Wendy tiene 13 años de edad y su primera menstruación ocurrió hace tres meses. “No me gustó —recuerda—, sabía que ya no era una niña”.
Desde su perspectiva, menstruar es algo íntimo. No sólo porque afecta su cuerpo y su vida, sino porque es vergonzoso. “No le quise decir a mi mamá porque pienso que es algo muy personal. No confío en ella”, relata a través de Instagram.
Para Wendy, seudónimo que escogió para la entrevista, la menstruación es el anuncio de que una niña ya puede embarazarse. Esta idea, tan equivocada en términos biológicos como arraigada en la sociedad, es avalada por la Secretaría de Salud federal. De forma cotidiana, Wendy siente miedo de mancharse la ropa porque para los demás es algo “sucio”.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen más de diez millones de niñas de entre 5 y 14 años de edad. A ellas, como a Wendy, se les educa para ocultar la menstruación.
La información divulgada en escuelas públicas sobre menstruación se reduce a cinco párrafos en el libro de quinto grado de primaria editado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se le define como la expulsión de un “desecho” a través de la vagina, acompañado de “un poco de sangre” y de “un poco de dolor”.
Se trata, instruye la SEP, sólo de un proceso orgánico durante el cual “las mujeres siguen con sus actividades cotidianas de manera normal”.
Pero la menstruación es mucho más que un fluido corporal, explica Rosario Ramírez, doctora en Ciencias Antropológicas e investigadora huésped en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Occidente, porque “más allá del cuerpo, impacta socialmente a quien le sucede y a quienes están alrededor”.
La menstruación “es un momento que nos rompe —explica la especialista—, que efectivamente nos cambia, pero ante el cual, socialmente, tenemos que estar como si no ocurriera”.
La menstruación, lamenta, sólo es abordada por las autoridades desde una óptica patológica, como una situación dolorosa y, por lo tanto, que debe atenderse desde una perspectiva médica, sin que exista una clara política pública en materia educativa, de desarrollo social, laboral e, incluso, fiscal.
En torno a la menstruación, comenta la investigadora, “nos cruza un tabú” como sociedad, que impide a las mujeres socializar el tema. Este tabú dificulta medir y atender las desigualdades que atraviesan los cuerpos de las mujeres.
En México, por ejemplo, los enseres de gestión menstrual —como toallas, tampones, pantiprotectores, compresas o copas— no son reconocidos como productos de primera necesidad ni están dentro de la canasta básica. Por ello, las mujeres deben adquirirlos con un sobreprecio de 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Paradójicamente, quien compra lingotes de oro al mayoreo queda exento del pago de IVA. Pero quien compra una toalla menstrual, no.
Impuesto por menstruar
En promedio, una persona que menstrúa requiere 360 toallas sanitarias al año. Si comienza su etapa menstrual a los 13 años y la termina a los 50, deberá comprar más de 13 mil toallas a lo largo de ese periodo; por las que, además, deberá pagar el referido impuesto, sostiene la activista Anahí Rodríguez, integrante del colectivo civil Menstruación Digna.
Se trata, explica, de “un impuesto por menstruar, que se suma a una serie de desigualdades que enfrentan las mujeres”. Baste consignar que en el país, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 42% de la población femenil mexicana se encuentra en situación de pobreza.
Además, según el mismo organismo, sólo 52% de las mujeres tienen participación en la economía.
Es decir, continúa, que “las mujeres tenemos menos acceso al ingreso y al mercado laboral; y, pese a ello, nos ponen un impuesto por menstruar, que es algo que no podemos controlar”. Se trata, detalla, de un impuesto discriminatorio, que se cobra sólo a un sector de la población en función de su sexo. “Menstruar no es un lujo ni un privilegio, es un derecho”, subraya Rodríguez.
Los ingresos anuales que dejaría de obtener el gobierno si se derogara el cobro del IVA sobre productos de gestión menstrual ascienden a 3 mil millones de pesos, según cálculos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
“Eso es lo que pagamos las mujeres cada año de IVA por acceder a la higiene menstrual”, explica la legisladora Martha Tagle, del partido Movimiento Ciudadano.
Ese cálculo, sin embargo, no se basó en cifras reales de recaudación hacendaria sino en datos no verificados, incluidos en la Revista del Consumidor, en octubre de 2012.
Desde 2016, al menos, se ha intentado eliminar este impuesto en México, como se ha hecho en diversas partes del mundo. Ese año, a iniciativa de la entonces legisladora Angélica de la Peña (PRD), el Senado aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal la suspensión de este cobro.
La propuesta fue rechazada por el gobierno, encabezado en ese momento por Enrique Peña Nieto, pero siguió sumando adeptas, agrupadas luego en la colectiva Menstruación Digna, que congrega a activistas, organizaciones civiles, académicas y legisladoras.
