El aborto legal se reduce 22% durante el confinamiento

“Andrea” está sentada en una banqueta afuera de la Clínica Comunitaria Santa Catarina, en Iztapalapa. Son las cinco de la mañana y junto a ella esperan otras cuatro mujeres que llegaron más temprano. Todas ellas buscan servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La joven de 21 años viajó de madrugada desde Ixtapaluca, Estado de México, para alcanzar un turno en la unidad médica, que atiende de siete de la mañana a tres de la tarde. Tras esperar casi cuatro horas formada, Andrea –quien solicitó cambiar su nombre para proteger su identidad– ingresa a la clínica. Es un triunfo. La primera ocasión que acudió, una semana antes, fue en vano: supo que el servicio de ILE fue reducido debido a la pandemia de COVID-19. Antes de la contingencia atendía mujeres todos los días, pero desde  mayo la clínica atiende a un número reducido de pacientes, y sólo los martes. 

“Sólo dejan entrar a 15 mujeres; no más, las otras tienen que regresar otro día”, explica Andrea.

Andrea no puede retrasar su atención: su salud está en juego. Tiene ocho semanas de gestación, un embarazo de alto riesgo y amenaza de aborto espontáneo. La ley le permite interrumpir su embarazo de manera legal hasta las 12 semanas.

Aunque la Secretaría de Salud capitalina informó que no ha suspendido los servicios de ILE por la contingencia sanitaria, la cantidad de abortos realizados en la Ciudad de México disminuyó 22% en 2020. Según datos de la dependencia, hasta el 31 de julio de este año se habían interrumpido siete mil 54 embarazos, mientras que en el mismo periodo de 2019 se registraron nueve mil 98 interrupciones legales.

La baja en estos procedimientos se registra desde antes de la pandemia. En el sexenio anterior se hicieron, en promedio, 18 mil ILE’s al año. En 2018 sumaron 17 mil 259 interrupciones y en 2019 se reportaron 15 mil 173 servicios de ILE.

La emergencia sanitaria ha obstaculizado, además, el acceso a métodos anticonceptivos en las clínicas públicas. Se prevé que un millón 172 mil 152 mujeres mexicanas con vida sexual activa se queden sin  acceso a métodos anticonceptivos si la crisis sanitaria  se alarga un año. Esto causaría 145 mil 719 embarazos adicionales a los que se esperaba ocurrieran entre 2020 y 2021. De estos, 21 mil 575 podrían ser de adolescentes, advirtió Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), al participar en la conferencia para informar sobre el coronavirus, transmitida el 3 de agosto.

Decidir con miedo de ir a la cárcel: el aborto desde las periferias

Andrea siente miedo. Aun cuando las posibilidades de sufrir una complicación son mínimas en un  aborto con medicamentos, le atemoriza vivir en el Estado de México, una complicación y tener que acudir a una unidad médica cercana a su domicilio: podría ser criminalizada por el  personal de salud de esa entidad federativa. Encarcelada. Sin embargo, tiene claro que está en su derecho y busca ejercerlo.

En el Estado de México el aborto solo es legal en caso de violación, malformaciones congénitas graves o si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente. También se aprueba si la vida de la mujer está en riesgo, pero no si su salud se afecta por la gestación.

“Nos explicaron que si teníamos complicaciones alguna de nosotras, porque la mayoría éramos del Estado (de México), que si íbamos al doctor dijéramos que no sabíamos que estábamos embarazadas, porque podríamos ir a la cárcel.

“Que por nada dijéramos que fuimos a una clínica de ILE, porque ese servicio está negado y, por lo tanto, es un crimen. Varias mujeres sí van a prisión por el aborto porque todavía es un tema que no está muy arreglado”, apunta Andrea.

Su historia ilustra la de miles de mujeres que necesitan interrumpir un embarazo y no residen en la Ciudad de México ni en Oaxaca, las únicas entidades federativas donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación.

De las mujeres que han interrumpido su embarazo en la Ciudad de México en lo que va de este año, el 44% reside en otras entidades, la mayoría en el Estado de México.

Sin embargo, otras mujeres que abortan en el resto del país son criminalizadas por un sistema sanitario y judicial que no protege ni prioriza sus derechos.

De enero a agosto de 2020, a nivel nacional se iniciaron 434 carpetas de investigación en las Agencias de los Ministerios Públicos por el delito de aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El aborto seguro salva vidas

Andrea pudo interrumpir de su embarazo sin ninguna complicación. Ahora anhela concluir los estudios de preparatoria que había pausado y después estudiar Medicina.

“No me pasó nada, tuve dolor por algunas horas, pero después ya estaba bien. Tuve que ir a la clínica de nuevo para que me revisaran y todo estaba bien. Quiero retomar mis estudios y hacer una carrera. No está en mis planes tener hijos”, comparte.

De las mujeres que han interrumpido su embarazo en la Ciudad de México, el 42% estudiaba el nivel medio superior, una etapa que se considera crucial para seguir con sus proyectos de vida.

“El acceso al aborto legal y seguro salva la vida de las mujeres, facilita la igualdad y, estas dos circunstancias, de la vida y la igualdad, han sido los puntos medulares que la pandemia ha coartado para todas las mujeres en toda la República”, agrega la abogada Brenda González.