Durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, también fue secuestrado y torturado hasta la muerte el estudiante Julio César Mondragón. Cuando su cuerpo apareció al día siguiente en un camino de terracería, le habían robado su teléfono celular.
En 2015, las autoridades federales tuvieron acceso a los registros de las comunicaciones del dispositivo. El teléfono siguió activo después de su asesinato y con él se intercambiaron mensajes con personas que se encontraban en el Campo Militar Número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ocultó el hallazgo.
Ocho años después del crimen de Iguala, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) ha vuelto a omitir esta línea de investigación en su informe presentado el 18 de agosto de 2022, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a llegar a la verdad.
Esta omisión es más notoria porque el actual secretario técnico de la Covaj, Félix Santana, reveló desde 2016 las telecomunicaciones que apuntaban al Campo Militar Número 1 a través del libro La guerra que nos ocultan (Planeta, 2016), escrito en coautoría con los periodistas Miguel Ángel Alvarado y Francisco Cruz.
En aquel tiempo, Santana asesoraba al entonces senador de Morena, Alejandro Encinas. Desde diciembre de 2018, como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Encinas actualmente encabeza la Covaj junto con Santana, como secretario técnico.
El hecho de que la Comisión presidencial oculte la pista que lleva a las instalaciones de la Sedena despierta la crítica de familiares de Julio César Mondragón. Entrevistados por Corriente Alterna, aseguran que se trata de un nuevo intento por encubrir la participación del Estado, especialmente del Ejército, en el asesinato del estudiante.
Corriente Alterna revisó el informe sin testar de la Covaj en torno al caso Mondragón; analizó, también, el registro telefónico del celular robado y entrevistó tanto a Félix Santana como a la familia de Julio César. Ésta es la historia.
La PGR eludió la pista “verde olivo”
Así comenzó el terror del caso Ayotzinapa. Por una fotografía que se viralizó en redes sociales la mañana del 27 de septiembre de 2014. La imagen mostraba el cuerpo del normalista Julio César Mondragón sobre un camino de terracería en las orillas de Iguala, Guerrero. Al estudiante lo golpearon y le fracturaron 40 huesos. Mientras se resistía a morir, le mutilaron un ojo y le desprendieron la piel del rostro.
Cuando hallaron al normalista, su celular no apareció con él. El teléfono LG L9 de color negro había sido comprado por Julio el día antes de su muerte. Se lo vendió su compañero Jorge Luis González Parral, uno de los 43 normalistas desaparecidos.
Por medio de ese dispositivo había descrito en tiempo real los ataques armados, que después serían conocidos como “la noche de Iguala”, a su pareja Marisa Mendoza. “Están disparando, amor”, fue el primer mensaje que envió. Advirtiendo el riesgo de muerte, Julio se despidió de ella y de su hija: “cuídate y cuida a mi hija, dile que la amo, bye”.
El 26 agosto de 2015, Marisa declaró ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y denunció la desaparición del celular del estudiante. Ese mismo día la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó los registros telefónicos para encontrar el aparato.
Tras la denuncia, la compañía Telcel entregó a la SEIDO una “sábana de llamadas”: El documento de 132 páginas, obtenido por Corriente Alterna, registra todos los mensajes, llamadas y uso de datos móviles del teléfono de Mondragón registrados entre julio de 2014 y septiembre de 2015 (un año después de su asesinato). Para cada comunicación se señalaron las coordenadas de la antena más cercana como una ubicación aproximada.
La “sábana” revela que el número telefónico de Julio César Mondragón recibió 12 mensajes de texto entre octubre de 2014 y abril de 2015 provenientes del Campo Militar Número 1, ubicado en Naucalpan, Estado de México, y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el sur de la Ciudad de México. Aunque se desconoce el contenido de los mensajes, todos fueron contestados por quien usaba el número del estudiante.
