En 84 años de historia como Área Natural Protegida (ANP), Los Remedios ha perdido casi tres cuartas partes de su territorio original por la urbanización de Naucalpan. De las 400 hectáreas con las que nació como Parque Nacional Los Remedios, este último pulmón verde al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México sobrevive en 2022 con poco menos de 114 hectáreas.
La progresiva degradación del ANP que nació en 1938 queda de manifiesto al revisar su larga historia administrativa. A través de solicitudes de información, entrevistas y el examen de decenas de acuerdos, informes y convenios, Corriente Alterna comprobó el sistemático abandono de Los Remedios del que dan cuenta ocho décadas de “protección” oficial.
Los hallazgos revelan que, pese a la coexistencia de dos áreas de protección —estatal y federal— en Los Remedios, ninguna autoridad quiere hacerse responsable de su administración; se gastaron 53 veces más recursos económicos en quitarle el grado de Parque Nacional que en protegerlo; sin olvidar que el despojo de tierras ejidales dentro del ANP operó desde el mismo gobierno estatal bajo promesas incumplidas, sólo para permitir la urbanización del bosque.
¿Quién se hace cargo de Los Remedios?
La idea de convertir Los Remedios en Área Natural Protegida, según consta en el decreto del 15 de abril de 1938, era que la zona se convirtiera en una atracción natural para las personas de la capital del país. El presidente Lázaro Cárdenas estaba convencido de que la protección era necesaria porque si el lugar se abandonaba a “intereses privados” no se cuidaría “de manera conveniente”.
Sin embargo, uno de los problemas de arranque fue la inexistencia de políticas públicas ambientales en aquellos años. La primera dependencia encargada de cuidar el parque, el Departamento de Caza y Pesca, desapareció en 1940. Desde entonces, la administración de Los Remedios pasaría por diversas instancias oficiales.
Corriente Alterna encontró, al menos, siete acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal entre 1986 y 2018 con el objetivo de transferirse la gerencia del Parque Nacional de Los Remedios.
El auge de esta política de transferencia se ubicó en la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). Un traspaso masivo de la administración de ANP se articuló desde la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), encabezada por la investigadora Julia Carabias Lilo, y el Instituto Nacional de Ecología (INE) —responsable de los Parques Nacionales en esa época—, dirigido por Gabriel Quadri de la Torre, ingeniero y economista que llegó al puesto INE por invitación directa de Carabias, quien había sido su jefa desde 1994. Quadri desarrolló su carrera política desde el tema ambiental, e incluso se proclama autor “de puño y letra” del primer programa nacional de ANP en México; actualmente es diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).
El 29 de septiembre de 1995 el gobierno federal presentó un acuerdo para transferir la administración de seis parques nacionales al estado de México, incluido Los Remedios. La federación mantendría una responsabilidad ambiental, pero a partir de entonces el gobierno mexiquense administraría el bosque, elaboraría programas de trabajo y le reportaría las medidas de protección realizadas.
Ese mismo día Los Remedios cambió de gerente. El estado de México designó al Ayuntamiento de Naucalpan como responsable del bosque. Desde ese momento se registra un vaivén de acuerdos para transferir la gestión del ANP. El más reciente es de 2018.
Por medio de solicitudes de información pública, Corriente Alterna preguntó a los tres órdenes de gobierno ¿quién es la autoridad encargada actualmente de la protección del bosque de Los Remedios? Las respuestas son una suma de contradicciones y señalamientos mutuos: la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas (Conanp) citó el acuerdo de 2018 y señaló al estado de México; la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) dijo que no tenía información registrada, y el Ayuntamiento de Naucalpan, a través del subdirector de Normatividad Ambiental, José Luis Gutiérrez Aire, señaló a la Conanp de ser la responsable del bosque.
Algo idéntico ha ocurrido con el Parque Estatal Metropolitano, una zona protegida que decretó el estado de México en 1978 con los remanentes boscosos y no urbanizados del Parque Nacional. De las 114 hectáreas con las que se creó, actualmente quedan 88.67 hectáreas sin urbanizar. Entre 2004 y 2017 la Cepanaf (autoridad ambiental del gobierno estatal) y el Ayuntamiento de Naucalpan celebraron cinco convenios de transferencia de la responsabilidad de administrar, cuidar y recuperar el Parque Metropolitano, aunque el gobierno municipal no reconoce esta gerencia.
