Hace años que los habitantes de Juchitán, Oaxaca, pedían al gobierno construir un hospital de especialidades. En junio de 2020, por fin, se atendió su solicitud: una unidad médica de segundo nivel se inauguró en la ciudad. Pero el hospital solo operó durante 11 meses para enfrentar la pandemia de COVID-19: en cuanto los contagios disminuyeron, la institución cerró sus puertas y los médicos y enfermeras que laboraban en él fueron despedidos.
Fue en 2012, Enrique Peña Nieto era candidato del PRI a la Presidencia de la República. En una visita a Juchitán, como parte de su campaña, prometió la construcción de un hospital de especialidades. Tres años después, durante una asamblea informativa previa a la primera consulta indígena sobre la operación de un parque eólico en este municipio, los habitantes condicionaron la instalación del proyecto a cambio, entre otras cosas, de la construcción del hospital prometido. Las autoridades aceptaron, aunque la obra ya estaba considerada en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.
De acuerdo con ese documento, publicado el 29 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el hospital se construiría en 2016 y se finalizaría en 2017; pero el plan no se cumplió. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2018 que el Gobierno de Oaxaca no había usado el dinero destinado a esta obra. En 2017, la Secretaría de Salud federal, a través de un fideicomiso del entonces Seguro Popular, transfirió 43 millones 678,400 pesos como anticipo para la construcción. Pero al 19 de julio de 2018 los trabajos no habían iniciado. En esa auditoría, la ASF no explicó el retraso y dio por solventado el asunto cuando el gobierno de Oaxaca devolvió los recursos a la Federación.
La esperanza de contar con un hospital equipado en Juchitán, para no viajar a otros municipios oaxaqueños en busca de atención médica especializada, parecía esfumarse. Pero en septiembre de 2018 el consorcio minero Grupo México retomó la obra. Tras los sismos de 2017, la empresa dirigida por Germán Larrea –dueño del parque eólico “El Retiro”, ubicado en la ciudad– lanzó una campaña de recaudación de fondos para construir un hospital en Juchitán, una de las ciudades más afectadas por los temblores de septiembre de aquel año. Aportaría 178 millones de pesos para la obra física, el gobierno de Oaxaca donaría el terreno y la Secretaría de Salud estatal operaría el hospital.
Un hospital a medias
Casi dos años después, ya con los hospitales del país saturados por la pandemia de COVID-19, el hospital de Juchitán aún no estaba listo. Grupo México anunció que “adelantaría” la entrega de la obra para hacer frente a la emergencia sanitaria y el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la iniciativa. La empresa entregó el hospital al gobierno federal el 6 de abril de 2020. Sin embargo, fue inaugurado hasta el 15 de junio del mismo año porque no contaba con equipo médico ni con personal. Solo se habilitó una pequeña área, con 25 camas que después aumentaron a 42, para atender a pacientes graves con coronavirus.
La unidad médica fue renombrada como Hospital Número 25 del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y su operación quedó en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Junto con el Insabi, esta dependencia prestó respiradores mecánicos y camas al hospital. Contrataron médicos y enfermeras de manera eventual, con la promesa de que se les otorgaría una base al terminar la contingencia.
Sin embargo, como si la pandemia hubiera ya terminado, el 26 de mayo la Sedena cerró el Hospital Número 25 y devolvió a los Servicios de Salud de Oaxaca la responsabilidad de administrarlo. No recibió más enfermos con COVID-19; reubicó a los pacientes y ya no renovó los contratos del personal. Pese a la promesa de este gobierno de rescatar o equipar los hospitales que quedaron abandonados o inconclusos en sexenios anteriores, este hospital, proyectado para ofrecer especialidades materno-infantiles, sigue sin equipo médico ni personal de planta. Es otro “elefante blanco”. Hoy los habitantes reclaman la reapertura del hospital que hace nueve años demandaron, y los profesionales de la salud exigen ser recontratados.
–A nosotros nos dijeron que, del presupuesto que se había tomado para la contingencia, ya no había; por lo tanto, se iba a necesitar que esos hospitales ya no operaran. Ya no había recursos para seguir contratando al personal –explica Julio César Villalobos, enfermero que laboró durante un año en esa unidad médica.
El plantón
Por el cierre del hospital y ante la falta de respuesta de las autoridades oaxaqueñas, alrededor de 40 enfermeros del Hospital No. 25 del Insabi se organizaron y viajaron a la Ciudad de México a buscar una audiencia con López Obrador.
Se plantaron desde el 17 de junio frente a la entrada principal del Palacio Nacional y todos los días, durante dos semanas, protestaron en punto de las 6:00 de la mañana. Mientras periodistas llegaban a cubrir las conferencias matutinas de López Obrador, los profesionales de la salud reclamaban: atendieron la emergencia sanitaria por COVID-19, les despidieron hace un mes y exigen ser recontratados.
–El señor presidente nos prometió que todo el personal que estuvo en primera línea durante esta pandemia sería recontratado; pero no tenemos ninguna certeza, solamente rumores, palabras, promesas –dice Laureana Montero, una enfermera de 27 años que participó en el plantón.
Desde diciembre de 2019, López Obrador y Juan Ferrer, titular del Insabi, anunciaron que el gobierno iba a regularizar los contratos de 86 mil profesionales de la salud que trabajaban como eventuales. El objetivo, dijeron, era que al final del sexenio todos tuvieran un empleo digno.
Meses después, en abril de 2020, cuando los contagios de COVID-19 se intensificaron, el presidente llamó a médicos y enfermeras a ayudar en la atención de la pandemia. En el discurso que pronunció en la ceremonia por su segundo informe de gobierno, el primero de septiembre del año pasado, aseguró que habían contratado a 47 mil médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores sanitarios. Consideró “indudable” salir de la pandemia “con un mejor sistema de salud” gracias a la labor del personal médico.
