que es muy violento y muy hostil para las mujeres en general, y que es también muy hostil en contra de las disidencias sexuales; entonces pertenecer a ambos está complicado”, dice.

Este machismo está inserto en las instituciones. Existen algunos avances hacia el reconocimiento de los derechos para personas de la comunidad LGBT*+, como las reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que conceden a las parejas del mismo sexo el derecho a pensión o guardería; o que se reconozca el matrimonio igualitario en la Ciudad de México (y en cualquier otra entidad del país a través de un juicio de amparo). Sin embargo, Riojas recuerda que, por ejemplo, la legislación para prohibir las “terapias de conversión”, en las que se pretende “curar” violentamente la homosexualidad, “se quedó atorada”. 

–La realidad es que hay un gran abandono y todavía se vive muchísima violencia en contra de las personas LGBT+. Sobre todo de los más chicos: hablo de la atención que requieren personas entre 17 y 22 años… es preocupante.

¡Aquí está la resistencia trans!

La postal quedó para la historia. Jesús Orta era, entonces, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México e intentaba dialogar con un grupo de feministas en la calle. Era 12 de agosto de 2019 y las mujeres protestaban por una serie de agresiones sexuales atribuidas a policías capitalinos. De repente, un puñado de diamantina morada le estalló en la cara. 

La responsabilidad de esta acción –“pacífica y de alto impacto”, la llaman– la reivindicó Resistencia Queer, un colectivo que nació como un taller de autodefensa y que se define como “anarquista, punk y no adultocéntrico”. La mayoría de quienes lo integran son hombres o mujeres trans.

El pasado 19 de noviembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró 13 “citatorios” para presentarse a declarar a activistas feministas y de la comunidad LGBT*+. Tres integrantes de Resistencia Queer, dos personas trans y una no binaria figuran en una carpeta de investigación por los delitos de daño a propiedad ajena y daño a inmuebles, delitos supuestamente cometidos durante las movilizaciones feministas. 

“Seguimos siendo perseguidos legalmente por el Estado, nos fabricó delitos falsos”, dicen en entrevista con Corriente Alterna. Temen ir a juicio pues, dicen, implicaría pelear por su libertad y, de no lograrlo, convertirse en presos políticos.

Su actividad como colectivo se ha incrementado con la pandemia. Desde los primeros meses de declarada la emergencia comenzaron a recibir mensajes de miembros de la comunidad LGBT*+ que corren el riesgo de ser echados de sus casas, por ejemplo. Muchas personas, incluidas los propios integrantes del colectivo, por las medidas de confinamiento, tuvieron que convivir más tiempo con sus agresores; quienes, muchas veces, están dentro de la propia familia. 

El colectivo se fundó en 2018 en una Marcha de la Remembranza Trans, protesta en la que se recuerda a las personas trans que fueron víctimas de crímenes de odio

–En esa ocasión, les activistes que la organizaban llevaban impresas en hojas de papel los nombres de las personas trans asesinadas y ni cargando de a cinco o diez hojas por persona podíamos llevarlas todas. “Para nosotres fue muy duro”, cuentan.

Su trabajo, desde entonces, ha sido atender y canalizar a personas que atraviesan situaciones de riesgo. Unos meses antes de la llegada del COVID-19 a México, recibieron un mensaje de auxilio. Era de noche. Un hombre trans del norte del país se las había arreglado para llegar a la capital, pero no conocía la ciudad y necesitaba practicarse un aborto.

–Cuando te haces activista, nadie te avisa que vas a recibir esta clase de casos con mucha frecuencia; nadie te da un taller para saber cómo contener a la banda cuando llega.

Lo primero que hacen ante una denuncia o un pedido de ayuda –que, usualmente, surgen de madrugada– es intentar garantizar la seguridad de la persona. Acuden a su encuentro en grupo. “Porque no somos la señora del DIF que va, ahí, a hacer su trabajo. Nosotros somos como elles, somos les mismes. Nosotres sabemos lo que es estar allí. No rescatamos gente; nosotres tejemos redes y hacemos amigues”, expresan.

Resistencia Queer logró acompañar a aquél hombre trans. Le ofrecieron techo y, durante un tiempo, durmió en una casa; luego, en otra, hasta que logró realizar su aborto.

No obstante, las mismas condiciones de la pandemia han hecho todo más difícil. Si antes ofrecían talleres de serigrafía, autodefensa, parkour o maquillaje –lo cual les servía para mantener unida a la comunidad–, hoy la mayoría de sus actividades son vía internet, lo cual limita la participación de muches. 