Vía transparencia, la Cepanaf y el Ayuntamiento declararon la formal inexistencia de tres de cinco de estos convenios. Corriente Alterna tuvo acceso vía transparencia a dos de tres convenios declarados inexistentes e información de estas mismas dependencias confirma la existencia del tercero. También se solicitó entrevistas con ambas autoridades, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.
A la fecha, no hay claridad sobre quién es responsable del bosque de Los Remedios. La existencia de dos zonas protegidas en Los Remedios se ha utilizado como justificación oficial para no instrumentar medidas de restauración, conservación, desarrollo, investigación científica y monitoreo ambiental o para elaborar un programa de manejo del ANP. En ocho décadas, lo único que se ha administrado es el abandono.
Extinguir el bosque en lugar de protegerlo
El esfuerzo de las autoridades encargadas del cuidado de las Áreas Naturales Protegidas en México ha sido más grande para tratar de extinguir Parques Nacionales que para protegerlos.
Los primeros intentos del gobierno de México para desaparecer Áreas Naturales Protegidas ocurrieron en 1999. La Secretaría de Medio Ambiente, mediante el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un órgano de consulta obre la política pública de Áreas Naturales Protegidas, recomendó quitarle la categoría federal de protección a Los Remedios y otras 20 áreas federales y convertirlos en Parques Estales.
En 2015, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) pagó 400 mil pesos para elaborar un Estudio Previo Justificativo para extinguir el Parque Nacional Los Remedios porque el lugar ya no contaba elementos para seguir considerándolo ANP, debido a su “intenso proceso de urbanización”.
La cantidad contrasta con los recursos destinados a conservar el Parque Los Remedios. En respuesta a solicitudes de información, la Conanp reportó que entre 2019 y 2022 gastó 7,430.17 pesos en el parque; y, eso, en viáticos y peajes para asistir a reuniones sobre invasiones y regularización de asentamientos humanos y poner en marcha dos talleres para diagnosticar las problemáticas socioambientales del bosque.
El encargado de elaborar el Estudio Previo Justificativo solicitado por la Conanp fue el experto en Áreas Naturales Protegidas y conservación de especies, Gerardo Jorge Ceballos González. El ecólogo, que ha obtenido premios como el de la Fundación BBVA para la Conservación de la Naturaleza (2017) y actualmente coordina una iniciativa civil de financiamiento público y privado “para la conservación del jaguar”, también fue parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas de 1999 que trató de extinguir una veintena de Parques Nacionales del país, como Los Remedios, en el Valle de México, El Gogorrón, en San Luis Potosí, o el Cañón del Río Blanco, en Veracruz.
En entrevista, el investigador explicó que su propuesta de 2015 no perseguía el objetivo de “extinguir por extinguir” Los Remedios sino actualizar su uso de suelo: “Hicimos el estudio y propusimos que se volviera un Parque Urbano. Y que toda el área cubierta de casas se sacara del Parque Nacional, porque es absurdo que sea Parque Nacional donde hay casas y colonias, ¿no?”.
Ceballos también precisó que los costos de un estudio de este tipo dependen de la extensión del ANP: “Estas áreas pequeñitas, pues son costos pequeñitos, son recursos pequeñitos”. El “costo pequeñito” correspondió a la máxima inversión que podía autorizar la Conanp: 400 mil pesos.
Según la Propuesta de Trabajo del investigador, el presupuesto se dividió en 80 mil pesos para trabajo de campo, que consistió en dos días de recorrido para identificar especies; 130 mil pesos para cartografía, imágenes y trabajo de gabinete, y 190 mil pesos para el pago de sus servicios.