Esta revelación sugiere la participación de miembros del Ejército en el asesinato del normalista o, por lo menos, en la incautación de su teléfono. Otra posibilidad es que los asesinos tuvieran comunicación con integrantes de la Sedena y del Cisen.
El celular no sólo podría servir para dar con sus asesinos. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes, Julio César grabó el ataque en la calle Juan N. Álvarez, donde desaparecieron 21 normalistas. Por ello, en 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso a la PGR que se localizara el dispositivo.
La Procuraduría respondió en mayo de 2018 que no atendió esta recomendación, ya que “el último momento en que el teléfono generó información fue a las 21:23 horas del 26 de septiembre de 2014”, cuando el normalista intentó salir de Iguala. Pero la “sábana de llamadas” en posesión de la PGR muestra que el chip del aparato registró comunicaciones hasta abril de 2015, meses después de su asesinato.
La SEIDO nunca hizo público este documento. La CNDH señaló en su recomendación 15VG/2018, publicada el 28 noviembre de 2018, que la PGR no proporcionó ninguna información cuando le preguntó por las comunicaciones con el Campo Militar Número 1 y el Cisen. Es decir, las autoridades que investigaban el caso omitieron su existencia.
Aunque la CNDH recomendó investigar estas comunicaciones, a los pocos días la Procuraduría se extinguió y el caso Ayotzinapa pasó a la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras tanto, la familia de Julio César Mondragón luchaba por esclarecer los hechos al margen del Estado.
Ocho años de lucha, desgaste y resiliencia
Con el tiempo, el caso fue perdiendo reflectores de la prensa, acompañamiento de colectivos de derechos humanos y apoyo gubernamental. Hoy la familia Mondragón, de tradición normalista, resiste sola y con desgaste emocional.
“No solamente torturaron a Julio César, torturaron a toda la familia, hay tortura psicológica que el Estado sigue haciendo”, asegura Cuitláhuac Mondragón, profesor y tío del normalista, a Corriente Alterna. El desarrollo turbulento del caso los ha llevado a un estado de ansiedad constante.
Cuitláhuac cuenta que la madre del joven normalista ha decidido dejar de dar entrevistas para proteger su salud mental. “A ella se le desarrolló ansiedad generalizada. Si le empiezas a dar detalles sobre la imagen [del cuerpo del estudiante] se tapa los oídos. Está muy afectada”.
Marisa Mendoza es maestra rural en Tlaxcala. En las noches, al regresar del trabajo, ayuda a su hija con la tarea. Le preocupa la salud mental de la menor de ocho años, quien pregunta por su padre. Desde agosto de 2022 ha solicitado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atención psicológica para la hija del normalista. Quedaron de darle una solución en menos de una semana. Al cierre de esta edición sigue sin respuesta.
En el anterior sexenio, la CEAV les había provisto esta atención durante siete meses; pero dejó de hacerlo sin dar razones. Frente a la negligencia gubernamental, el caso Mondragón ha avanzado gracias a la persistencia de su familia.
Cuando se abrió la investigación en el fuero local de Guerrero, lo hizo fragmentada en tres expedientes del mismo crimen. La autopsia concluyó que la fauna local devoró la piel y ojos del estudiante después de su asesinato. Por ello, el caso se clasificó como un homicidio calificado, sin reconocer la tortura de por medio.
Inconformes con esa conclusión, los Mondragón recaudaron casi 118 mil pesos durante un año para trámites y traslados y en 2016 demostraron la tortura a Julio César con un segundo dictamen pericial elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la PGR.
Sin embargo, no se reconoció el delito de tortura en aquel año. La familia desconoce si, a la fecha, el caso sigue tipificado sólo como homicidio calificado, ya que no han podido acceder a los expedientes y darles seguimiento.
Como exigía la familia, en 2018 el caso pasó al fuero federal; pero se movió al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. La mayoría de los Mondragón viven en el Estado de México y no pueden pagar los traslados ni un abogado desde ese año.
