Chiapas al límite: así violentan a comunidades zapatistas

El pasado 15 de septiembre Domingo Sántiz Gómez, integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), detuvo su camioneta para intentar resguardar a su familia de los disparos. La corriente se llevó río abajo su cuerpo luego de que lo alcanzaran las balas.

Escuchar disparos a cualquier hora del día es ya cotidiano en el municipio de Aldama, al norte de Chiapas. El 8 de mayo de 2021 Pedro Lunes Pérez murió en su casa cuando una bala le entró por la espalda y le salió por las costillas.

Desde marzo de 2018 se cuentan siete personas asesinadas por las balas que salen desde distintos puntos de Chenalhó, municipio vecino.

–Es una guerra de baja intensidad –dice en entrevista el sociólogo Raúl Romero, integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, afín al zapatismo.

La intensidad con la que distintos grupos violentan a comunidades zapatistas ha escalado en meses recientes. El EZLN, por su parte, ha desplegado una estrategia diplomática: el 2 de mayo envió en barco al Escuadrón 4-2-1 a la costa de Vigo, España, e hizo una gira por diversos países europeos. En septiembre, una delegación llamada “La Extemporánea”, compuesta de 177 zapatistas, voló a Viena, capital austriaca, a continuar la gira internacional. A la cabeza de “La Extemporánea” viaja el Subcomandante Insurgente Moisés, mando militar zapatista. En Chiapas se quedó el Subcomandante Insurgente Galeano, antes SupMarcos.

El domingo pasado, Galeano advirtió en un comunicado que la entidad está al borde de la “guerra civil”, y dio a conocer que el EZLN había rescatado a dos integrantes de una Junta de Buen Gobierno que llevaban ocho días secuestrados. De acuerdo con el comunicado, ambos habían sido plagiados por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

La violencia se extiende a otras comunicados zapatistas. Un registro presentado en noviembre de 2020 por la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ da cuenta de una larga lista de agresiones atribuidas a la ORCAO, una organización que el EZLN no duda en describir como grupo paramilitar. El registro se centra en las comunidades de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio: invadir e incendiar tierras; destruir tiendas, comedores y cooperativas; robar herramientas y cosechas; cercar caminos comunes para evitar el acceso al agua o disparar al aire de manera permanente para entorpecer el trabajo agrícola…

Raúl Romero recuerda el ataque del crucero de Cuxuljá, en el municipio de Ocosingo. El 22 de agosto de 2020, un grupo de transportistas, presuntamente ligados a la ORCAO, roció con gasolina y prendió fuego a dos bodegas zapatistas donde se almacenaban granos de café.

—Les contaminan el agua, matan a las gallinas, envenenan su ganado, les cortan las tuberías –enlista Romero—. Estos actos tienen un objetivo: generar un clima de terror. Y, muchas veces, no son solamente contra las comunidades zapatistas sino, también, contra quienes apoyan sus procesos.

La paciencia tiene un límite

A bordo de cuatro autobuses, 177 zapatistas salieron de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado 10 de septiembre. Se trataba de la delegación “La Extemporánea” que se dirigía a la Ciudad de México para tomar el avión a Viena.

Mientras la delegación zapatista se encontraba aún en camino que se reportó el secuestro de Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez, integrantes de las Juntas de Buen Gobierno, presuntamente perpetrado por miembros de la ORCAO. Fueron liberados días después “gracias a la intervención de los párrocos de San Cristóbal de las Casas y de Oxchuc”.

“Ante la acción y omisión de las autoridades estatales y federales frente al crimen actual y los anteriores, tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la ORCAO y funcionarios que los apadrinan. Para otra ocasión ya no habrá comunicado. O sea, no habrá palabras sino hechos”, advirtió Galeano.

En el comunicado titulado Chiapas al borde de una guerra civil, el EZLN señala al gobernador del estado, el morenista Rutilio Escandón, y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de usar grupos armados con los que hostigan y violentan a comunidades zapatistas y “hacer todo lo posible porque se desestabilice al estado de Chiapas (…) para desestabilizar al régimen en el poder”.

–Las autoridades deberían tomar muy, muy en serio este comunicado: no es una baladronada –advierte el antropólogo Gilberto López y Rivas, quien ha asesorado en distintos momentos al EZLN–. Son personas estratégicas y pacientes, pero la paciencia tiene un límite.

La misma semana en que se logró la liberación de las autoridades zapatistas secuestradas, sucedió el asesinato de Domingo Sántiz, el hombre que cayó al río en Aldama luego de que su auto fuera rafagueado. Y sólo habían pasado dos meses desde el asesinato del activista Simón Pedro Pérez López, expresidente de la Asociación Civil Las Abejas de Acteal: la misma organización católica que en 1997 sufrió la matanza de 49 de sus miembros por parte de grupos paramilitares.

López y Rivas cuenta que en la década de los noventa el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo, le informó que operaban 12 grupos paramilitares en territorio chiapaneco.

–Es la misma película que se repite. Estos grupos que violentan a comunidades zapatistas se han ido reciclando: cambian sus ubicaciones, nombres, partidos y formas de operación. El paramilitarismo nunca ha dejado de tener presencia en esta zona.

Un llamado a la paz

Este viernes, 24 de septiembre, el EZLN ha convocado a manifestarse frente a la Secretaría de Gobernación, las embajadas de México en el mundo y en las casas de Gobierno de Chiapas para exigir un alto a los conflictos que se han multiplicado desde 2019: los secuestros en Chilón y San Isidro, el tiroteo constante contra las comunidades de Aldama y Moisés Gandhi, los varios muertos en Tila como producto de un conflicto agrario.

Mayvelin Flores, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante de la Red Universitaria Anticapitalista, repite que se trata de una “guerra de baja intensidad” contra las comunidades zapatistas iniciada hace ya casi tres décadas.

–Es la misma estrategia que se ha mantenido pero intensificada, sobre todo, con la llegada de Morena –dice Flores–. Llama la atención que los actores políticos de la región, aunque han cambiado de signo político, son los mismos de antes y repiten el aparato contrainsurgente de los años noventa. Incluso, los compañeros de base insisten en que las armas que se usan hoy, las armas con las que se violentan a comunidades zapatistas, son las mismas que se les proveyeeron a los grupos paramilitares hace 30 años.

La académica repite el diagnóstico emitido en el comunicado del EZLN, los otros problemas que agitan al estado: una política migratoria racista que derivó en la crisis humanitaria en Tapachula , el conflicto de la CNTE con el gobierno estatal y con el federal, la represión a los normalistas de Mactumatzá y la presencia del crimen organizado en territorios indígenas que ya ha provocado el desplazamiento de pueblos enteros.

Flores se refiere al conflicto en Pantelhó: otra comunidad de Los Altos donde la población responsabiliza a los caciques locales de cientos de muertes con la complicidad de las autoridades. En este lugar, en julio de 2021, un enfrentamiento entre militantes del PRD con la policía estatal dejó una veintena de muertos. Días después, un grupo de autodefensa comunitaria, bautizado como El Machete, tomó la cabecera municipal.

–En algunos medios se leyó el comunicado zapatista como un llamado al enfrentamiento –señala Mayvelin Flores–. Es todo lo contrario. Se trata de una alerta sobre lo que ocurre en la región y un llamado, tanto al gobierno estatal como al federal, para detener los enfrentamientos. Lo dice el comunicado, justamente: “están jugando con fuego, se van a quemar”.