Hay quien la considera una heroína de la clase obrera. Otros piensan que se trata de una criminal que extorsiona a empresas. Con ella no hay medias tintas: Susana Prieto pasó de encabezar victoriosa un movimiento obrero a temer por su vida en prisión y, luego, a tomar café con el presidente en Palacio Nacional. Ella lo dice sin dudas: “Soy la abogada más aguerrida de la frontera norte”.
Durante sus 24 días en la prisión de Ciudad Victoria, la abogada Susana Prieto apenas durmió. Cerrar los ojos, dice, pudo significar no volver a abrirlos porque temía un atentado contra su vida: “Lo hice muy pocas veces, siempre de día”.
Pero su vida dio un giro inusual. Apenas tres semanas después de salir de la cárcel, el 27 de julio, Susana Prieto entró a Palacio Nacional y se sentó a tomar café con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dos secretarias de Estado.
Últimamente su vida es así: una montaña rusa. Fue detenida y acusada de cargos como amenazas, motín o asonada, coacción de particulares y delitos contra funcionarios públicos. Los ofendidos eran “la sociedad y la Junta Especial número 6 de la Sala Local de Conciliación y Arbitraje”. Y aunque dichos delitos no ameritaban prisión preventiva, el juez argumentó que podría salir del país y sustraerse de la justicia.
El 8 de junio pasado, celular en mano, transmitió su detención por Facebook Live:
–¿Por qué una orden de aprehensión si nunca me han citado a declarar como presunt…
–Nosotros nomás cumplimos órdenes –dijeron los agentes mientras intentaban ponerle las esposas afuera de un restaurante, frente a su esposo y su hija, sin darle a conocer el contenido de su orden de aprehensión.
Tres semanas duró en reclusión; la hipertensión la hizo pasar cuatro días en una enfermería sucia. Y cuando se quejó del maltrato de dos reclusos hacia otro, acusado de violación y con algún tipo de trastorno mental, los guardias la encerraron junto con él.
“Ni aunque tenga los mejores abogados del mundo me van a soltar, soy su presa política: su trofeo”, pensaba.
–Hubo momentos en que esperamos lo peor –relata Alyn Alvidrez, vocera de Prieto–. Temimos por su vida.
Las redes como plaza pública
Lo dice sin dudarlo: “Soy la abogada más aguerrida que hay en el norte del país”.
Pero Susana Prieto es más que una abogada. En la frontera norte –Ciudad Juárez, Matamoros, Tijuana– su nombre figura en corridos y canciones de hip-hop, su rostro se imprime en playeras como un símbolo de las luchas obreras. No exenta de polémica y críticas, su fama se articula a través de sus litigios pero también de las redes sociales.
–Soy una mujer de mediana edad, pero para mis hijos ya medio ruca –cuenta en entrevista con Corriente Alterna–. Yo me inicié en las redes sociales en junio de 2015 cuando nos negaban el registro de un sindicato en Ciudad Juárez. Allí me doy cuenta de que mi teléfono tenía más de dos teclas: las redes sociales ya se habían convertido en un medio fundamental para compartir ideas, como en la primavera árabe.
Desde entonces, hizo de la pantalla una de sus principales herramientas. Prieto comenzó a difundir información sobre los derechos de los trabajadores. Un momento clave, recuerda, fue la visita del papa Francisco en 2016: gracias a su insistencia los reporteros notaron que, mientras las autoridades mostraban una Ciudad Juárez con sanas relaciones entre patrones y obreros, cuatro plantones de trabajadores se mantenían afuera de las plantas de la empresa Lexmark denunciando violación de derechos humanos y laborales, como la exposición a químicos tóxicos.
Tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, el primero de julio de 2018, la Secretaría del Trabajo anunció a finales de 2018 un aumento del 100% al salario mínimo en la frontera norte, que pasaría de 88.36 a 176.72 pesos al día. En Matamoros, este aumento se traducía además en un bono que los trabajadores recibirían al principio de cada año, 88.36 por 365 días: poco más de 32 mil pesos.
Los patrones se negaron a pagar y amenazaron con abandonar la ciudad. Prieto sabía que los obreros necesitarían asesoría legal.
–La Confederación de Trabajadores de México (CTM) es una mafia y no existe sindicato corrupto sin una empresa corrupta –explica–. Así que defendimos el bono de 32 mil pesos y un 20% de aumento salarial. Por eso el movimiento se llama 20/32. El 28 de enero de 2019 estallamos la huelga en 48 empresas: un hecho histórico.
El movimiento triunfó. Terminaron los paros, las huelgas, los bloqueos, los plantones y Prieto convocó a la formación del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) que empezó a disputar la titularidad de los contratos colectivos de las maquilas.
Su objetivo: que los sindicatos propatronales dejaran de controlar los acuerdos entre los obreros y las empresas.