Marisa fue representada por Sayuri Herrera Román hasta marzo de 2020, cuando la abogada asumió un cargo público en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Le fue asignado un abogado de oficio en Tamaulipas, pero los costos del viaje le han impedido conocerlo.
Entre 2015 y 2017, Alejandro Encinas, entonces senador independiente, ayudó económicamente a los Mondragón para contar con esta representación legal. Actualmente, el ahora presidente de la Comisión de Ayotzinapa ya no brinda este apoyo.
Lo que se oculta del caso Julio César Mondragón
Aunque la SEIDO nunca hizo públicas las comunicaciones del teléfono robado, éstas se conocieron gracias al entonces asesor de Alejandro Encinas, Félix Santana Ángeles, quien tuvo acceso a la “sábana de llamadas” y publicó su contenido en el libro La guerra que nos ocultan, en coautoría con los periodistas Miguel Ángel Alvarado y Francisco Cruz.
Santana provenía del partido Morena, del que había sido secretario general en el Estado de México. Desde 2018 es el secretario técnico de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), creada por el presidente López Obrador para esclarecer el crimen de Iguala.
En el libro, Santana y sus colegas revelaron que alguien extrajo el chip del teléfono del normalista para introducirlo en otro aparato y conectarse a internet desde este nuevo dispositivo, pero con la línea de Mondragón. Esto ocurrió a las 18 horas con 58 minutos del 30 de septiembre de 2014. El día anterior, el cuerpo de Julio regresó a la casa familiar en San Miguel Tecomatlán, Estado de México.
En ese momento, el ladrón se conectó desde la antena Calvario, en el suroeste de Iguala. Es la única pista que ofrece la “sábana” de la ubicación del celular de Julio y de quién robó su línea telefónica.
Esta actividad telefónica ya la había advertido el mismo Alejandro Encinas durante un debate en el Senado en 2015. Como legislador, denunció que uno de los mayores vacíos en la investigación de la PGR sobre Ayotzinapa era el caso Mondragón y que la Procuraduría debería haber identificado a la persona que se quedó con su teléfono.
En La guerra que nos ocultan los autores no identifican a las personas que se comunicaron con el teléfono del normalista, explica Miguel Ángel Alvarado a Corriente Alterna: “Temíamos que nos pudieran localizar, ya que los teléfonos podrían pertenecer a un narco o, peor, a un militar”.
No obstante, en una ocasión Alvarado y Santana llamaron a uno de esos números desde un lugar que consideraban seguro: la oficina de Alejandro Encinas. El 15 de octubre de 2015, por la noche, marcaron al último teléfono que registró comunicación desde el Campo Militar Número 1.
“Tras varios timbrazos levantaron la bocina y sólo se escuchaba una respiración relajada”, recuerda Santana en entrevista. “Después, empezó a respirar medio raro y entonces nos colgó”, cuenta Miguel Ángel. Nunca se dijo una palabra en los tres minutos que duró la llamada.
Años después, como secretario técnico, Félix Santana invitó a Miguel Ángel Alvarado a la Comisión de Ayotzinapa en sus primeros días. “Era mediados de febrero de 2019 y apenas estaban armando sus cuadros. Me dieron una oficina a las 12 del día. Félix me pidió que comenzara a sacar líneas de investigación”, señala Alvarado.
El periodista señaló que resultaba pertinente seleccionar también las líneas de investigación sobre la participación del ejército. “No, esas no”, le respondieron dos integrantes de la Comisión. “Por la noche, avisé que decidía no incorporarme y renuncié”.
Las comunicaciones que omite el informe de la Covaj
Las expectativas de los Mondragón crecieron al enterarse, a finales de 2018, que Alejandro Encinas y Félix Santana estarían al frente de la Comisión para la Verdad. Sin embargo, las omisiones sobre el teléfono de Julio César del sexenio pasado se repitieron.
