Jornaleros mexicanos en Canadá: ser esenciales en tiempos de covid-19

¿Qué significa ser “esencial” en la pandemia de covid-19? Significa, como Gabriel, ser migrante —vivir ocho meses del año lejos de su familia— y pizcar jitomate en la agroindustria de Canadá. Tan esencial que, aun con los aeropuertos cerrados, se abrió la aduana exclusivamente para jornaleros mexicanos. El becario de la Unidad de Investigaciones Periodísticas, Raúl Parra, cuenta la historia de Gabriel, uno de los 25 mil trabajadores legales mexicanos en Canadá, y de Daniel, trabajador de la construcción y sobreviviente de coronavirus en el gigante de Norteamérica.

26 de junio de 2020. Gabriel tomó un vuelo de emergencia el 3 de marzo. Su suegro había muerto y quería acompañar a su esposa en su duelo. Desde Ontario, Canadá, hasta el municipio de Españita, en Tlaxcala, había tres mil 600 kilómetros por recorrer. Gabriel había pedido permiso para ausentarse de la granja donde cultivaba pimiento y jitomate. Su plan era acompañar a su familia durante dos semanas y regresar a su trabajo como jornalero en Canadá, el empleo con el que había sostenido a su familia desde hacía 17 años.  

Gabriel (se omite su apellido por temor a represalias laborales), de 48 años, forma parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), firmado por México y Canadá en 1974. Gabriel gana 14 dólares la hora en jornadas de ocho a nueve horas, seis días a la semana. Ha participado en 17 de los 46 años que lleva en operación, pero estuvo a punto de perderse la temporada 2020.

Especialistas mexicanos califican el PTAT como perverso: los jornaleros pasan de seis semanas a ocho meses al año en Canadá, separados de sus familias. Y aunque pagan impuestos, sus derechos sociales son difíciles de reclamar. 

La agroindustria canadiense depende de 60 mil trabajadores migrantes, que suman el 53 por ciento de la fuerza laboral agrícola. Gabriel es uno de los 25 mil jornaleros mexicanos que cada año acuden a alguna de las dos mil 300 granjas ubicadas en nueve de las 10 provincias de Canadá.

Le fue imposible regresar a Kingsville en dos semanas por el brote del nuevo coronavirus. El 18 de marzo, Canadá cerró parcialmente sus fronteras y restringió los vuelos internacionales a un número reducido de aeropuertos. Por un momento el campo se quedó en vilo y reinó la incertidumbre en ambos países. Los granjeros canadienses temían quedarse sin la fuerza laboral necesaria y los jornaleros mexicanos sin el empleo que les provee de un sustento. 

Pero el panorama cambió en un par de días. 

—A uno le hacen falta las remesas y al otro la mano de obra —ataja con franqueza Gabriel un domingo, su único día de descanso, por medio de una videollamada de Whatsapp. 

El 20 de marzo el Ministerio de Inmigración de Canadá excluyó a los trabajadores agrícolas temporales de las restricciones de viaje y los gobiernos de ambos países reactivaron el PTAT a partir del 9 de abril.  

La autorización del boleto de avión de Gabriel se demoró y su estancia de dos semanas se prolongó dos meses. Finalmente, voló de regreso a Ontario el 27 de abril y fue uno de los nueve mil jornaleros mexicanos que arribaron a Canadá en abril y mayo, de los 27 mil que se esperaban para 2020 antes de la eclosión del covid-19.

Jornaleros mexicanos: trabajar en contingencia 

El panorama que Gabriel encontró a su regreso fue desolador. No iban ya los aviones llenos de jornaleros centroamericanos, como en los años previos. Ahora sólo eran connacionales y en menor número por la contingencia sanitaria: “El aeropuerto de Toronto definitivamente estaba clausurado, sólo estaba abierta la aduana para los trabajadores que veníamos del extranjero”. 

Gabriel cumplió con la cuarentena obligatoria de 14 días en una casa de la empresa, con 13 compañeros más. “Nos estaban yendo a checar diario, dar alimento y pagar cinco horas”, comenta. La multa máxima por violar la cuarentena o las restricciones era de 750 mil dólares (el equivalente a su  salario de tres años) y hasta seis meses en prisión.

Una vez que terminó la cuarentena se encontró con sólo 160 de los 190 compañeros que trabajan habitualmente en la granja. 

