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Prisión de Santa Martha Acatitla. Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro.

Sufragio efectivo también en prisión. Votan reclusos por primera vez

Dulce Soto, reportera / Corriente Alterna | publicado el 16-05-2021

Gracias a la demanda de dos presos tzotziles, el 17 de mayo arranca un proyecto piloto para resarcir los derechos políticos de quienes no han recibido sentencia. Sin embargo, el mecanismo solo contempla, por ahora, el voto de personas en prisión preventiva de cárceles federales, por lo que los dos campesinos chiapanecos no podrán votar.

El 6 de junio de 2021 no solo estaremos ante las elecciones más grandes de México y América Latina. Esta vez, además, será una jornada histórica porque, por primera vez, podrán votar personas en prisión preventiva. Es decir, habrá elecciones dentro de las cárceles. 

Hace dos años, en febrero de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que las personas encarceladas en espera de una sentencia puedan ejercer el voto, uno de los derechos políticos fundamentales, ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.

La resolución, que tuvo cuatro votos a favor y tres en contra, llegó luego de que en 2018 Marcos Ruiz López y Guadalupe Gómez Hernández, quienes se identifican como indígenas tzotziles y se encuentran en prisión preventiva desde hace 19 años, reclamaran al Instituto Nacional Electoral (INE) su derecho a elegir representantes.

Tal como lo establece el artículo 38 de la Constitución, las personas tienen derecho a votar aunque enfrenten un proceso penal mientras no se les declare culpables. Sin embargo, quienes están en prisión preventiva nunca habían sido consideradxs por ninguna autoridad.

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Por primera vez, contará el voto de personas en prisión preventiva. Foto: Eunice Adorno / Cuartoscuro.

Este lunes 17 de mayo, por fin, será una realidad: 949 personas de cinco penales federales podrán votar para elegir a diputados y diputadas al Congreso de la Unión.

La batalla de dos tzotziles

Fueron detenidos en 2002 por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Acusados de secuestro, se les recluyó en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, del municipio de Cintalapa. 

Marcos Ruiz López y Guadalupe Gómez Hernández son dos integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). En Simojovel participaron en la recuperación de tierras. Acumulan 19 años de prisión sin recibir sentencia, pese a que nunca se ratificó la supuesta denuncia en su contra. 

A la fecha, no se ha demostrado su culpabilidad. De acuerdo con Ana Gabriela Ramírez Vázquez, investigadora del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, su proceso ha estado plagado de irregularidades: fueron detenidos sin orden de aprehensión y, en el caso de Guadalupe, quien fue sustraído de su casa, sin orden de cateo. No contaron con un abogado ni con traductor de lenguas indígenas durante las primeras etapas de la investigación y “fueron torturados para obligarles a firmar la declaración ministerial donde se auto inculpan de los delitos”, asegura la abogada en el artículo “Plazo razonable y prisión preventiva”, publicado en 2019 en Perfiles de las ciencias sociales, una revista electrónica que edita la Universidad Autónoma de Tabasco.

Por estas razones, en 2008 el proceso fue repuesto por primera vez, pero quedó en “etapa de instrucción”, expone la investigadora. En 2016 se repuso por segunda ocasión, pero sin desahogo de pruebas a su favor.

“Son presos políticos, prácticamente. Están ahí desde hace mucho tiempo, en la oscuridad de las leyes y de la operación del sistema judicial”, afirma Ángela Guerrero, coordinadora general del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia Social), una de las organizaciones que defienden el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.

Desde “El Amate”, Marcos y Guadalupe demandaron al INE “por omisión”, porque en la elección presidencial de 2018 no emitió lineamientos para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva. Argumentaron que, al no haber recibido sentencia, estaban a salvo sus derechos político-electorales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón el 20 de febrero de 2019 y ordenó al INE organizar una primera elección “de prueba” antes de las elecciones generales de 2024.

–No hay pena que pueda ser peor que no saber si vas a ser juzgado o no. Tantos años han pasado y estas personas siguen en pie de lucha; ahora, dándole la posibilidad a buena parte de la población que está en prisión de ejercer este derecho –agrega Guerrero.

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Prisión de Cancún, Quintana Roo. Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.

No obstante ello, Marcos y Guadalupe, quienes ganaron el derecho en tribunales, no podrán votar en este proceso electoral porque, por ahora, el INE organizó elecciones en solo cinco prisiones federales de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán.

