La CNDH rehúye señalar al Ejército: exvisitadores

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evita señalar las violaciones más graves de derechos humanos en esta administración, particularmente en casos relacionados con el Ejército, coincidieron en entrevistas separadas los extitulares de las primera y sexta visitadurías de ese organismo, José Martínez Cruz y Édgard Sánchez Ramírez.

“Cuando empezaron a darse casos muy graves, como tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, eso llevó a una discusión [interna] porque desde la Presidencia y la Secretaría de la CNDH no se querían tocar esos asuntos”, contó Martínez Cruz en entrevista.

“Aunque finalmente se logró que se emitieran posicionamientos oficiales, siempre se hicieron con bajo perfil. Era una discusión constante, cada vez que había casos de desabasto de medicamentos, de abusos contra personas con VIH, casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Finalmente, nos acusaron de querer confrontar a Rosario Piedra (titular del organismo) con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que eso no lo iban a permitir.”

José Martínez Cruz es defensor de derechos humanos desde hace más de 40 años. En 1978 promovió la ley de amnistía que permitió la liberación de cientos de presos políticos en todo el país. Lo hizo al lado de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka y emblema del movimiento de familias de presos políticos y desaparecidos de la Guerra Sucia, una estrategia de aniquilación de grupos de oposición mediante asesinatos y desapariciones forzadas. Rosario Ibarra es madre de Jesús Piedra Ibarra, víctima de desaparición forzada desde 1974.

Ibarra de Piedra también es madre de María del Rosario Piedra Ibarra, quien es  presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde el 16 de noviembre de 2019. En aquel momento, la elección de Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH fue impugnada por grupos ciudadanos y partidos de oposición, porque pertenece al Consejo Nacional del partido Morena, cuando la ley prohibía elegir a la presidencia de la CNDH a personas con cargos de dirección en partidos políticos.

A fines de 2019, José Martínez Cruz llegó a la CNDH como director general de la Primera Visitaduría, la principal área de investigación del organismo, encargada de dar seguimiento a las denuncias de desaparición forzada; violaciones a los derechos humanos de personas menores de edad, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y víctimas de la violencia. En su oficina también estaba la investigación de casos emblemáticos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014.

Lo invitó la titular de la CNDH, Rosario Piedra y, ocho meses después, renunció.

Subordinación

“Cuando Rosario me habló –explica Martínez Cruz en entrevista–, me pidió que colaborara en el diseño e instrumentación de una CNDH autónoma, lo que implica que actúe contra cualquier autoridad que cometa una violación a los derechos humanos. Dijo, muy claramente, que no venía a la CNDH como representante de Morena [el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador], sino como víctima”.

No obstante, advierte el exvisitador, este principio de autonomía, en realidad, nunca fue respetado, ya que ello hubiera implicado cuestionar acciones y políticas de las actuales autoridades, que violan derechos humanos, como la militarización de la seguridad pública.

“La primera pelea fue porque la presidenta de la CNDH tiene la idea equivocada de que no deberían sacarse tantas recomendaciones [como se conoce a las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos realizadas por el organismo, y cuyas conclusiones no son de reconocimiento obligatorio para las autoridades responsables de estos abusos] porque de todas formas nadie les hace caso.”

Esta lógica, detalla Martínez Cruz, llegó al extremo de que proyectos de recomendación que ya estaban listos, en los cuales se documentaron  violaciones a derechos humanos cometidas durante el sexenio pasado, fueron bloqueados por la presidenta de la Comisión.

“Cuando llegamos a la CNDH –detalla– recibimos varios proyectos de recomendación ya avanzados, que requerían una reorientación porque no iban al fondo de los casos. En eso nos concentramos. Pero, cuando concluimos esas recomendaciones, a través de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH me informaron que debía olvidarme de ellas porque correspondían a la administración pasada, y que terminarlas era hacerle la chamba a los pasados funcionarios de la Comisión. Ese fue un motivo de conflicto porque, para mí, detrás de esas quejas hay víctimas a las que se debe atender; la investigación de sus casos se debe concluir, no podemos hacer como que no existen.”

Luego, la negativa a iniciar investigaciones y emitir pronunciamientos se endureció cuando las violaciones a derechos humanos denunciadas comenzaron a relacionarse con las actuales autoridades, en especial con las fuerzas armadas.

Antes de que Martínez Cruz dejara el cargo, la Primera Visitaduría concluyó un nuevo informe con conclusiones sobre el caso Iguala, que sustenta la hipótesis de la participación activa del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Ramón Isidro Burgos”.

Aunque ese informe no aporta nuevas evidencias sobre los hechos, con base en investigaciones recabadas en años anteriores, se analiza el comportamiento del 27 Batallón de Infantería durante los ataques a los normalistas, y la forma presuntamente sistemática y consciente en la que estos militares se negaron a dar auxilio a los estudiantes.

