De cara a la consulta de revocación de mandato, que se realizará el domingo 10 de abril, la promoción de este proceso ha llevado a la confrontación entre servidores públicos y el Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con el instituto, solo la autoridad electoral está facultada por la ley para difundir la consulta, en la que se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo en que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato “por pérdida de la confianza” o siga en la Presidencia “hasta que termine su periodo”.
Los roces entre el INE y personas que ejercen funciones de gobierno o cargos de representación popular han sido constantes. Uno de los casos más emblemáticos de este proceso es el que se ha sostenido con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Apenas el pasado 22 de marzo Sheinbaum informó que había recibido una nueva notificación del INE para eliminar de sus redes sociales los mensajes relativos a esta consulta.
La medida no fue dirigida sólo a Sheinbaum. El INE dictó medidas cautelares a 12 gobernadores “por diversas publicaciones en sus cuentas de Twitter alusivas a propaganda gubernamental y promoción personalizada durante el proceso de revocación de mandato”.
Pero esto no ha detenido a integrantes del gabinete federal ni a las y los gobernadores del partido oficial en su labor “promocional”.
El proselitismo de funcionarios de gobierno
El 17 de marzo el Congreso decretó que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas”. Mediante un mecanismo legislativo conocido como “interpretación auténtica” de un ordenamiento jurídico —en este caso, los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato—, la mayoría de Morena y aliados en las cámaras de diputados y senadores abrió la puerta a la intervención pública de funcionarios de gobierno para impulsar la consulta popular. Sin embargo, el 29 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró “inaplicable” el decreto interpretativo en los casos de revocación de mandato y por tratarse de un proceso en curso.
A pesar de la decisión del Tribunal Electoral, funcionarios de gobierno han difundido y participado en los eventos convocados por la asociación civil “Que siga la democracia”, principal promotora de la participación ciudadana en la consulta.
Desde su cuenta de Twitter, Gabriela Jiménez Godoy (presidenta de la asociación y excandidata a una diputación federal por la Ciudad de México), argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió la decisión del Tribunal Electoral que no permitía a funcionarios difundir la consulta.
Pero en entrevista para Corriente Alterna, Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que “la SCJN todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto publicado el pasado 17 de marzo”. Según refiere el investigador, “con mucha probabilidad confirmará lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF”.
El sábado 2 de abril, “Que siga la democracia” organizó un mitin en Xalapa para apoyar la figura del presidente López Obrador. La concentración ocurrió en la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz. Sobre el templete se encontraba Gabriela Jiménez, pero también Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, y Rocío Nahle García, Secretaria de Energía del gobierno federal.
En una de las pantallas junto al templete se proyectó la imagen del Gobierno de México: el fondo rojo con el relieve de plumas de águila, los bustos de Morelos, Hidalgo, Juárez (llevando una bandera), Madero y Cárdenas y el escudo oficial.
En esas mismas pantallas se reprodujeron fragmentos del documental biográfico sobre López Obrador, Esto soy (2017), producido por Epigmenio Ibarra; específicamente escenas como aquella en la que el entonces candidato anuncia que se retiraría de la política si no resultaba electo, u otra donde habla de la importancia de un presidente honesto como condición para el buen comportamiento de los demás funcionarios y funcionarias.
Las personas que acudieron al evento —según el mismo gobernador, más de 30,000— llegaron con lonas, banderines y cartulinas o portaban mascarillas con los nombres de Cuitláhuac y “AMLO”.
Tampoco faltaron los imitadores de López Obrador. Un hombre vestido de traje negro, camisa blanca, corbata rayada azul y máscara con el rostro del presidente caminó entre los asistentes que lo detenían para tomarse una foto; mientras otro, trajeado con la banda presidencial sobre el pecho, se paseaba con el puño en alto —con todo y un par de sillas, una mesa y computadora, simulando una oficina— desde el techo de una camioneta tapizada de propaganda a favor de la participación en la consulta.
Cuando terminó el evento, los banderines que ondeaban entre el público fueron desechados y quedaron tirados sobre la plaza.
“Solo el INE puede promover la consulta”
La reacción del INE no se ha hecho esperar. En entrevista con Carmen Aristegui, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, calificó de “inédita” la actitud de los funcionarios públicos y reiteró que se trata de una violación de normas.
“La comisión de quejas y denuncias desde el 4 de febrero pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha emitido ya más de 20 medidas cautelares por violaciones a la Constitución por parte de funcionarios de distinto nivel: legisladores, gobernadores, la Jefa de Gobierno, funcionarios de comunicación social de Presidencia y hasta el mismo Presidente de la República”, señaló Córdova.
El presidente López Obrador se ha pronunciado en distintas ocasiones para que las personas participen en la consulta, rechazando violentar la ley al argumentar que él no dice qué opción deben elegir las personas. En cambio, ha señalado al INE de no hacer promoción del proceso y de ocultar la ubicación de las casillas.
En total, el día de la consulta se instalarán cerca de 57,516 casillas en todo el país. De acuerdo con el INE, para que el resultado de la consulta sea “vinculatorio” (de observancia obligatoria para el presidente de la República) se necesita que salgan a votar más de 37 millones de personas, el equivalente a 40% de la lista nominal de electores.
Este ejercicio de revocación de mandato es el primero en la historia del país, aunque es la segunda “consulta popular” realizada en el mandato del presidente López Obrador. La primera se realizó en 2021 para preguntarle a la población si estaba de acuerdo en juzgar a exgobernantes. Aunque ganó el “sí”, la participación fue de apenas 7.1%.
Sobre lo que podría suceder en caso de que participe la cantidad de votantes necesarios para validar la consulta, el Consejero del INE, Ciro Murayama, lo ha explicado: si la mayoría elige que el presidente no debe continuar, deberá dejar su encargo. Pero si gana la opción de que continúe, precisó el consejero, no significa “la posibilidad de reelección o de ampliar la duración del mandato”; el mismo presidente López Obrador lo había mencionado desde 2019: “La revocación de mandato no es reelección”.