–Fue bastante difícil porque nosotres somos bien divas y escenosas, y nos encanta estar en las calles y armar argüende –dicen–. Pero si el gobierno y el capitalismo no han acabado con nosotres, no lo va a hacer un pinche virus pedorro.

Tras la pandemia, una comunidad más vulnerable

Musas de Metal es una organización de la sociedad civil que comenzó como un colectivo desde 1995. Su fundador, Pol Martínez Peredo, que durante un tiempo se identificó con experiencias sáficas, se nombra hoy como una persona transmasculina, no como un hombre trans, y ha continuado creando espacios no separatistas para mujeres y disidencia sexuales.

Al aumentar los casos por COVID-19 en México, a través de una encuesta a trescientas personas de la comunidad, la asociación encontró que las personas LGBT viven en condiciones vulnerables: 63% de quienes respondieron el cuestionario no tenía una vivienda propia y 36% no contaba con ingresos. 

Desde abril, Musas de Metal ha entregado despensas de manera continua a personas que conocen en situaciones precarias y con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala han abierto un servicio de contención psicológica.

Castigar no es suficiente

Elsa Andrea González Olvera es abogada e historiadora, activista y lesbiana. Tiene treinta años y es originaria de Morelia, Michoacán. Cuenta que, cuando estaba en la preparatoria y se descubrió lesbiana, tuvo miedo. 

–Salir del clóset implicaba que no ibas a encontrar trabajo, que tus papás te iban a correr y que, probablemente, no ibas a salir del círculo de la pobreza –dice. 

Mujeres lesbianas celebrando su casamiento. Integrantes de la comunidad LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales) y afines al movimiento por la diversidad sexual, acudieron a la Marcha del Orgullo cuya asistencia fue aproximadamente de 18 mil personas. El contingente se desplazó del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, mientras los participantes lanzaban consignas que exigían la aprobación de la Ley de Identidad de Género y la igualdad de condiciones en materia de derechos humanos para las personas homosexuales y transgénero.
FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Su activismo la llevó a Amnistía Internacional y fue de las primeras integrantes de Marea Verde Michoacán, colectiva de mujeres que luchan por garantizar de las mujeres, niñas y adolescentas y que buscan la legalización de la interrupción del embarazo y la correcta aplicación de la NOM 046 en el Estado de Michoacán. Para ella resulta urgente que se tipifiquen los crímenes de odio, pero no cree que sea la solución definitiva: “¿Nos van a caber todos los violadores en las cárceles? ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Es suficiente crear tipos y tipos penales para mandar a los violadores a las cárceles?”.

Según Letra S, hasta finales de 2020 solo en 13 entidades del país se ha establecido en la legislación penal el odio y la discriminación, ya sea como tipos penales autónomos o como calificativas y agravantes de los delitos de homicidio y de lesiones. Hasta hace poco, sólo en Campeche se había creado la tipificación de los “delitos de odio”. A partir de febrero de 2021, esta tipificación existe, también, en Sinaloa.

A la falta de tipificación se suma la ausencia de justicia. Según el reporte 2020 de Impunidad Cero, un proyecto de sociedad civil para denunciar la impunidad, los homicidios dolosos a nivel nacional para 2019 tuvieron una impunidad de 89.6%; sólo 10.4% de las víctimas obtuvieron una sentencia condenatoria.

Elsa recuerda que, hace una década, el sistema de procuración de justicia no tenía perspectiva de derechos humanos; luego de una reforma constitucional en materia penal, en 2008, se consigue una serie de reformas relativas al amparo y los derechos humanos, mismas que se publican tres años después. “Lo que tenemos, después del 2011, es una simulación”, asegura, ya que los jueces y los ministerios públicos siguen sin estar capacitados y sensibilizados en temas de discriminación y crímenes de odio.

Para las abogadas y psicólogas de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente (Cojudidi) que acompañan casos de violencia contra las disidencias sexuales en Oaxaca, y que prefieren no mencionar sus nombres, esto se traduce en una vía, muchas veces, insoportable: “La verdad es que tenemos generaciones y generaciones de testimonios de cómo esta justicia tradicional y monopolizada por el Estado no llega. (…) Incluso, creemos que la esperanza ha muerto en este sentido”. 

