Luis Alberto Calleja Martínez, de 25 años, y otros dos jóvenes fueron desaparecidos en Poza Rica, Veracruz, en 2010. Su madre, Noemí, logró dar con dos policías federales que participaron en la privación de la libertad, aunque actualmente uno se encuentra prófugo. Su caso destaca por ser de los pocos donde hay sentencias; pero, también, porque forma parte de una ola de desapariciones entre 2010 y 2012 en una pequeña avenida.
El 18 de septiembre de 2010, Luis Alberto Calleja Martínez, Roberto Carlos Martínez Martínez y René Rodríguez Pérez, salieron a convivir al bar “Don Gabino”. René, cuñado de Luis Alberto, había llegado de visita a la ciudad petrolera de Poza Rica, Veracruz, procedente de Reynosa, Tamaulipas.
Aquel sábado, Luis Alberto, de entonces 25 años, trabajador de Petróleos Mexicanos y padre de dos niños y una niña, dudó en salir. Se lo externó a su madre. Al final, decidió pedir permiso en el trabajo para acompañar a la familia de su esposa y convivir un poco.
Pero aquella noche, según atestiguaron las parejas de los muchachos, los tres fueron “intervenidos” afuera del local por elementos de la Policía Intermunicipal —que operaba en Papantla, Tihuatlán y Poza Rica, y que fue extinta en 2015—, quienes a su vez los habrían entregado a otro vehículo con elementos de la policía federal vestidos de civil. Desde entonces los tres se encuentran desaparecidos.
Noemí Martínez Martagón, madre de Luis Alberto, relata vía telefónica aquella escena a 12 años de la desaparición de su hijo. Autoexiliada —su familia y ella salieron de Poza Rica por temor a represalias—, con kilómetros a cuesta de búsqueda en campo y una sensación de justicia a medias, Noemí le dice a Corriente Alterna que, a estas alturas, “nosotros queremos encontrar nuestro hijo, así como Dios nos lo mande”.
Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, el año 2021, ya durante el mandato del actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024), ha sido el que cuenta con más registros de desapariciones en la entidad. Sin embargo, lo cierto es que buena parte de las desapariciones en el estado tienen ya más de una década.
De las 5,408 personas registradas como desaparecidas entre el primero de enero del año 2000 y el 14 de septiembre de 2022, 943 se cometieron entre 2000 y 2012. Es decir, casi uno de cada cinco casos de desapariciones en Veracruz tiene más de diez años o los cumplirán este año. Son casos de larga data.
En su búsqueda de respuestas, Noemí explica que ha llegado a pensar que la decisión de su hijo y sus amigos de trasladarse en un vehículo con placas de Tamaulipas pudo ser el detonante para que fueran “intervenidos” por elementos de la Policía Intermunicipal, pues señala que, en ese entonces, la presencia de grupos delictivos con rivalidades en la región era muy intensa y la colusión de la autoridades, un secreto a voces.
—Luis Alberto tenía 24 años, era muy trabajador y se debía a su familia, a sus tres hijos y su esposa —describe Noemí Martínez a su hijo.
Pero en los 2.64 kilómetros de casas, comercios y supermercados que comprenden la avenida 20 de Noviembre, en la zona centro de Poza Rica, las desapariciones han sido recurrentes y los jóvenes, los más afectados. En mayo de 2011, meses antes de la desaparición de Luis Alberto y sus acompañantes, Iván Castillo, de 17 años, también fue “intervenido” por la Policía Intermunicipal y posteriormente desaparecido, como lo ha denunciado su madre, Maricel Torres, otra líder de colectivos de búsqueda.
Noemí asegura que en esa avenida las desapariciones llegarían hasta la veintena. Aquellos jóvenes son conocidos en Poza Rica como “los desaparecidos de la 20”. Y de todos los casos, el de Luis Alberto es el único por el que dos personas han sido sentenciadas por privación ilegal de la libertad: Víctor Manuel del Ángel García, quien purga una condena de 37 años en una prisión de Oaxaca, y Antonio “N”, con paradero desconocido y una orden de reaprehensión.
Los dos eran policías federales en activo.
Justicia a medias
“Te hemos citado porque se te acusa de secuestro”, le dijeron sus superiores a uno de los policías federales que participaron en la desaparición de Luis Alberto y los otros dos jóvenes.
Las palabras las repite Noemí, al recordar el careo con el policía detenido a través de un cristal por el que ella lo podía observar, pero no podía ser vista por él. Tras el cristal, Noemí vio el fruto del esfuerzo de su familia. Su investigación —que explica como un trabajo de búsqueda en campo, entrevistas y revisión de redes sociales— logró lo que la autoridad no pudo: encontrar a los responsables de la desaparición de los tres jóvenes de la avenida 20 de noviembre.