El 18 de agosto de 2022, se publicó el Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, una relatoría de hechos que, hasta el momento, sustituye oficialmente a la “verdad histórica” del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sobre el asesinato de Julio César Mondragón, el documento presenta una nueva versión de los hechos e información sobre su celular con base en la “sábana de llamadas”.
La Comisión reconoce que el número telefónico del estudiante fue utilizado días después de su asesinato y que el 30 de septiembre de 2014, fecha del cambio de chip, tuvo actividad desde un dispositivo diferente.
La versión sin testar del informe señala que el dueño de ese celular es Rodolfo N. Esta persona se comunicó dos semanas antes y después de “la noche de Iguala” con dos sicarios de Guerreros Unidos: “El Gaby” y “El Choky”; este último, según la Covaj, es el presunto asesino del normalista.
La Comisión afirma que Rodolfo N también mantuvo comunicaciones directas con Eduardo N, uno de los cuatro militares relacionados con el caso Ayotzinapa que actualmente están presos en el Campo Militar Número 1, investigados por delincuencia organizada.
Sin embargo, el gobierno federal vuelve a omitir las comunicaciones con el Campo Militar Número 1 y el Cisen. Esto a pesar de que estas llamadas están registradas en la sábana que usó la Covaj para redactar su informe. La familia Mondragón afirma que la Comisión evita investigar a los militares en el asesinato de Julio César.
“Tanto Félix [Santana] como Encinas ya sabían de esta línea de investigación que apunta al Ejército. Pero, una vez que asumen su encargo, cambian de parecer”, comenta en entrevista Lenin Mondragón, hermano del estudiante.
Corriente Alterna buscó a Félix Santana para pedirle su opinión al respecto. En entrevista desde su oficina en la Secretaría de Gobernación, afirma que la Comisión está examinando la información telefónica de Julio César Mondragón, a partir de la cual logró identificar a Rodolfo N y sus comunicaciones con sicarios.
–¿Qué clase de seguimiento se le dará a esta información?
–Está por confirmarse si también existió contacto con las Fuerzas Armadas –responde Santana–. Nosotros aseguramos que las antenas donde hay contacto son las que están en el Campo Militar Número 1 y en el Cisen. Pero eso requiere ser corroborado.
–¿Cuál fue la razón por la cual las comunicaciones con el Campo Militar Número 1 y el Cisen no se mencionan en el informe de la Covaj?
–Es un informe preliminar, no es un informe total. El informe final va a tener todos estos elementos que están en revisión todavía. Se están haciendo los análisis correspondientes y sería irresponsable decir más allá de lo que nos ha constado hasta el momento.
El secretario técnico de la Comisión señaló que, a la fecha, la información relacionada con el teléfono de Mondragón sigue en manos de la SEIDO y no ha sido incorporada a la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República. Eso significa que aún no puede utilizarse en un proceso penal.
“La Fiscalía tiene que trasladar de manera integral esa información hacia la UEILCA. Con el anterior fiscal, Omar [Gómez Trejo], habíamos acordado la necesidad de judicializar los contenidos de La guerra que nos ocultan. Pero es una fase que todavía no se ha desarrollado”, concluye Santana.
La versión de la Covaj sobre Julio César Mondragón se tambalea
La Covaj, en su informe, apunta a un posible responsable del asesinato de Mondragón: Eduardo N, “El Choky”. Según la versión sin testar del documento, el supuesto sicario de Guerreros Unidos torturó al estudiante por iniciativa propia. Quería conseguir un asenso e impresionar a su jefe: “El Negro”. La identidad de este último personaje es desconocida y no se había mencionado en ninguna de las distintas investigaciones que se han desarrollado sobre el caso Ayotzinapa.
La familia de Julio no aprueba esta teoría “porque le están quitando la responsabilidad al Estado. Ya sólo la están vinculando a un sicario”, explica Lenin Mondragón.