En 2020, a nombre de Menstruación Digna, legisladoras aglutinadas en el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva (integrado por 19 diputadas federales) presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del IVA, para eliminar el cobro de este impuesto sobre los productos de gestión menstrual.
El 21 de octubre pasado “discutimos el paquete fiscal en la noche (en el que estaba incluida la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual) —narra la legisladora— y la reserva se aprobó; pero, a la mañana siguiente, los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo se pusieron de acuerdo y las legisladoras de estos partidos revirtieron la votación”.
“Ellos nos dijeron, un día antes de la discusión del presupuesto, que quitar el IVA no beneficiaba a las consumidoras sino a las empresas. Nosotros decíamos que buscáramos alternativas para que el beneficio fuera al consumidor final. Dijimos, entonces, que los productos de gestión menstrual se añadan a la canasta básica y se repartan en las escuelas”, cuenta en entrevista la diputada Verónica Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática.
El 30 de diciembre de 2020, 169 legisladoras y legisladores pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar si este impuesto es constitucional o, como plantea Menstruación Digna, es un cobro discriminatorio.
Si la Corte vota en este último sentido, entonces el Congreso tendrá que decidir si lo pone como tasa cero o lo exenta del IVA.
Juárez Piña considera que la exención podría prosperar pronto. Aun en el gobierno hay voces, como la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que han manifestado su simpatía por la propuesta de Menstruación Digna.
“En la Cámara de Diputados viene permeando, tenemos que convencer a la mayoría, pudiera tener eco en el siguiente presupuesto”, afirma Juárez.
Educar como acto de resistencia
Margarita, de 76 años, tuvo su primera menstruación a los 16; es decir, hace seis décadas. De entonces a la fecha, destaca, la estigmatización social, la crítica y la burla hacia las mujeres que menstrúan en México, prácticamente no han variado.
“Cuando sucedió —recuerda— se lo platiqué a la trabajadora de la panadería familiar, le dije que estaba espantadísima. Ella se empezó a reír.” En ese entonces, lamenta, “no se tenía la educación para platicar de eso”.
X, cuyo nombre se omite a petición de la entrevistada, tiene 53 años, y comenzó a menstruar 20 años después que Margarita. Para entonces, todo seguía igual.
“Fue como a los diez años —narra X —, me sentí muy desorientada porque mi mamá no me había hablado nada. No sabía qué era lo que me estaba pasando, si eso era algo normal o si estaba enferma. En la escuela siempre ha existido un tabú respecto de la menstruación: la mayoría de las niñas casi le queríamos tapar la boca al maestro (cuando hablaba del tema en clase), queríamos que los compañeros no supieran; para nosotras era incómodo.”
M tiene 28 años y su primer periodo ocurrió a los 10, cuatro décadas después que Margarita. Las cosas seguían igual. “No habían hablado conmigo, ni siquiera sabía cómo se ponía una toalla. No se hablaba del tema. Solamente se decía que dejabas de ser niña, pero yo todavía me sentía una niña. Estaba en la escuela, no le dije al maestro y me dio mucha vergüenza porque me manché. Mis compañeros y compañeras se dieron cuenta y los niños se empezaron a burlar de mí, su comentario fue ‘ji, ji, está embarazada’. Eran niños sin información.”
Luz tiene 20 años, y comenzó a menstruar hace siete, cuando cursaba la secundaria. “En 90% las veces me manchaba –narra–, para mí era horrible. Éramos solamente niñas y se me hace feo, había tanto estigma alrededor de eso, aunque a todas nos pasaba. Esa fue una fuente de inseguridad muy grande durante mucho tiempo”.
En la narrativa de la educación en México, especialmente en escuelas, la menstruación se presenta únicamente como la futura capacidad de maternar, a través de “una explicación que es lejana, distante, fría y que genera vergüenza hasta en las mismas profesoras”, advierte Carolina Ramírez, integrante del proyecto educativo Princesas Menstruantes.
En América Latina, subraya, impera un modelo pedagógico fallido, que se basa en la simple memorización de datos: “Pero la educación sobre menstruación no es una información como en qué año llegaron los españoles o cuánto es 4 por 5. Es una información que traspasa corporalidades y que está llena de tabúes”, expone.
Princesas Menstruantes ha intervenido en nueve territorios de América Latina, incluido México, donde trabajó con poblaciones educativas de Tepito.
El proyecto nació en 2015 en Colombia, con el propósito de reorientar las narrativas sociales establecidas en torno a la menstruación. Ante la inquietud de encontrar formas más amables de transitar por esta experiencia, cuatro educadoras conformaron un equipo que promueve la autonomía corporal de mujeres y niñas, y que buscan derribar los tabúes.
