La muerte por Covid-19 de Rodolfo Cruz, Huvy, estudiante y empleado en un call center al servicio de Grupo Salinas, muestra la vulnerabilidad de las y los trabajadores outsourcing.
19 de junio de 2020. Huvy “era un peluche”, dice su amiga Adriana, “un oso grandote de felpa que podías abrazar y apretujar. Era tierno, cariñoso con los compañeros”. Rodolfo Huvy Cruz Juárez, conocido como “Huvy”, murió el pasado 29 de abril a los 30 años, por Covid-19.
Huvy trabajaba en un call center de Staff E&I, una firma que opera bajo el esquema outsourcing para realizar los cobros de Grupo Salinas, el conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego, uno de los seis integrantes del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el inicio de la pandemia, Grupo Salinas se negó a suspender actividades.
El outsourcing o tercerización es la práctica con la que una empresa contrata a otra para ahorrar dinero y optimizar sus labores. Pero también es una estrategia para que las empresas no establezcan relaciones laborales con sus trabajadores, y de esa manera evadan sus obligaciones legales y fiscales como el pago de la seguridad social.
Según el Censo Económico 2019, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), hasta el año pasado existían 4.5 millones de mexicanos y mexicanas contratados por una empresa diferente a la de su centro de trabajo, lo que representaba un 17.1 por ciento del personal ocupado en el país.
Huvy era uno de esos trabajadores tercerizados: laboraba para Grupo Salinas pero estaba contratado por una empresa diferente.
Debido a la negativa de Grupo Salinas de suspender actividades, Huvy no pudo guardar el confinamiento y evitar el contagio de Covid-19. Por el contrario, debió acudir diariamente a las oficinas del call center, ubicadas en Rascarrabias 911, en la colonia Vértiz Narvarte.
Quienes convivieron con Huvy, recuerdan su gusto por el rock pesado, por la banda The Ramones, y por las lecturas de sátira política y de Karl Marx.
Adriana conoció a Huvy en el plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), cuando ambos estudiaban la licenciatura en Promoción de la Salud. Luego, él se cambió a Comunicación y Cultura.
Adriana recuerda a Huvy por su activismo social. “Incluso fue a la Normal Rural de Ayotzinapa a brindar el apoyo y llevar víveres a los papás (de los 43 alumnos de ese plantel, desaparecidos en 2014). Cuando [éstos] vinieron a la Ciudad de México se hizo una mesa redonda, un coloquio en la UACM, él estuvo ahí con los papás, él los presentó”. También participó en la huelga estudiantil de la UACM en 2012 y en el movimiento de profesores de asignatura de la Universidad.
Fue el 13 de abril cuando Huvy manifestó los primeros síntomas de Covid-19. Acudió inmediatamente al Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud federal, pero no fue diagnosticado con coronavirus. En cambio le recetaron medicamentos para los riñones, y tuvo que seguir asistiendo al call center, donde para entonces ya había más personas enfermas y laborando, según denuncias de otros empleados*.
“Amigos cercanos, íntimos, estuvieron enfermísimos –afirma otro de los compañeros de Huvy–. Tuvieron temperatura, gripe, ellos fueron al IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] con tos, con faringitis, con fiebre, y les dijeron que no era coronavirus, los hicieron ir a trabajar normal”.
El 13 de abril, Huvy comenzó a sentir síntomas de Covid-19, que lo llevaron a una cama de cuidados especiales, intubado a un respirador artificial y después a la muerte.
Razones, ¿sociales?
Al edificio de la colonia Vertiz Narvarte donde laboraba Huvy se asocian diversas razones sociales: Grupo Nach, Difusión de Servicios Administrativos, SA de CV, Servicios Financieros SA y Staff E&I SA de CV, esta última registrada y autorizada el 20 de agosto de 2019.
Empleados del también conocido como “Contact Center de Grupo Salinas” aseguran que los han hecho firmar más de un contrato y que las razones sociales cambian constantemente: “Dentro del call center se manejan dos o tres razones sociales distintas […]. Por ejemplo, altos ejecutivos que se encargan de campañas de banco trabajan para una razón social y los que llevan los productos biométricos llevan otra razón social”, comenta otro trabajador.
La vida por 3 mil 750 pesos
Para laborar en el call center de Rascarrabias 911 sólo se necesita tener 18 años, bachillerato concluido, facilidad de palabra, disponibilidad en fines de semana y experiencia mínima en ventas.
A cambio de seis horas de trabajo, durante seis días a la semana, la empresa ofrece un sueldo mensual de 3 mil 750 pesos, es decir, apenas por arriba del salario mínimo, que es de 3 mil 696 pesos.
Una oferta laboral, publicada por el Contact Center de Grupo Salinas el pasado 5 de mayo, destaca: “Ante la situación del país estamos conscientes de la importancia de tener un empleo seguro y estable, estamos tomando todas las medidas adecuadas de prevención y protección, para que no afectes tu economía ni la de los que quieres. ¡¡Asegura tu futuro!!”