Los gobiernos de Canadá y Ontario invirtieron 2.25 millones de dólares en medidas sanitarias en las granjas, informó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Ontario. “No salir para nada fuera de la farma, todas las mañanas te tienen que checar antes de empezar; todos con mascarillas y guantes y el gel antibacterial”, enumera Gabriel las medidas de prevención implementadas por la empresa. 

Canadá, los campos de la abundancia

Cada año, durante ocho meses, Gabriel cultiva pimiento y jitomate en los invernaderos de una granja de Kingsville, en la provincia de Ontario. Labora entre ocho  y nueve horas, seis días a la semana. Recibe un salario de 14.18 dólares canadienses por hora —el mínimo legal en Ontario, equivalente a 232 pesos mexicanos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la agroindustria canadiense depende de 60 mil trabajadores migrantes. Esto representa el 53.3 por ciento de la fuerza laboral en la agricultura nacional. 25 mil de ellos son jornaleros mexicanos que cada año acuden a trabajar a dos mil 300 granjas ubicadas en nueve de las 10 provincias de Canadá.

“Tenemos un seguro que nos lo descuentan, normal como el de los trabajadores que tienen acá en Canadá. El medicamento te lo tienen que pagar, sí está dentro de su esquema”, asevera Gabriel.  

Los trabajadores envían anualmente 300 millones de dólares canadienses en remesas. Para integrarse al programa hay que ser jornaleros mexicanos provenientes de alguna zona rural del país, tener entre 22 y 45 años, una escolaridad entre tercero  de primaria y primero de preparatoria y preferentemente estar casados o vivir en unión libre. 

Derechos en papel

“El PTAT es muy complejo y por muchos años se veía únicamente la parte económica”, explica el doctor Aaraón Díaz Mendiburo, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM. “El programa es perverso porque si bien tiene normas que respaldan a los trabajadores, la mayoría de cómo se estructura es para beneficio de los empleadores. Desde este punto de vista, es ganancia para los empleadores y para los gobiernos”, abunda.  

“Es perverso justamente por su estructura—prosigue el académico—, desde la separación de las familias: no es la mejor manera de tratar a los seres humanos en ningún contexto. Eso te parte como ser humano. No sólo son las remesas. La migración, bajo este contexto, es muy difícil, muy compleja y muy dolorosa”.

Díaz Mendiburo resume: lo verdaderamente complicado para los trabajadores temporales es tener acceso efectivo a sus prestaciones.

“Pagan impuestos de todo, pero no tienen derecho; [en el papel] lo tienen, pero en la práctica es muy complicado”, explica el antropólogo, quien durante más de una década se ha dedicado a estudiar el PTAT y sus consecuencias en la población migrante. “Es muy difícil entender, ejecutar, poner en práctica estos derechos, porque hay toda una infraestructura que no lo permite”. 

“Es un hecho que la agricultura, la agroindustria en Canadá, se sostiene por fuerza laboral extranjera migrante temporal, de la que México durante muchos años ha ocupado el liderazgo,” asegura  Díaz Mendiburo, quien además de antropólogo es documentalista y ha realizado trabajo de campo en ambos países sobre la migración agrícola temporal. 

Covid-19, al acecho de las granjas

“Numerosos migrantes agrícolas continúan trabajando en servicios esenciales vinculados con el sector alimentario,” asienta Cristina Rapone, especialista en migración y empleo, en el informe Los trabajadores migrantes y la pandemia de covid-19  de la FAO.“Muchos de ellos están sujetos a condiciones de vivienda y trabajo deficientes y sin acceso a la protección sanitaria o social. Tienen más probabilidades de exponerse a peligros para la seguridad y salud en el trabajo y corren un riesgo mayor de contraer covid-19”. 

Para el 15 de mayo, la granja Greenhill Produce registraba un brote de 78 migrantes contagiados, mientras que en Windsor-Essex hubo 175 casos entre trabajadores agrícolas de 17 granjas ubicadas en la región suroeste de Ontario. El Consulado General de México en Vancouver reportó que 19 jornaleros mexicanos contrajeron el virus SARS-CoV-2 en la granja Bylands Nurseries, de la Columbia Británica. 

Hacia mediados de junio, más de 300 trabajadores mexicanos se habían infectado de covid-19 en los campos canadienses. Tres de ellos han muerto en Ontario: Bonifacio Eugenio Romero falleció el 30 de mayo, Rogelio Muñoz Santos el 5 y Juan López Chaparro el 20 de junio. 

