El día que secuestraron al periodista Moisés Sánchez, las últimas palabras que escuchó de él su hijo Jorge Sánchez Ordoñez fueron: “No le hagan nada a mi familia”.
Fue el 2 de enero de 2015, en Medellín de Bravo, Veracruz. El cuerpo fue localizado tres semanas después, el 24 de enero, enredado en bolsas negras, en el municipio vecino de Manlio Fabio Altamirano.
Desde aquel momento inició un suplicio para la familia: superar el duelo y buscar justicia.
Transcurridos ocho años, no hay justicia por el crimen, cuenta Jorge Sánchez a Corriente Alterna.
Manifestaciones, actos simbólicos, bloqueos de calles, constantes visitas a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) y a la Fiscalía General de la República (FGR) no han sido suficientes para que el caso avance, reprocha.
Cuatro gobernadores y dos presidentes de la República le han prometido a la familia que el asesinato no quedará impune, pero Jorge Sánchez cuestiona cuánto tiempo más tiene que pasar para que la justicia llegue.
Moisés Sánchez fue periodista desde 1990, cuando comenzó a distribuir copias de una hoja escrita a mano con noticias y denuncias de su municipio, Medellín de Bravo, en la zona conurbada del Puerto de Veracruz. Con el paso del tiempo, y la llegada de la tecnología, llegó a distribuir un periódico de varias hojas al que llamó La Unión – La voz de Medellín.
El proyecto lo continúa Jorge. Es una forma de seguir su legado y honrar su memoria, comenta. Ahora es un portal web, que en el banner superior incluye una frase de Moisés Sánchez: “Vivir con miedo no es opción”.
La familia atribuye la autoría intelectual del crimen al entonces presidente municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, pues antes de ser secuestrado le habían advertido que el funcionario “le quería dar un susto”.
El único detenido en el caso, Clemente Noé Rodríguez, acusado de coautoría en el homicidio, declaró que recibió órdenes del alcalde.
Pero Cruz Reyes se encuentra libre y sin orden de aprehensión. Quienes cuentan con orden de captura son dos expolicías, señalados de omisión dolosa, pero están prófugos.
El pasado 26 de enero Jorge Sánchez acudió a la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para llevar su caso y el de otros periodistas asesinados.
“Yo sé que tiene agenda ocupada, pero es necesario que conozca el sentir, lo que hemos pasado todas las familias. Yo sé que, a lo mejor, no somos tan importantes. No está aquí la mamá de El Chapo, pero es necesario que conozca nuestro sentir”, le soltó en la rueda de prensa.
El titular del Ejecutivo respondió con notable irritación, aludiendo a que la pregunta era de un “conservador”. “No hay problemas de atender las demandas, pero me sales con la mamá del Chapo. Eso es lo que dice Claudio X. González, Ciro [Gómez Leyva], Joaquín [López Dóriga] o las organizaciones de la sociedad civil que reciben dinero del extranjero. Vamos a llegar a fondo”.
Jorge Sánchez insiste. Pregunta al presidente cuánto tiempo más debe pasar para que la justicia llegue. Teme que con esta administración federal ocurra lo mismo que en la anterior; es decir, nada; pues asegura que, luego de cuatro años, apenas se va a desempolvar el expediente.
El mandatario giró instrucciones a la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, así como al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para atender el caso.
Sin investigaciones serias, justicia de papel
Por la vía judicial, el caso de Moisés Sánchez es endeble, explica Luis Knapp, del equipo jurídico de la organización Artículo 19, encargada de la defensa.
Apunta que la FGEV no ha realizado una investigación exhaustiva que aporte pruebas contundentes. Por el contrario, añade Knapp, hay graves irregularidades.
La investigación y las órdenes de aprehensión penden de las declaraciones del único detenido, Clemente Noe Rodríguez, que ha denunciado tortura por parte de la institución.
Para Artículo 19, esto da cuenta de la forma en que se construyen investigaciones viciadas, que obstaculizan el acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño para las víctimas.
En las últimas dos décadas, Veracruz ha sido el estado más peligroso para hacer periodismo en México. Del 2000 a 2022, 31 periodistas han sido asesinados en esta entidad, según el conteo de Artículo 19.
De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 157 asesinatos de periodistas en México, de los cuales 31 ocurrieron en el estado de Veracruz.
Desde hace 15 años, los crímenes y agresiones no cesan, asegura Félix Márquez, fotógrafo independiente e integrante de la Red Veracruzana de Periodistas.
Han pasado cuatro gobernadores de distintos partidos políticos y el hostigamiento a los medios de comunicación por parte de funcionarios públicos se da en todos los niveles de gobierno, sostiene.
Para Márquez, la respuesta ante el clima hostil es la articulación del gremio. “Nos estamos organizando para hacer coberturas, para monitorearnos, hacer actividades de protesta o capacitaciones. Es nuestra forma de hacer frente a la censura”, expone.
El año pasado, 2022, fue el más letal para la prensa mexicana en la historia reciente, con 13 asesinatos vinculados a la labor periodística. A nivel global, es el segundo país con más muertes, sólo por debajo de Ucrania, que se encuentra en situación de guerra, según el informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Jan Albert Hootsen, representante del CPJ, afirma que en México hay una continuidad de la situación de violencia generada en sexenios anteriores que no ha sido atendida puntualmente.
Ante esta situación, el CPJ recomienda al Estado mexicano invertir en las fiscalías y policías locales, fortalecer el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y cesar el discurso hostil contra la prensa por parte de funcionarios públicos.
Jorge Sánchez, junto con otras 13 familias de periodistas conformaron la “Red en memoria y lucha de periodistas asesinados o desaparecidos”, a través de la cual buscan hacer un frente común para presionar a las autoridades, para que los crímenes no permanezcan impunes.
“Lo que sucede con mi padre sucede con todos los demás periodistas asesinados en Veracruz y en México, no hay justicia, es por eso que decidimos organizarnos”, concluyó Sánchez.
