Una década de resistencia, 67 sentencias del Tribunal Agrario, tres asesinatos y una persona desaparecida. Desde 2011 los pobladores del ejido El Bajío, Sonora, emprendieron y ganaron juicios agrarios en contra de la minera Penmont, del empresario Alberto Baillères ―también dueño del Palacio de Hierro y GNP Seguros―. Sin embargo, ante la falta de respuestas protestaron frente a Palacio Nacional para recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador su promesa de justicia.
En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, frente al edificio donde despacha el presidente, dos lonas del color del oro exhiben en letras negras:
“La mina es muerte, el desierto es vida”.
Más de 90 manifestantes llegaron en un autobús rojo desde El Bajío, un ejido ubicado entre los municipios de Caborca y Puerto Peñasco, cerca del norte del Golfo de California. El ejido se fundó en 1971 y se repobló en los noventa. Pero en 1997 llegó la minera Penmont (filial de Fresnillo PLC, del Grupo Bal), la principal productora de oro y plata en México.
Mientras la empresa habla de sostenibilidad e igualdad laboral —fue la primera empresa minera de la zona que contrató mujeres—, los ejidatarios denuncian que la minería a cielo abierto acaba con el agua, contamina con cianuro y arsénico y desplaza a las poblaciones.
Protesta por una justicia que no llega
La protesta del 10 de enero de 2022 frente a Palacio Nacional tuvo un objetivo claro: exigir el cumplimiento de las 67 sentencias ante Tribunal Agrario que el ejido El Bajío ganó en 2014 a la minera Penmont.
Las sentencias a favor de los ejidatarios implican que la minera debe desalojar el territorio, restaurar el daño ambiental de la explotación del suelo e indemnizar a los ejidatarios. Esto, “para que las tierras queden aptas para que se trabajen por los campesinos que somos”, explica en entrevista telefónica Jesús Javier Thomas González, representante legal y ejidatario de El Bajío.
En 1996 la empresa solicitó un permiso al gobierno de México para tener derecho a explotar una parte del territorio del ejido. Sin embargo, los ejidatarios comentaron que a raíz de la construcción ilegal de la mina Dipolos y parte de la mina La Herradura los ejidatarios perdieron el acceso a sus tierras.
La mina La Herradura está incrustada en el desierto. En 2020 produjo la mitad del oro del Grupo Bal. En más de 17 años se han extraído 5.5 millones de onzas de oro dispersas en rocas mucho más viejas que los dinosaurios. Desde los mapas satelitales parece un cerro más entre las dunas.
En realidad, la mina es un tajo, una serie de rampas —como las gradas de un estadio— que hurgan cientos de metros en las entrañas de la arena. Thomas González comenta que, a diferencia de las minas tradicionales, la mina a cielo abierto propicia que el agua y la tierra se contaminen más rápido con partículas tóxicas que son arrastradas por el viento y la lluvia. Sobre todo, porque la minería a cielo abierto utiliza sustancias como el cianuro, capaz de diluir metales, y altamente tóxica para el ser humano.
Pese a las victorias legales del ejido El Bajío, afirma Jesús Javier, “las demandas colectivas contra la minera no han tenido respuesta”.
También habla de la justicia pendiente para José Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, líderes del movimiento contra la minera, asesinados el 2 de mayo de 2021. También por la muerte de Raúl Ibarra de la Paz, en febrero de 2018, y la desaparición de su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
―El Tribunal no ha hecho absolutamente nada. En noviembre de 2014 quedó ya como cosa juzgada, lista para ejecutarse, pero es como si no hubiera pasado ningún día ―comenta el representante ejidal.
Entre las consignas escritas en las lonas doradas se encuentran palabras que, explica Thomas, se las dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de marzo de 2020, cuando exigieron solución a las mismas demandas de ahora: “…entonces, si ya está esta resolución, se tiene que llevar a la práctica, se tiene que concretar, se tiene que cumplir”.
En conferencia matutina del 22 de octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel dijo que su gobierno tenía la encomienda de “acabar con la corrupción y el gran aparato burocrático que existe alrededor de la procuración de justicia agraria”. Así que propuso cambios de magistrados en los Tribunales Agrarios como una renovación frente al “conservadurismo más rancio” que, según sus palabras, legalizó “los despojos, tierras ejidales, comunales, incluso terrenos nacionales”.
Después de permanecer seis horas frente a Palacio Nacional, los 97 demandantes marcharon hacia al Tribunal Superior Agrario, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí les extendieron un oficio donde el Tribunal “se compromete a darle seguimiento a su petición”.
“En estos siete años y fracción han cambiado de magistrado diez veces en el tribunal de Hermosillo. Llega uno y lo cambian. Con eso se excusan para no ejecutar, porque dicen no conocer el expediente. Lo que ahorita se exigió, y se comprometieron, es a dejarnos sólo un magistrado y ejecutar. Esperemos que cumplan”, concluye Thomas, antes de volver a Sonora.
Para los ejidatarios, la inacción del Tribunal Agrario ha propiciado no solo el incumplimiento de sus demandas sino, también, el asesinato de cuatro de sus compañeros, la desaparición de otra, el encarcelamiento de una docena más y la tortura de otros doce ejidatarios en distintas locaciones alrededor de la minera.
Nueva “fiebre del oro”
El oro está en todos lados: en los teléfonos celulares, los navegadores GPS, los hilos quirúrgicos y hasta en la comida.
El uso del oro, más allá de la joyería, ha aumentado en la industria tecnológica en cantidades de miligramos, pues es un metal capaz de moldearse en delgados alambres o láminas. Además, es un excelente conductor de electricidad y no se oxida. Al menos 10% del oro mundial se usa en la industria electrónica.
En México, el último censo económico del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de 2019, expone que la minería de oro reportó ingresos por 78 mil 620 millones de pesos. Sonora es el primer productor de oro en el país: los indicadores de la Industria Minerometalúrgica del Inegi, en agosto de 2021, registraron una producción de 2 mil 917 toneladas de oro.
Los ejidatarios de El Bajío llaman “fiebre de oro” al proceso de despojo y violencia en la región desértica, que el periodista Ángel Melgoza y su equipo registraron en el documental Tolvanera. Ahí se narra todo el conflicto legal y social del ejido; también la violencia, pues, incluso, el equipo documental fue interceptado por personas armadas durante la filmación.
Los ejidatarios dicen que cuando la tolvanera —la nube de polvo— se dispersa, llega la lluvia. También deja al descubierto un desierto con cactus tres veces más altos que un hombre: agua y vida.
No por nada, la imagen de la cuenta de Twitter del ejido El Bajío es un río que corre entre rocas. Y como epígrafe, describen su misión: “Somos una comunidad en el desierto de Sonora, México, que resiste a los despojos de Alberto Baillères”.