Cirila Quintero, doctora en Sociología por el Colegio de México, integrante del Colegio de la Frontera Norte, piensa que la detención de Susana representó un mal mensaje por parte del gobierno estatal.
–En la prensa se dijo que las huelgas del 2019 tuvieron dos causas: el incremento decretado por López Obrador y la presencia de Susana Prieto. No fueron los factores más importantes. Los trabajadores de Matamoros ya se movían desde 2015: ellos tienen una historia, son herederos de un sindicalismo muy fuerte, hijos o nietos de mujeres que han estado involucradas en huelgas desde los ochenta, en muchas rebeldías al corporativismo sindical.
Sin embargo, Quintero piensa que el protagonismo de Susana Prieto ha tenido un doble filo para el movimiento obrero. Su carisma es tan grande y su trabajo tan visible, que hoy resulta complicado imaginar el movimiento obrero sin ella.
–La licenciada una vez declaró: “si matan la cabeza, ya no se mueve la víbora”, refiriéndose a ella misma. Yo pienso que no: que la víbora no muere, porque hay una fuerza histórica detrás.
“Susana Prieto lucra con el conflicto”: empresarios
A la fecha, Prieto insiste en que su detención fue producto de una alianza entre los gobernadores de Chihuahua y Tamaulipas –Javier Corral y Francisco García Cabeza de Vaca, ambos militantes del PAN–, las empresas y los líderes sindicales.
En un comunicado emitido el 2 de julio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) respaldaron el proceso penal contra Prieto: “rechazamos que alguien en nombre de la libertad sindical realice actos ilegales (…) No se puede considerar activista social a alguien que lucra con el conflicto y medra con logros de los trabajadores”.
–La señora instó a que se cruzara una línea al violentar el Estado de derecho. Eso ha creado en Matamoros una incertidumbre muy grande –comenta en entrevista Carlos González Lima, presidente de Coparmex en Matamoros.
Una huelga debe ser admitida en una Junta de Conciliación y Arbitraje. Los empresarios insisten en que los paros realizados por los obreros fueron ilegales y que Prieto utilizó “grupos de choque” para parar actividades. Esto, dice González Lima, se asemeja al secuestro, la extorsión y el despojo de instalaciones.
–Causó una desestabilidad muy fuerte –secunda Roosevelt Rocha, director municipal de Coparmex en Matamoros–. No había por parte de la autoridad federal ni estatal ninguna sentencia para poder cerrar, bloquear o tomar empresas.
–No todas las empresas debían cumplir esa cláusula, pero fueron cayendo de una en una –dice el presidente de la Canacintra en Matamoros, Rogelio García–. Susana Prieto es muy buena para lo que hace. No le tiene miedo a nada, tiene un discurso bien estructurado. Los trabajadores la van a buscar porque les va ayudar a conseguir lo que a ellos les beneficia. Pero ¿cómo separas la lucha laboral del abuso contra las empresas por un fin económico? ¡Crear un sindicato es una mina de oro!
Aunque algunos medios la han señalado como poseedora de una fortuna –una casa en El Paso, Texas y varias empresas a su nombre– Susana Prieto defiende la legalidad de sus ingresos: “yo cobro lo que refiere el arancel de abogados anexo al Código Administrativo promulgado por el Congreso del Estado” dijo a Eme Equis. “Una casa de 400 mil dólares en 2015… aproximadamente seis millones de pesos: la propiedad de una familia de clase media alta, sí. Mas no una mansión” respondió a Pie de Página.
Recuperar la seguridad social
Tras su aprehensión, Organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas, Mexicali Resiste, la Organización del Pueblo y de los Trabajadores convocaron a manifestaciones en distintas ciudades del país: Matamoros, Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Oaxaca; los hashtags #LibertadParaSusana y #SusanaLibreYa invadieron las redes sociales. 60 congresistas de Estados Unidos pidieron al secretario de Estado, Michael Pompeo, interceder ante el gobierno mexicano para liberar a la abogada. Incluso la Comisión Nacional para los Derechos Humanos demandó un debido proceso en su detención y defensa.
Ofelia Oliva y Francisco Reyes, extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), activistas sindicales desde hace décadas, explican el motivo por el cual intentan acompañar de manera cercana la lucha laboral de la frontera norte: “Sin conocernos, sin convivir, nos sentimos hermanados. Parecen dos luchas distintas pero no. Susana nos inspira fraternidad por sus planteamientos”, explica Ofelia.
Ofelia y Francisco encabezan el Frente Nacional por la Salud, una organización que busca, en sus palabras, revertir las políticas de precarización laboral que han mermado el derecho de los trabajadores. No se trata sólo de recibir un salario, dicen, sino del acceso a una jubiliación digna, vacaciones, salud, guarderías, cultura y recreación. Eso que suele llamarse “seguridad social”.
