Entre 1985 y 2022, más de medio millón de personas que recibieron entrenamiento militar volvieron a las calles sin que exista algún mecanismo de seguimiento y control. Exmilitares entrevistados por Corriente Alterna cuentan cómo enfrentan al desempleo, la precarización y las ofertas de incorporarse al crimen organizado.
Ya no escucha más el toque de diana que le indicaba el momento de despertar. Mario dejó de ser militar.
“Dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas es un reto muy grande cuando uno está muy arraigado a su trabajo”, cuenta Mario, de 29 años a Corriente Alterna. A petición propia se omite su apellido para proteger su identidad.
Para Mario, adaptarse a la vida civil y encontrar trabajo ha sido un desafío que enfrentó de manera solitaria, sin apoyo de las autoridades, al igual que más de medio millón de personas que dejaron el Ejército desde 1985 a septiembre de 2022, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante cerca de cuatro décadas, 520 mil 58 elementos del Ejército dejaron su puesto. De este total, cerca de 395 mil desertaron, 82 mil lo hicieron por solicitud de baja voluntaria, 14 mil por “mala conducta” y a otros 28 mil les rescindieron contrato.
La cantidad de personas que dejaron el Ejército en 37 años es 314% superior al número de uniformados con los que cuentan el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos: 165,454 “efectivos reales”, a julio de 2020.
Al cruzar las puertas de los cuarteles desaparecen de la vista del Estado. No existen registros sobre su destino. Algunos especialistas advierten dificultades en su reincorporación al mercado laboral que van desde la precariedad de las alternativas de trabajo hasta la discriminación y el riesgo de incursión en el crimen organizado.
Buscados por el crimen organizado
En 2018, tras dejar el Ejército, a Mario le ofrecieron ganar 7 mil pesos quincenales por incorporarse a las filas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que solicitaba personal armado en los municipios de Orizaba, Veracruz y Xalapa.
Sin embargo, no fueron las únicas ofertas; también pequeños grupos radicados en el estado de Puebla, como las autodefensas de Cañada Morelos, se acercaron a él. De acuerdo con Mario, en ese municipio aledaño al “Triángulo Rojo” la policía municipal está rebasada.
El monto que le ofrecieron a cambio de formar parte de las filas del crimen se asemeja mucho al salario que percibía en el Ejército. De acuerdo con el tabulador de percepciones salariales del personal militar, en 2022 un soldado recibe 14 mil 734 pesos brutos al mes.
Pese a que se han identificado ofertas del crimen organizado para exmilitares, no existen registros oficiales sobre el número de personas que pertenecieron al Ejército y, posteriormente, se enrolaron en actividades delictivas.
De acuerdo con David Saucedo, especialista en seguridad y consultor de programas de gobierno, esto se debe a la falta de estrategias institucionales para generar oportunidades dignas de empleo que eviten que personas con formación castrense o policial se incorporen al crimen.
“Es una carencia de la seguridad pública en México. Significa que una inversión por parte del Estado mexicano se pierde; y que, más bien, fortalece y robustece la capacidad operativa de estos grupos”.
Saucedo pone el ejemplo de expolicías y exintegrantes de las fuerzas armadas se han convertido, incluso, en narcotraficantes de “alto nivel” como Miguel Ángel Félix Gallardo, Nemesio Oseguera, “El Mencho” o el “Hummer”, quien desertó en 1994 siendo miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), cuerpo de élite del Ejército, y unos años después terminaría fundando los “Zetas”; un cártel que se nutrió de exmilitares, al menos en sus estructuras de mando.
El sueño de vestir el uniforme
Conserva su uniforme verde olivo y sus botas pixeladas, pero ya no puede portarlas.
Desde que era niño, Mario soñaba con ser militar. Fue en 2012, cuando alcanzó la mayoría de edad, que se enroló en el Campo Militar 26-A en el Lencero, Veracruz, y al hacerlo truncó sus estudios de bachillerato.
Concluido su adiestramiento básico, lo enviaron a Uruapan, Michoacán, a las “operaciones de alto impacto” ordenadas por el, entonces, presidente Felipe Calderón como parte de su estrategia de seguridad contra el narcotráfico.
Durante su servicio en el Ejército, Mario aprendió diversas técnicas de combate: individual, en terrenos abiertos y urbanos; a despejar esquinas, ventanas, y prepararse contra emboscadas. Después, como soldado de materiales de guerra, se adiestró en la reparación y mantenimiento de diversos tipos de armamento: armas cortas, largas, ametralladoras y explosivos, como equipos de mortero.
Fue un día de 2018, después de seis años de servicio, cuando Mario decidió dedicar más tiempo a su familia y solicitó su baja, sin saber el reto que estaba a punto de enfrentar en su nueva vida como civil.
Desde el arranque de la llamada “la guerra contra el narcotráfico” (diciembre 2006) hasta la fecha, fue el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) el que sumó más bajas de elementos militares: 49 mil 207; seguido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en sólo cuatro años (2018-2022) registra la salida del Ejército de 31 mil 357 soldados; mientras que en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) lo hicieron 20 mil 585.