“Como muchos (trabajadores) son chavitos –explica el compañero de Huvy entrevistado–, que apenas tienen 17 o 18 años, estudiantes, pues les vale el Covid-19. Ni la gente de recursos humanos trae cubrebocas, ni guantes. Yo he visto gerentes que no traen el cubrebocas, fuman, tosen como si nada pasara”.
Los sótanos
Cuando la muerte de Huvy se hizo pública, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocó sellos de clausura en las oficinas de Rascarrabias 911 Sin embargo, desde una noche antes a los trabajadores se les ordenó ingresar por el sótano del edificio contiguo.
Este procedimiento para violar la clausura fue documentado por el empleado Rodrigo Díaz, quien grabó el ingreso al centro de trabajo con una cámara oculta. El video registra cómo caminó frente a los sellos del Invea, posteriormente entró a la plaza comercial Sama Center, bajó por unas escaleras al estacionamiento que conecta con Rascarrabias 911 e ingresó a su trabajo.
Por grabar este video y difundirlo, Rodrigo Díaz, quien tenía tres años en el call center, fue despedido por “atentar contra los intereses de la empresa”, tal como le señalaron verbalmente. Le hicieron firmar una baja “voluntaria” y le dieron un finiquito de 4 mil pesos.
El video subido a Facebook alertó a las autoridades capitalinas, por lo que ordenaron un desalojo el mismo día por la tarde, y Leticia López, gerente de la empresa, fue detenida por “quebrantamiento de sellos de suspensión”, pero fue puesta en libertad horas después.
Aunque el edificio de Rascarrabias 911 quedó nuevamente clausurado, los trabajadores denunciaron a través de redes sociales que fueron convocados a continuar las actividades del call center en los edificios ubicados en Cerrada de Relox número 16, colonia Chimalistac; en Amores 321, colonia Del Valle; en Pitágoras 31, Narvarte; y en Corona 100, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. En todos estos domicilios operan las empresas de subcontratación TKM Customer Solutions y Call Center de México SA de CV.
En el caso de TKM Customer, en ofertas laborales publicadas durante el mes de mayo en una web de bolsa de trabajo, la empresa no sólo convoca telefonistas, sino también a enfermeros para “dar atención de primer nivel a los empleados” de estas empresas, con el cintillo “Urge contratación” o “¡Que la contingencia no te deje sin ingresos!”.
“Aceptar que se van a morir”
En el documento “Preguntas frecuentes COVID-19”, disponible en el portal de Grupo Salinas, el consorcio asegura que “estamos tomando todas las medidas preventivas, de higiene y seguridad pertinentes para mantener un ambiente laboral seguro y garantizar la continuidad de nuestras operaciones en beneficio de nuestros clientes”.
Asimismo, los medios de comunicación ligados a Grupo Salinas, como TV Azteca, han formulado llamados públicos a no hacer caso a las autoridades de salud, como el del 18 de abril, cuando el conductor Javier Alatorre expresó: “Se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga le caso a Hugo López-Gatell (subsecretario de Salud federal y encargado de la estrategia contra la pandemia)”, mientras que la revista Vértigo Político, cabeceaba su edición 998 del 3 de mayo: “¡Queremos trabajar! Demanda mundial. Empresarios, ciudadanos, comerciantes y sectores industriales piden reiniciar la actividad laboral”.
El 26 de marzo, Hugo Salinas Price, el presidente honorario de Grupo Elektra, de Grupo Salinas, y padre del empresario Ricardo Salinas Pliego, difundió un video en el que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no cerrar empresas: “¡Por Dios, abra de nuevo las avenidas de la vida! ¡Acabe con estos cierres, tenemos que aceptar que algunas personas se van a morir!”
Las tiendas de electrodomésticos Elektra permanecieron abiertas en plenas fases 2 y 3, durante 45 días; sus abogados interpusieron amparos hasta que finalmente el corporativo anunció la suspensión parcial de actividades en sus sucursales el pasado 11 de mayo.
Aunque luego se hicieron retractaciones públicas contra los llamados a ignorar las medidas de confinamiento sanitario, el empresario Ricardo Salinas Pliego mantiene sus críticas al modelo de salud establecido contra la pandemia de Covid-19.
Apenas el pasado 25 de mayo, el empresario difundió a través de Twitter lo que considera son las tres opciones a futuro que tiene la gente: “¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna? ¿Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir? ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?”.
“La última vez que hablé con Huvy fue el 13 de abril”, recuerda Adriana, su vieja amiga. “Él puso en el Facebook que estaba enfermo, en el hospital, yo le mandé un mensaje, un inbox, ‘¿Cómo estás? ¿Que pasó?’, ya me contó que se sentía un poquito mal, que le dolía la espalda (…) El médico no le había dado un diagnóstico bien y pues así, le había dicho nada más que se tomar las pastillas, hasta me mandó la foto de su receta y era medicina para los riñones”.
Dos semanas después, Huvy murió por Covid-19. Su esposa tiene cuatro meses de embarazo.
* Los nombres de los trabajadores en Grupo Salinas se omitieron para evitar represalias o despidos.
