José Eduardo migró a Mérida en busca de trabajo; muere tras detención policiaca

José Eduardo Ravelo Echeverría tenía cuatro meses de vivir en Mérida cuando fue detenido arbitrariamente por la policía municipal. El 21 de julio de 2021, el veracruzano de 23 años cruzó el Centro Histórico de la “Ciudad Blanca” rumbo a una entrevista de trabajo. A los policías municipales que rondaban el casco antiguo, José les pareció sospechoso.

Entre las diez y las once de la mañana, policías detuvieron a José y lo subieron a una patrulla. La madre del joven, María Ravelo Echeverría, afirmó en entrevista que los policías lo golpearon y lo violaron.

María obtiene su único ingreso de un puesto de antojitos y venta de refrescos. Por eso, cuando su hijo la llamó por teléfono al día siguiente de la detención arbitraria, María se apresuró a juntar lo que pudo para costear el viaje a Yucatán desde Isla, municipio de la región piñera del sur de Veracruz. 

El municipio de Isla ha sido asediado por la violencia del crimen organizado. José se fue a buscar empleo a la península de Yucatán. Su madre lo describe como un joven rebelde que ya había trabajado en Isla como mesero, ayudante de cocina y empleado en una verdulería. José Eduardo, además, “era despreocupado, pero no mala persona”, le gustaba dibujar y hacer graffitis y había pintado algunos en las paredes de sus amigos. Tenía dos hermanos.

En el viaje de más de 14 horas en autobús, María se sintió impotente. No sabía en qué condiciones hallaría a José. “Jamás me imaginé que mi hijo se me fuera a morir”, menciona. 

Al llegar a Mérida encontró a su hijo vomitando sangre e incapaz de caminar debido, presume,  a la tortura. Lo llevó al hospital Agustín O’Horán, dondeel joven fue revictimizado: el médico que lo atendió no creyó que los policías hubieran cometido la violación; en cambio, le preguntaron si era gay. “Aunque lo fuera, nadie tenía el derecho de golpearlo y violarlo”, contó María Ravelo.

Con el aliento que le quedaba, José rindió su declaración y denunció en la Fiscalía del Estado a sus agresores, según quedó asentado en la carpeta de investigación 433/2021. El médico legista de la Fiscalía corroboró la agresión sexual y finalmente lo internaron en el mismo hospital. Además de la violación, los médicos le dijeron a María Ravelo que el joven tenía un pulmón perforado, así que tuvieron que intubarlo; debido a los golpes también tenía daños en los riñones y el cerebro, varios huesos rotos, lesiones en la cara y las manos. José falleció el 3 de agosto.

María Ravelo inició una lucha para exigir justicia por la detención de José Eduardo y su muerte. El 7 de agosto llevó el féretro de su hijo al Palacio de Gobierno de Yucatán. Se le unieron otras personas que denunciaban detenciones arbitrarias de la policía de Mérida: solo algunas de las más de 200 que desde 2018 han interpuesto una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán. 

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, lamentó en un video en twitter “el fallecimiento en extrañas circunstancias, que ya se está investigando, del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echeverría”. No dejó pasar la oportunidad de hablar de la ciudad como aquella donde “la tranquilidad y seguridad nos ha distinguido siempre”. 

Horas después la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de cuatro policías por su probable responsabilidad en el homicidio de José Eduardo.

El domingo 8 de agosto, María regresó a Isla para enterrar a su hijo. Asegura que volverá a Mérida a sostener su demanda de justicia. La detención no la satisface: “Hasta que no dicten sentencia no voy a estar a gusto”.

Represión en el paraíso

En los últimos años, Yucatán se ha convertido en destino de buena parte de la migración interna. José Eduardo llegó al estado como otras 100 mil personas lo hicieron entre 2015 y 2020. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la mayoría provino de Quintana Roo, Campeche y Tabasco, pero también de la Ciudad de México y Veracruz. En cambio, en ese tiempo apenas 33 mil personas dejaron la entidad. 

Yucatán se promueve como “el estado más seguro de México”. Este discurso, difundido por el gobierno del estado, vino acompañado de un reforzamiento del aparato de seguridad estatal, según documentó Elementa DDHH en un informe sobre Derechos Humanos en Yucatán. Este “oasis” en medio de una situación nacional de violencia provocó una ola migratoria  hacia la península.

La realidad es otra. En diciembre del año pasado, cuatro policías del municipio de Tecoh detuvieron y golpearon a un hombre hasta provocarle la muerte. “No fue el único caso del año”, señala Lilia Balam, periodista local. “2020 cerró con la cifra de 11 personas fallecidas mientras se encontraban bajo custodia policial, según la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey)”.

En lo que va de 2021, la Codhey ha emitido seis recomendaciones por vulneraciones a los derechos a la libertad personal y a la legalidad y seguridad jurídica por detenciones arbitrarias y lesiones cometidas por policías locales y estatales.