Luisa Juárez: cuando la justicia se almacena 10 años en una bodega

La abogada Luisa Juárez Miranda murió el 30 de abril de 2011 a las puertas de su casa, en el pueblo de San Agustín Buena Vista, Soyaniquilpan, Estado de México.

Eran las 10 de la noche y los cinco disparos sonaron con fuerza, pero ningún vecino salió a la calle.

Solo hasta que su padre, don Flavio, de 84 años, pidió auxilio a gritos, algunos familiares se animaron a llamar a la policía, porque reconocieron su voz a la distancia.

“Los perros comenzaron a ladrar cerca del durazno”, en el patio de la casa, narró a las autoridades don Flavio, tal como consta en la causa penal 27/2019.

Luego, se escuchó una voz decir “buenas noches”, por lo que la abogada abrió la puerta e, inmediatamente después, fue abatida a quemarropa.

Los agresores huyeron sin dificultad: nadie asomó la cabeza por las ventanas para verlos abordar un auto y perderse en la noche.

Para seguir su rastro solo quedaron seis casquillos percutidos, regados en el jardín de la vivienda.

De caciques y campesinos

San Francisco Soyaniquilpan, explica Cristina, hermana de la abogada asesinada hace diez años, es un municipio controlado por una familia de caciques que, durante generaciones, ha acumulado grandes extensiones de tierra cultivable mediante despojos y asesinatos.

“Mi hermana vivía en la Ciudad de México. Se fue al pueblo para cuidar a mi papá, que era ejidatario y ya estaba grande, con diabetes –recuerda Cristina–. Pero, cuando llegó, vio muchas injusticias en el pueblo y, como la gente sabía que ella era abogada, se le acercaba para pedirle asesoría. O, a veces, mi papá veía que era gente necesitada y le pedía a mi hermana que los ayudara”.

Todos los casos, cuenta Cristina, eran procesos agrarios. Campesinos vulnerables que eran despojados de sus parcelas mediante ocupaciones físicas por la fuerza, engaños o fraudes.

“Mi hermana estaba defendiendo las tierras de dos campesinos. El cacique del lugar (cuyo nombre se omite, por ser parte de investigaciones en curso) se le acercó y le dijo que se callara, que le daba un dinero. Mi hermana se negó.”

Días después fue asesinada.

La abogada Luisa Juárez murió en los brazos de su padre, segundos después de ser atacad. Esa misma noche, los otros hijos de don Flavio lo extrajeron del pueblo, por miedo a nuevos ataques. Nunca volvió.

Falleció hace tres años, esperando justicia para su hija.

Prisión con puerta giratoria

El 11 de julio de 2011, es decir, 72 días después del asesinato de la abogada Juárez, la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense capturó a cuatro jóvenes (dos hombres y dos mujeres) que estaban frente a una gasolinería del municipio de Jilotepec.

Según consta en el expediente penal del caso, durante una revisión preventiva les descubrieron dos pistolas. Una Colt calibre .38 súper, con la leyenda “The Tiger” grabada en su costado, y un revólver Smith and Wesson.

Los cuatro detenidos enfrentaron proceso por el delito de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero un mes después fueron liberados tras pagar una fianza de 25 mil pesos para enfrentar su juicio fuera de prisión.

Aunque ese mismo año fueron declarados culpables por un tribunal de justicia federal, preservaron la libertad condicional.

Las autoridades nunca analizaron las armas que les fueron aseguradas ni investigaron si habían sido empleadas en la comisión de algún delito.

De haberlo hecho, se habrían percatado de que la Colt calibre .38 súper, con la leyenda “The Tiger” grabada en una de sus cachas, era la misma que, semanas antes, disparó las balas que mataron a la abogada Luisa Juárez.

La pistola permaneció almacenada y sus propietarios permanecieron en las calles.

Lucha familiar

Luisa Juárez Miranda era una abogada y actuaria del servicio público que, a sus 55 años de edad, había acumulado el tiempo requerido en el Poder Judicial de la Federación para jubilarse. Pero, antes de tramitar su retiro, decidió tomar un año de licencia laboral para acompañar y cuidar a su padre.

“Luisa era mi hermana menor –dice Cristina–. Ella siempre fue excelente en sus calificaciones, quiso estudiar derecho porque creía en la justicia. Estudió en la UNAM, y era tan buena en sus clases que, sin saber, todos sus compañeros usaban sus apuntes para estudiar. Como sabía taquigrafía, ella tomaba notas muy completas y, luego, las pasaba en limpio… Un día, un compañero le pidió sus apuntes para revisarlos y, sin avisarle, les sacó copia. Poco después, una persona le ofreció una guía de estudio sobre Derecho Penal: cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta que la guía eran todas las notas que ella había hecho.”

