Acompañantas de aborto: entre la solidaridad y la criminalización

“La primera vez que utilicé mi cédula profesional fue para comprar misoprostol”, recuerda María Aïssata Si González. Acababa de titularse como médica cirujana y una de sus amigas deseaba interrumpir su embarazo en Jalisco. Era 2015 y abortar por voluntad era un delito en ese estado, como ahora. Pero María recetó el medicamento y orientó a su amiga durante el proceso.

En otra ocasión, una joven le pidió ayuda porque no tenía dinero para el fármaco. Se sentía tan desesperada que le confesó que quería suicidarse.

–Escuchar a una mujer que está pensando en matarse porque el Estado escribió una ley que hace que ella se sienta así de desesperada, me impactó mucho. Lloré mucho, me enojé –comparte.

La experiencia la marcó. Sabía que muchas abortan solas, así que en 2018, con un grupo de médicas, enfermeras, psicólogas y voluntarias fundó la colectiva Medprochoice, Medicina por el Derecho a Elegir. Su objetivo es acompañar a mujeres de diferentes entidades del país para que ninguna enfrente una interrupción insegura del embarazo.

Aborto de ida y vuelta

A los 27 años, Jimena tuvo un embarazo que ponía en riesgo su vida. Jimena no es su nombre real. Ella solicitó cambiarlo para proteger su identidad. Aunque en Tamaulipas, donde vive, es legal interrumpir un embarazo en caso de que la mujer corra riesgo de muerte, ningún profesional de la salud quiso practicarlo. 

–Me decían que siguiera adelante. No cualquier médico realiza un aborto, porque es un delito muy perseguido –explica.

La negativa le dejó dos opciones: acudir a una clínica clandestina, con precios que no podía pagar, o continuar con un embarazo forzado y de alto riesgo. 

Una amiga de Jimena y su médica la contactaron con la asociación Fondo María. Se trata de una red nacional que brinda apoyo financiero, emocional y logístico a quienes deciden interrumpir la gestación. La organización cubrió los gastos del vuelo, hospedaje y atención médica en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal desde 2007.

Era una mañana de 2018 cuando Jimena aterrizó en la capital. Al día siguiente estaba de regreso en casa, tranquila y sin complicaciones de salud.

Un apoyo que salva vidas

Como Jimena, miles de mujeres de diversos estados, incluso de otros países, viajan cada año a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo de manera legal y segura. La Secretaría de Salud capitalina reporta que, de abril de 2007 a diciembre de 2020, 231 mil 901 personas interrumpieron su embarazo; 69% de ellas reside en la ciudad y 31% proviene de otros lugares, principalmente del Estado de México.

Pero la mayoría de quienes desean abortar no cuenta con recursos para viajar a la Ciudad de México o a Oaxaca, donde la interrupción de la gestación se despenalizó en 2019. En las 30 entidades restantes, el aborto se permite en casos de violación o si la vida de la mujer está en riesgo, entre otras causales que varían en cada entidad. En algunos estados, quienes aborten por voluntad pueden ser sentenciadas hasta a seis años de prisión. Sin embargo, las sanciones penales no impiden los abortos, solo los desplazan a la clandestinidad y obligan a las mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones de vulnerabilidad.

Para ellas, las acompañantas de aborto son un salvavidas: las protegen de procedimientos inseguros al brindarles información veraz sobre los tipos de interrupción.

–Una vez que una mujer decide abortar, lo va a hacer con o sin información. Mejor que lo haga con información –afirma Aracely, integrante de la red de acompañamiento Mi Aborto, creada en 2018 en la Ciudad de México.

–Esa es la realidad: aborta mi amiga, aborta mi prima, aborta mi hermana –dice Sofía Regalado, codirectora de Morras Help Morras, una red que surgió en Aguascalientes en 2016.

Aborto clandestino, no inseguro

Las acompañantas de aborto ayudan a conseguir los medicamentos necesarios para una interrupción. También asesoran a las mujeres y las acompañan durante el procedimiento para evaluar sus síntomas y estado de ánimo. Después, tienen comunicación una vez a la semana, hasta que se cumpla un mes y se confirme que el aborto no tuvo complicaciones. 

