Foto: cortesía de Antonio Barragán
Antonio Barragán: otro montaje de Genaro García Luna
Ángel Huerta, estudiante; Carlos Acuña, mentoría / Corriente Alterna el 3 de septiembre, 2022
Antonio Barragán Carrasco permaneció trece años en prisión sin recibir sentencia. Fue capturado en el año 2001 sin una orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro y de diversos asesinatos.
Hoy, a 21 años de permanecer privado de su libertad, Antonio y las organizaciones que han acompañado su caso señalan que las autoridades nunca han presentado prueba alguna que demuestre su culpabilidad ni su supuesta militancia en el Ejército Popular Revolucionario (EPR), por la cual ha sido estigmatizado.
Su detención, tortura y encarcelamiento fueron impulsados por Genaro García Luna, el responsable del montaje de la detención de Florence Cassez y de Israel Vallarta –transmitida en vivo por televisión– y de la fabricación del secuestro de Hugo Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace. El mismo hombre que, más tarde, sería titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y que hoy permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, acusado de facilitar las operaciones del cártel de Sinaloa.
Torturado y abandonado, las opciones jurídicas de Antonio se han agotado. La única manera en que podría recuperar su libertad es mediante el mecanismo de amnistía para presos políticos prometido por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, o a través de una absolución emitida por el mismo.
–Yo ya empecé a perder la fe de salir –dice desde prisión, en entrevista para Corriente Alterna–. Al principio pensaba que tenía que salir porque no debo nada. Mi mamá me decía: “Hijo, usted va a salir”. Pero no. Por eso empecé con los talleres: a ver si con el tiempo alcanzo algún “beneficio”.
En la cárcel, un “beneficio” significa una disminución de condena.
Para sobrevivir, Antonio vende bolsas tejidas con fibra de plástico toquilla. Las teje por encargo, como una forma de matar el tiempo y percibir algún dinero. Cuenta esto desde el Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya, Morelos, donde permanece desde hace más de dos décadas.
Consecuencias de una masacre
Antes de su captura, Antonio Barragán Carrasco fue campesino y militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Guerrero. Sobrevivió a la masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. Lo detuvieron seis años después y permaneció 13 años en la cárcel sin recibir una sentencia, hasta 2014 cuando recibió una condena de 40 años de cárcel por el secuestro y homicidio de Paola Gallo, hija del empresario hotelero Eduardo Gallo y Tello.
Abogados de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), quienes han dado seguimiento al caso, así como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem Fedefam), además del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), entre otras treinta organizaciones, insisten en que las únicas pruebas en contra de Antonio son solamente dos testimonios obtenidos bajo tortura.
En entrevista, Antonio afirma que su caso tiene que ver con su adscripción a la OCSS, que se movilizaba para defender Tepetixtla de la tala ilegal.
–Así me entiendo yo, como un preso político. Dentro del penal me he comportado. Con ayuda del grupo de Doble A nunca he agarrado un vicio de drogas, ni siquiera de cigarros.
El secuestro y asesinato de Paola Gallo sucedió en Morelos. A Antonio lo detuvieron en San Quintín, Baja California, donde trabajaba como jornalero. Se había integrado al Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), el cual se formó luego de huelgas masivas en protesta por los bajos salarios, las condiciones de explotación y otras violaciones a los derechos laborales.
“Las personas que están en contra mía tienen mucho poder”, advierte y no duda en señalar a Genaro García Luna –exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) – y a Eduardo Gallo.
De acuerdo con las organizaciones acompañantes, después del secuestro y posterior asesinato de Paola Gallo en el año 2000, Genaro García Luna le otorgó a Eduardo Gallo desde aeronaves hasta equipo táctico, autos, helicópteros, personal de fuerza de reacción, unidades caninas, acceso libre a prisiones y fiscalías, entre otros recursos del Estado, para hacer justicia por mano propia y emprender la búsqueda de los captores y asesinos de su hija.
Un año después de la aprehensión de Antonio, la policía detuvo a Gilberto Aguirre Bahena, acusado de los mismos crímenes. Gilberto es uno de los fundadores de la OCSS y, también, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas. Al igual que Antonio, asegura que Eduardo Gallo y Tello lo sometió a interrogatorios bajo tortura.
Antonio Barragán: ¿culpable de todo?
El secuestro ocurrió el 8 de julio del año 2000. Ella tenía 25 años de edad y cursaba una maestría en Psicoanálisis. Una semana después, el miércoles 16, Paola Gallo Delgado murió asesinada por sus captores, pese a que su familia pagó el rescate solicitado. Tres de los presuntos secuestradores –Neftalí Lima Hernández, Juan Miguel Lima Hernández y Miguel Salgado Nájera– aparecieron muertos ese mismo día.