Luisa era soltera y no tenía hijos. Sin embargo, para Valentina, la hija de Cristina, ella era “como mi otra mamá y yo era para ella lo más cercano a una hija”. De hecho, confiesa la joven, “desde que tengo uso de razón quise estudiar derecho por estar con ella, y es por ella que hoy soy abogada”.

Juntas, Cristina y Valentina han empujado la investigación sobre el asesinato de la abogada durante los últimos diez años.

“En un principio, las autoridades fueron muy crueles –recuerda Cristina–, nos echaban la culpa a nosotros, nos trataban muy mal, decían que mentíamos, que nosotros la habíamos matado. Nos hacían dar vueltas y vueltas a Toluca, a Lerma, sin ningún resultado.”

Pero en 2014 algo cambió. Cristina se acercó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el colectivo de familiares de víctimas de la violencia fundado en 2011, que había logrado el establecimiento de mesas de trabajo mensuales con las autoridades federales.

“Teníamos esas entrevistas con el procurador General de la República, y ahí fue donde expuse la situación de mi hermana. Entonces hablaron con la Fiscalía del Estado de México y, como magia, en dos meses hicieron todo lo que no habían hecho antes.”

En abril de 2014, tres años después del asesinato, la huella balística de los casquillos que quedaron regados junto al cuerpo de Luisa Juárez fue comparada con la huella balística de todas las armas aseguradas por las autoridades del país.

Fue así que, finalmente, el crimen contra la abogada pudo ser vinculado con la Colt con el grabado “The Tiger”, guardada todo ese tiempo en una bodega. No hubo duda: era la misma arma con la que habían cometido el asesinato.

Con esa evidencia, las autoridades obtuvieron una orden de captura contra José Francisco Robles Valladares: el joven al que, en 2011, le habían asegurado esa pistola. Tenía 28 años al ser capturado.

Él confesó el asesinato y señaló a Víctor Eduardo Sánchez García (24 años) como cómplice, por lo que también fue detenido.

Por el asesinato, reconocieron haber cobrado 15 mil pesos.

En su declaración, Robles Valladares aseguró que ambos fueron contratados por el cacique de Soyaniquilpan. “Encárgate de matarla, porque ya nos tiene hasta la madre”, fue la orden que le atribuyen.

Aunque en 2014 se emitió una orden de aprehensión contra dicha persona, en su condición de presunto autor intelectual del asesinato, han pasado siete años desde entonces, sin que dicha captura haya sido concretada por las autoridades responsables de la procuración de justicia.

Diez años después

San Agustín Buena Vista, en Soyaniquilpan, donde fue asesinada la abogada Luisa Juárez, es un lugar donde el poder caciquil se ejerce por las armas, desde hace un siglo.

“A mi abuelo y a su mamá también los mataron para quitarles tierras –cuenta Cristina–, y la gente del pueblo siempre ha tenido miedo de esa familia (la del cacique local). Luego del asesinato de mi hermana, los del pueblo se volvieron agresivos conmigo y con mis otros hermanos, y se negaron a decir lo que sabían. ‘Si eso le hicieron a la licenciada, ¿qué nos harán a nosotros?’, decían cuando les pedíamos ir a declarar. Pero sí nos decían que el cacique se paseaba de noche por el pueblo y que, afuera de su casa, había una patrulla cuidándolo. Es gente de dinero.”

El dinero, explica Valentina, sirvió para prolongar durante siete años el juicio contra los detenidos que, a pesar de la pobreza económica, contaron “inexplicablemente” con recursos para promover amparos ante la justicia federal, durante todos estos años.

“Cada nueva solicitud de amparo detuvo el juicio –explica la sobrina de la abogada asesinada– y esos amparos cuestan dinero. ¿De dónde salió ese dinero? Nosotras pensamos que salió de la familia que pagó por la ejecución de mi tía.”

Todos los amparos, detalla Valentina, les fueron negados a los procesados; y el 30 de abril de 2021, al cumplirse exactamente diez años del asesinato, ambos fueron declarados culpables y condenados a 47 años de prisión.

Aunque los dos confesaron desde un inicio el crimen, no fue su declaración lo que los condenó. Fue la existencia de peritajes balísticos, que comprobaron el vínculo entre los procesados, el arma homicida y el hecho criminal.

Cristina sonríe cuando habla de la sentencia. Pero no es una risa efusiva, sino magra. “La lucha por la justicia no acaba aquí –reconoce–. Así como llegó la sentencia, los asesinos la impugnaron. Ahora nos toca defender la sentencia, defender la justicia que alcanzamos. Y, eso, quién sabe cuánto tiempo va a tomar. Además, solo se logró sentencia contra los autores materiales del asesinato; pero la lucha para que se castigue a los autores intelectuales, a los que pagaron por la muerte de mi hermana, lamentablemente, continúa”.