La logística de la elección en prisiones

El INE preparó un modelo para conformar la lista nominal de las personas en prisión preventiva. Ubicó un universo de 2,699 personas detenidas bajo esta modalidad en las cinco cárceles federales, de las cuales 2,205 cumplían los requisitos: haber obtenido su credencial de elector antes del ingreso al penal y, por supuesto, no estar sentenciadxs.

El instituto les envió cartas personalizadas para invitarles a participar en el proceso. Después, verificó la información de quienes mostraron interés en la elección. Corroboró sus datos personales y determinó que 959 continuaban en el padrón electoral y coincidían su información y rostro con los registros del INE. Otras personas no fueron localizadas en la lista nominal o sus datos no coincidían.

Además, en el informe final sobre la conformación de la Lista Nominal de Electores de Personas que se encuentran en Prisión Preventiva (abril de 2021), el INE detalló que diez personas de las que fueron consideradas “procedentes” para votar recibieron sentencia y, por tanto, perdieron sus derechos políticos. Por eso, al final, solo 949 personas –148 mujeres y 801 hombres– en prisión preventiva votarán en estas elecciones. 

Ángela Guerrero explica que en otros países donde sí se organizan elecciones en cárceles, como Ecuador, Colombia y Costa Rica, la participación es muy baja. Y destaca que en México, con este primer ejercicio, se puede mostrar un fenómeno distinto: casi la mitad aceptó participar en el proceso.

El voto de las personas en prisión preventiva únicamente será para elegir candidatos y candidatas a una diputación federal de su estado de procedencia. Es decir, aunque estén en una prisión de Morelos, si son de Baja California, votarán por les aspirantes bajacalifornianos. La meta es que, en 2024, puedan votar todas las personas en prisión preventiva, una población que rondaría las 90 mil personas, tanto en penales federales como estatales y municipales. 

–Lo que le pareció más fácil al INE para dar cumplimiento al tribunal fue buscar a la autoridad penitenciaria federal y con ella empezar en los centros donde hay más gobernabilidad –explica la experta.

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Distribución del número de personas en prisión preventiva que podrá votar en cada centro penitenciario federal.

Este ejercicio es fundamental en cualquier proceso de reinserción social, afirma. En el fondo, hay un cuestionamiento: ¿limitar los derechos políticos ayuda a un proceso de justicia… o se trata de un castigo más para quienes están en prisión preventiva?

Los retos

Como se hace con el sufragio de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero, en las cárceles federales también se utilizará una medida similar al voto por correo postal.

Entre el 17 y el 19 de mayo el INE entregará en las prisiones las boletas vacías, así como un resumen de las plataformas políticas de los partidos y sus candidatos y candidatas.

–A partir del día 17 van a entrar uno por uno, van a revisar las propuestas de los partidos políticos y, en función de lo que hayan leído de las plataformas generales, emitirán su voto –agrega Guerrero.

Cada boleta marcada se guardará en un sobre, que se abrirá hasta el 6 de junio.

Con todo, el mecanismo impide que se ejerza a cabalidad el derecho a la información, pieza fundamental para un voto informado y libre, explica la maestra en sociología política Ángela Guerrero: no es suficiente entregar un resumen de las plataformas de los partidos horas antes de la elección. Así que el voto de las personas en prisión preventiva será por candidatos y candidatas que no conocen y que, además, no incluyen propuestas para esta población en sus agendas políticas, agrega.

Los claroscuros

Es un logro. Pero es un logro todavía insuficiente. No habrá observadores externos ni medios de comunicación que atestigüen el ejercicio. Tal vez eso no parezca grave al tratarse de 949 electorxs, pero en 2024 podrían votar decenas de miles de personas en prisión preventiva.

Por eso, CEA Justicia Social, Documenta, Artículo 19 y el colectivo Artículo 20, entre otras organizaciones civiles, lanzaron el Observatorio Libres para Elegir y solicitaron al INE y a la autoridad penitenciaria federal participar como observadores de la jornada electoral. La solicitud fue rechazada. Ahora, valoran la posibilidad de interponer un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral para que esto no se repita en 2024.

–Será muy delicado que no haya observación electoral en estos procesos. No es algo menor el que entren boletas vacías y salgan boletas llenas sin que nadie observe que el proceso se lleve a cabalidad –comenta Guerrero. Agrega que, todavía, falta mejorar y darle la misma importancia a estos procesos electorales que a los que se realizan en libertad.

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Foto: Archivo / Cuartoscuro.

Por ahora, Marcos y Guadalupe, los impulsores de este logro, seguirán en la cárcel estatal de Chiapas sin recibir una sentencia y sin participar en estos comicios, pero con la esperanza de votar en libertad en 2024.

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