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio por la presunta falta de atención del Consulado mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin documentos

El 20 de abril, Daniel dio positivo a coronavirus. En 2019 había solicitado una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) a Canadá y el 3 de marzo se enfiló a Toronto. Fue uno de los 82 mil mexicanos a quienes se les concedió el permiso en enero y febrero de ese año. 

Desde su llegada, Daniel trabajó en la construcción. No renovó su permiso en septiembre y continuó trabajando. Buscó alternativas porque los inviernos arduos  provocan la  disminución de las labores en el ramo. Y luego llegó el coronavirus, que  para enero de 2020 ya se esparcía globalmente. Canadá confirmó su primer caso el 27, precisamente en Toronto, por lo que gobierno pausó la industria de la construcción y el joven guanajuatense de 22 años se vio forzado a cambiar diametralmente de giro.

Daniel se metió a una panadería para seguir trabajando. “Las cuentas corren, todo sigue corriendo igual, no te puedes dar el lujo de no trabajar, porque acá la renta sigue, el teléfono, el Internet, todo”, comenta desde Toronto a mediados de mayo.  

La empresa, una cadena de panaderías artesanales, implementó un protocolo de seguridad para prevenir contagios, que incluyó medir la temperatura al ingresar, el uso de cubrebocas y la sana distancia en el comedor. Daniel llevaba tres meses trabajando ahí cuando se enfermó de covid-19.

No sabe a ciencia cierta si se contagió en el área de lavado del local, donde limpiaba las tablas para amasar y los utensilios con agua a presión, o en su casa, donde hubo un brote familiar: “Es un basement. Aquí vivimos cinco personas: una prima, su esposo, el hermano del esposo de mi prima y mi novia: nos infectamos todos”. 

Es probable que el contagio se haya producido en el centro de trabajo y de ahí lo hayan llevado a su casa, ya que las dos mujeres con quienes vive también laboraban ahí durante la contingencia. “Luego también cerró la panadería dos semanas —cuenta—, pero yo ya estaba en cuarentena”. 

Tras dar positivo, Daniel tuvo que cumplir con un periodo de resguardo domiciliario de 14 días ordenado por la clínica donde se hizo la prueba y reforzado por la empresa. 

—No, no, no, nada de eso —revira rápidamente, al ser cuestionado sobre un seguro o la remuneración de la cuarentena. Únicamente recibía el pago del salario mínimo de 14 dólares canadienses por hora, en efectivo.  

Al igual que los otros 1.8 millones de migrantes indocumentados que trabajan en Canadá, Daniel estaba expuesto a una capa de vulnerabilidad adicional, pues carecía de prestaciones. Como señala la FAO, los migrantes indocumentados a menudo no tienen acceso a protección sanitaria o social si enferman o dejan de trabajar.

Enfermos, en el sótano

“Todos dejamos de trabajar y ya nos quedamos en casa —prosigue Daniel—. Unos días se te baja más, otros te da más frío. Está medio raro porque había días que ya me sentía mejor y al siguiente día me daba fiebre, tos, todo. Y congestionamiento nasal. Ni hambre me daba. Y ya, pues me traté con puro paracetamol, tés de canela con miel y todo eso, y así fui saliendo poco a poco, porque no hay así como algún tratamiento”. 

Cuando se recuperó de la enfermedad, Daniel regresó a trabajar en la construcción y el 21 de junio voló de regreso a México, con lo que, luego de un año y tres meses, concluyó su sueño canadiense. 

Gabriel, por su parte, y aun con miedo, cuando ya se han presentado algunos casos en su granja, sigue cultivando pimiento y jitomate en los invernaderos de Ontario.

El 15 de junio el primer ministro canadiense Justin Trudeau le transmitió el pésame a Andrés Manuel López Obrador por los dos primeros jornaleros mexicanos fallecidos por covid-19 en Canadá. Y al día siguiente, el gobierno de México suspendió la partida de trabajadores agrícolas migrantes como parte del PTAT a las granjas con brotes hasta que se garantice la protección de su salud.   

La población mexicana residente en Canadá se duplicó en las décadas de los noventa y la primera década de 2000. Tres de cada cuatro mexicanos radicados en ese país se encuentran en las provincias de Ontario, Alberta y Quebec. Y, aunque representan menos del uno por ciento de la migración internacional, la crisis por la pandemia del coronavirus puso de relieve la contribución vital que realizan los trabajadores mexicanos en el suministro de alimentos en los hogares canadienses.