Aborto en el Estado de México: entre el debate jurídico y la movilización feminista

El aborto en el Estado de México y en otras entidades se sigue criminalizando, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de su penalización a nivel nacional.

Era 2010 cuando Marisol se enteró, con desesperanza, de que su método anticonceptivo había fallado y estaba embarazada otra vez. Originaria de Guadalajara y residente en ese momento del Estado de México, la joven de 22 años se preguntaba cómo iba a mantener otro hijo: vivía en el municipio de La Paz con sus suegros y su pareja, quien económicamente no aportaba mucho al hogar.

No deseaba ser madre por cuarta vez.

“Mi plan de vida era tener dos hijos y, con el tercer embarazo… No, esto no es lo que yo quería de mi vida… Me deprimí mucho. No salía a la calle, me daba mucha pena que me vieran embarazada otra vez y lloraba mucho. Yo no le quería decir a nadie. Pero, ya, tuve a mi hija, todo bien… ¡Y otra vez pasa! No, no puedo hacerlo”, recuerda.

En el Estado de México el aborto está permitido sólo por cuatro causas: violación, peligro de muerte de la madre, malformaciones genéticas o congénitas graves del producto y cuando ocurre de manera no intencional. Marisol no cumplía ninguna de ellas.

Sin mayor opción, buscó la clínica más cercana en la Ciudad de México donde ofrecieran el servicio de interrupción legal del embarazo. Acudió sola al procedimiento. Así, Marisol se convirtió en una de las 62,280 mujeres mexiquenses que desde 2007 —cuando se legalizó en la capital del país— y hasta 2020 han acudido a clínicas para detener la gestación; lo que posiciona al Estado de México como la segunda entidad con mayor número de mujeres atendidas, solo detrás de la misma Ciudad de México.

Antes de volver a casa, Marisol recibió una recomendación que el personal médico capitalino repite a cada paciente:

—Nos dijeron que si regresábamos a nuestro estado y teníamos una complicación, no dijéramos que habíamos ido a la Ciudad de México. Teníamos que decir que había sido un aborto espontáneo porque, si no, nos podían meter a la cárcel.

El personal de salud no estaba mintiendo.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las 633 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto en el país durante 2020, 145 eran del Estado de México, la entidad con el mayor número de expedientes abiertos, seguida de Nuevo León, con 100, y la Ciudad de México, con 79.

Además, solo entre enero y julio de 2021 el SESNSP registró 432 carpetas de investigación por aborto en 27 estados del país.

Nuevamente, las tres entidades concentran casi la mitad (49%) de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año: Estado de México, 93; Nuevo León, 67, y la Ciudad de México, 52 casos.

Las aristas no atendidas

El pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto a nivel nacional. Sin embargo, la interrupción del embarazo de forma legal, segura y gratuita, está lejos de ser una realidad en cada rincón del país, pues despenalizar la interrupción del embarazo no se traduce en garantizarlo como un derecho.

Verónica Cruz es directora de las Libres, una asociación civil feminista dedicada a promover y defender los derechos humanos de las mujeres desde el año 2000. Ella insiste en que el reto más grande es lograr que los servicios de salud garanticen abortos seguros y gratuitos a quienes así lo decidan o necesiten.

En la práctica, dice, el reto más grande es poner los servicios de salud que les garanticen abortos seguros y gratuitos a las mujeres que así lo decidan o necesiten. 

Esto implica legislar sobre la despenalización en cada estado para poder capacitar al personal de salud en la aplicación de la nueva perspectiva sobre aborto establecida por la Corte; además de dotar a las instalaciones de los insumos y materiales requeridos. Nada de esto ha ocurrido hasta el momento, comenta Verónica.

“A los médicos, aún no se nos ha dicho nada respecto a la resolución de la Suprema Corte”, señala en entrevista la doctora ginecobstetra Carolina De Alba González, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México. “Todavía no hay una guía de práctica clínica ni una Norma Oficial Mexicana en donde se nos explique cuál será el protocolo a seguir, a partir de ahora”.

La médica destaca como necesario que las unidades médicas cuenten con equipamiento moderno. Esto permitiría reducir los riesgos de una interrupción quirúrgica, como insumos para aspiración mecánica endouterina, de los que carecen la mayoría de los hospitales públicos.

Por su parte, la médico ginecobstetra Lizbeth Chinolla Arellano, especialista en biología de la reproducción, asevera que tener personal capacitado es crucial; sobre todo, “que sepa todo el protocolo de ILE: la edad gestacional; que determine factores de riesgo, cuáles son las dosis correctas del medicamento y las condiciones en que las que tiene que hacerse”.