Por ello, además de acompañar y capacitar a las víctimas para llevar sus procesos judiciales, tienen la mirada puesta en otras formas de alcanzar una “justicia digna” que surgen de los movimientos feministas y de desobediencia sexual ante la situación de vacío y abandono que les ha dejado el poder judicial.

La falta de perspectiva de género permea no sólo ministerios públicos y juzgados. El aborto, el matrimonio igualitario y el cambio de identidad son algunos de los grandes pendientes que arrastra la actual administración para con el feminismo y la diversidad sexual. No sólo eso: uno de los primeros cambios impulsados por el presidente López Obrador fue cortar el financiamiento del gobierno a las organizaciones de la sociedad civil; esto afectó directamente a los colectivos dedicados a la defensa de los derechos LGBT*+.

–Este gobierno nunca menciona a las personas LGBT y, cuando lo hace, es muy a regañadientes; es muy forzada la situación; hemos desaparecido del discurso oficial –asegura Gloria Careaga, de fundación Arcoíris–. No se ha reconocido que hay personas gay o lesbianas en el gabinete del gobierno federal.

Hacia una educación por el “buen vivir”

La mayoría de los activistas entrevistados coinciden en que tipificar los crímenes de odio e implementar castigos más duros no soluciona el problema, aunque ayuda a visibilizar a las víctimas. Pero la visibilidad no es la única meta: lesbianas, gay, bisexuales, trans y otres integrantes de la comunidad buscan condiciones dignas de existencia. “Un buen vivir”, definen. 

Para conseguir esto es necesario incidir en la educación. 

–Pero la educación es un área muy compleja, porque la derecha la tiene muy resguardada –señala Alejandro Brito, de Letra S–. Con la consigna de “Con los hijos no” o “con mis hijos no se metan”, se cierran muchas puertas. Como si al hablarle a un niño de homosexualidad lo estuvieras empujando a la homosexualidad, como si la orientación sexual se pudiera enseñar. La Secretaría de Educación Pública se resguarda como si fuera un búnker.

Por su parte, Gloria Careaga agrega que los responsables de los cursos en materia de género impartidos en las instituciones, fiscalías, ministerios públicos, son, en su mayoría, personas sin capacitación ni cercanía con la comunidad LGBT+:  

–Se ha dado gran diversidad de cursos en materia de género, pero la gran mayoría son dictados por personas que no están capacitadas. Este es uno de los grandes problemas en contra del avance de las mujeres y de las personas LBGT+.

Por lo demás, aunque algunas fiscalías se han mostrado abiertas a la discusión y a la capacitación, el financiamiento para que los ministerios públicos y policías puedan acceder a estos cursos deben conseguirlo las propias organizaciones y colectivos, sostiene Careaga. “Hay disposición, pero no hay recursos”.

Brito insiste en este punto. La capacitación para las instituciones debe ser permanente, “y debe brindarse desde antes, no cuando son funcionarios y funcionarias, porque luego es muy difícil cambiar pensamientos, valores, prejuicios. Es mejor enfocarnos en quienes se están formando. Eso no se está haciendo”. 

Al respecto, Lucía Riojas, Elsa Andrea Olvera y las integrantes de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, coinciden en la necesidad de construir justicia más allá del enfoque punitivista. Mencionan que existen algunas propuestas menos visibles, basadas en la escucha atenta y profunda a las víctimas y con miras a restaurar y reparar el daño, que además garanticen la no repetición de estos crímenes y la transformación de los perpetradores.

Por ello, Irene Valdivia, activista y coordinadora de la Red Michoacana de Personas Trans, insiste en la importancia de contar con registros sobre los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT para poder contar con estadísticas, conocer la incidencia de los crímenes y quienes los cometen y hacia quienes trabajar la prevención del delito.

En ese sentido, las integrantes de Cojudidi comparten la esperanza de que al promover la denuncia y la movilización se logre disminuir los crímenes contra las lesbianas, “que se reduzca la cantidad de lesbofeminicidios; de acoso y hostigamiento a las lesbianas que caminan por las calles tomadas de la mano de sus compañeras, que expresan su decisión ante la sociedad y que no solamente se quedan en la intimidad”. 

–La autonomía de las mujeres y la autonomía lesbiana va a permitir que podamos alcanzar un mejor vivir, un buen vivir –subraya la chilena Zicri Orellana, psicóloga, activista y lesbiana feminista–. Lo que nos queda, por ahora, es encontrarnos, identificarnos, conocernos y organizarnos para vivir lo más lejos posible del patriarcado.

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