El 26 de septiembre de 2021 Dora Hernández encontró el cuerpo sin vida de su sobrina Fanny Guadalupe López Nolasco, de 16 años de edad. Aunque la disposición del cuerpo sugería un suicidio, ella no lo vio así.
Fanny Guadalupe vivía con sus suegros y su pareja, Alexis “N”, con quien tenía una bebé de cinco meses. Residían en El Porvenir, una localidad de 1,500 personas en los límites de Oaxaca y Veracruz perteneciente al municipio indígena mixe de San Juan Cotzocón.
—El pantalón de mi sobrina se veía claramente húmedo, tenía tierra en los pantalones, estaban húmedos su cabello y su ropa… como si la hubieran arrastrado por el lodo —recuerda Dora.
Aunque el caso se quiso hacer pasar como suicidio, la presión de la familia, de activistas mixes como Joaquín Galván y de la organización Servicios del Pueblo Mixe ayudó a que la Fiscalía del Estado de Oaxaca atrajera la investigación 31710/FIS/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021 bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el Estado de Oaxaca.
Pero han pasado dos meses desde su asesinato y todavía no se giran órdenes de aprehensión contra los dos señalados principales: su expareja, Alexis, e Isaac “N”, el agente municipal de El Porvenir que el 13 de julio pasado la amenazó de muerte, según consta en la denuncia /FIST/CODDI-MATIAS2021.
Ninguno de los acusados se encuentra en San Juan Cotzocón. De Alexis no se sabe nada, salvo que “la familia puso en venta sus propiedades para irse del pueblo”, cuenta la tía de Fanny. El segundo “anda escondido en pueblos cercanos”.
—La Fiscalía dice que, supuestamente, sí van a investigar; pero, hasta ahorita, no han interrogado a ninguno de los testigos —lamenta.
Dora tiene 23 años. Cuidó de Fanny desde que era niña. Después de su probable feminicidio prefiere recordar la alegría de la muchacha que disfrutaba la amistad, la música, tomarse fotos y que, últimamente, tenía la inquietud de viajar, conocer lugares nuevos.
Con todo esto en mente Dora comenzó a luchar por justicia.
Lo que le ocurrió a Fanny Guadalupe no es un caso excepcional en Oaxaca, donde entre 2016 y 2021 han ocurrido 575 feminicidios. En la entidad, la violencia de género se conjuga con otras situaciones que agravan la condición de las mujeres, sobre todo las niñas y jóvenes.
Adolescencias indígenas frente a la violencia
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), afirma que la violencia machista que sufren las mujeres impacta de manera específica a las infancias y adolescencias debido a que, por el adulto-centrismo, la sociedad no las considera sujetas de derecho.
Si se trata de una mujer menor de edad y, además, indígena, como lo era Fanny Guadalupe, a la violencia sexista hay que sumar el racismo y el clasismo, otros “dos lastres de la desigualdad mexicana”, añade Ramírez.
Estas condiciones están aún más presentes en Oaxaca: con 33.9% de población indígena, se trata de la entidad con más personas que se identifican como indígenas en todo el país.
El Instituto Nacional de las Mujeres expone que “experimentar violencia” es común para las mujeres indígenas; pues 59.9% de ellas ha vivido algún episodio de violencia, ya sea emocional (45.5%), física (32.6%) o sexual (29.6%).
La directora de la Redim recalca que abordar la problemática en la que están insertas las adolescentes y niñas indígenas implica un cruce de factores (sexo-género, edad, condición étnica y socioeconómica) que las autoridades no suelen realizar.
—Analizar las condiciones de desigualdad, de violencia simbólica, que están siempre en la base de lo que, después, puede culminar en un caso de violencia directa y feminicida, debe tomarse en cuenta para generar estrategias de prevención adecuadas —enfatiza.
Fanny, por ejemplo, tenía apenas 13 años cuando Alexis, entonces de 23, “se la llevó” a vivir con él.
—Siempre recibió golpes o amenazas, siempre la trataba muy mal, incluso la obligaba a tomar –afirma la tía de la joven–. Cuando estaba embarazada, muchas veces llegó a golpearla.
En el Código Civil de Oaxaca se prohibió el matrimonio infantil desde 2016, tres años antes de que se emitiera un decreto a nivel nacional (con reservas en Baja California) para prohibir el matrimonio antes de los 18 años.
La Secretaría de Mujeres de Oaxaca reconoce que, mientras en México dos de cada diez mujeres entra en unión conyugal antes de alcanzar la mayoría de edad, en Oaxaca ocurre con cuatro de cada diez mujeres.
Las uniones conyugales tempranas tienen consecuencias más allá de lo familiar. Según el Informe sobre Uniones Tempranas en México, elaborado por Investigación en Salud y Demografía, apenas 5% de las adolescentes que entran en unión conyugal sigue acudiendo a la escuela. Junto con ello, al riesgo que representa el embarazo a temprana edad se suma la violencia.
