Bruno Alonso Avendaño Martínez, cabo de la Marina Armada de México, de 34 años de edad, fue víctima de desaparición forzada cuando se encontraba de visita en su pueblo natal, La Finca Santa Teresa de Jesús, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ocurrió el 10 de mayo de 2018, Día de las Madres, a pocos kilómetros de la casa de su mamá, donde pasaba sus vacaciones.
Desde el momento en que perdieron contacto con él, sus familiares lo buscaron sin tregua, hasta que, finalmente, Bruno regresó a casa: sin vida, 30 meses después, luego de ser localizado en una fosa clandestina entre los municipios de Salina Cruz y Tehuantepec, Oaxaca.
Bruno volvió a casa de su madre pero, cuatro años después, la justicia aún no llega. Las autoridades no han esclarecido la desaparición ni el homicidio de Bruno; no hay detenidos y, por el contrario, su familia ha documentado la tardanza y el entorpecimiento en las investigaciones provocados por funcionarios responsables del caso, en los tres niveles de gobierno.
“Si la experiencia de la desaparición es dolorosa, súmale experimentar la indolencia de los que se supone que tienen la responsabilidad de que esto no suceda: los servidores públicos”, explica en entrevista para Corriente Alterna su hermano, Lucas Avendaño.
Fiscalías: un camino empedrado de fallas
A la mañana siguiente de su desaparición, la familia de Bruno se presentó en el Ministerio Público de Santo Domingo Tehuantepec, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para denunciar los hechos. Sin embargo, el personal ministerial, encabezado por el agente Jorge Martínez Reyes, no les quiso tomar la declaración.
Después de un día de insistencia por parte de la familia, el Ministerio Público accedió a escucharlos, explica Lucas, pero no inició una investigación por el delito de desaparición forzada; sólo emitió un reporte de “persona no localizada”.
Las autoridades del estado se tomaron una semana más para reconocer que Bruno no estaba extraviado, sino que fue víctima de desaparición, y sólo comenzaron las diligencias de búsqueda cuando pobladores solidarios con la familia emprendieron bloqueos viales.
No obstante, detalla Lucas, las primeras acciones de la autoridad estuvieron orientadas a “desmotivar” a la familia en su búsqueda, no a encontrar a su hermano. Agentes de la Policía Ministerial, recuerda, les dijeron que “seguramente Bruno se había ido de parranda o con una nalga”.
Luego, describe Lucas, el comandante regional de investigación de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec, René Alavés Fernández, les aseguró contar con un testigo que había visto a Bruno en una “toreada”, al un día siguiente de su desaparición. Después, descargó fotos antiguas de las redes sociales de Bruno, para presentarlas a la familia como imágenes actuales, que supuestamente probaban que el cabo de la Marina Armada continuaba vivo.
Cuando los familiares reconocieron esas fotos como previas a la desaparición, el comandante se retractó y afirmó que Bruno estaba muerto, aunque sin presentar pruebas.
Al mismo agente del Ministerio Público le fue encomendado solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos a la última zona en donde fue visto Bruno, señalan sus familiares. Pero, en vez de hacerlo, les dirigió un oficio a los propietarios de esos establecimientos para advertirles que no entregaran las imágenes. En dicho oficio, literalmente les dice que “en el caso de entregar la videograbación en los términos solicitados se le aplicará una multa”. Siguiendo esa advertencia, nadie entregó material alguno.
La falta de disposición por parte de las autoridades estatales, señala Lucas, le fue formalmente anunciada a la familia tres meses después de la desaparición de Bruno, en agosto de 2018, cuando el entonces secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca, Héctor Anuar Mafud Mafud, se negó por escrito a realizar diligencias y acciones de búsqueda solicitadas por la familia de Bruno y por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ya que “no se cuenta con la estructura y el techo presupuestal para estar en condiciones de atender dichas solicitudes”.
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) atrajo la investigación del caso de Bruno en noviembre de 2018, hasta la fecha este organismo no ha presentado a la familia un plan para localizar a los responsables por su desaparición y asesinato.
El papel de la Marina
En mayo de 2018, inmediatamente después de la desaparición forzada de Bruno, su familia notificó los hechos a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar); sin embargo, esta institución decretó su baja “por faltar injustificadamente tres días consecutivos”.
Esto fue establecido mediante un oficio firmado por el vicealmirante Arturo Ramón Bosco Romero, comandante de Cuartel General del Alto Mando de la Marina, dirigido al propio cabo, el 14 de noviembre de 2018; es decir, tres meses después de ser víctima de desaparición.
