Una legislación fragmentada y confusa limita que 2.5 millones de trabajadoras del hogar tengan acceso a la seguridad social, gocen de prestaciones dignas y ejerzan su derecho a la jubilación.
No hubo contrato, sólo un acuerdo de palabra. Era un trabajo “de entrada por salida”. Durante dos años Dulce Carpio viajó todos los martes de la alcaldía Iztacalco a Tlalnepantla, Estado de México; se quedaba a dormir allí y volvía a casa los miércoles. Parecía una labor sencilla: dos días de tender camas, barrer, trapear y otras tareas de limpieza, por 600 pesos.
Sus empleadores pronto le asignaron nuevas tareas: desde hacer el pago de los servicios de la casa hasta limpiar la bacinica que utilizaba su patrón durante las noches. No tenía una hora para descansar.
Dulce Carpio ya había trabajado como empleada del hogar. En 2016, para pagar sus estudios de licenciatura en Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), comenzó a trabajar en una casa, atraída por el horario flexible.
–Cuando se iban (los empleadores), me encerraban –cuenta–. Y no creas que era así, de “ahorita vengo”. Así fueran al súper, me encerraban. Ya no podía salir.
Trabajo precario, leyes de papel
En México existen dos millones y medio de personas dedicadas al trabajo del hogar. Nueve de cada 10 son mujeres y sólo 3% cuenta con un contrato formal. Hasta hace poco, no era reconocida como una labor que generara derechos y, por lo tanto, quienes se dedicaban a ello carecían de seguridad social.
En 2016 María Rosario Garduño Gómez, trabajadora del hogar en la Ciudad de México, demandó a sus empleadoras y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque no tenía prestaciones laborales. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje no reconoció que tuviera acceso a derechos laborales. María promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A finales de 2018 una sentencia aprobada por los cinco ministros de la Segunda Sala, la Corte declaró inconstitucional la fracción II del artículo 13 de la Ley del IMSS, que excluye a las trabajadoras domésticas de la seguridad social. Además, ordenó al Instituto poner en marcha un programa piloto para incorporar a las trabajadoras domésticas a la seguridad social.
En 2019 el Senado de la República aprobó el dictamen que modificó la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para reconocer a las trabajadoras del hogar como tales. Es decir: brindarles el derecho a contar con un contrato por escrito, horarios fijos, vacaciones, servicios médicos, incapacidad, pensión y servicios de velatorios y guarderías.
Y luego, el 3 de julio de 2020, el gobierno mexicano ratificó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar. Con esto, la Organización de las Naciones Unidas consideró que se saldaba una “deuda histórica”.
A pesar de todo, hasta la fecha, los derechos existen sólo en el papel.
Lanzado en abril de 2019, el programa piloto del IMSS fue diseñado para concluir en 18 meses. Sin embargo, en noviembre de 2020, apenas se contaban 27,640 afiliadas: casi 1% del total de mujeres y hombres dedicados al trabajo del hogar.
En marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, la pareja de jubilados para quienes Dulce trabajaba lavando platos, trapeando pisos, cambiándole la arena al gato o vaciando bacinicas, “le dio las gracias”. Dos años sin un contrato escrito que especificara salario, horario o actividades a realizar; mucho menos un periodo de vacaciones. Aun cuando las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo eran ya una realidad, la despidieron sin liquidación alguna.
Derechos “voluntarios” y condicionados
Hace dos años un dolor de cabeza zumbante le advirtió que algo no andaba bien. Una prueba de glucosa arrojó que estaba cinco veces arriba de los parámetros normales. Estaba al borde de un coma diabético. Como no tenía servicio médico del IMSS, su empleadora cubrió los gastos de un particular.
Originaria de Tehuacán, Puebla, Carmen Juárez es trabajadora del hogar desde los ocho años. A los 15 se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó a limpiar la casa de la cantante Beatriz Adriana, pareja de Marco Antonio Solís, El Buki.
Hoy, a los 48 años, trabaja para una familia en Tláhuac cuya casa tiene adjunta una clínica veterinaria. Dice que ha estado en casas de todo tipo y la constante es la misma: ninguno de sus empleadores le ha ofrecido un seguro médico, ni cuando estuvo embarazada.
En algún momento Carmen solicitó acceso al seguro médico, pero la familia de veterinarios le respondió que, para hacerlo, tendrían que restarle un porcentaje de los mil 500 pesos que le pagan cada semana.
Desistió.
Un futuro sin bienestar
Ana Laura Aquino es trabajadora del hogar y activista de la agrupación Trabajadoras del Hogar Juntas en la Defensa de Todos Nuestros Derechos. Aunque el IMSS estipula que, al estar afiliadas, este sector goza de todos los beneficios —ahorro para el retiro, guarderías, vacaciones…—, Ana Laura comenta que lo único con lo que realmente cuentan es con el servicio médico.
Algunos de los derechos formales de quien trabaja y aporta al IMSS son el ahorro para el retiro (una pensión) o un crédito de vivienda. Para estos beneficios se necesita tener “semanas cotizadas”; cada una de estas semanas vale siete días de trabajo. Esto supone, por ejemplo, que 1,043 “semanas cotizadas” equivale a trabajar 20 años ininterrumpidamente. Para jubilarse, una trabajadora o trabajador requiere entre 775 y mil “semanas cotizadas”.
“No queda claro si estás acumulando semanas [cotizando]”, dice Ana Laura. También apunta a que faltan otros beneficios. “Hasta la fecha, de las personas que están afiliadas no he sabido de alguien que tome la incapacidad, porque no se la otorgan”.
