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Foto: Eunice Adorno

Panorama rojo: México avanza lento hacia la justicia menstrual

Yarazai Simbrón, reportera; Alejandro Castro, mentoría / Corriente Alterna el 3 de marzo, 2024

En México las políticas públicas encaminadas a la justicia menstrual avanzan lento. Solo 11 de los 32 estados han aprobado leyes de gratuidad y apenas uno contó con presupuesto para su ejecución este 2023.

“Ese día me sentía mal, me dolía todo”, recuerda Luz María, de 83 años, mientras pasa sus manos por el cuello y el estómago, como si aquel malestar de pronto volviera a habitar su cuerpo. Ella tenía 11 cuando tuvo su menarquia o primera menstruación. Había ido con su mamá a un mandado y, en el camino de vuelta a casa, empezó a sentir su ropa interior húmeda.

“Cuando llegué, me fui a meter al monte porque no teníamos baño de letrina, ahí me quité mi ropa, vi mi calzón manchado y me asusté. No se me ocurrió otra cosa más que hacer un hoyo, enterrarlo y meterme a mi casa rápido para ponerme uno limpio. A mí nadie me explicó nada, ni en la escuela ni en mi casa. Nadie me dijo nada”, explica Luz María frunciendo el entrecejo.

La falta de información con la que ella inició su menstruación en 1951 no es asunto del siglo pasado. La Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual (PENGM), publicada en 2022, deja ver que México está lejos de que niñas, mujeres, jóvenes y personas menstruantes cuenten con información oportuna y veraz sobre este tema. El 69% de quienes participaron en esta encuesta señalaron que contaban con poca o nada de información cuando llegó su menarquia.

Han pasado 72 años desde que Luz María enterró aquel secreto en un monte de San Francisco Terrerillos, municipio de Chignahuapan, Puebla, y poco más de dos años (abril de 2021) desde que el Congreso de este mismo estado aprobara una reforma que obliga a las escuelas públicas a promover la educación menstrual y favorecer entornos escolares en los que se pueda gestionar la menstruación dignamente.

Sin embargo, 32% de las poblanas que participaron en la PENGM no conoce o no ha escuchado hablar sobre la reforma de ley de su estado sobre educación menstrual y gratuidad de productos de gestión menstrual.

A nivel nacional, entre el 87 y 94% no conoce o ha escuchado si en su estado hay alguna legislación o política pública relacionada con la gestión menstrual. Hay que destacar que la PENGM se aplicó en entidades que ya cuentan con políticas de gratuidad y educación menstrual: Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas. 

Gestionar la menstruación en contextos desfavorables

“Yo siempre usé trapos, los doblaba varias veces, pero por más que me ponía y me cuidaba, siempre me manchaba. No sabía que había otras cosas para protegerse”, relata Luz María mientras sus manos doblan en el aire los retazos de aquel recuerdo.

Según la PENGM, las toallas de tela es el tercer producto más usado para gestionar la menstruación, antecedidas por las toallas desechables y el tampón. El 32% de quienes usan toallas de tela lo hacen porque es su única opción disponible y 40% señala que ellas mismas las hacen con trapitos de casa.

Las toallas de tela o trapos no sólo son usados con frecuencia por personas que habitan en localidades periféricas  de  los municipios y ciudades, como Luz María cuando era niña, sino también por otros grupos vulnerables como las personas que viven en la calle o que están privadas de su libertad.

De acuerdo con los diagnósticos La vida en rojo y Periodo Tras las Rejas, mujeres y personas menstruantes de ambos grupos ocupan en primer lugar toallas, en segundo papel higiénico y en tercero trapos y/o prendas de ropa.

“Yo utilicé un calcetín, tuve que romper mis playeras para usar los cachos como toallas femeninas o me ponía mucho papel. Entonces me quedaba sin playeras, se me acababa más rápido el papel y tenía que gastar más”, relata Beatriz Maldonado, directora de la asociación civil  Mujeres Unidas x la Libertad quien asegura que antes de entrar a prisión nunca había pensado lo que las mujeres tenían que hacer para conseguir una toalla desechable.

