PODCAST: Ayotzinapa, ocho años de acompañamiento

Hace ocho años, los edificios y estructuras de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa estaban derruidas, había edificios abandonados a mitad de su construcción y varillas oxidadas que asomaban por todas partes. Algunos muros apenas se mantenían en pie. En aquellos días, las principales demandas de los normalistas eran por recursos para reconstruir su escuela y para cubrir sus gastos alimenticios.

Hoy las instalaciones presumen un enorme invernadero, nuevos edificios, baños funcionales que los estudiantes limpian todas las noches. Sus paredes se han renovado con nuevos murales, como una nueva piel.

Desde el ataque del 26 de septiembre de 2014, el presupuesto de la Normal de Ayotzinapa se ha incrementado. De acuerdo a información pública consultada por Corriente Alterna, la Normal contaba con un presupuesto total de casi nueve millones en 2014. Para 2020 la cifra había crecido a 86 millones. En 2021 recibió  72 millones y después bajó de manera abrupta en el presente año : 3 millones 812 mil 873 pesos.

Para que esto fuera posible tuvo que pasar lo que todos ya sabemos: los 43 estudiantes desaparecidos, la normal de Ayotzinapa recibiendo la atención de organizaciones desperdigadas por todo el país, el escándalo internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo a los padres de los 43 en Palacio Nacional.

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Estuve en Ayotzinapa desde el pasado martes, 13 de septiembre de 2022. Era el segundo día de la caravana ”Por los caminos de la verdad” convocada por los colectivos que han acompañado a las madres y padres de los 43 a ocho años de su desaparición.  Por esos mismos días, se presentó el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ). Una de las conclusiones del informe era que, tras el 26 de septiembre de 2014, al menos seis de los estudiantes permanecieron con vida en una bodega en “Pueblo Viejo” y luego sus restos habrían sido trasladados, presuntamente, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.

Aquel mismo miércoles, en la Cámara de Diputados se aprobó por mayoría la reforma propuesta por el PRI que ampliaba la presencia del ejército en tareas de seguridad pública. En Ayotzinapa la noticia fue recibida con enojo: ante las conclusiones de la CoVAJ, que señalaban una implicación del ejército en la desaparición forzada de los estudiantes, los privilegios que la Secretaría de Defensa Nacional acumula durante este sexenio se sienten como un insulto.

–Es lamentable lo que está sucediendo en este momento a 8 años de lo ocurrido  –se quejó Abel Barrera, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, frente al auditorio de la Normal repleto de normalistas.

Conozco a Abel y al equipo del Centro Tlachinollan, desde 2018, cuando trabajé como coordinador del área de comunicación. Entiendo su enojo: Tlachinollan es una de las muchas organizaciones que han acompañado a Ayotzinapa desde los primeros días del 2014.  Desde hace décadas, los abogados de Tlachinollan han representado en tribunales a presos políticos encarcelados por defender el medio ambiente, campesinos envenenados por los pesticidas cancerígenos que las avionetas de la Secretaría de Defensa Nacional lanza sobre las montañas para combatir el cultivo de amapola sin importar sus efectos en la población. También acompañaron legalmente los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas violadas por soldados. 

–¡Ahora vamos a tener ejército para 2028 en las calles reprimiendo, haciendo la contención social del movimiento, encarando a los estudiantes y a los maestros! –señaló Abel desde el micrófono–. ¡Resulta que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le aplaude al ejército!

La nueva “verdad histórica” de Ayotzinapa

El pasado 26 de octubre, el diario estadounidense New York Times señaló, a partir de una entrevista con Alejandro Encinas Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que el caso de los 43 “se ha desbaratado” pues buena parte de la evidencias presentada “no pudo verificarse como real […], se desecharon órdenes de aprehensión y la columna vertebral del nuevo y explosivo reporte del gobierno está en duda”.

Un día después, Encinas respondió en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Soy el principal sorprendido […] de que yo auto descalifique mi trabajo”, dijo. “No fue así. Sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo”. 

Lo cierto es que, pese a todo, los distintos informes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Comisión para la Verdad el Acceso a la Justicia (CoVAJ) del caso Ayotzinapa y del GIEI dejan atisbar un poco sobre lo ocurrido aquella noche. En entrevista con Corriente Alterna, Sofía de Robina, abogada del Centro Prodh, señala que la poca certeza que existe en torno al caso se debe, justamente, a estos documentos.

Hasta hoy, la información confirmada es que los primeros estudiantes cayeron heridos en medio de dos eventos en los que participó el cártel local, Guerreros Unidos, y la policía municipal de Iguala. Es en ese momento cuando una bala alcanza a Aldo Gutiérrez, quien permanece en coma desde entonces. 

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En su último informe, la CoVAJ señaló que los estudiantes de dos camiones fueron entregados por policías municipales de Iguala y Cocula al grupo criminal, en la colonia Loma de Coyotes. Según el informe, habrían sido asesinados allí mismo. Otro grupo, detenido por la policía de Huitzuco fueron llevados a ese municipio y no se sabe aún qué pasó con estos últimos.

En uno de los mensajes analizados y presentados en el informe de la CoVAJ, un sujeto identificado como el “Coronel” señala que “se habían ya encargado de seis estudiantes que habían quedado vivos”. Este sujeto es reconocido como el Capitán José Martínez Crespo. Este es uno de los mensajes cuya autenticidad, hoy, está en entredicho. Sin embargo, de acuerdo al GIEI, existe más evidencia de los vínculos del capitán Martínez Crespo con Guerreros Unidos.