La familia apeló esta decisión, presentando como prueba la documentación generada por las autoridades judiciales, en las que se confirma su estatus legal de víctima de desaparición, pero la baja de Bruno fue confirmada en diciembre de 2018, a través del almirante Mario Carbajal Ramírez, comandante del Cuartel General del Alto Mando de la Marina, quien argumentó, entre otras cosas, que “las documentales exhibidas por usted como medios de prueba carecen por sí mismos de valor probatorio pleno, por tratarse de copias simples”.
Aunque la familia de Bruno ganó en enero de 2019 un amparo que anuló la decisión de la Marina de darlo de baja, ahora que Bruno fue localizado sin vida, no han podido tener acceso a los beneficios que se otorga a los deudos de sus elementos, porque el registro civil de San Bartolo Coyotepec, encargado de generar su acta de defunción, la extravió.
“Uno va acumulando mucha frustración –dice Lucas–. Y eso que, creo, somos de las pocas familias que se han empecinado de esta manera en sistematizar y documentar todo. ¿Qué esperanza puede tener la gente que no conoce la Ciudad de México, que no conoce la capital de Oaxaca, que no habla castellano, que no sabe leer o escribir, que tiene que sostener a su familia con 200 pesos al día?”
Llamadas anónimas
Entre junio y julio de 2018, la madre de Bruno Avendaño recibió por teléfono dos amenazas de muerte hacia ella y su hijo Lucas, para que “dejen de chingar”. Ambos recuerdan todavía la ácida sensación de miedo durante esos días y noches.
Las amenazas fueron reportadas a las autoridades, pero nunca les otorgaron medidas cautelares ni protección.
Otra llamada, muy diferente, fue la que la Fiscalía local asegura haber recibido, más de un año después, con la información necesaria para localizar a Bruno. Una “llamada anónima”, de la que no hay registro formal, con la ubicación de la fosa que exhumaron en diciembre de 2019.
Entre la localización de los restos, la identificación y la entrega a su familia pasó cerca de un año. Bruno Avendaño, finalmente, fue velado en casa de su madre la noche del 3 de diciembre de 2020 y enterrado en el panteón municipal al día siguiente.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les quedó a deber los gastos por traslados funerarios.
Desaparición forzada en Oaxaca: defenderse de la autoridad
Tres semanas después de la desaparición de su hermano, Lucas interpuso ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) su primera queja contra personal de la FGEO, por sus omisiones en la búsqueda de su Bruno. Hasta la fecha, casi cuatro años después, dicha queja no se ha resuelto.
Por ello, en marzo de 2020, Lucas interpuso una nueva queja, ahora ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la falta de resultados de la DDHPO. Más de dos años han pasado desde entonces y el organismo nacional no le ha informado los avances sobre dicha queja, pues argumenta que aún “se encuentra en trámite”.
Durante los años 2018, 2019 y 2020, la familia Avendaño Martínez interpuso ante la CNDH quejas contra personal de la FGEO, la Secretaría de Gobierno estatal, la FGR y la Semar. Ninguna se ha resuelto.
La desaparición forzada está tipificada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas de la siguiente manera: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.
Para la familia del cabo de la Marina Armada, este caso es una desaparición forzada, puesto que las instituciones encargadas de impartir justicia y buscar a la víctima “han sido partícipes en que la desaparición de Bruno Alonso Avendaño Martínez continúe con sus efectos, lo cual implica que, al no hacer efectivas sus atribuciones para cesar el acto, están tolerando la privación de la libertad, generando en consecuencia que su participación tipifique la conducta como una desaparición forzada por aquiescencia”.
En febrero de 2021, la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que existen indicios de que su personal incurrió en “irregularidades de carácter administrativo y penal” al integrar la carpeta de investigación sobre la desaparición forzada de Bruno, y ordena integrar una “carpeta de investigación” para hallar a los responsables. Sin embargo, aclara Lucas, esa indagatoria tampoco ha dado ningún resultado.
“Yo tenía toda la confianza y certeza de que iba a encontrar ayuda y acompañamiento profesional y expeditos –confiesa Lucas Avendaño–. Pero después de todo, esas esperanzas se han vuelto decepción. En la medida que no haya un órgano vigilante que le dé seguimiento a los delitos que cometen los servidores públicos, el Estado operará con esa impunidad y con esa candidez. Este proceso (de denuncias) que llevamos es una manera de desenmascararlos y decirles ‘ya no mientan’”.