Esta versión se basa en una serie de capturas de pantalla de supuestas conversaciones vía WhatsApp entre miembros de Guerreros Unidos. Pero éstas se enmarcan en una controversia, debido a que el pasado 31 de octubre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que no era posible confirmar la autenticidad de estas imágenes. Esto impediría que puedan considerarse como pruebas en un proceso judicial.
De las 467 capturas de pantallas utilizadas, el GIEI identificó inconsistencias en 181; como la versión de la aplicación móvil, diferencias en la forma de escritura, etcétera. Corriente Alterna solicitó una entrevista con el GIEI para saber si dentro de estas 181 capturas se encuentran aquellas relacionadas con Julio César Mondragón. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Félix Santana reconoce que las capturas no pueden judicializarse como evidencia y sostiene que eso no implica que todo el trabajo de la Covaj para esclarecer el caso Ayotzinapa carezca de sustento.
“El 10 por ciento de la investigación está configurada por estas capturas de pantalla. El 90 por ciento restante son declaraciones, testimonios, información de la Sedena, informes específicos de la FGR”, argumentó Santana.
Sin embargo, esto no sucede con Mondragón, pues al preguntar si la Covaj posee otros elementos para sostener su hipótesis, el funcionario comentó que cuentan con, al menos, dos declaraciones ministeriales que refieren la personalidad violenta de Eduardo N. “Si bien no estuvieron durante la agresión a Julio César, conocen la naturaleza de ‘El Choky’, afirmó.
Santana aseguró que ya enviaron las imágenes en formato digital a la UEILCA para que sean revisadas y determinar si pueden ser judicializadas.
Lenin Mondragón considera que el informe de la Covaj, más que ofrecer una versión de los hechos, sentencia una conclusión: “Ya están dando un veredicto de que sólo se tendría que sancionar a una sola persona, cuando nuestra exigencia es que caigan todos los actores materiales e intelectuales”.
Por otra parte, el documento reporta el fallecimiento de “El Choky” en 2016, pero la Covaj considera que podría estar vivo. “La única evidencia que se tiene es la hebilla de su pantalón. Entonces, no se tiene claridad en que esté muerto”, dijo Santana en entrevista.
Las investigaciones estancadas
Lenin Mondragón confiesa sentirse traicionado por la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa. “Considerábamos que eran nuestros aliados y que la comunicación sería más estrecha”. No obstante, los familiares de Julio César denuncian que nunca han sido convocados directamente por la Covaj para conocer avances de la investigación.
En 2020, Lenin solicitó a Alejandro Encinas copia de los expedientes. Se llegó a un acuerdo en el que el secretario técnico, Félix Santana, debía enviarles informes de los avances de las indagaciones vía WhatsApp cada mes.
“Sólo en tres ocasiones nos mandaron llamar, directamente con el secretario técnico. No aportaba nada, solamente decía que el tema era muy confidencial y no podía compartir información”, recuerda Lenin.
Santana explicó que todos los familiares del caso Ayotzinapa son convocados a través de sus abogados, pero los Mondragón no tienen uno desde 2018.
El pasado 30 de junio, el presidente López Obrador afirmó que en 2022 quedaría resuelto el caso Ayotzinapa. “Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementar”. Sin embargo, los Mondragón denuncian que el caso de Julio César está en un limbo.
Mientras su versión de los hechos se tambalea, la Comisión de la Verdad considera otros dos posibles escenarios. “Hay que consolidar estas líneas de investigación. No necesariamente están coincidiendo”, sostiene Santana.
Una de estas versiones, desarrollada por la Fiscalía General de la República, se basa en un testigo protegido identificado bajo el nombre de “Karla”. La versión sin testar del informe de la Covaj indica que “Karla”, presunto miembro de Guerreros Unidos, presenció la tortura y asesinato del estudiante a manos de tres policías estatales de Guerrero conocidos como: “El Gallo”, “El Comandante Pérez” y “La Minsa”.