El diagnóstico Periodo Tras las Rejas, elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) y Mujeres Unidas x la Libertad, señala que lo que más preocupa a las personas menstruantes y mujeres privadas de su libertad (PMyMPL) es cómo lidiar con los malestares físicos y disponer de productos de gestión menstrual.

Berenice Vargas Ibañez, Directora de Planeación de COPRED, describe que uno de los objetivos del diagnóstico Periodo Tras las Rejas es incidir en políticas públicas, como la iniciativa de ley presentada al Congreso de la Ciudad de México el 23 de abril de 2023 por la diputada local Marisela Zúñiga, que busca garantizar una menstruación digna a personas menstruantes privadas de su libertad. Sin embargo, ésta no ha avanzado en su aprobación.

“A nivel de alianzas, se han hecho donaciones a través de COPRED a Mujeres Unidas x La Libertad y El Caracol para hacer llegar productos de gestión menstrual tanto a mujeres privadas de su libertad como a mujeres que viven en la calle”, explica Berenice Vargas.

Por su parte, Beatriz Maldonado considera que la vulneración de los derechos de las PMyMPL no se trata sólo de contar con toallas, sino de ofrecer atención médica, agua, baños y talleres informativos que sensibilicen a la población del sistema penitenciario. Esto incluye a al personal, pues según el diagnóstico, el trato no es el adecuado, en consecuencia, las PMyMPL no se acercan a las autoridades para “solicitar apoyo de ningún tipo, lo cual las vulnera la carecer de los medios para satisfacer sus necesidades básicas”.

Fernanda Montiel, Jefa del Departamento de Vinculación en el Sector Económico y Financiero del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), explica que no sólo las personas privadas de su libertad menstrúan, también el personal médico, administrativo, de seguridad, de limpieza y las visitas. Por ello, en alianza con el , están desarrollando un programa de capacitación integral en temas de gestión menstrual y menopausia dirigido al personal que labora en centros penitenciarios federales, el cual esperan poner en marcha este año. 

“Las autoridades son las responsables de las mujeres dentro del sistema penitenciario, entonces ¿por qué no se les da la atención que merecen como seres humanos? Las mujeres dentro de prisión siguen menstruando. La sangre de una persona millonaria, de una mujer profesional, es roja igual que la de las mujeres privadas de su libertad”, expresa Beatriz Maldonado.

¿Higiene, salud, gestión, pobreza o justicia menstrual?

“Yo lavaba mi ropa manchada a escondidas porque me daba pena que se diera cuenta mi mamá. Cuando supo me regañó porque no le conté, pero no me explicó nada, sólo me dijo que me tenía que cuidar”, Luz María termina esta oración como un reclamo.

En nuestra conversación ella repite constantemente que no sabía, que nadie le dijo nada. No habló de cólicos, sino de dolor. No dijo menstruación, sino sangrar. No habló de infraestructura, sino de no tener nada. Luz María expresa más con el cuerpo que con palabras.

Sin embargo, para el activismo menstrual es importante nombrar lo que viven las personas menstruantes y, a partir de ello, romper estigmas y tabúes. Durante el encuentro Conversaciones esenciales III: transitando hacia la justicia menstrual, Anahí Rodríguez, vocera de Menstruación Digna México, declaró que el menstruactivismo tiene pocos años y, por ello, constantemente surgen conceptos nuevos que se van integrando al vocabulario del activismo menstrual.

“Nosotras ya no hablamos de higiene, sino de gestión menstrual porque es un proceso que involucra más que sólo algo sucio que debe ser limpiado”,  explica Anahí. 

Ha pasado sólo un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió “reconocer y enmarcar la menstruación como un problema de salud, no de higiene, con sus dimensiones físicas, psicológicas y sociales que debe abordarse desde la perspectiva de un curso de vida, desde antes de la menarquia hasta después de la menopausia”.

