Víctimas de desaparición forzada en México, Consulta popular
El 30 de agosto de 2020, el colectivo Por Amor a Ellos realizó una concentración en la avenida Calzada Federalismo en el centro de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, para conmemorar el Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas. / Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.com

Víctimas y defensores de derechos humanos ante la Consulta Popular

Natalia Ruiz, Sara Alfie, Xilonen Méndez, Adolfo Sánchez, Jennifer Olvera, David Vázquez, Diana Hurtado, estudiantes; Violeta Santiago, Carlos Acuña, reporteres / Corriente Alterna | publicado el 01-08-2021

La Consulta Popular de este domingo primero de agosto se tropezó desde antes de nacer. El presidente de la República planteó una pregunta que señalaba por su nombre a los expresidentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la redacción. En entrevistas de prensa, el ministro Arturo Zaldívar ha dicho que la Consulta servirá para impulsar Comisiones de la Verdad. El Ejército Zapatista secundó el llamado: hay que apropiarse de la Consulta para impulsar procesos de justicia para las más de 80 mil personas desaparecidas y las cientos de miles asesinadas en las últimas décadas.

Corriente Alterna consultó a un puñado de víctimas y dos defensores de derechos humanos. ¿Sirve la Consulta Popular para esclarecer el pasado?

“No queremos otra propuesta que se quede en el papel”

Para Erika Martínez, quien busca justicia para su hija Judith, víctima de abuso sexual a los 7 años, la consulta popular contra expresidentes es un ejercicio que involucra a la ciudadanía en los procesos de justicia, por lo que está de acuerdo con ella; sin embargo, pone en tela de juicio su efectividad. 

“Está bien la propuesta –opina–. Pero es como todas las leyes que se han hecho y que están escritas en un papel: una cosa es que se propongan y otra cosa es que se lleven a cabo”.

Aunque saldrá a votar el próximo domingo, desconfía de que el enjuiciamiento contra los actores políticos se realice y de que se tomen acciones contra ellos. La integrante del Frente Nacional Ni Una Menos, que desde septiembre de 2020 ocupa las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), refirió que los Ejecutivos no deben estar protegidos por sus cargos políticos ni las leyes; sino que deben ser investigados y procesados como cualquier otra persona, incluido el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, de ser el caso. 

Subasta de cuadros en la toma de la CNDH
Yesenia Zamudio (izq.) y Erika Martínez (der.), en el cuarto día de la toma de la CNDHen la Ciudad de México por activistas de Ni Una Menos. / Foto: Graciela López / Cuartoscuro

“Las víctimas queremos la consulta”

Desde 2013, Lucía Díaz Genao busca a su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido en la ciudad de Veracruz. Para ella, la Consulta Popular marca un momento histórico. Lucía dirige el Colectivo Solecito de Veracruz junto con familiares de personas desaparecidas y desde entonces se han dedicado a la búsqueda en vida y en fosas. 

La consulta le emociona: “Estamos dando unos pasitos adelante con la rendición de cuentas”, dice.

Para la buscadora, el proceso es un “corte de listón” para el camino de la rendición de cuentas de la justicia en México. Aunque hubiera preferido que se necesitaran menos participantes —se requiere de al menos 37.5 millones de votos para avalar la consulta— y que no se desalentara a participar.

“Las víctimas queremos la consulta porque es un atisbo de la justicia; de que podemos, en algún momento, conseguir justicia –advierte–. No podemos desechar esta oportunidad”.

Lucía también considera que la formulación de la pregunta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es enrevesada. Cree que se redactó así para confundir a las personas. Aun así, no se desanima: de lograrse el objetivo de la consulta, dice, le gustaría participar en los juicios.

Consulta popular 2021, Lucía Díaz
Lucía Díaz dirige el Colectivo Solecito de Veracruz junto con familiares de personas desaparecidas. / Foto: Cortesía de Lucía Díaz

Se está preguntando si se quiere que se haga justicia”

La justicia no debe someterse a consulta popular, dice Guadalupe Fernández, integrante de  Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México. Su hijo lleva 12 años y medio desaparecido.

Ella no participará en la consulta. Considera que, tratándose de un delito, debería seguirse el proceso penal: presentar las pruebas ante el juez y sea él quien dicte o no la orden de aprehensión. “La mayoría no la vamos a aprovechar”, agrega.

Le molesta que en la consulta se invirtieron recursos económicos que pudieron ser destinados a “cosas de suma importancia”, como “los niños que se están muriendo por no tener medicamentos contra  el cáncer”.

La consulta, además, le parece ambigua pues en esencia se está preguntando si se quiere que se haga justicia en México. “Sí quiero justicia en México. Claro que quiero que juzguen a los victimarios de feminicidios, asesinatos, desapariciones, y a las autoridades que lo permitieron.

“En la desaparición de mi hijo tuvieron que ver altos mandos”: Perla Damián Marcial

El hijo de Perla, Víctor Álvarez Damián, fue sacado de su domicilio en la ciudad de Veracruz por la Policía Estatal en 2013. A partir de ese hecho ha buscado justicia y denunciado a los mandos que en ese entonces dirigían la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Afirma que una parte de la responsabilidad de las desapariciones forzadas –aquellas cometidas por el Estado–, recae en los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. 

