La movilidad y la seguridad vial ya son derechos reconocidos en la Constitución.
El 18 de diciembre de 2020 se publicó una adición al artículo cuarto de la Carta Magna, que dice que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
Areli Carreón es fundadora de la organización Bicitekas. Al lado de decenas de organizaciones, Bicitekas promovió desde hace seis años esta reforma constitucional.
“Hay un largo trecho, un gran camino todavía, para lograr que cualquier persona salga a la calle segura, que pueda hacerlo en bici o en patines sin llevar el Jesús en la boca, sin pensar ‘a ver si regreso o no regreso’”, dice la activista. “La siguiente es la madre de todas las batallas: pasar eso que está escrito en ley a programas, a presupuestos, para que efectivamente cambie cómo es la calle, cómo vivimos y cómo actuamos en la calle”.
La lucha de las organizaciones civiles que por seis años promovieron la reforma constitucional, es sólo una victoria parcial: todavía falta que esa reforma se traduzca en una ley general, y ésta en leyes estatales. Luego, hace falta que esas leyes se cumplan, añadió en entrevista.
Tras la expedición de la reforma constitucional que reconoce la movilidad segura como un derecho humano, el Congreso de la Unión tiene seis meses para legislar una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que deberá expedirse a más tardar el 16 de junio de este año.
De acuerdo con Carreón, 59 agrupaciones de ciclistas impulsan una iniciativa de ley basada en recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en la materia.
“La siguiente es la madre de todas las batallas: pasar eso que está escrito en ley a programas, a presupuestos, para que efectivamente cambie cómo es la calle”
Areli Carreón, integrante del colectivo Bicitekas
En la nueva ley, explicó, toda la actividad vial debe ser claramente normada para garantizar la movilidad segura de todos los tipos de usuarios que transitan por el espacio público; así como reducir los límites de velocidad hasta rangos que no provoquen la muerte en caso de accidentes, y certificar los conocimiento de aquellas personas a las que se expiden licencias para conducir.
En segunda instancia, se debe promover el establecimiento de infraestructura vial para todo tipo de usuarios, no sólo aquellos que se movilizan en vehículos motorizados.
La iniciativa busca que los fabricantes de automóviles respeten estándares básicos de seguridad para colisiones frontales y laterales, control de estabilidad, cinturones de seguridad, frenos y bolsas de aire.
La ley deberá homologar las exigencias de seguridad estatales dirigidas a quienes transitan por la vía pública, como los límites en el consumo de alcohol, así como el uso de dispositivos de seguridad como cascos y mecanismos de retención infantil.
Y por último, desde el sector civil se promueve el establecimiento de sistemas organizados para la atención de emergencias, para garantizar la respuesta oportuna y la calidad de los servicios.