La renuencia de los empleadores a afiliar a las trabajadoras, explica Ana Laura, tiene que ver con los costos: implica no sólo pagar una cuota al IMSS sino pagar aguinaldo y vacaciones, por ejemplo. A la fecha, la situación legislativa en materia de derechos laborales y seguridad social para las empleadas del hogar es confusa y ni siquiera está clara para ellas. Existen leyes, decretos, informes, tratados internacionales: derechos garantizados sólo en el papel, pero sin fechas ni plazos para que puedan ejercerse en la práctica. Tampoco existe mecanismo alguno para obligar a los empleadores a garantizarlos.
Ana Laura suspira. Comenta que no está de acuerdo en decir que el Estado tiene “una deuda” con ellas: un derecho no es una deuda que pueda pagarse.
–Yo no quiero que tengan una deuda conmigo ni que me la paguen. Yo quiero que me reconozcan [mis derechos] y que no sea a plazos –dice.
Le preocupa el futuro. A sus 45 años, si la obligatoriedad de la afiliación se sigue aplazando, ¿cuánto tiempo más necesitará el IMSS para garantizar la seguridad social a dos millones 500 mil trabajadoras del hogar y sus familias?
“¿En diez años voy a empezar a cotizar [semanas]?”, se pregunta Ana Laura, afiliada al IMSS, pero que desconoce su situación. Preocupada, hace cuentas: a ese ritmo, una pensión será inalcanzable.
¿Cómo garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar?
Antes de la primera reforma al respecto (2019), uno de los grandes prejuicios —y excusas— del IMSS tenía que ver con el “impacto” a las finanzas de la institución: pensaban que las trabajadoras jóvenes, eventualmente, se embarazarían y que la cobertura del seguro de maternidad implicaría un gasto muy fuerte. “Todo lo contrario: la gran mayoría de las mujeres trabajadoras del hogar, por lo menos las inscritas, están entre los 40 y los 50 años”, explica Patricia Mercado Castro, senadora por Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
En entrevista con Corriente Alterna, la senadora asegura que, contrario a lo que señala Ana Laura, la reforma de 2019 sí incluye incapacidad laboral, derechos de maternidad y pensión para el retiro para las trabajadoras afiliadas.
El 14 de abril de 2021 la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado presentó una iniciativa en materia de personas trabajadoras del hogar a partir del informe que les entregó el IMSS. La propuesta aún tiene que votarse en la Cámara de Diputados, lo cual probablemente ocurra hasta septiembre.
Lo más relevante de esta reforma es que la inscripción de las y los empleados del hogar se volverá obligatoria. Eso implica un gran reto, admite la legisladora, pues en México 60% de la fuerza laboral a nivel nacional se encuentra en la informalidad.
Situación que, desde luego, se multiplica en el caso del trabajo en el hogar. Los números lo demuestran: en marzo de 2021 el IMSS reportó cerca de 27,205 trabajadoras afiliadas.
—¿Cómo hacemos para que los patrones, todos y todas, realmente le den este derecho de la seguridad social a sus trabajadores? —declaró la senadora Patricia Mercado.
Las vías, por el momento, se reducen a dos: que la trabajadora acuda a la justicia laboral para demandar sus derechos, con las consecuencias que ello pueda implicar; o que la autoridad laboral realice inspecciones en los hogares, como ocurre en las empresas. Sin embargo, para esto último se necesitaría legislar. “No quedó claro cómo podrán ingresar en las casas los inspectores de trabajo”, explica Mercado.
La mejor opción, comenta la legisladora, sería que los empleadores tomaran conciencia e inscribieran a las trabajadoras sin necesidad de presión. Los derechos ya existen, pero aún no se sabe exactamente cómo garantizarlos.
El gran pendiente que sigue existiendo con las trabajadoras es el acceso a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). “Siguen siendo trabajadores no completos en términos de derechos, porque tenemos esa problemática con respecto a la vivienda; hay que seguir peleando por el tema”, asegura la senadora Mercado.
Mientras las leyes no sean claras…
Como a muchas trabajadoras del hogar, la empleadora de María Laura Rosas Aguilar le dice que ella es parte de la familia. Cuando sale a comprar comida, siempre ordena algo para ella, aunque María desayuna, come y cena en la cocina. Sólo la niña más pequeña, a veces, la invita a comer junto a ella, frente a la televisión.
–La ‘Señora’, como que sí tiene su lado de ”soy la patrona y tú eres servicio doméstico”. Nunca me ha invitado a comer –reconoce.
Y, aunque ella “es parte de la familia”, otorgarle seguridad social, afiliarla al IMSS, es una posibilidad inexistente: la empleadora no quiere, aunque a María Laura le preocupe, cada vez más, su jubilación. Cuando era joven trabajó durante 20 años en varias cadenas de restaurantes y llegó a cotizar cerca de 900 semanas que se quedaron congeladas.
–Precisamente, por eso, me voy a salir. Porque hay que cotizar para llegar a los 65 y pedir la jubilación para poder sobrevivir después.
María Luisa ha tomado la decisión. Buscará trabajo en una fábrica. Sabe que ganará un poco menos que los 450 pesos por jornada que recibía en la casa, pero, a cambio, tendrá seguridad social, que incluye una pensión. Cuando se jubile quiere comprar un terrenito en Hidalgo o Tlaxcala, irse a vivir cerca de la naturaleza. Donde haya verdor. Tener su casita allá en el campo; quizás, poner una tiendita para ganar un extra y que la visiten sus nietos.
Un sueño que no podrá materializar como trabajadora del hogar. No mientras las leyes no sean claras.
—Así se va a llamar mi casita: “La casa de la abuela” —dice—. Dentro de unos… ¿qué?, ¿siete, ocho años?… espero ya tener mi casita de campo.