Orientan según el contexto de cada usuaria: si atraviesan un duelo religioso, si no tienen dinero o vivieron violencia sexual. Algunas acompañantas de aborto, incluso, prestan sus casas para el procedimiento; brindan asesorías legales, contención emocional y, sobre todo, les recuerdan que no están solas.

Las integrantes de estas redes trabajan bajo la premisa de que el aborto clandestino no tiene que ser inseguro. Inseguro, sostienen, es el procedimiento que se realiza desde la desinformación. Por eso se capacitan y siguen la guía para un aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este documento ofrece información sobre qué hacer antes y después del procedimiento. El organismo de Naciones Unidas sugiere a los gobiernos facilitar la interrupción del embarazo de hasta 10 semanas de gestación con medicamentos y desde el domicilio, con el fin de mejorar la privacidad y comodidad de las mujeres.

Hacer lo que no hace el Estado

La emergencia sanitaria por COVID-19 y la consecuente saturación de los servicios de salud obligó a algunos países donde la interrupción de la gestación es legal, como Escocia, Gales e Inglaterra, a realizar este procedimiento en casas particulares. En esa perspectiva, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia consideró que, con un asesoramiento correcto, el aborto autogestionado es una solución práctica e igual de segura que en las clínicas. 

En México, con las legislaciones estatales que prohiben la libre interrupción del embarazo, el aborto en casa se realiza desde hace años de manera clandestina; aunque, ahora, con mayor conciencia del autocuidado y la prevención de complicaciones.

Por la pandemia, las mujeres de la Red Necesito Abortar adoptaron los protocolos de seguridad sanitaria: usan cubrebocas siempre y dan acompañamiento e información en espacios abiertos a quienes prefieran recibirlos de manera presencial.

Las acompañantas de aborto también aumentaron las horas de trabajo, pues recibieron más solicitudes de apoyo. En Morras Help Morras, por ejemplo, pasaron de nueve a 45 peticiones al día. La red Marías Acompañantes, de Toluca, Estado de México, creció de una solicitud diaria a 17. Y Mi Aborto atiende cerca de 70 mensajes al día: “No quiero continuar con mi embarazo, pero no tengo recursos, ¿cómo le hago?” o “Deseo que el proceso sea desde mi casa, ¿qué va a pasar?”. 

Mientras que en la Ciudad de México disminuyeron las consultas para la interrupción legal del embarazo, mujeres de diversos estados buscaron redes de acompañamiento. Medprochoice, por ejemplo, alcanzó 70,651 seguidoras en Facebook en abril de 2021. En la Red Necesito Abortar, de Nuevo León, estiman que ahora acompañan a mil mujeres al mes. 

El aumento en la demanda tiene varias razones, según las acompañantas de aborto: quienes decidieron interrumpir su gestación durante el confinamiento tenían más ansiedad; algunas perdieron sus empleos y no podían comprar el medicamento para abortar. Otras mujeres decidieron interrumpir sus embarazos aunque fueron planificados por miedo a contraer coronavirus en los hospitales.

Las acompañantas de aborto brindan tiempo y esfuerzo sin costo. Algunas reciben cooperaciones voluntarias, que han ido de los 12 pesos hasta los mil pesos, puesto que se trata de una labor no remunerada. 

–Estamos haciendo lo que no hace el Estado: dar información clara, científica, confiable –apunta Sandra Cardona, fundadora de la Red Necesito Abortar.

Sandra creó un grupo en Facebook para acompañar a más mujeres, luego de que en diciembre de 2016 una de sus amigas le compartiera que estaba embarazada, pero no deseaba ser madre. Así inició su labor, poco tiempo después de haber tomado su primera capacitación para ser acompañanta de abortos.