El resultado fue un documento que carecía de una propuesta de protección ambiental, administración y financiamiento del bosque de Los Remedios una vez que dejara de ser Parque Nacional; tampoco incluía la relatoría de los dos días de recorrido en campo, ni copias de todos los instrumentos jurídicos de coordinación sobre Los Remedios. Estos son aspectos obligatorios, según los Lineamientos Internos para el otorgamiento de apoyos del Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.
La Conanp no señaló falta alguna en los Informes de Supervisión del Programa. Reportó que el Estudio Previo Justificativo se entregó completo y autorizó la entrega total de los recursos.
A pesar de la realización del Estudio Previo Justificativo, no se logró extinguir el Parque Nacional Los Remedios. Sin embargo, continúan los esfuerzos de los gerentes por abandonar el parque a su suerte. Al concluir este reportaje, mientras autoridades estatales y municipales se señalan entre ellas del encargo de proteger Los Remedios, el gobierno federal todavía analiza la posibilidad de extinguir uno de los últimos pulmones del Valle de México.
Una reserva de papel
La tríada de omisiones en la administración de la tenencia de la tierra y de un bien natural como el bosque de Los Remedios la cierra el despojo de tierras ejidales y la promesa incumplida de una reserva ecológica como proyecto sostenible.
Que Los Remedios sea área federal y estatal protegida no ha impedido la pérdida del bosque. En algunos casos, ocurrió a manos del mismo gobierno. En 1986, el estado de México solicitó al gobierno federal la expropiación de 65 hectáreas del ejido Los Remedios, parte de las cuales estaban dentro del Parque Metropolitano. Las tierras se destinarían a formar una reserva ecológica que permitiría hacer una explotación sostenible del bosque y beneficiaría a las personas ejidatarias.
Pero el gobierno del estado de México no cumplió con el proyecto. Ni siquiera pagó a los ejidatarios los 130 millones de pesos pactados en el convenio de expropiación. En su lugar, los beneficiarios del ejido recibieron, tarde, 35 millones que se convirtieron en 130 mil pesos por la devaluación de la moneda nacional en 1994.
Ana Ramírez forma parte del comisariado del ejido Los Remedios. Ha trabajado en los últimos años en reconstruir la historia del despojo, aunque eso le ha valido amenazas e intimidaciones. Ella estima que de las 65 hectáreas que le expropiaron al ejido, actualmente sólo 28 no se han ocupado. Sobre el resto, dice Ramírez, “el municipio dejó que se llenaran de invasiones”.
El artículo 97 de la Ley Agraria, una herencia de la revuelta civil que inició en 1910 en México, señala que si después de cinco años de una expropiación ejidal no se realiza el proyecto por el que se deslindaron las tierras, éstas deben volver al ejido.
De acuerdo con esta Ley, el Fideicomiso Fondo de Fomento Ejidal (Fifonafe) tiene la obligación de iniciar un juicio de reversión para recuperar ese territorio. En lugar de eso, el Fifonafe realizó un acuerdo de no-reversión sobre poco más de 16 hectáreas de tierras expropiadas para permitir que se regularizaran asentamientos urbanos que ya se habían asentado en el lugar.
El juicio de reversión ocurrió hasta 2015. El Fideicomiso recibió una sentencia a favor del Tribunal Agrario No. 10 para recuperar las tierras ejidales, pero en 2022 todavía no han regresado a manos de los ejidatarios, denuncia Ana Ramírez. El ejido inició un juicio de amparo y se encuentra a la espera de una resolución que les devuelva el territorio despojado.
Ana y el ejido Los Remedios no se dan por vencidos. A diferencia del gobierno del estado de México, los ejidatarios confían en su capacidad de consolidar un proyecto respetuoso con el bosque, que lo proteja a la vez que lo aproveche. Que no se quede en el papel.
Así, la organización civil ha suplido las tareas del Estado en la protección de bienes naturales como el bosque de Los Remedios. La historia administrativa del Área Natural Protegida lo demuestra: si el último pulmón de Naucalpan todavía resiste no es gracias a los gerentes del abandono sino a la intervención de activistas, defensores y personas de la comunidad que viven alrededor de él y que, incluso, han decidido arriesgar su vida con tal de conservarlo.
