Cinco movilizadores electorales de tres partidos diferentes rondan la casilla de la sección electoral 1392 en Ecatepec, Estado de México. En coche, a pie o en bicicleta, los movilizadores —como dicta su nombre— hacen que las personas salgan a votar.
Una larga fila se forma desde las siete y media de la mañana afuera de la casilla instalada en el Colegio Mexiquense, al sur de Ecatepec. Los reclamos por la tardanza no se hacen esperar y la gente comienza a discutir con el personal del Instituto Nacional Electoral (INE).
La casilla abre a las 10 de la mañana y el trabajo de los movilizadores del voto comienza. Se trata de llevar almuerzos, vigilar a otros movilizadores, informar sobre irregularidades en las casillas o posibles compra de voto de los partidos contrarios, transportar personas para que emitan su voto.
Según el INE, para las elecciones federales de 2021 los diez partidos nacionales solicitaron el registro de 2,765,149 representantes de casilla. Estas personas tienen permitido atestiguar la actividad de la casilla, vigilar el conteo de votos y llevarse una copia del acta de escrutinio y cómputo de casillas. Además, su pago es un gasto que los partidos deben reportar, de acuerdo con el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización.
A diferencia de los representantes de casilla, la figura de los movilizadores no está contemplada en la Ley Electoral, a pesar de que estos cobran entre 500 y 2,000 pesos por jornada. Se trata de un gasto que no se reporta y que, al mismo tiempo, funge como empleo temporal para muchas personas.
Esta labor se relaciona con el clientelismo político surgido a partir de 1970. Los movilizadores forman parte de la vieja y conocida estructura llamada “movilización territorial electoral”, conocida como “acarreo“. Funciona el día de la elección, donde los “clientes” son los electores.
“S”, de 30 años, lleva consigo varias playeras para cambiarse y evitar se reconocido con facilidad. Él es un movilizador contratado por Morena. Cada tanto tiempo, reporta las novedades de la casilla asignada a través de grupos de WhatsApp.
Entre los mensajes que se intercambian, se lee uno que supuestamente proviene del Partido Revolucionario Institucional amenazando a las mujeres: si no acuden a votar, se les retirará el apoyo gubernamental que obtienen a través de la tarjeta rosa, mediante el Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa. Este tipo de mensajes, explica “S”, es una forma de presionar a las personas para que salgan a votar.
Desde su auto, “S” vigila las calles alrededor de la sección 1392. Durante el rondín matutino, en la esquina de la calle Tampico, observa a un adulto mayor que intenta repartir sobres sin ser advertido. A pesar del esfuerzo, es evidente cómo el papel manila cambia de manos. En el chat donde reporta “S” otro movilizador dice que otros partidos están ofreciendo hasta dos mil pesos por el voto en esa misma casilla.