El impacto de las acompañantas de aborto

Lo decidió de noche: al despertar se iría a abortar. Era 2018 y Melissa tenía 18 años recién cumplidos. Viajó de madrugada desde Nezahualcóyotl, Estado de México, rumbo a la capital del país. A las 6 de la mañana ya estaba formada en el Hospital General de Iztapalapa, con la copia de su credencial de electora, un comprobante de domicilio y su prueba de embarazo.

Mientras esperaba la consulta, un grupo de personas autodenominadas “provida” se presentó en la entrada de la clínica con pancartas y rosarios. “Te vamos a ayudar”, “Hay otros caminos”, decían a las mujeres para convencerlas de continuar con su embarazo.

Melissa les ignoró al principio, pero no pudo hacerlo cuando salió del hospital, tras interrumpir un embarazo de diez semanas. “No tienes idea de lo que hiciste”, le gritaron. “Te vas a arrepentir”, le espetaron. Confusión y soledad. Eso sintió Melissa los días siguientes. Ansiedad, después. No le había contado a nadie. No compartió sus dudas y temores con amigas. En esos años, hace apenas tres, el aborto era un tema del que no se hablaba mucho entre las personas de su edad. Solo, tiempo después, se lo confesó a su madre. “Claro que hubiera hecho la diferencia haber tenido una red de apoyo”, afirma.

Seis de cada 10 mujeres que fueron asesoradas por Marías Acompañantes no le dijeron a nadie de su familia o entorno cercano que interrumpirían su embarazo, comenta Daniela Alarcón, integrante de esa organización.

Acoso y criminalización

“Asesinas”. “Criminales”. 

Personas que se autodenominan “provida”, grupos religiosos y líderes políticos han llamado así a las acompañantas de aborto. Las insultan y amenazan de muerte. Ellas estaban acostumbradas al ciberacoso: 77% de las acompañantas ha enfrentado violencia verbal y 50% ha sido víctima de acoso, intimidación, difamación o ataques contra su reputación, reporta la Encuesta Internacional de Personas Proveedoras y Acompañantes de Aborto 2020 de IPAS, una organización internacional que trabaja a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En los últimos tres años, sin embargo, las agresiones han escalado.

El pasado 30 de marzo, el usuario de Twitter Christer Espino, que se asume como líder “provida”, y sus seguidores lanzaron en redes sociales una campaña de desprestigio y acoso contra María Aïssata Si González, fundadora de Medprochoice, y contra una alumna de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a quien acusaron de formar parte de la red. 

Durante varios días, mientras el Congreso estatal debatía sobre la despenalización del aborto en sesiones de parlamento abierto, los “provida” difundieron los teléfonos, cédula profesional, domicilios e imágenes del rostro de las jóvenes; exigieron al gobierno estatal su encarcelamiento. A la BUAP le demandaron la expulsión de la alumna, quien en realidad es una fan destacada de la página de Facebook de Medprochoice. Por último, el 9 de abril pasado, Espino las denunció ante la Fiscalía del Estado de Puebla por “promover la interrupción del embarazo”. Aún no saben si la denuncia procederá, pero ya hay colectivas y abogadas feministas listas para la defensa. 

Esta no es la primera vez que un hombre denuncia a una acompañanta de aborto. En septiembre de 2020, Carlos Leal Segovia, entonces diputado local de Nuevo León por el Partido Encuentro Social (PES), presentó una iniciativa para castigar con 60 años de prisión a quienes realicen un aborto. Asimismo, denunció a Vanessa Jiménez, integrante de la Red Necesito Abortar, que opera en ese estado. A la fecha, ella no ha sido notificada ni citada por la fiscalía estatal.

Al margen del acoso, la criminalización del aborto en México es una realidad. De 2015 a febrero de 2021 se iniciaron 3,719 carpetas de investigación por el delito de aborto en las 32 entidades del país. Solo entre 2007 y 2016, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) documentó que 83 personas estaban en prisión preventiva y 53 tenían una sentencia de cárcel definitiva por el delito de aborto, de las cuales 44 y 19, respectivamente, eran mujeres.