La doctora De Alba agrega que se debe robustecer la plantilla de profesionales, pues la interrupción del embarazo debe ser atendida de forma multidisciplinaria. “Con apoyo del equipo de psicología y de trabajo social; es importante darles [a las mujeres] orientación y evitar complicaciones tanto físicas como psicológicas a largo plazo”, insiste.

Las estadísticas oficiales revelan que México está muy lejos de cubrir esas necesidades en el servicio.

Según el reporte de Recursos 2020 de la Secretaría de Salud federal, para finales del año pasado México contaba con 21,857 unidades de salud del sector público. De ellas, únicamente 6% cuenta con consultorio de ginecoobstetricia y solo 5.9% tiene especialistas en esta rama médica.

El rezago en personal especializado es tal, que en el país existen 193 unidades médicas con consultorio de ginecoobstetricia, pero sin especialista ginecobstetra. Además, 85% de las unidades médicas no cuenta con personal de trabajo social; en 91% no hay especialistas en psicología y 97.5% no tiene consultorio de planificación familiar.

En el caso del Estado de México, tan solo el acceso a los servicios de salud ya es un problema: en 2020, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 34.2% de hombres y mujeres mexiquenses carecía del acceso a los servicios de salud.

Aparte de estos rezagos, las médicas entrevistadas coinciden en la urgencia de sensibilizar al personal de salud para que actúe profesionalmente frente a las solicitudes de interrupción del embarazo y sin que las creencias religiosas o morales obstaculicen los derechos reproductivos de las mujeres.

Al respecto, el 6 de octubre pasado, en conferencia de prensa, la SCJN dio a conocer los lineamientos mínimos que deben ser incluidos en la legislación del tema. Por ejemplo, la objeción de conciencia no debe ser válida cuando esté en riesgo la salud y la vida de la paciente; tampoco cuando esté motivada por argumentos discriminatorios o de odio. Además, las instituciones del Sistema Nacional de Salud deben contar siempre con personal no objetante que pueda llevar a cabo el procedimiento.

Ante la ausencia de datos, una aproximación

La transparencia en cifras de aborto en la República es limitada, cuando no nula. Así lo comprueba el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe Aborto bajo la lupa. Trasparencia y acceso a la información en materia de aborto en México, publicado en 2021. El documento sostiene que no hay disponibilidad de datos abiertos sobre interrupción del embarazo a nivel municipal o estatal. La única entidad federativa que sistematiza, publica y actualiza esa información es la Ciudad de México.

Por tal motivo, se desconoce con certeza el número de mujeres que han recurrido a abortos inducidos en el Estado de México o en otras entidades. Para intentar dimensionar esta cifra, Corriente Alterna realizó una exploración en las estadísticas de mortalidad materna y fetal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre 2010 y 2019, en el Estado de México registraron 765 muertes fetales por aborto provocado; en 2020, solo 16. Asimismo, se determinó que de las 1,083 muertes maternas registradas durante esos años, 118 fueron por embarazos terminados en aborto; las cifras no distinguen entre abortos inducidos o espontáneos.

El Manual de práctica clínica para un aborto seguro publicado en 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un documento que guía a los profesionales de la salud, menciona algunas de las complicaciones de un aborto mal inducido: el “embarazo conservado”, el “aborto incompleto” y las hemorragias e infecciones en los órganos sexuales.

Según el Inegi, de 2007 a 2019 murieron, al menos, 80 mujeres mexiquenses por alguna de estas afecciones relacionadas con el aborto; 88.75% de ellas murieron en el Edomex y 11.25% en la Cdmx.

Acompañamiento a ras de suelo

María Matus es acompañanta de abortos e integrante de Las Marías, un conglomerado de mujeres y colectivas que nace en 2018 para apoyar proceso de interrupción del embarazo en el Estado de México. Ella, como sus compañeras, utilizan pseudónimos que comparten el nombre “María” para evitar represalias.

La acompañanta revela que trabajan por redes sociales para brindar a las mexiquenses el protocolo avalado por la OMS para abortar con medicamentos, en casa y de manera segura. Las médicas, abogadas, psicólogas y demás profesionistas que la integran permanecen pendientes de cada caso ante posibles complicaciones o riesgos.

Para Miriam, oriunda de Nezahualcóyotl y docente con perspectiva feminista, la educación —en especial la educación sexual— es el camino para formar personas más conscientes y empáticas ante la opresión que se ejerce sobre las mujeres e infancias. “Podemos tratar con mayor amplitud, sin prejuicios y sin estigmas, la cuestión del cuerpo como tema importante; por ejemplo, llamar a las partes de su cuerpo por su nombre”, comenta.

