A pesar de que las emergencias que requieren atenciones prehospitalarias han aumentado, las atenciones brindadas por paramédicos y ambulancias públicas han disminuido progresivamente en la Ciudad de México. De acuerdo con estadísticas oficiales, en 2019 los servicios públicos dieron 918 atenciones de este tipo en la capital del país; cifra que disminuyó a 613 casos en 2020, el primer año de la pandemia de covid-19.
Paralelamente, según los registros de lesiones y emergencias médicas de la Dirección General de Información en Salud, de la Secretaría de Salud federal, en 2020 los casos de personas agredidas con armas cortas de fuego en la capital del país aumentaron 104%; las lesiones accidentales con armas cortas de fuego crecieron 63%; el número de motociclistas lesionados por colisión y accidentes de tránsito subió 22%; las agresiones por “aporreo”, 18%; los casos de envenenamiento por contacto con serpientes y lagartos, 15%, y las caídas de escaleras, 7%.
Tal como coinciden autoridades, paramédicos y usuarios, las deficiencias en la prestación de servicios prehospitalarios derivan del abandono institucional y son, a su vez, el principal aliciente para que, además del sistema de ambulancias certificadas (públicas y privadas), en la Ciudad de México opere una red de ambulancias y paramédicos irregulares que se aprovechan de las personas que atraviesan por emergencias médicas.
“El problema es que no están inyectando el capital necesario para adquirir las ambulancias; no se ve un interés por parte del gobierno”, advierte Ricardo (seudónimo empleado para proteger su identidad), paramédico de una institución pública enfocada a la atención de urgencias médicas. Según cotizaciones del mercado, el precio de una ambulancia nueva y completamente equipada va de los 350,000 a los 850,000 pesos, según el modelo.
De acuerdo con los reportes oficiales sobre recursos materiales del sistema de salud público, para el año 2020 la Ciudad de México contaba con 290 ambulancias públicas (contando las de traslado, urgencias básicas, avanzadas y cuidados intensivos). Esto es, una unidad por cada 31 mil habitantes.
En entrevista con Corriente Alterna, Ángel González Dominguez, director General de la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, explicó que, para 2022, el sistema de atención prehospitalario de la capital incrementó el número de ambulancias acreditadas a 340 unidades. No obstante, en esta cifra se consideran tanto las unidades públicas, como privadas, aéreas, terrestres, de traslado. Esto equivale a una ambulancia por cada 27 mil habitantes.
La propia Secretaría de Salud capitalina reconoce que el abandono del sistema de atención prehospitalaria, legado de administraciones anteriores, dio origen a la proliferación de ambulancias irregulares y a la problemática con el tiempo de respuesta.
“La Ciudad de México posee una herencia de mercantilización en la atención médica –señaló González Domínguez, responsable de coordinar la atención prehospitalaria–. Es decir, se atomizaron todos los servicios, se separaron y desintegraron. No hubo un crecimiento de los servicios públicos de salud, tampoco financiamiento; por lo tanto, ahora hay un déficit” de recursos materiales para satisfacer la demanda.
Esta carencia dio pie al surgimiento de una red de unidades ilegales (cuyo número se desconoce) que operan “sin placas oficiales, no tienen señalada su razón social, número de teléfono ni número de unidad”, explicó el funcionario.
Además, remató, “sus operadores no portan identificaciones y sustraen las pertenencias de los usuarios, o los trasladan a hospitales donde los familiares no acordaron”.
Deficiencia de unos, oportunidad de otros
En 2020, cuando inició la pandemia de covid-19 en México, Armando López, un electricista de 48 años, enfrentó el contagio de un familiar, quien presentaba complicaciones mayores. Ante la urgencia, solicitó el servicio de una ambulancia pública.
La unidad “tardó 5 horas en llegar”, cuenta López. “Nos pedían que hiciéramos una video-llamada para que ellos pudieran ver a mi familiar”.
Los reportes sobre lesiones y emergencias médicas del Sector Salud, de hecho, revelan que durante 2020 en más de la mitad de los servicios prehospitalarios brindados las ambulancias públicas de la Ciudad de México tardaron más de una hora en llegar.