–En resumen, todo eso que ya no existe para los trabajadores –ríe Francisco Reyes.
A fines de junio, ambos visitaron Matamoros para corroborar lo que Prieto había denunciado desde hace meses: que las maquiladoras no esenciales seguían laborando pese a las medidas de contingencia sanitaria. “Los obreros allá saben cuántos muertos ha habido en cada planta”, lamentan.
–Lo que nos dice la gente en Matamoros es que durante las huelgas, las colonias donaban comida diaria “para el plantón” –afirma Ofelia–. Ellos dicen: “los trabajadores de Matamoros son los que nos dan comida a nosotros, son los que vienen a las tienditas, los que comen en nuestras fondas, los que vienen al taller mecánico, nosotros comemos de ellos”. Existe una identidad obrera más grande que Susana Prieto. Eso nos interesa.
De la cárcel al Palacio
A Susana Prieto se le había ofrecido libertad condicional con la restricción de no pisar Tamaulipas y vivir exclusivamente en Chihuahua durante dos años y medio; también se le prohibía salir del país y se le imponía una multa de 66 mil pesos de reparación del daño para tratamiento psicológico de los empleados de la junta de conciliación y arbitraje.
–No quiero –le dijo a su abogado en voz baja, cubriéndose la boca ante el juez–. Bajo esas condiciones, solo me están cambiando de cárcel.
–Abogada –susurró su abogado–, no la había querido presionar pero tiene que salir libre a como dé lugar: su mamá tiene Covid-19.
Susana Prieto accedió a las condiciones y quedó libre.
El primero de julio de 2020, lo primero que hizo Prieto al salir de la cárcel fue gritar: “¡Libertad para los presos políticos! ¡Viva la clase obrera matamorense!”. Contó que pidió ayuda a la embajada de Estados Unidos y que tenía protección de la Guardia Nacional. “Porque temo por mi vida y la de mi hija”, dijo. Agradeció a sus abogados, a los obreros en Matamoros, a los activistas de todo el país.
Su figura todavía desata opiniones encontradas. Se le considera una heroína de la clase obrera o una criminal que extorsiona a las empresas. Sin medias tintas. Unos días antes, el representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, había calificado el arresto como un “mal indicador” del cumplimiento del gobierno mexicano con las nuevas normas laborales; la misma noche de su liberación, en el noticiero de TV Azteca, el presentador la acusó de extorsión y señaló que fue liberada gracias a los bloqueos impulsados por sus seguidores.
Pero su liberación no es completa. En Chihuahua la espera otra orden de aprehensión y apenas se presente puede volver a la cárcel, esta vez en Ciudad Juárez.
Así que Prieto viajó a la Ciudad de México. Por más de una semana, ella y decenas de representantes del movimiento obrero de Tamaulipas, se manifiestaron en diferentes recintos públicos. A tres semanas de salir de la cárcel, pidió audiencia con el presidente y fue recibida al día siguiente.
–Hay que decirlo tal cual –dice Roosevelt Rocha, el director de Coparmex en Matamoros–: la señora enfrenta un proceso penal que si no me equivoco llevará dos años. Hay muchas personas que han buscado acercarse a tener una audiencia con el señor presidente y no se les ha atendido. Varios gobernadores llevan días sin poder tener una audiencia. A mí me parece atípico que en menos de 24 horas se reciba a una presunta delincuente.
–Vivimos en un país sin leyes: tierra de nadie –sentenció la licenciada Prieto en entrevista, unos días antes de sentarse con el presidente–. Hasta que no obtenga disculpas públicas y penalidades aunque sea económicas en contra de todos los que me han criminalizado, no se va a morir mi madre. Y tampoco me voy a morir yo. Ahora por fin puedo hablar, los días anteriores estaba lánguida. No podía levantarme de mi cama, todavía no logro dormir bien y tengo muchos miedos encima.
La imagen queda para la historia. Susana Prieto sentada en un sillón para dos personas, a su lado izquierdo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hay dos sillas más: una la ocupa Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y otra el presidente de la República. En medio de ellos, una mesita de centro con solo tres tazas blancas, algunos documentos y unos lentes de lectura. López Obrador y las integrantes del gabinete miran a la abogada. El escenario es de decoración rústica, de la pard al fondo cuelga un retrato de Francisco I. Madero.
La vida de Susana Prieto parece una montaña rusa. O una rueda de la fortuna. Días después de tomar café con el presidente de México, tras pasar semanas en la cárcel, un año después de encabezar un movimiento obrero, anunció un nuevo altibajo: ella y su esposo habían contraído COVID-19.
“Pero voy a seguir luchando como fiera”, había dicho unos días antes.