“El informe está basado en los indicios recabados por la misma CNDH [durante el sexenio pasado] y en un sinfín de reuniones que sostuve con los familiares de los normalistas –señala Martínez Cruz–. Pero, cuando pasamos el informe a la presidencia de la CNDH para su aprobación, ahí se quedó atorado, porque lo que hicimos fue un análisis histórico sobre la participación del Ejército en la represión a movimientos sociales y sobre su responsabilidad en los hechos (de Iguala). Pero la presidenta de la CNDH decidió no publicar el documento.”

Esta subordinación a las autoridades federales, advierte Martínez Cruz, “contraviene completamente la forma en la que debe llevarse la defensa de los derechos humanos; es algo totalmente contrario al objetivo que nos planteamos”.

“Yo aclaré que mi objetivo no era confrontar a la CNDH con el presidente de la República. Pero la misión de un organismo autónomo de esta naturaleza es alzar la voz cuando, quien sea, de la dependencia de gobierno que sea, comete una violación a los derechos humanos, sin importar que sean de Morena. La CNDH debe ser un órgano verdaderamente autónomo de cualquier gobierno, incluido el de Andrés Manuel López Obrador.”

Para agosto de 2020, las diferencias en torno a la conducción de la CNDH lo llevaron a separarse del organismo y a reintegrarse a las actividades de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, organización civil de la que es fundador.

“Hubo quienes me cuestionaron el haber apoyado a Rosario Piedra. Si ‘ya sabíamos lo que iba a pasar’, Pero no, no sabía. Fue una apuesta, aposté a que las cosas cambiarían, a que mejorarían, a que la CNDH, ahora sí, sería verdaderamente autónoma. Pero no.”

Un espacio para la crítica

Participante en el movimiento estudiantil de 1968, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y coordinador de las dos campañas presidenciales de Rosario Ibarra (en 1982 y 1988), Édgard Sánchez Ramírez fue otro de los luchadores sociales que se integró a la CNDH en diciembre de 2019.

Encabezó la Sexta Visitaduría del organismo, encargada de vigilar el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, hasta que en agosto presentó su renuncia junto con Martínez Cruz.

“El acuerdo de colaboración con la presidenta de la CNDH se dio con una condición: que la defensa de los derechos humanos sería a partir de la total autonomía e independencia del gobierno federal. Eso es lo que implica para nosotros la reforma de la CNDH. De eso hablaba Ponciano Arriaga en el siglo XIX, que cuando se refería a una ‘Procuraduría de los Pobres’ ponía sobre la mesa el hecho de que la justicia se aplica con un sesgo clasista, en contra de las personas pobres, marginadas, contra los indígenas, contra las mujeres. Y para eso, un organismo defensor de los derechos humanos no puede dejar de ser autónomo del gobierno y de cualquier poder. En este caso, autónomo respecto de Morena y de López Obrador.”

La autonomía, añade Sánchez, es imprescindible para defender las demandas de verdad y justicia de todas las víctimas en México, pero, especialmente, de las víctimas de los que definió como dos de los periodos de mayor crisis en materia derechos humanos en México”: la guerra sucia contra movimientos políticos de los setenta y la militarización de la seguridad pública, conocida como guerra contra el crimen organizado, iniciada en 2007 y vigente hasta la fecha.

El primer militar presuntamente vinculado con el ataque a los normalistas de Ayotzinapa fue detenido el 13 de noviembre pasado, seis años después de los hechos, sin embargo, el 16 de noviembre, las familias de los normalistas denunciaron que su captura fue por el delito delitos contra la salud, no por la desaparición forzada de sus hijos.

El problema, advierte Sánchez, es que indagar de forma autónoma las violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “choca con la postura del presidente López Obrador con relación al Ejército”. López Obrador, añade, “promueve el perdón, la memoria, incluso la reparación del daño, pero no promueve la justicia en estos casos, porque eso implicaría someter al Ejército a esa justicia por los desaparecidos de los setenta y los del presente, entre muchas otras cosas”.

Desde el inicio de su administración, destaca Sánchez, el presidente López Obrador impuso en el debate público las categorías de “liberales” para quienes apoyan su gobierno y “conservadores” para quienes lo critican. Fue por eso, recuerda, que “consideramos que la invitación a sumarnos a la CNDH era una oportunidad: en este marco de aplastamiento de opiniones críticas, si se lograba recuperar para la Comisión Nacional de los Derecho Humanos la posibilidad de convertirse en un polo legítimo para hacer señalamientos al gobierno, podríamos ofrecer a la gente la opción de expresarse, más allá del modelo liberales-conservadores”.

El intento fracasó, lamenta, “porque queda establecido que tú no puedes criticar al gobierno ni siquiera desde la CNDH. Porque si lo haces, entonces, eres conservador”.