Antes de la consulta, gracias a las denuncias de Perla, acompañada por la asociación civil IDHEAS, en junio de este año se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera como obligatorias las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Ahora no tiene duda sobre que participará en la Consulta Popular pues se trata de una oportunidad para las víctimas.  “Me gustaría estar en el juicio, no solo en la consulta”, dice.

Perla Damián, Veracruz, Consulta Popular
Perla Damián, madre de Víctor Álvarez Damián, sustraído de su domicilio en la ciudad de Veracruz por la Policía Estatal en 2013. / Foto: Cortesía Perla Damián

“La Consulta Popular es absurda”

Miguel Ángel Trujillo, es integrante del colectivo de familiares de víctimas de desaparición Armadillos Buscadores. Tiene cuatro hermanos desaparecidos, dos raptados en 2008 y los otros dos en 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, uno de los expresidentes que podría ser investigado, de aprobarse así en la Consulta Popular de este domingo.

Sin embargo, aclara Miguel Ángel, “para mí, la consulta es absurda: cuando alguien comete algo ilícito, se aplica la ley. ¿La aplicación de ley se consulta? No, no se consulta. La ley se tiene que aplicar. Así lo establece la Constitución mexicana. Se me hace un poco tonto consultar eso.”

Además, lamentó el activista, aunque el supuesto objetivo de la consulta es decidir si la autoridad debe iniciar investigaciones y, eventualmente, procesar a personajes políticos del pasado, no cree que el actual gobierno tenga la intención de hacer nada de eso y recuerda cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El proceso contra Cienfuegos en Estados Unidos fue cancelado por exigencia del presidente López Obrador; ya en México, el general fue exonerado por la Fiscalía General de la República.

“Los mexicanos somos de poca memoria”, lamentó Trujillo. En vez de consultar si la ley debe aplicarse, concluyó Miguel Ángel, “que el presidente de la República aplique su Constitución, que me entregue a los responsables. Pero a nosotros no nos escucha”.

“Necesitamos presión social para impulsar una comisión de la verdad”

Llevar a juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por delitos como genocidio, corrupción y traición a la patria fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, “la consulta no es un asunto de iniciar juicios,–advierte Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos–. Eso es contrario a la Constitución”.

De acuerdo con Dayán, la consulta popular es una oportunidad para crear comisiones de la verdad, que desarrollen una narrativa sobre los abusos e irregularidades del pasado. Al ser tan “ambigua” la pregunta planteada, tanto el presidente como su partido podrán emprender cualquier mecanismo que a ellos les parezca. Esta podría ser la oportunidad para que se reconozca “la lucha permanente de la sociedad y las víctimas por encontrar verdad” y que las autoridades actúen en consecuencia.

“Si hubiera voluntad por parte del Ejecutivo o del Legislativo, no se requeriría una consulta para crear una comisión de la verdad que no estuviera enfocada únicamente en la narrativa épica que mantienen el presidente y su partido. Lo están utilizando para mantener viva esta narrativa de cúpula política; de pleito entre partidos políticos, sin tomar en cuenta las víctimas”. 

Lograr que víctimas y asociaciones le den la vuelta a ese sentido de la consulta sólo es posible mediante una presión social sostenida y el apoyo de todos los medios de comunicación, dice Dayán. 

“Ha habido varios pronunciamientos del EZLN, del Congreso Nacional Indígena, de algunos colectivos de víctimas y algunas voces de la sociedad civil que han estado hablando de sus mecanismos de justicia transicional, pero la gran discusión está en si esto es un show o si no vale la pena la consulta, o si es para expresidentes”. 

“Urge que nos apropiemos de estos mecanismos”

Para Abel Barrera, director de la organización Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en el estado de Guerrero, la Consulta Popular responde a una demanda histórica, más allá de Morena y el actual presidente. 

Barrera quien, desde 1994 y por medio de Tlachinollan ha acompañado la defensa de pueblos indígenas violentados por políticas de estado, la Consulta Popular puede generar un mecanismo que derive en procesos de justicia.

“Las comisiones de la verdad han sido efectivas en Latinoamérica y en África –dice–. En Guerrero ya han existido ejercicios similares: en tiempos de (el ex-gobernador) Ángel Aguirre se formó una comisión de la verdad, conformada por académicos y defensores de derechos humanos pero no hubo acompañamiento y el mismo gobierno ya no le dio impulso”.

Por eso la participación de la sociedad es importante, dice. “Hay crímenes atroces en este país, muchos de ellos irreparables. Es un buen momento para comenzar a restaurar la memoria y el luto de quienes los han sufrido. Uno podría pedir que simplemente la fiscalía haga su trabajo. Pero para una transición profunda se necesitan procesos extraordinarios. Por eso es pertinente el llamado de los zapatistas y de los colectivos de víctimas. Urge que nos apropiemos de este tipo de mecanismos, porque si es la clase política quien empuje esta reflexión no va a funcionar”. 

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