Adrián Ramírez conoce el caso. Es director de la Limeddh, la organización que lleva la defensa de Antonio Barragán. En entrevista con Corriente Alterna, explica que los tres secuestradores fueron asesinados, “muy seguramente”, por policías federales en un operativo fallido.
–Uno de los cómplices logra escapar –dice– y avisa al resto del grupo, quienes, lamentablemente, deciden quitarle la vida a Paola.
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La versión brindada por Eduardo Gallo en su libro Paola: Historia de un secuestro y una sociedad corrupta (México, Grupo Editorial Vid, 2002), es que tanto Antonio Barragán como los otros presos y los secuestradores caídos pertenecían a células del Ejército Popular Revolucionario y a una de sus escisiones, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que se asesinaron entre sí después de ejecutar a su hija.
“En septiembre de 2001 logré la aprehensión de Antonio Barragán Carrasco, integrante de la banda de secuestradores quien por diferencias con los jefes fue expulsado durante el secuestro de mi hija”, escribió.
El expediente presentado por la Limeddh, a cuya copia se tuvo acceso, no comprueba esto en ningún momento y, al contrario, revela otras contradicciones.
La esposa de uno de los ejecutados, detenida cuando acude a reconocer el cuerpo de su marido, señala a supuestos cómplices del secuestro y asesinato de la joven.
De acuerdo con los registros proporcionados a Corriente Alterna por Limeddh –dos amicus curiae y un archivo histórico–, es por estos señalamientos que se detiene a Anselmo Hernández, quien menciona el nombre de Antonio Barragán Carrasco. Sin embargo, cada uno de estos interrogatorios se realizó bajo tortura. A Antonio le imputarán no sólo el secuestro y asesinato de Paola Gallo sino, también, el homicidio de sus secuestradores.
Antonio Barragán: la violación de los procesos
Antonio Barragán Carrasco recuerda bien la fecha: lo detuvieron el sábado 24 de septiembre de 2001.
–Veníamos de trabajar yo y mis tres hijos –dice al teléfono, desde prisión.
Cuenta que esa tarde, como todos los días, viajaba en el autobús que solía transportar a los jornaleros que regresaban del Rancho El Pedregoso a San Quintín.
–Al entrar al callejón, ya para llegar a mi casa, me llegan un montón de policías apuntándome con armas: “¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Quieto!”.
Lo llevaron en avión desde Baja California hasta el Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya. Antonio insiste en que le cubrieron la cabeza con bolsas plásticas y en que, durante todo el traslado, lo electrocutaron y golpearon.
De acuerdo con Limeddh, estas detenciones arbitrarias, torturas e investigaciones que violan protocolos derivan de una persecución emprendida personalmente por Eduardo Gallo contra cualquier persona con alguna relación, real o atribuida, con el crimen de su hija.
En el penal continuaron los castigos. “Fueron más de una docena de veces que Eduardo [Gallo] me torturó en el módulo”, dice Antonio. La Limeddh confirma la participación directa de Gallo en las sesiones de tortura de varios de los presuntos implicados, asentadas en las actas correspondientes.
–Él [Gallo] puede entrar al penal –explica Ramírez– porque el director, Sebastián Inzunza, le permitía el ingreso sin tener que pasar por la aduana.
Ramírez indica que existen varios indicios en los cuales es posible observar la implicación de Genaro García Luna, como las facilidades para trasladar a Antonio de San Quintín a Morelos, o el acceso a información reservada para fabricar los casos.
Por ejemplo, es García Luna quien facilita a Eduardo Gallo una aeronave para que se realice una diligencia que “ni siquiera jurídicamente está señalada –dice Ramírez–; junto con el gobierno del estado de Veracruz, se le prestan dos helicópteros y 16 vehículos en esa diligencia infructuosa: esa es la influencia que tiene”.
Así lo demuestra una tarjeta informativa con número de oficio 41-496 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, dirigida a Camerino Román Bustamante –coordinador general de la Policía Judicial del estado– y firmada por el comandante Víctor Hugo Valdez Ortiz, fechada el 20 de julio del 2000.
“Se nos hizo del conocimiento que el funcionario de la PFP Ing. Genaro García nos apoyaría con la aeronave con matrícula PF-203 habiendo comisionado al comandante Rubén Silva acompañado de cinco elementos más de la PFP para custodiarlo”, se apunta en el oficio.
Genaro García Luna estaba por dejar la Policía Federal Preventiva para estrenarse como titular de la recién creada Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Años después, durante el sexenio de Felipe Calderón, García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública.
