Joaquina García no lo entiende. ¿Por qué esperaron tres años para entregarles la información, los documentos, los videos? Madre de Martín Getsemany Sánchez García, dice que la sorpresa duele. Los demás familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa coinciden con ella.
El pasado lunes 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhibió, como parte de su Tercer Informe del caso Ayotzinapa, un video que muestra a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipulando la escena del basurero de Cocula, que más tarde se presentaría como el lugar donde los estudiantes, supuestamente, fueron incinerados.
“Como madres, no esperábamos esto”, dice Joaquina en entrevista para Corriente Alterna. “¿Por qué desde un principio no las entregaron? Llevamos más de siete años en espera de saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos”.
En conferencia de prensa desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y organizaciones que les acompañan presentaron su posicionamiento sobre el Tercer Informe del GIEI.
María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez, reconoció el trabajo de los expertos independientes, así como de los peritos argentinos y de los abogados y organizaciones que acompañan el caso. “Reconocemos un avance que nos puede llevar a la verdad, que se haga justicia y se castigue a los responsables”, exigió. “Nunca imaginamos que a tres años de este nuevo gobierno no tengamos información sobre el paradero de nuestros hijos”.
Ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad es parte de un montaje jurídico durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Según Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ése fue el propósito de la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) al manipular el escenario de Cocula. Por eso, dice, “fue imposible explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante los cinco años previos a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
Pero, aunque existen avances, las madres y padres de los 43, así como las organizaciones que les acompañan, señalan que es insuficiente. Si en el gobierno pasado la información se negaba, hoy las fuerzas armadas entregan los documentos a cuentagotas.
“Se sigue en la misma ruta”, denuncia Rosales. “El decreto mediante el cual se crea la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa lo firmaron los dos secretarios, tanto el de la Semar como el de Sedena; y el decreto establece que todas las autoridades se comprometen a colaborar en el marco de sus competencias con las investigaciones”.
No sólo eso. Hasta el día de hoy, la información que ya es pública no se integra de manera concreta a la investigación y no tiene peso jurídico: el GIEI no es una instancia jurisdiccional y los hallazgos de su informe deberán ser integrados al expediente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra es hacer las diligencias concretas para fincar responsabilidad; existen reticencias de las fuerzas armadas para colaborar en la investigación”. Rosales lo dice claro: “las fuerzas armadas han desempeñado un papel lamentable”.