El objetivo del ataque, señalan los informes, era detener los autobuses en que viajaban los estudiantes, quienes no sabían que algunos de esos camiones eran usados para el tráfico de goma de opio desde Guerrero hasta Chicago, ni que autoridades de distintos los niveles de gobierno estaban involucradas en dicha operación internacional.

Para lograr tal objetivo, se ordenó un despliegue tanto de fuerzas de seguridad pública como del crimen organizado con el fin de controlar un radio aproximado de 60 kilómetros. Policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula participaron en este operativo. Se documentó la presencia de policías federales en la zona y el GIEI ha confirmado que el ejército –a través de los batallones 27 de la 35, Zona Militar del Batallón 41, del Batallón 50,  de la 35 zona militar, y de la Región Central México DN-1– tuvo conocimiento en cada minuto de lo que ocurría. 

El ejército, además, mantenía operaciones de vigilancia permanente sobre los normalistas: al menos Julio César López uno de los estudiantes desaparecidos era un soldado en activo infiltrado en la escuela.

Todo esto de acuerdo al informe de la CoVAJ, a las indagatorias de la UEILCA y las investigaciones del GIEI. A diferencia de la “verdad histórica” del ex-procurador Jesús Murillo Karam –que aseguraba que los 43 fueron desaparecidos en un sólo punto, en el basurero de Cocula– hoy se presume que los estudiantes fueron capturados por distintos actores y separados en, al menos, tres grupos con tres destinos finales. 

Los informes coinciden en que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se intentó cerrar el caso de manera precipitada y definitiva para ocultar la verdad. Esta es la razón por la cual Jesús Murillo Karam enfrenta cargos penales por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia y otros. Por estas mismas acusaciones, Tomás Zerón de Lucio –el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)– de la Procuraduría General de la República (PGR), permanece prófugo. 

Pero la justicia es lenta y atropellada.

–El tiempo transcurre inexorable –decía Belén Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava, durante el mitin del 26 de septiembre–. Los días de esta administración gubernamental se agotan y nuestro caso se empata en un lodazal de manoteos, zancadillas y golpes por debajo de la mesa entre una y otra institución.

Es cierto. Los informes de cada organismo se han presentado en medio de fuertes tensiones institucionales: la desarticulación de la UEILCA por parte de la Fiscalía General de la República y la posterior renuncia del fiscal especial –hoy sustituido por Rosendo Gómez, un fiscal más cercano al presidente que a las familias– ayuda a entender todo lo que está en juego.

El GIEI acusó en su momento que se buscaba desarticular a la Unidad Especial por atreverse a judicializar a miembros del Ejército y “a funcionarios del Centro de Inteligencia que hacían parte del grupo de personas que se habían identificado como presuntos torturadores”.

–Las personas que llegan a la unidad para hacer este cambio no solamente habían intervenido –acusó Ángela Buitrago–. Algunas de ellas estaban siendo investigadas por la misma en posibles actividades de tortura.

Guachos asesinos

A ocho años, las madres y padres están hartos de las mismas preguntas y de repetir los mismos discursos. Incluso al interior de la normal es difícil entrevistarlos. Aceptan charlar porque saben que es inevitable aunque después de ocho años de tocar todas las puertas necesarias, rodearse de organizaciones y periodistas de manera casi permanente, al día de hoy sólo quieren encontrar a sus hijos y, hasta que eso no ocurra, la historia sigue abierta.

Aquel mismo miércoles en que visité las instalaciones de Ayotzinapa, viajé rumbo a la ciudad de Iguala en un autobús lleno de activistas, defensores de derechos humanos y reporteros y normalistas. A bordo también iban algunas de las madres y padres de los 43. Recuerdo cómo su semblante se ensombrecía conforme avanzábamos por Mezcala, Sábana Grande, Zacacoyuca.. Otra vez estaban allí: recreando el mismo camino que siguieron sus hijos aquella noche, a bordo de autobuses como el que esa tarde nos transportaba.

Emiliano Navarrete, Don Clemente Rodríguez, Hilda Hernández, Mario González fijaron su mirada en el paisaje. En el Palacio de Justicia donde sus hijos fueron interceptados por la policía municipal, golpeados y detenidos; luego en la calle Juan N. Álvarez, donde patrullas municipales y federales comenzaron a perseguir e intentar atropellar a quienes lograron escapar; en la colonia 24 de Febrero a lo lejos, donde otros normalistas serían perseguidos a tiros. Y la entrada al Batallón 27, ahora nombrado Campo Militar 35 “General de División Agustin de Iturbide”. 

–No creemos en la verdad histórica –repite Joaquina García, madre de Martín Getsemaní Sánchez García con las instalaciones militares al fondo–. Queremos saber científicamente qué paso con nuestros hijos.

El mitin terminó con fuego. Convencidos de que los militares de este batallón tuvieron responsabilidad directa en la desaparición de sus compañeros, los normalistas desbloquearon el acceso al campo militar. Volaron petardos. Algunos estudiantes lograron empujar un camión repartidor y con él, invadieron el cuartel.

–¡Guachos asesinos! –gritaban mientras el camión ardía.