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Barragán apunta que nunca lo entrevistaron o constataron su integridad física o psicológica; mucho menos se investigó la denuncia sobre las torturas. El 4 de enero de 2001 presentó una queja escrita de su puño y letra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDH). En el expediente 005/2002-4 quedó registrada su denuncia por las torturas a las que había sido sometido, además de la detención arbitraria y la violación a su presunción de inocencia.
La Comisión atendió la queja con negligencia, según Limeddh: “Se concretaron a enviar oficios al Reclusorio, que, en respuesta, sólo negó los hechos”.
Eduardo Gallo, hoy, se ha retirado de la vida pública y se desconoce su paradero, aunque en otras ocasiones ha negado las acusaciones de tortura.
Sin presunción de inocencia
Muchos años atrás, en el amanecer del 28 de junio de 1995, en el municipio de Tepetixtla, Guerrero, Antonio Barragán (de 27 años de edad) se subió a un camión de redilas. Se dirigía junto a sus compañeros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur a exigir la aparición con vida de Gilberto Romero Vázquez: el fundador de la organización, desaparecido el 24 de mayo de ese mismo año.
El camión fue detenido en “El Vado” de Aguas Blancas, un riachuelo poco profundo. A punta de pistola y golpes, policías motorizados bajaron a los campesinos a bordo, les obligaron a acostarse en el suelo y, cuando llegó el segundo vehículo, mientras repetían la rutina de golpes, los agentes abrieron fuego.
El saldo: 17 campesinos asesinados y 24 heridos. El episodio es conocido como la masacre de Aguas Blancas.
–Amontonaron a los muertos como animales –recuerda Antonio.
Un año después, en 1996, durante la conmemoración del primer año de la masacre, el Ejército Popular Revolucionario hizo su primera aparición. Es a partir de estos dos hechos –la masacre y la aparición de una guerrilla– que se recrudeció la persecución y asedio contra la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Muchos de sus miembros sufrieron ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y hostigamiento de grupos paramilitares. Adrián Ramírez no duda en llamar a este proceso, contra la OCSS y organizaciones afines, como un “genocidio equiparado”.
La única mención en el expediente al Ejército Popular Revolucionario es la citada por el mismo Antonio, quien en su declaración asegura que, mientras lo detenían y torturaban en San Quintín, Eduardo Gallo le preguntaba por su participación con el EPR, a lo que Antonio respondía:
–¡De eso yo no conozco nada!
–Diles que te vengan a rescatar –le replicaba Gallo en tono de burla–, a ver si de veras. Aquí se van a enfrentar conmigo.
“Me hicieron un montón de preguntas de ese grupo armado”, declaró.
–El mismo Eduardo Gallo narra en su libro cómo me detiene. Afirma que soy un militante del EPR y que el dinero del rescate de su hija era para financiar el movimiento armado del estado de Guerrero. Eso es algo que no es así: nunca han presentado ni una prueba.
–Es un caso lleno de graves violaciones al debido proceso –afirma Adrián Ramírez–. Eduardo Gallo, por ejemplo, no poseía ningún sustento jurídico-penal para interrogar a Antonio; tampoco para exigir su declaración. A pesar de esto, se le permitió ingresar al interrogatorio y torturar a Antonio hasta que se declaró culpable.
A las torturas se suma que, “en todos los documentos, hay abogados que firmaron como defensores públicos y eran pasantes en Derecho: unos no tenían cédula e, incluso, muchas de las actas no están firmadas”.
Al teléfono, Antonio enumera algunas de las docenas de pruebas por medio de las cuales ha intentado demostrar su inocencia:
–Existe un peritaje de la Procuraduría del Estado de Morelos –dice–, donde los peritos prueban que yo no disparé ningún arma.
Además, la Policía Federal le realizó el Protocolo de Estambul, el cual comprobó que fue sometido a tortura. De las torturas en el penal, realizadas por el director de la cárcel y otros policías supervisores, cuenta con tres testigos.
De acuerdo con Ramírez no existe, tampoco, una sola prueba que acredite que Antonio estuviera presente o participara en el secuestro. Y, al contrario, las declaraciones que lo incriminan se contradicen.
–Las pruebas contra Antonio Barragán fueron fabricadas. No hay objeto, no hay ninguna persona que lo reconozca. Todas son declaraciones que se arrancaron bajo tortura.
Desde hace más de siete años Antonio no recibe visitas. Sus días comienzan a las ocho de la mañana, al pasar la primera lista. Almuerza al mediodía y, después, apenas come. A veces hace un poco de ejercicio, pero cada vez menos. El tiempo libre lo usa para revisar, una y otra vez, los documentos de su causa penal.
A estas alturas ha perdido, ya, la oportunidad de ampararse y probar su inocencia. Sólo queda la vía de un indulto. Es por eso que ha exhortado públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo excarcele, a él y a sus compañeros presos.