En los últimos ocho años, esta maestra se ha practicado dos interrupciones de embarazo. La primera, porque el progenitor era un hombre que ejercía violencia; la segunda, porque había proyectos laborales en puerta. Ambos procesos los realizó en la Ciudad de México.

Decidir sobre el cuerpo es una conquista. Más en un lugar como el Estado de México, con 11 municipios con doble declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (por feminicidio y por desapariciones). Esta violencia, asegura Miriam, se relaciona con “el no derecho de pertenecernos a nosotras mismas”.

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Cuando se enteró de la existencia de colectivas que acompañaban procesos de aborto, se acercó a ellas para aprender y replicar el apoyo en sus territorios. “Una mujer que decide abortar debería hacerlo desde el acompañamiento, con el mismo amor y ternura como quien decide parir”, dice. Así nació Brujas Púrpuras de la Periferia, una colectiva feminista dedicada a acompañar abortos con medicamentos y métodos alternativos.

Las mujeres de la colectiva no solo han acompañado interrupciones voluntarias del embarazo; también luchan por cambiar los prejuicios en torno al aborto, con el argumento de que esta es una práctica que ha existido desde siempre. Y seguirá existiendo en el futuro porque es algo natural en la vida de las mujeres, como parir.

Al mismo tiempo, estas agrupaciones empujan un cambio hacia una política pública integral sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, más allá de lo penal.

Pañuelos verdes ante “La casa del pueblo”

Según el Poder Legislativo del Estado de México, en los últimos tres años se ha intentado en cinco ocasiones la legalización y despenalización del aborto en la entidad. Hubo tres intentos de ley de partidos políticos (PRD y Morena); dos más por la Red de Politólogas de la Universidad Autónoma del Estado de México (RP UAEMéx) en conjunto con El Centro de Liderazgo de las Mujeres Siuaj. Ninguna ha pasado al pleno.

En agosto de 2021, la RP UAEMéx y más de 130 organizaciones y colectivas mexiquenses mantuvieron una reunión con diez diputadas locales: Nancy Nápoles, Elva Duarte, Araceli Casasola, Claudia González, Beatriz García, María de Jesús García, Karina Labastidas, Rosa Campos, Mariana Uribe y Anahí Burgos. Con ellas, se acordó unificar las iniciativas partidistas y ciudadanas para garantizar una política integral en materia de aborto en la entidad.

En el tenor de estos esfuerzos, Las Marías también actuaron. Crearon un grupo con mujeres representantes de varias colectivas para articular acciones. Comenzaron con un tuitazo masivo con los hashtags #SeráLeyEdoMex y #AbortoLegalEdomex y siguieron con movilizaciones en diversos municipios del estado.

“Hicimos una iniciativa tan completa que, según nos dijeron después en el grupo parlamentario del PRD, ese fue el problema. Era tan grande, estaba tan bien hecha que no les daba tiempo a los diputados de revisarla”, recuerda Frida Tapia, de la RP UAEMéx.

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Tras varias reuniones fallidas e incumplimiento de los acuerdos por parte de legisladoras y legisladores, las colectivas y organizaciones optaron por protestar frente a la Cámara de Diputados, en Toluca.

La respuesta fue la represión: desde la azotea del Congreso las manifestantes recibieron chorros de agua y gas lacrimógeno. “Ese es el diálogo que tienen, según, en ‘la casa del pueblo’”, ironiza Pamela Cruz, otra integrante de la RP UAEMéx.

Las movilizaciones de agosto no derivaron en una actualización del marco normativo en materia de derecho al aborto seguro. Pero fue apenas la primera vez que las mujeres del Estado de México se movilizaron más allá de Toluca y la zona oriente.

“Pasó en Tenancingo, pasó en Calimaya, pasó en Tenango del Valle. En muchos municipios de todo el estado se levantaron las mujeres del Estado de México. Sobre todo, las mujeres de la periferia”, comenta Frida Tapia.

De acuerdo con las mujeres entrevistadas por Corriente Alterna, aunque el aborto fuera declarado oficialmente legal, sería insuficiente para terminar con las dificultades y prejuicios para interrumpir un embarazo en México. Pero, también, demuestran que la lucha organizada incide en las políticas públicas. Es el caso de Argentina, mediante el trabajo de colectivas y las protestas cada vez más frecuentes se consiguió la legalización del aborto en diciembre de 2020.

Mientras tanto, el debate en materia legal no acaba por resolverse en México. Pero las colectivas de acompañantas del aborto no descansan. Su labor expone y suple las faltas del sistema público. Lo dice así Paloma Cruz: “el Estado abandona, las acompañantas nunca”.