Violencia vicaria: control patriarcal a cualquier costo

Viola Prat pide un café con carga doble en un local cercano al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Explica la razón: “Puedo pasar tres días sin pegar el ojo. Ahorita ya llevo dos”. Dice que ella enseguida somatiza todo lo que siente.

Así ha sido su vida desde hace más de tres años, cuando el padre de sus hijos le quitó a los tres que tuvieron juntos. Desde entonces Viola sólo los ha podido ver en un par de ocasiones.

Ha tenido que acudir al Tribunal una parte importante de ese tiempo, envuelta en pleitos legales.

Grea Litaí Moreno cuenta una historia parecida. También ha vivido una batalla legal en la Fiscalía de Morelos desde que denunció a su exmarido por violencia familiar en contra de ella y, después, de abuso sexual en contra su hijo menor de edad. Llegó a esconder al niño para que las autoridades judiciales no se lo llevaran a vivir con su padre. Sin embargo, en febrero de 2020 el hombre se lo arrebató de forma violenta, muy parecida a un secuestro, de acuerdo con la agraviada.

Grea habla con un tono de voz sobrio. Cuenta los acontecimientos de dolor e impotencia uno tras otro, casi de forma rutinaria, como quien ha tenido que contar la misma historia muchas veces a interlocutores distintos. Hoy lleva casi tres años sin ver a su hijo.

La violencia vicaria

Viola Prat y Grea Litaí han sufrido violencia vicaria. Según Sonia Vaccaro la psicóloga argentina y especialista en violencia de género que acuñó el término, esta “se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer”. Se trata de una manera de dañarla a través de terceros, ya sea alejándolos de su madre o círculo familiar, hiriéndolos de manera física o, en casos extremos, asesinándolos.

Viola Prat considera que se trata de la violencia de género que antecede al feminicidio. “Estás muerta en vida. Día a día sobrevives, pero es como que te falta un brazo, un órgano”, cuenta.

Tras decidir divorciarse, Grea y Viola pusieron un alto a la violencia psicológica, emocional, económica e, incluso, física que sufrieron durante años de noviazgo y matrimonio a manos de sus parejas. Grea tiene grabado en la cabeza la amenaza de su exmarido cuando ella decidió irse: “Me dañaste la vida. Me las vas a pagar”.

En el caso de ambas mujeres, el divorcio fue el inicio de la violencia vicaria. Sus exmaridos han instrumentalizado a sus hijos para continuar ejerciendo control sobre ellas.

“¿Cómo puede una persona ser tan cruel?”, se pregunta Ali Siles Bárcenas, sociólogo e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Afirma que “ser cruel es eficaz en comunicar cosas”. El motivo es el control. “Mientras más cruel sea la violencia, más contundente es el mensaje de ‘yo soy aquí quien manda’”, añade.

La complicidad de las autoridades

Laura Martínez, psicóloga y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), puntualiza que en la mayoría de los casos los exmaridos no son los únicos perpetradores de este tipo de violencia. Si la violencia vicaria existe, dice, es gracias a las autoridades institucionales que se ponen de su lado.

Tras el divorcio, a Grea le fue concedida la custodia completa de su hijo, y estaba obligada a permitir convivencias con el progenitor. Fue a partir de éstas que el niño, con 6 años, comenzó a presentar sintomatología de abuso sexual.

Como su hijo “siempre sostuvo que el victimario era su padre”, Grea presentó una denuncia contra él por abuso sexual infantil, por la cual se le realizó al niño un peritaje psicológico en la Fiscalía General del Estado de Morelos que confirmó la sintomatología de abuso. A pesar de que la carpeta de la denuncia estuvo “extraviada” durante seis meses, tras obtener el resultado del peritaje Grea se negó a permitir más convivencias.

Según el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, negarse reiteradamente a las convivencias es motivo para cambiar la guarda y custodia. A ella sólo le notificaron que la guardia y custodia ya la tenía el padre.

México es el país con mayores cifras de abuso sexual infantil en el mundo con 5.4 millones de víctimas al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, este dato es sólo una estimación, ya que de cada 1000 casos sólo cien son denunciados, diez llegan ante un juez y sólo se registra una condena, de acuerdo con Efraín Guzmán Huerta, Coordinador Nacional de Protección Infantil de Aldeas Infantiles SOS en 2021.

Experiencia con las autoridades

Grea acudió a la jueza Sandra Gaeta Miranda con copias de los dictámenes periciales, así como con los números de los expedientes de las carpetas de averiguación previa. Tras entrevistar al niño, y que éste le relatara su experiencia de abuso, la jueza afirmó que su madre le estaba diciendo al niño que mintiera, por lo que ordenó retomar las convivencias con el padre.

Grea presentó una queja en contra de la jueza ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, el cual se limitó a cambiarla de juzgado. Pero antes de irse, la jueza dictó la sentencia de cambio de guardia y custodia en favor del padre. Fue a partir de ese momento que Grea optó por mantenerse escondida junto con su hijo.

Cuando el padre se llevó al niño, el 26 de febrero de 2020, estaba acompañado de cuatro policías de investigación vestidos de civiles. Más adelante, en conversación telefónica con Grea, éstos admitieron que el señor les “ofreció 50 mil pesos a cada uno” por ayudarle.

La conclusión de Grea es tajante: “Todos los elementos estaban en el primer mes de denuncia y las autoridades no actuaron en beneficio del interés superior de la infancia”.

Para la psicóloga Laura Martínez el problema no está en las leyes sino en la corrupción y los sesgos de género de las autoridades que las ejecutan. “Si llevaran a cabo la ley como está, sin privilegios para nadie, esas mamás ya tendrían a sus hijos”, asegura.