No obstante, a más de un año que se declaró la emergencia sanitaria, miles de profesionales de la salud viven con incertidumbre. El 15 de junio de 2021 terminaron sus contratos, al menos, en la Ciudad de México, Tabasco, Morelos, Tamaulipas, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí, sin que les informaran si serían recontratados.
–Sabíamos que iba a terminar, pero, como continúa la pandemia, pensábamos que íbamos a seguir –indica Fabiola Venegas Ríos, enfermera de Oaxaca, de 28 años.
“Queremos trabajar”
Con el finiquito que recibieron tras finalizar su contrato, las enfermeras sobreviven en el plantón que mantienen en el Zócalo. Duermen en casas de campaña y mientras unos buscan comida, otros cuidan el plantón. Se asean en baños públicos del Centro Histórico capitalino o rentan regaderas en Belisario Domínguez y comen, la mayoría de las veces, alimentos empaquetados. Algunas personas les donaron despensa. Pese a estas condiciones, su uniforme azul, típico de enfermería, luce limpio.
Esto se parece a estar en un covitario, describen las enfermeras el martes 29 de junio. Ahí pasaban más de ocho horas con overoles plastificados para prevenir los contagios mientras ayudaban a los enfermos. No podían ir al baño, sostienen, hasta terminar su turno. Se deshidrataban por el calor que generan esos trajes. Las enfermeras Laureana y Fabiola, incluso, sufrieron pielonefritis, una infección urinaria que afecta los riñones, por permanecer tantas horas sin ir al baño.
–No importa lo que hemos sufrido acá en el campamento: pasar lluvia, frío, calor, todo, porque lo que queremos es un trabajo –agrega la enfermera Fabiola.
Tuvieron dos reuniones con autoridades federales del Insabi. Pero continúan su protesta porque Candelario Pérez Alvarado, encargado de Recursos Humanos de la institución, les respondió: “¿qué quieren que les diga?, tienen que esperar”.
Personal de Palacio Nacional ofreció a quienes integran el plantón una reunión con Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana de la Presidencia, “porque el presidente no daba audiencias”. A cambio debían levantar el plantón.
Aceptaron el trato y suspendieron las protestas durante tres días, en lo que obtenían una respuesta. El martes 29 de junio sostuvieron la reunión, sin Leticia Ramírez presente. Otros empleados del área les informaron que no tenían registro de que ellas hubieran laborado en el hospital durante la pandemia; les pidieron que buscaran solución con las autoridades del Insabi en Oaxaca.
–Nosotros traemos nuestros talones de pago, copias de contratos, donde puedo comprobar que yo trabajé para ese hospital, pero no lo quisieron aceptar –lamenta Wendolyn Díaz, una enfermera de 23 años.
Se aferran a ser contratados en el sector salud público porque, afirman, en el privado las condiciones laborales son peores. El Insabi les pagó entre 5,000 y 8,000 pesos a la quincena, algo “justo”, comparado con los 2,800 a 3,000 pesos quincenales que ganan sus colegas en el sector privado de Oaxaca.
A Laureana ese sueldo le ayuda para mantener a su hijo de 10 años; Fabiola podía ayudar a su padre que sufrió un accidente. Julio César y Wendolyn cubrían los gastos de sus padres, adultos mayores que no tienen acceso a una pensión.
–No podemos llegar a la casa y decirle a nuestra familia: “no tengo un trabajo”; por eso tuvimos la necesidad de venir hasta acá a plantear nuestra situación. Lo que queremos es trabajar –reitera la enfermera Fabiola.
De condecorado a desempleado
El gobierno federal les llamó héroes y heroínas. Ordenó que en todas las instituciones de la administración pública se aplaudiera un minuto todos los días como homenaje al personal de salud y a las víctimas mortales de la pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) organizó muestras fotográficas de la labor sanitaria durante la emergencia. Les ofrecieron bonos extra por su trabajo y hasta les entregaron la Condecoración Miguel Hidalgo. Se trata de “la más alta presea que puede recibir un nacional por parte del Estado Mexicano”. Sin embargo, apenas la pandemia se controló, fueron abandonados. Se les rezagó en la vacunación contra COVID-19 y el presidente López Obrador desconoció sus exigencias.
El enfermero Villalobos es un ejemplo. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, le entregó la medalla Miguel Hidalgo en grado cruz el 20 de noviembre de 2020. Lo reconocieron como el mejor enfermero del Hospital Insabi No. 25, porque era el único especialista en cuidados intensivos que atendía ahí. Ahora, él es uno de los profesionales de la salud que se quedaron sin empleo.
–Qué le puedo decir. Yo creo que no es un sentimiento solo mío, es un sentimiento de todos mis compañeros. Es triste y lamentable que esto esté pasando, porque dimos lo mejor dentro del covitario, con los pacientes. Es lamentable, en verdad, que esto pase.
Villalobos se unió al plantón de enfermeros y protestó afuera de Palacio Nacional con este cartel: “Héroes para el pueblo, invisibles para el Estado”.
Los profesionales de la salud regresaron a Oaxaca a exigir allá un nuevo contrato. Pero aseguran que volverán a Palacio Nacional a protestar hasta que les cumplan.
Un día después de que se marcharon, el Zócalo fue escenario de otra manifestación. El 2 de julio, médicos y enfermeras que trabajaron con contratos temporales en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el principal hospital para la atención de COVID-19 en la Ciudad de México, también exigieron ser recontratados. La consigna fue la misma: “Ayer éramos héroes, hoy somos desempleados”.