El teléfono móvil sería la prueba contundente, cuenta Noemí, pues en él se hallaron mensajes y llamadas que lo vinculaban con personas que ejercían actividades delictivas en la región. El caso lo llevó la, entonces, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR). Para enero de 2011 se libró la orden de aprehensión contra los dos policías y, casi un año después, el proceso derivó en la sentencia de 37 años a Antonio “N” y de 39 a Víctor del Ángel.
De acuerdo con el RNPDNO, en los últimos 22 años Poza Rica reclama la ausencia de 183 personas desaparecidas y se ubica como el sexto municipio veracruzano, de los 212, con mayor incidencia de desaparecidos.
En el caso particular de Poza Rica, nunca hubo tantos desaparecidos como en 2010 y 2011, cuando fueron desaparecidas 16 y 40 personas, respectivamente. Según la base de datos del Registro Nacional, ocho de cada diez personas desaparecidas en esos dos años eran hombres, y los rangos de edad oscilaban, por lo general, entre los 15 y los 34 años.
La impunidad se hizo presente
El anhelo de justicia de Noemí y su familia pareció derrumbarse en 2018 cuando el Primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, concedió la libertad a Antonio “N”. Después de siete años, las rejas se abrieron para él y, por temor a una venganza, Noemí y su familia decidieron cambiar de ciudad llevando la zozobra en sus maletas.
Aunque la detención de dos policías federales por la desaparición de un joven veracruzano es excepcional, con la liberación de uno de ellos esta lucha por la justicia padeció lo observado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe sobre su visita a México en 2021, en el que destacan que “la impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas”, así como la vulnerabilidad de las personas “que se involucran en los esfuerzos de búsqueda y justicia”.
En 2018, Noemí promovió un amparo y logró que se emitiera una orden de reaprehensión, aunque la condena se redujo a 20 años. Sin embargo, ya era tarde. El paradero del expolicía es desconocido y la familia de Luis Alberto teme que, incluso, se haya ido de México.
Mientras tanto, los tres hijos de Luis Alberto llegaron a la adolescencia. Noemí espera que sigan creyendo que su padre se fue a trabajar lejos. Pero admite que, por su activismo en redes sociales y medios de comunicación, es posible que ya sepan el porqué de la ausencia.
Noemí, como otras madres buscadoras en México, ha intentado establecer contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle el apoyo en la búsqueda por justicia y reparación del daño ante estos casos de desaparición. Se lo encontró en Poza Rica, apenas en 2022, cuando el presidente acudió a visitar las instalaciones de Pemex. Noemí logró acercarse, se tomó la foto. Le dijo de su hijo, de la liberación, de los policías involucrados.
—Me respondió que “sí, sí, sí, lo siento” —repite Noemí con amargura y agrega—: No tiene sensibilidad hacia las víctimas. ¿Tengo que ser esposa de un delincuente o tengo que ser la madre del Chapo para que nos atienda?
Pero sobre todas las cosas, aún más que justicia, lo que Noemí desea es certeza. Saber dónde está su hijo. Donde sea. Como sea.
Por lo pronto, este 18 de septiembre, en el doceavo aniversario de la desaparición de Luis Alberto, Noemí anuncia en Poza Rica el inicio de labores del colectivo “Ayuda a regresar a Luis Alberto”, que se ha integrado junto con otras dos familias de casos relacionados con la avenida 20 de noviembre y que se suma a las acciones emanadas desde la sociedad para visibilizar y exigir resultados a las autoridades.
Su primera actividad será develar un memorial en aquella avenida llena de bullicio y comercios. Donde, a principios de la década pasada, salir a divertirse o ir a comer tacos podía significar un riesgo de desaparición. El memorial incluirá el nombre de todas las personas que han desaparecido en esa vialidad.
Aunque, después, Noemí y su familia deban volver a irse de Poza Rica, está resuelta a dar con el paradero de Luis Alberto. Ha pensado, incluso, en viajar hasta Oaxaca para dialogar con Víctor Manuel del Ángel García, el otro expolicía, y preguntarle qué pasó con su hijo. Sin embargo, las autoridades le han dicho que su plan no es viable porque Del Ángel García podría “argumentar que lo han amenazado”.
Entonces, lo que queda es la pala y el pico. Salir a campo, ir a las brigadas, emprender recorridos entre cerros, pozos petroleros y ríos. A 12 años de distancia —y los que sean necesarios—, bajo el sol, pala al hombro, Noemí continúa poniéndose un sombrero blanco retacado de fotografías con el rostro sonriente de su muchacho de 25 años.