Mirar la menstruación con perspectiva de género y derechos humanos ha contribuido a generar conceptos como pobreza menstrual, término utilizado para nombrar las dificultades de las personas menstruantes para ejercer su derecho de acceso a información oportuna y veraz, productos de gestión menstrual costeables y diversificados e infraestructura en óptimas condiciones para gestionar la menstruación.

Otro concepto que se está incorporando al menstruactivismo es el de justicia  menstrual. En su artículo Justica Menstrual, Margaret E. Johnson, abogada feminista y profesora de la Universidad de Baltimore, describe que la justicia menstrual es aquella que considera las estructuras interseccionales como parte fundamental para el desarrollo de iniciativas políticas que beneficien al mayor número de personas menstruantes.

Políticas públicas hacia la justicia menstrual ¿qué se ha hecho en México?

“Conocí las toallas hasta que me fui a vivir con mi esposo, pero como no teníamos dinero, nunca compraba. No sé cómo le hacían mis hijas, si les regalaban, si compraban o se ponían otra cosa. Nunca supe ni les pregunté “, explica Luz María mientras encoge los hombros. 

De acuerdo con la PENGM, 45% de las encuestadas han tenido dificultades económicas en su hogar para comprar toallas desechables. De estas, 12% ha renunciado a comprar o adquirir otros productos o servicios (alimentos, medicamentos) por comprar toallas desechables.

A nivel mundial, uno de los primeros pasos hacia la justicia menstrual es la eliminación o disminución de impuestos a productos de gestión menstrual. De acuerdo con la Guía de Incidencia de Period Tax, 26 países aplican cero por ciento de impuestos para el suministro de productos menstruales. De éstos, 11 aplican la tasa cero y cuatro, entre ellos México, forman parte de Latinoamérica y el Caribe.

En México, la tasa cero a productos de gestión menstrual entró en vigor en 2022 y, de acuerdo con Ricardo Sheffield, titular de Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), su implementación disminuyó el precio de toallas sanitarias, tampones y copas menstruales un 10% ese mismo año.

“Por ignorancia yo no hablé con mis hijas de eso. No sé si a ellas les explicaron en la escuela o aprendieron por su cuenta, como mi esposo no me dejaba salir ni a las juntas de padres de familia, nunca supe si les enseñaban o no”, cuenta. Me resulta inevitable prestar atención a ese dejo de resentimiento en la voz de Luz María.

Once estados de México cuentan con leyes de gratuidad y educación menstrual en escuelas públicas de educación básica. Este año, sólo la Secretaría de Educación de Jalisco ha etiquetado y publicado el presupuesto asignado al Programa de Menstruación Digna en 2023, el cual es de 12 millones 61 mil 650 pesos. 

De acuerdo con Anahí Rodríguez, uno los motivos por los que no se asigna presupuesto a las iniciativas ya aprobadas es la falta de concientización. “La mayoría de las personas que asignan los recursos son hombres o personas que no menstrúan, por lo tanto no saben porqué la menstruación es un obstáculo para acceder a derechos de salud, trabajo y educación”, añade.

Contar con políticas públicas focalizadas debe ser la antesala para iniciativas que beneficien a un número mayor de personas menstruantes. Socializar los avances en materia de justicia menstrual contribuye a que el tema sea parte de la agenda pública. La PENGM muestra que las políticas públicas en torno a la menstruación son desconocidas por la mayoría de las personas que menstrúan: 65% de las encuestadas no sabían que el 16% del costo de los productos de gestión menstrual correspondía a impuestos y el 86% desconocía que lo dejamos de pagar desde 2022.

“Yo hubiera querido que de chamaca alguien me dijera algo o me hubieran dado algo para cuidarme, pero no. Le tocará a otras que les expliquen y les regalen toallas en su escuela para que no pasen lo que yo pasé”, concluye Luz María mientras observa a su pequeña bisnieta correr en el patio de su casa.