Dora atestiguó el temor que infundía Alexis en su sobrina: “Me decía: ‘Tía, tengo miedo, Alexis dice que si me ve con otro, o si lo engaño, me va a matar a mí y al hombre con el que esté’”.
Dora conoció de cerca el historial de agresiones contra Fanny, desde antes de que viviera con Alexis: fue abusada sexualmente por su padrastro cuando era niña y, en agosto de 2021, la acompañó a interponer una denuncia por acoso sexual en contra de Isaac “N”, el agente municipal.
Casos como el de Fanny Guadalupe reflejan la normalización de las uniones tempranas y de la violencia intrafamiliar. Según Tania Ramírez, de la Redim, la invisibilización de la adolescencia, reproducida por autoridades y sociedad, ocasiona que no se desarrollen mecanismos y estrategias adecuadas para erradicar la violencia feminicida contra menores de edad.
Cuando Dora supo que el primero en llegar a la escena del feminicidio fue Isaac, el agente municipal denunciado por su sobrina, sus inquietudes se intensificaron. Al principio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investigó los hechos como si se tratara de un suicidio, explica Dora, debido a cómo hallaron el cuerpo de la adolescente.
A pesar de haber sido denunciado por amenazar a Fanny, el policía sospechoso fue el encargado de investigar el caso en la comunidad. Pero Dora no se quedó callada: buscó ayuda para presionar a las autoridades y obligar a que la Fiscalía investigara la muerte de su sobrina como feminicidio.
La reacción de los sospechosos se tradujo en intimidación. El día del velorio, cuenta Dora en entrevista, Alexis “N” hizo acto de presencia y le dijo que ella iba a ser “la próxima”. También recibió amenazas de encarcelamiento por parte de Isaac “N”.
Las deudas de Oaxaca
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, de enero a septiembre de 2021, se han registrado 736 feminicidios a nivel nacional. Con 32 feminicidios, Oaxaca se posiciona en el noveno estado con más mujeres asesinadas por razones de género.
Sin embargo, para el Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GES Mujer) el SESNSP presenta un subregistro de casi 50%. A partir de notas periodísticas, este grupo ha contabilizado 72 feminicidios en la entidad en lo que va de 2021. Una diferencia de 40 casos con respecto a los datos del órgano oficial.
Lo que sucede en Oaxaca es reflejo del escenario nacional. De acuerdo con una estimación del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, del total de muertes violentas de mujeres solo 20% de los casos se consignan como feminicidios en México.
Junto al feminicidio se suman otras muestras de violencia de género, como la desaparición y los ataques. Encima se añaden los procesos de investigación ineficientes y la impunidad.
En septiembre de 2018, Martha Rosa, estudiante de la Universidad La Salle, y su madre, desaparecieron. A más de tres años, las autoridades no han dado respuestas claras sobre su ubicación. La investigación es un cúmulo de irregularidades, según denuncia la propia universidad.
Otro caso de violencia de género en la entidad, uno de los más conocidos, es el de la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz, quien en septiembre de 2019 sufrió tentativa de feminicidio por un ataque con ácido.
Apenas en agosto de 2020, una joven de nombre Alma Hilda fue asesinada en el interior de una preparatoria en Matías Romero, en la región istmeña de Oaxaca. Como sucedió con Fanny Guadalupe, la Fiscalía General de Oaxaca lo investigó como suicidio, pero la familia de Alma aseguró que se trató de un feminicidio. En octubre de ese mismo año desapareció Zayra Leticia, de 29 años; la Fiscalía ha logrado detener a tres presuntos implicados, pero hasta el momento se desconoce el paradero de la joven.
De 2016 a 2020 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) contabilizó 17,845 homicidios de mujeres a nivel nacional; 1,982 se cometieron contra adolescentes de entre 10 y 19 años, más de 10% del total. En Oaxaca, 54 niñas y adolescentes del mismo rango de edad fueron víctimas de homicidio en ese periodo.
Además, desde 2015 (2,383 casos), la violencia feminicida en México no ha hecho más que aumentar año con año. A partir de datos del Inegi, Corriente Alterna estimó que en 2020 se llegó a la cifra histórica de 3 mil 957 homicidios de mujeres, número nunca antes visto por el organismo, que lleva registros desde 1990.
Las exigencias de justicia
El pasado 8 de octubre, colectivas feministas protestaron en la explanada del Templo de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca, la capital, para exigir justicia por el feminicidio de Fanny. Se pronunciaron la saxofonista María Elena Ríos, la escritora Gabriela Jáuregui, Evitelia Pacheco, de la Red Mariposas de Mujeres Mixes, y el activista ayuujk Joaquín Galván, quienes han exigido que el caso se investigue con perspectiva de género.
Y Dora Hernández también habló.
—No porque seamos de un pueblo, porque seamos pobres o porque seamos mixes, tienen derecho a pisotearnos ni a que los casos queden así —reclama.
Aún con las amenazas de por medio, Dora prosigue en el reconocimiento del caso de su sobrina Fanny. “No fue suicidio, fue feminicidio”, sentencia.