Más allá de una descripción biológica de la menstruación y de la discusión sobre qué insumos utilizar, explica Carolina Ramírez, se pretende un acompañamiento consciente para que las niñas crezcan con una concepción amable sobre la menstruación, mediante materiales didácticos desarrollados explícitamente con este fin.
Princesas Menstruantes, por ejemplo, ha empleado cuentos clásicos, como Blancanieves, para elaborar herramientas que fomenten la reflexión en las niñas, para cuestionar ideas limitadas y discriminatorias sobre la menstruación. Así, lanzaron el proyecto Escuela de Niñas Poderosas, en el que, a través de diez sesiones, enseñan a niñas sobre menstruación, amor propio y autogestión de la salud.
“Siempre decimos que nuestro ejercicio es académico, pero sin permiso de la academia. Lo hacemos con toda la rigurosidad, pero no vamos a pedir permiso; es una acción de rebeldía nombrarlo educación menstrual”, expone Ramírez.
Su prioridad ha sido asistir a territorios en abandono estatal, llevar la educación menstrual a comunidades periféricas, pero esto lo hacen sin apoyos públicos. Este tipo de labor, asegura Carolina, debería ser financiado por las autoridades de todas las naciones; sin embargo, está convencida de que sería un error esperar hasta que los gobiernos se decidan a elaborar planes de educación menstrual para las niñas y adolescentes.
En México, la única iniciativa legislativa que propone añadir la educación menstrual a los planes de educación básica la presentó en Michoacán el diputado local Antonio de Jesús Madríz a nombre de la colectiva Menstruación Digna, el 13 de noviembre de 2020.
A nivel federal, en junio del año pasado, la misma colectiva logró que se presentara una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, aunque no para incluir el tema en los planes de estudio sino para impulsar la gratuidad de los productos de gestión menstrual en las escuelas públicas del país.
Ninguna de las dos iniciativas ha sido votada.
Menstruación Digna calcula que, debido a los estigmas relacionados con la menstruación, es común que las niñas falten a la escuela cuatro o cinco días al mes, lo que al cabo de un ciclo escolar representa casi dos meses de ausencias.
Pobreza menstrual
Valeria, de 27 años, tuvo su primer periodo a los 11, mientras se bañaba. “Cuando salí y me cambié de ropa, mi tía le dijo a la abuela: ‘Mira, ya tenemos a una señorita’. Yo no era consciente, simplemente sentí que era un cambio en mi cuerpo. Aprendí que las cosas que sentía no se las podía contar a nadie, ni siquiera a mi mamá y a mi papá. Prefería investigar por mi parte”.
La familia, explica Thalía Luján, educadora menstrual, es el principal eje de desinformación para las niñas, por lo que ellas buscan respuestas en su entorno inmediato para saber, incluso, cómo le pueden decir a sus madres que tuvieron su primera menstruación.
Antes de la llegada de la pandemia de COVID-19 a México, Luján impartía talleres de educación menstrual a niñas y mujeres de forma presencial. Luego, con el confinamiento, mudó sus actividades a redes sociales como Instagram y Tik Tok.
“Lo valioso es que tengan un espacio para preguntar lo que necesiten y no sean juzgadas ni regañadas —dice Thalía—, porque eso pasa mucho en la familia: se tachan de negativas las dudas que pudieran tener las niñas alrededor de su ciclo menstrual”.
Efectivamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reconoce que la probabilidad de que una adolescente utilice interntet como herramienta educativa en México es de 45%.
Sin embargo, no todas las niñas tienen acceso a internet. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, del Inegi, en México sólo uno de cada cuatro hogares con niños y niñas en edad escolar está conectado a la red.
Pero gestionar la menstruación, explica la activista Anahí Rodríguez, no solamente implica tener acceso a los productos, eliminar el cobro del IVA, cambiar los planes de estudio o tener acceso a información objetiva en los hogares, también exige contar con infraestructura adecuada para poder menstruar, es decir, contar con suministro diario de agua y baño propio.
La Encuesta Nacional de los Hogares 2017 del Inegi, por ejemplo, registra que 26.7% de los hogares del país no dispone de agua, por lo que sus moradoras deben comprarla fuera de su vivienda o acarrearla de ríos o pozos.
La iniciativa impulsada por Menstruación Digna parte del concepto de “pobreza menstrual”, para explicar que no todas las mujeres se encuentran en igualdad de condiciones para gestionar su menstruación.
Por eso, para la antropóloga Rosario Ramírez, es imprescindible que nociones como “justicia” y “pobreza” sean incluidas en la discusión sobre políticas públicas relacionadas con la menstruación, pues “implica saber que no todas las mujeres vivimos nuestros procesos menstruales de la misma manera, porque nuestra circunstancia social, económica y política nos cruza también el cuerpo y nos deja formas muy particulares de vivir estos procesos”.