Los informes periciales de la empresa noruega DNV no se han integrado a la carpeta de investigación judicial, denunciaron este lunes 30 de agosto familiares de víctimas y sobrevivientes representados por el abogado Teófilo Benítez. El desplome de un tren de la Línea 12, el 3 de mayo pasado, provocó 26 muertos y más de un centenar de heridos.
Durante una conferencia de prensa, el representante de las víctimas expuso que no han recibido copia del informe correspondiente al peritaje de la Línea 12. Este peritaje es realizado por la empresa DNV, contratada por el gobierno de la Ciudad de México, con un costo de 20 millones de pesos, para investigar las causas del desplome de un tren de la Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo.
El 16 de junio de este año la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer el “Dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12”, en una versión preliminar. Esta primera parte reportó los hallazgos del estudio, la segunda fase se enfocaría a la explicación técnica sobre la “causa inmediata” del desplome, y en la tercera se expondrían las “causas de fondo”.
Se esperaba que el 14 de julio se conociera la segunda fase y el 30 de agosto, la última. Sin embargo, el gobierno capitalino anunció que se posponía la presentación, pues DNV solicitó más tiempo para entregar los análisis de “causa inmediata” y “causa-raíz”. Hasta el momento, no se conoce una fecha exacta para la entrega del documento completo.
La no inclusión del dictamen técnico en las investigaciones judiciales preocupa a personas como Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovanni Hernández, quien falleció en el incidente; o Adriana Galván Pinal, sobreviviente del desplome, quien resultó con secuelas neurológicas y físicas: “Me dijeron [del Gobierno de la Ciudad de México] que ya no podían ayudarme más con el transporte, solo con la rehabilitación”.
Junto con su defensa, los demandantes Rigoberto Quiroz García, José Manuel Olarte Santos, Adriana Galván Pinal, Enrique Bonilla Ruiz, Samuel del Águila y Jocabeb Pineda dijeron que en la carpeta de investigación CI-FITLH/UAT-TLH-1/UI-1 S/D/00631/05-2021 “no existe ningún informe [pericial]”.
Restringen acceso a carpeta de investigación
“Solo nos dan acceso a lo que ellos quieren que veamos”, puntualizó el abogado; asimismo, explicó que, por ley, las víctimas tienen derecho al acceso completo a los expedientes correspondientes a la investigación.
De acuerdo con el equipo legal de este grupo de personas afectadas por el desplome, en tres ocasiones se ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) el acceso total a la carpeta de investigación y al informe del peritaje realizado por DNV. En las tres ocasiones, señaló el abogado, la respuesta ha sido: “El informe es únicamente un comunicado informativo para la opinión pública, por lo que no forma parte de la investigación”.
Es decir, que el informe del peritaje, hasta el momento, no tiene valor jurídico para la investigación del colapso. Sin embargo, una nota publicada por el diario Milenio menciona la existencia de una indagatoria de la FGJCM que recae sobre 11 soldadores y dos directivos, conclusión a la que se llegó a partir del informe de DNV publicado el 16 de junio.
Familiares y sobrevivientes, sin apoyo oficial
Por otro lado, durante la rueda de prensa, Jocabeb Pineda, madre del joven fallecido Immer del Águila, afirmó que los daños que enfrenta no son físicos sino psicológicos, por la pérdida de su hijo.
Tanto ella como su esposo recibían apoyo económico de Immer, por lo que, ahora, su solvencia económica está a la deriva. “Si el gobierno espera que se nos olvide o nos cansemos de presionar, están equivocados. Es un daño permanente que no se olvida”, reclamó.
Ante esta situación, el abogado de este grupo de víctimas anunció que buscarán un peritaje especializado que ayude a dictaminar un monto más acorde con las afectaciones —frente a 750 mil pesos que se han ofrecido— para las personas damnificadas.
Pero hay otros asuntos más allá de lo económico. “¿Qué ocultan?”, “¿a quién buscan proteger?” y “¿qué pasa con los informes, con el dinero del peritaje?”, son algunas de las preguntas que plantean las víctimas. Para encontrar respuesta, solicitaron una audiencia el próximo viernes 3 de septiembre con el Juez de Control en el Reclusorio Sur.
No solo exigen certeza jurídica. Las personas damnificadas esperan que, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, mencionen a las víctimas del desplome en sus próximos Informes de Gobierno.