Ésta era, en realidad, la segunda vez que Armando lidiaba con las deficiencias del servicio de atención prehospitalaria. En 1995 fue testigo de un accidente automovilístico en el que resultaron heridos dos amigos suyos. Armando solicitó atención médica y ésta llegó rápidamente, pero “no por parte de ambulancias públicas sino de ambulancias ‘patito’”. Esta unidad irregular no trasladó a los heridos a un hospital sino a un estacionamiento donde les exigieron el pago de 8 mil pesos para continuar con la atención. “Caes en manos de gente a la que no le importa tu salud”, advierte el electricista. Eso ocurrió hace 27 años y, desde entonces, lamenta, no hubo ninguna mejora al servicio.
Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las principales irregularidades detectadas en ambulancias no certificadas son la falta del equipamiento mínimo necesario para atender a personas cuya condición clínica pone en peligro su vida, la administración de medicamentos caducos o el uso de insumos vencidos, entre otros.
Ante esta situación, el gobierno capitalino presentó el pasado 21 de febrero el “Programa de fortalecimiento del sistema de ambulancias de la Ciudad de México, Salvando Vidas”, con el que se busca mejorar el sistema de atención prehospitalaria mediante la adquisición de 25 nuevas ambulancias, para que llegar a un total de 65 unidades en funcionamiento por turno.
El propósito es que cada ambulancia cuente con una computadora y enlace digital con la central, para no depender de los reportes por radio, cuya señal es intervenida por operadores ilegales para adelantarse a los servicios públicos.
También, se informó que las autoridades capitalinas establecerán un sistema “para revisar de manera pormenorizada la operación de los despachadores y de los operadores de la ambulancia”, para el “aseguramiento de calidad en el servicio”.
Con estas medidas, las autoridades planean reducir el tiempo de atención en 15 minutos, para intentar ganarle la carrera a las ambulancias irregulares.
Desde la perspectiva del paramédico Ricardo, sin embargo, no todo se resuelve con más recursos, ya que otra parte del problema es fomentada por la corrupción en distintas áreas de gobierno. Las ambulancias irregulares, explica, logran llegar a los lugares donde se reportan urgencias médicas antes que las ambulancias regulares porque cuentan con equipos de radiocomunicación que les permiten intervenir, de forma no autorizada, la señal de la policía preventiva.
En otros casos, agrega, los operadores de ambulancias irregulares se coluden directamente con patrulleros que les informan de los hechos: “Les dan dinero para que, si hay algo, les avisen y ellos puedan llegar antes”.
Luz en el camino
Así como las carencias del sistema médico prehospitalario han dado origen a prácticas ilegales, paralelamente también han incentivado la solidaridad y, con ella, el nacimiento de organizaciones de paramédicos voluntarios que brindan sus servicios gratuitamente, en refuerzo de los servicios públicos.
Este es el caso de SUMMA Voluntarios, el Sistema Universitario de Emergencias Médicas fundado en 1993 por estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que presta atención gratuita en urgencias médicas y ofrece cursos de primeros auxilios y atención prehospitalaria.
Jorge Arturo Espinosa, director de Disciplina e Instrucción de SUMMA Voluntarios, afirma que entre las dificultades que enfrentan está la falta de ayuda por parte del gobierno capitalino, pues solo les ha dado la certificación y la validación para atender emergencias médicas; el material y equipamiento lo adquieren por cuenta propia.
Desde su experiencia, explicó, “el gobierno de la Ciudad de México no se da abasto para atender la cantidad de servicios de ambulancia que se necesita en la capital, desafortunadamente”.
Esa es, concluye, la causa de que en la Ciudad de México exista una red de ambulancias irregulares, que no sólo extorsionan a la población que requiere atención urgente, brindan mala atención médica y promueven la corrupción de las autoridades, sino que al conducir “de una manera violenta, ponen en riesgo a las personas que van en la unidad y a los transeúntes”.