Rebeca Ramos, coordinadora de Gire, explica que los códigos penales estatales consideran que cometen delito de aborto las mujeres que interrumpen su embarazo, las personas que les ayudan y quienes realizan un aborto forzado. Sin embargo, analiza la organización en el informe Aborto Bajo la Lupa, al no desagregar información sobre las personas criminalizadas —sexo, edad, si son indígenas, con discapacidad o migrantes, por ejemplo—, no hay un diagnóstico certero sobre los patrones que sigue la criminalización del aborto en el país. Ramos agrega que el estigma hacia el aborto es tan amplio que, incluso cuando se practica por una causal contemplada en las leyes –como violación o riesgo de muerte–, profesionales de la salud tratan a las mujeres como criminales.

Lejos de la despenalización nacional

Aun cuando tiene mayoría en las cámaras de diputados y senadores, y de ser la principal fuerza en 21 congresos estatales, el partido Morena, considerado de “izquierda”, no ha impulsado la despenalización del aborto a nivel nacional. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, del mismo partido, solo ha planteado que el tema se resuelva mediante una consulta ciudadana. 

“Los derechos no se negocian y no se consultan. Tenemos un gobierno que amenaza los derechos humanos”, reprocha la codirectora de Morras Help Morras, una red de acompañantas de aborto.

En los casi tres años del actual gobierno se han presentado iniciativas prohibicionistas por fuerzas políticas conservadoras. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional (PAN) impulsó en 2018 una iniciativa en Aguascalientes para “proteger la vida desde la concepción”. Ésta se aprobó en febrero de este año y entró en vigor el 30 de marzo. Una reforma similar se autorizó en 2019, en Nuevo León. A la fecha no es ley porque fue impugnada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse al respecto. En total, de 2008 a la fecha, 20 estados del país han aprobado cambios a sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción”.

A las y los diputados del PRI, PAN, Morena, PRD, PES, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo les preocupa más una agenda electoral. El 22 de abril de 2021 “reventaron” la sesión de las Comisiones Unidas de Salud e Igualdad de Género, en la que se votaría una iniciativa sobre el derecho a decidir. Consideraron que no era el momento de aprobar una reforma así porque sus partidos recibirían “voto de castigo” en las próximas elecciones de junio.

Ana Amuchástegui, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, explica que las leyes que penalizan el aborto están en contra de los derechos a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad corporal, a decidir sobre la propia vida y a los derechos ligados a la reproducción. Estas normativas parten de una visión antigua: la necesidad estatal de controlar a las poblaciones.

–Las mujeres son valoradas en torno a su capacidad de ser madres, mientras se les mantiene como encargadas de los trabajos de cuidado sin remuneración. Este mandato está íntimamente relacionado a la cultura conservadora del país y es eficiente para mantener la división del trabajo desigual.

La otra lucha contra la muerte materna

Las acompañantas consideran que su labor previene abortos inseguros. Por eso, María, de Medprochoice, respondió así al acoso digital: “No puedes amenazarme con meterme a la cárcel y que yo huya despavorida, porque tengo muchísimo más miedo de que una mujer se muera en un aborto peligroso y no pueda ayudarla”.

En México, los abortos, aunque no se especifica si espontáneos o inducidos, causan menos muertes maternas que las complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal. No obstante, garantizar interrupciones de la gestación seguras evita que las mujeres enfrenten problemas de salud.

“El trabajo de las redes de acompañamiento es fundamental”, dice la doctora Amuchástegui, quien hace 20 años investiga sobre derechos sexuales y reproductivos. “Ponen al alcance de las mujeres la información sobre cómo interrumpir el embarazo de manera segura, sin la presencia de agentes del Estado”.

Según la encuesta de IPAS México, las acompañantas sostienen su labor para defender los derechos de las mujeres y ayudarlas a ejercer su libertad; quien emprende esta tarea lo hace con la sensación de que salva vidas que hubieran estado en riesgo. 

–No basta un pañuelo verde para apoyar la causa. Necesitamos más acompañantas, subraya Sofía Regalado, de Morras Help Morras.

Es la solidaridad de las acompañantas lo que las hace actuar en un país que criminaliza el aborto.