Ramiro Alvarado Sánchez, “La Minsa”, y Lorenzo Bello Hernández, “El Comandante Pérez” cuentan con una orden de aprehensión desde agosto de 2022, acusados de la tortura y homicidio de Julio César, según informaron El País y Reforma. A la fecha, no han sido capturados.
Corriente Alterna descubrió, a través de información pública en Declaranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, que tanto Ramiro Alvarado como Lorenzo Bello siguieron desempeñándose como policías tras “la noche de Iguala” hasta, al menos, junio de 2022.
Así lo revelan sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de los años 2020, 2021, 2022 y los reportes de sueldos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado obtenidos para este reportaje.
La tercera versión del asesinato de Julio César fue construida por la extinta PGR, donde se señaló como culpables a Víctor Benítez Palacios “El Tilo”, David N “El Chino”, Mauro N “El Molero” y a otros ocho sicarios. Sin embargo, en 2019 un juez federal desestimó la declaración que sostiene esta versión, tras probarse que fue obtenida bajo tortura.
Ante tal panorama, los Mondragón han emprendido una investigación para indagar qué pasó realmente con Julio César. No descartan la posible participación de infiltrados del ejército en la normal de Ayotzinapa. En esta búsqueda los acompaña el periodista Miguel Ángel Alvarado.
“De pronto [los familiares] se lanzan a todo y eso es muy peligroso, pero tienen razón. Ellos dicen: ‘Bueno, si no atendemos esto, probablemente estemos dejando pasar algún tipo de pista…”, comenta Alvarado.
Diana del Ángel, autora del libro Procesos de la noche (Almadía, 2017), que también documentó el caso Mondragón, coincide con Alvarado: “Hay familiares que prefieren no ver ciertas fotos o no estar presentes en determinados procesos, porque les lastima. Pero la familia de Julio no. Por el contrario, siempre han querido saber la verdad”, recuerda.
Recuperar los ojos y el rostro de Julio César Mondragón
La pista del celular robado podría esclarecer el caso con el que comenzó Ayotzinapa. El crimen de Iguala salió a la luz con la fotografía del cuerpo —sin rostro ni ojos— de Julio César, la cual se viralizó en redes sociales la mañana siguiente.
Al día de hoy no se ha localizado este aparato ni el chip. Miguel Alvarado recuerda que marcó en 2016 al número de Julio y alguien respondió. “Era una persona que había comprado un teléfono y le habían asignado esa línea –dice–. Es decir, el número había sido dado de baja y puesto de nuevo en circulación”.
Después de ocho años, a los Mondragón aún se les dificulta evocar el recuerdo del estudiante sin toparse con aquella imagen, en especial cuando su ánimo decae. Cuando esto pasa, prefieren rememorarlo como aquel estudiante cariñoso y crítico.
Julio César no tenía reparo en decir lo que sentía. Eso lo llevó a ser expulsado de dos normales antes de entrar a Ayotzinapa. “Nos preocupaba que era muy sobrado”, reconoce Lenin. Aun así, no desistió en su sueño de convertirse en maestro y seguir los pasos de su familia.
Marisa habla de Julio con su hija. “Ella se pone muy contenta de que no nos olvidamos de su papá. En ocasiones, lo dibuja y se imagina la familia completa de papá, mamá, ella y una hermanita; sabe que su papá es un angelito que nos protege desde el cielo”.
Además de buscar justicia, la familia rescata con determinación la memoria del estudiante a partir de lo que le arrebataron. Se agrupan actualmente bajo el colectivo “Somos los ojos y el rostro de Julio Cesar Mondragón Fontes”.
“Ya han pasado muchos años que no se habla de Julio. Lo que nos toca a nosotros como familiares es seguirlo recordando y luchando para que esto se esclarezca; porque Julio César está presente, su caso está presente”, sostiene Marisa Mendoza.
Una versión abreviada de este reportaje fue publicada en el diario El Sur de Guerrero los pasados 23 y 24 de enero.