La estigmatización

Tanto Viola como Grea han tenido cambios radicales en su salud mental a raíz del despojo de sus hijos: han experimentado insomnio, ansiedad, trastornos alimenticios, síntomas depresivos hasta el punto, dice Viola, de ideaciones suicidas. Grea afirma que antes de sufrir esta violencia se caracterizaba por tener una excelente memoria, pero a raíz de esto la diagnosticaron con trastorno de déficit de atención (TDAH). Ya no puede concentrarse como antes y tiene que apuntar todo porque se le olvida.

“Ahora, las marcas no quedan en tu superficie, quedan en la parte psicológica, en lo que no se ve”, comenta Grea respecto a este tipo de violencia. “A muchas nos tachan de locas”, dice Viola, y remata: “Pero, a ver, ¿qué mujer, madre, que estuvo cercana y dedicada a sus hijos y que se los arrebataron de una manera tan cruel, no se desestabiliza?”.

Grea no sólo denuncia que las autoridades malinterpretaron su estado psicológico, sino que, desde el primer momento, ya tenían prejuicios hacia ella y la etiquetaron como una “mala madre”. “Tú llegas con una autoridad y le dices: ‘Me arrebataron a mis hijos’. Lo primero que piensan es: ‘Algo debió de haber hecho’, y preguntan: ‘¿Es usted drogadicta, golpeaba a los niños?’”.

A veces, Grea pierde toda esperanza de salvar a su hijo de la violencia paterna. Pero escuchar de madres que han logrado recuperar a sus hijos es lo que la impulsa a seguir luchando.

Viola cuenta que su “salvavidas” han sido las colectivas de mujeres que viven lo mismo que ella; éstas le hicieron saber que no está sola. “Hay que volver a encontrar el significado de la vida”, dice, “regresarle a la sociedad parte de lo que sientes que se te ha arrebatado”.

Navegar en las leyes

El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria indicó que suman 20 estados que avalan la Ley Vicaria. El 7 de marzo el Senado aprobó reformas para esta violencia. El 8 de marzo, la Cámara de diputados aprobó otro dictamen, un proceso diferente.

“¿Has oído la frase: ‘El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones’?”, pregunta Ingrid Tapia, abogada por el ITAM, perteneciente al movimiento Caso 992 y que, además, ha vivido la violencia vicaria directamente. Ella disiente en detalles técnicos, aunque importantes, de las nuevas iniciativas para incorporarla a la ley. Piensa que su deber es apoyar cualquier acción afirmativa que contribuya a la causa, pues hacer crítica no constructiva sólo la debilita. Es por eso que la abogada ofrece una crítica constructiva.

Al adicionar la violencia vicaria en el artículo 6 de la LGAMVLV se le está clasificando como un tipo más de violencia de género; así como existe la violencia sexual, psicológica, patrimonial, etcétera. Tapia considera que esto es un error técnico que “va a impactar en la posibilidad de la efectiva sanción”.

En su opinión, la violencia vicaria no es una forma de violencia de género más sino que puede estar presente en todas las formas de violencia: el agresor puede agredir sexualmente a un niño con tal de dañar a su madre y, en un mismo acto, está realizando tanto violencia sexual como vicaria. El problema es que en la implementación de la justicia no se puede castigar una misma conducta con dos tipos diferentes de violencia. Así que ¿eliges castigar la sexual, hacia el niño, o la vicaria, hacia la madre?

La abogada concuerda con la definición de violencia vicaria como el daño “ejercido sobre los hijos para herir a la mujer”. Es correcta académicamente, pero enfatiza: “Si tú usas esa definición académica para el diseño normativo penal, jamás vas a lograr una condena vicaria”. Esa definición del tipo de violencia está basada en un elemento interno del victimario, y en el proceso penal se tendría que probar que el agresor dañó al niño por hacerle daño a la mamá, y no al niño; es decir, una “tarea titánica”.

Caso 992

La alternativa que propone es definir en la ley a la violencia vicaria según los elementos objetivos con los que se puede reconocer. Aquello “que puedes tocar, medir, pesar, probar”. La propuesta desde Caso 992 es agregar la violencia vicaria en la ley como un agravante de los tipos de violencia que ya existen. No como uno más de ellos: “agravar el vínculo parental sobre el acto de violencia”.

Sin importar si el daño es patrimonial, sexual, psicológico u otro, que la pena sea agravada por el simple hecho de que es hijo de la pareja o expareja. “¿Por qué? Porque probar el parentesco del niño con la mamá es súper fácil. Un acta de nacimiento y ya. ¿Para qué te metes en el tema de la intencionalidad del victimario?”, pregunta la abogada.

Ingrid es una de las afortunadas: logró recuperar a sus hijos. Ahora, ellos son adultos y aquel gran daño quedó en el pasado. “Estos temas de la violencia vicaria no van a ser una diferencia ni para mí ni para mis hijos”, dice.

-“Nosotros ya fuimos. Pero yo guardo la esperanza, la convicción de que podemos hacer algo por las mujeres de tu edad. Por las que tienen niños pequeños hoy, por las que no tienen por qué pasar eso”.

Grea, Viola e Ingrid, que han vivido esta violencia en la propia piel, tienen el mismo objetivo: impedir que suceda de nuevo.

Todo movimiento no autoritario debe enfrentar el gran obstáculo de la conciliación del debate interno, y el activismo en contra de la violencia vicaria no es la excepción. ¿Cómo proceder, cómo sortear obstáculos, a quién escuchar primero? La resolución de este debate la dirá el tiempo.