En comparación con sus antecesores, López Obrador, a dos años de que concluya su mandato, suma más bajas por rescisión de contrato: 20 mil 52 militares. Esto, a pesar de que, durante este sexenio, se ha consolidado la participación del Ejército en actividades de seguridad pública, construcción de infraestructura civil e, incluso, resguardo de insumos médicos, como las vacunas contra covid-19.
De acuerdo con el Reglamento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son causas de rescisión de contrato el ocultar padecimientos médicos, proporcionar documentación o datos falsos y consumir estupefacientes, entre otros motivos enlistados en el artículo 42.
El mercado de trabajo para los exmilitares
Ornella Ortiz Rodríguez, socióloga y demógrafa doctorada por El Colegio de México, cuya línea de investigación se centra en el mercado de trabajo, explica algunos retos que enfrentan las personas en su búsqueda de empleo, independientemente de si cuentan o no con un antecedente militar.
La escolaridad, afirma en entrevista para Corriente Alterna, “es la variable más importante”. Cuando los filtros de ingreso al mercado laboral “se hacen más álgidos, más rudos, la precarización sólo se agudiza; se reduce el nicho de opciones para elegir dónde incorporarse”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 (ENIGH), hay una relación proporcional entre los ingresos a los que una persona puede aspirar y el nivel de escolaridad. Lo que significa que un mayor nivel de escolaridad corresponde con un ingreso superior.
Mario, que dejó la carrera militar y sólo cuenta con estudios de secundaria, puede aspirar a poco más de 6 mil pesos mensuales. Esto representaría una caída en su ingreso de casi 50%, comparado con el salario que percibía como soldado.
Por ello, Mario optó por volver a las aulas para continuar su formación escolar.
La especialista Ortiz Rodríguez afirma que el ingreso varía en función de las actividades y el sector que las requiere. No obstante, menciona tres aspectos de importancia en la noción de un trabajo: el número de horas trabajadas, el ingreso y la protección social; exponiendo, al mismo tiempo, que la informalidad en la que se encuentra empleada la población se asocia con la desprotección social.
Por lo que se refiere a los exmilitares, Ornella Ortiz apunta que podrían incorporarse al sector de la seguridad privada.
“El sector de la seguridad ha crecido y requiere vigilantes que, en ocasiones, cubren turnos extenuantes de 24 o 48 horas. Estamos hablando de personas que trabajan como guardias o en empresas de seguridad privada. El sector aprovecha este capital (de ex militares)”.
Buscar trabajo después de ser militar
En 1992, Eduardo Pérez causó baja voluntaria del Ejército; tomó su boina roja, sus alas de plata y abandonó el Campo Militar 1 A en la Ciudad de México.
A su salida, Eduardo, quien perteneciera a la Brigada de Fusileros Paracaidistas, una fuerza armada de élite, sintió tristeza por convertirse “en un número más” y ser objeto de discriminación en su búsqueda de trabajo por el hecho de haber pertenecido a la milicia.
“Es difícil adaptarse de la vida civil a la militar; pero de la militar a la civil es mucho más canijo. Me costó mucho trabajo. Mucha gente no tiene claro lo que pasaba ahí dentro. Lo que daba uno por estar ahí. Sales y no te reconocen nada”, cuenta.
En sus seis años de servicio, Eduardo afirma haber soportado golpizas, humillaciones y la pérdida de un compañero que se suicidó por la violencia del adiestramiento. Asegura que, cuando él perteneció a la milicia, los entrenamientos no se apegaban a los derechos humanos. “Ahora lo superas y lo entiendes, pero te decían que no valías nada, que no merecías el aire que respirabas”.
Su primera opción laboral fue la Policía Bancaria del Distrito Federal; pero, luego de entrar, pensó que ese trabajo no era lo suyo. Quería dejar las armas y emplearse en otra cosa. Así que fue a buscar trabajo como repartidor en una empresa comercializadora de pan.
Eduardo dice haber estado seguro de que conseguiría el empleo. Su abuelo había sido repartidor en la misma empresa y sabía que los familiares de trabajadores tenían más posibilidades para incorporarse. Pero no fue así. Al solicitar trabajo le dijeron: “No exmilitares ni expolicías”.
Ser exmilitar es uno de los tipos de discriminación laboral más usuales en América Latina. Para conseguir un empleo, además de las circunstancias de género, raza, etnicidad, discapacidad, migración, orientación e identidad sexual, haber sido militar es un factor de discriminación emergente, de acuerdo con el artículo Inclusión laboral, paz y sostenibilidad, publicado en 2017 por Paulina Millán, Florina Arredondo y José Vázquez, profesores en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Se trata de un tipo de discriminación laboral basado en el estilo de vida que se agrega, según refiere la investigación, a los de tipo religioso y de edad.
Después de peregrinar en diferentes empresas, la opción de Eduardo fue permanecer en la Policía Bancaria, donde se jubiló después de 20 años de servicio.
Ni el hecho de haber tomado cursos de archivonomía en su época militar fue suficiente para que las empresas lo tomaran.
