La Parca dormía cuando el desorden lo despertó. Era la una de la madrugada con 30 minutos. Pronto se anunciaría el cambio de guardia y entonces él tendría que asumir las labores de seguridad y resguardo de La Casa de los Pueblos Altepelmecalli, en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, donde solía operar la planta embotelladora de Bonafont. Entonces escuchó la alerta.
“La Guardia Nacional está afuera”, anunciaron a gritos sus compañeras. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Fue sólo un momento, recuerda. Cuando logró salir de la casa de campaña, ellos ya estaban dentro.
Hace un año este lugar era una de las 32 plantas embotelladoras de Bonafont en México. El 22 de marzo de 2021 un colectivo integrado por más de 20 pueblos nahuas de la región cholulteca de Puebla se plantaron en protesta afuera de las instalaciones y bloquearon el acceso, impidiendo su funcionamiento, acusando que la empresa se robaba el agua de la región.
Unos meses después, el 8 de agosto, luego de que las autoridades estatales y municipales ignoraran su llamado al diálogo, los manifestantes decidieron ingresar en la planta, tomarla y convertirla en un espacio de organización política.
Los pueblos denunciaban que, durante 29 años, la empresa Bonafont, del corporativo francés Danone, sobreexplotó los mantos acuíferos de la región al punto de dejar sin agua sus pozos artesanales, los ríos y los ameyales.
Bonafont aprovecha dos pozos concesionados por Conagua en la zona: en uno tiene permitido extraer hasta 105,229,000 litros de agua al año, a razón de unos 288 mil litros diarios; en el otro, el número de litros no está especificado. Sin embargo, de acuerdo con un cálculo del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), una organización civil que promueve la participación ciudadana, Bonafont extrae diariamente cinco veces más agua de lo que tiene autorizado. En marzo de 2021, además, los pueblos denunciaron que Bonafont mantenía en funcionamiento un tercer pozo no registrado.
–No pudimos sacar nada más que nuestros celulares –cuenta Nahui, una de las jóvenes que participa en la Asamblea de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca que mantenía la toma de la planta.
No fue sólo la Guardia Nacional la que llegó la madrugada del pasado martes 15 de febrero. Aproximadamente 300 elementos de distintas corporaciones policiacas, como la policía estatal, la policía municipal y el cuerpo de granaderos rodearon la Casa de los Pueblos, desalojaron a quienes ahí se encontraban y procedieron a desmantelar el plantón.
–Sí estuvo feo –dice Azul, una joven que participó en la toma durante todos estos meses y estuvo presente en el desalojo–. Yo estaba trabajando, escribiendo en la computadora. Cuando escuché que era la Guardia Nacional, traté de salir. Sabíamos que había peligro. Cuando salimos vimos que había vehículos de la Guardia Nacional resguardados en las instalaciones de otra empresa. Tenían carros por todos lados.
Tras medio año de ocupar las instalaciones de la planta, las comunidades habían construido ya un lugar que usaban no sólo como espacio de organización sino que habitaban de manera cotidiana. –Teníamos animalitos: gallinas, conejitos… –dice Colibrí–. Teníamos ya un buen ahí de varios chivitos, algunas con sus crías y una hasta estaba cargadita y pues, ya, ahí se quedaron. También se quedó el equipo de comunicación: tres camaritas de televisión y equipo técnico, poco, pero sí suficiente para echar andar un proyecto de televisión comunitaria. Se lo quedaron ahí.
Otra traición a los Acuerdos de San Andrés
La Parca, Colibrí, Nahui y Azul, quienes pidieron ser identificadas con estos seudónimos para evitar represalias, narran lo ocurrido en la planta de Bonafont –rebautizada como Casa de los Pueblos Altepelmecalli– un día después del desalojo, el 16 de febrero. Están en la Ciudad de México, dentro de las exoficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Estas oficinas gubernamentales, como ocurrió con la planta de Bonafont en Puebla, fueron tomadas en 2020 por una comunidad del pueblo otomí que exige vivienda digna en la capital. El INPI fue rebautizado como Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” y ha servido como un espacio de convivencia para distintos encuentros del Congreso Nacional Indígena.
Ese día, 16 de febrero, se cumplieron 26 años desde la firma de los Acuerdos de San Andrés: los acuerdos de paz llevados a cabo entre el EZLN y el gobierno de México el 16 de febrero de 1996. Estos tratados fueron un intento de frenar la violencia en territorios indígenas, por medio del reconocimiento de sus derechos, su autodeterminación y la garantía de que se establecerían políticas de acceso a la justicia.
En la “Casa Samir Flores Soberanes” se presentan comunidades organizadas de Tecámac, barrios de Xochimilco organizados en torno a la defensa de sus humedales, mujeres que defienden los manantiales de los Pedregales de Coyoacán, otomíes de Santiago Mexquititlán, algunos de los jóvenes que mantienen el plantón por la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán y algunos de los responsables de mantener la toma de la Casa de Representación del estado de Chiapas.
–Lo que pasó el día 15 de febrero [el desalojo de la planta de Bonafont en Puebla] fue una violencia más contra los pueblos –sentencian las comunidades en el encuentro–: una traición más de los Acuerdos de San Andrés.
«Respetando la diversidad cultural de los pueblos indígenas, las acciones de los niveles de gobierno y las instituciones del Estado mexicano deben considerar criterios de sustentabilidad. Las modalidades tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales que ponen en práctica los pueblos y comunidades indígenas, forman parte de sus estrategias de persistencia cultural y de nivel de vida», rezan aquellos acuerdos, firmados hace 26 años.
Mientras se lleva a cabo este foro, Adelfo Regino Montes, director general del INPI, antiguo asesor del EZLN, fundador del Congreso Nacional Indígena y participante de la firma de los acuerdos de San Andrés, asiste a un evento en el Senado de la República. Desde el micrófono, Regino califica el trato de la actual administración hacia los pueblos originarios como un “gran proceso de consulta y diálogo”.
–El traidor Adelfo Regino –le reprochan desde la toma otomí del INPI–. Él está reunido con los poderosos.
–Ahora sí que se perdió un espacio pero no se ha perdido la lucha –añade Colibrí–. La lucha no es por estos lugares, la lucha no es un espacio. Estamos de pie y vamos a seguir organizándonos para seguir, no vamos a declinar. Realmente no se perdió mucho: al contrario, se ganó coraje.
En los últimos días, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca han convocado a quienes les apoyen a promover un boicot contra Bonafont y a dejar de comprar productos Danone. Además, convocan a las organizaciones afines a su lucha a realizar movilizaciones en todo el mundo.
Contenido elaborado con la mentoría de Carlos Acuña