“Tres compañeros de mi antigüedad coincidimos y nos dimos de alta en la policía. Uno se fue a la policía del Estado de México y dos nos incorporamos a la policía bancaria. Otros dos compañeros optaron por regresar a su pueblo y dedicarse a la agricultura”, cuenta Eduardo.
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, publicado por el Inegi, durante 2021 se incorporaron a instituciones de seguridad pública un total de 2 mil 813 elementos que formaban parte de otra institución de seguridad. De ellos, mil 79 procedentes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Continuar usando armas: entre las pocas alternativas de empleo
Para Alberto, otro exmilitar de 33 años, y quien también solicitó el anonimato, la situación fue distinta: se empleó temporalmente en distintos oficios hasta que un compañero le avisó que en su empresa había vacantes para el puesto de guardia de seguridad. Entonces, el exsoldado postuló al empleo.
También para el exsoldado Mario las empresas de seguridad privada fueron su alternativa de empleo.
“Cualquier soldado puede buscar trabajo en estas empresas porque el personal sabe de lo que está hablando y a lo que se va a dedicar”, asegura Mario. Además, señala que conseguir empleo no le resultó fácil, pues tuvo que entregar su currículum en distintas ocasiones hasta que una empresa decidió contratarlo.
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, realizado por el Inegi, durante 2020 las empresas de seguridad privada emplearon a un total de 137 mil 551 personas; sin embargo, se desconoce cuántas pertenecieron previamente a las Fuerzas Armadas o a alguna institución de seguridad pública.
En comparación con el año 2020, de acuerdo con este documento, durante 2021 se registró un incremento de 10.2% en el número de empresas privadas registradas en el país, pues de 5 mil 275 ascendió a 5 mil 875.
Las cinco entidades donde operan la mayoría de estas empresas son Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Baja California; y su giro se enfoca, principalmente, al rubro de la seguridad privada de bienes, de personas y el traslado de valores.
Corriente Alterna exploró diversos sitios electrónicos para la búsqueda de empleo y encontró anuncios de empresas de seguridad privada que buscan captar personal con instrucción en armas.
Por ejemplo, una vacante para “jefe de escoltas”, en la Ciudad de México, se remunera hasta con 20 mil pesos mensuales en turnos de 12 horas; para ello se solicitan específicamente exmarinos o exmilitares. Asimismo, la relativa al puesto de “custodio de valores”, igualmente en la capital del país, ofrece sueldos de alrededor de 12 mil pesos mensuales y requiere el “oficio de baja voluntaria” de una institución armada.
El contraste de Canadá y México
A diferencia de México, en Canadá existe un Consejo de Enlace de las Fuerzas Canadienses, una organización que busca otorgar opciones de integración laboral a veteranos y reservistas mediante la vinculación con empresas del sector privado a través de pasantías remuneradas.
De acuerdo con David Saucedo, el gobierno mexicano, en sus diversos niveles, no realiza un seguimiento a la transición laboral del personal que recibió instrucción en armamento, sin importar si se trata de elementos de las Fuerzas Armadas o de policías estatales o municipales.
Es más, en México no hay certeza sobre la procedencia de los elementos empleados en seguridad pública. Así lo muestra el citado Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, donde entidades de la república como Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Yucatán desconocen si el personal encargado de seguridad pública formó parte de otras instituciones de seguridad.
“Lamentablemente, no hay una estrategia, una política de seguimiento para todos aquellos que tienen un tipo de formación militar o policial y que, eventualmente, puedan integrarse a una vida civil pacífica”, comenta Saucedo, quien señala cómo el nivel educativo o el contar con un oficio puede hacer la diferencia para dejar las armas. Sin embargo, “por su formación, sus intereses y sus redes de contactos, rápidamente son localizados por el crimen organizado para que se sumen.”
Exmilitares frente al abandono institucional
La Secretaría de la Defensa Nacional ofrece a su personal prestaciones por concepto de despensa, becas para los hijos, acceso a préstamos del Banco del Ejército, posibilidad de ingreso a educación en planteles militares, la perspectiva de retirarse de la institución castrense y ser partícipe de servicios de casa hogar. Beneficios que, muy difícilmente, ofrecen los empleadores en el sector civil.
El Ejército se promociona como un proyecto de vida con posibilidad de iniciar hasta con 29 años la edad máxima para reclutarse; lo que permite que personas con estudios profesionales, en medio de la precariedad del trabajo civil, opten por ingresar a la institución armada.
Eduardo considera que, en su proceso de adaptación a la vida civil, los exmilitares deberían contar con apoyo psicológico. Sin embargo, también las personas que, como él, han alcanzado el retiro se verían beneficiadas con ese apoyo, que a la fecha no existe.
“El hecho de entrar ahí te cambia la vida, la mentalidad, hábitos, muchas cosas. El personal debe tener apoyo psicológico porque sí cuesta trabajo, no resulta fácil. Te dice: ‘Sí, te vas a descansar, y a toda madre’. No es cierto: te falta algo”, concluye Eduardo Pérez.
