“La gente muere por no tener una casa. La pandemia nos enseña eso”: damnificados del 19S

Vivir sin una casa precariza la vida hasta ponerla en riesgo. Desde el 19 de septiembre de 2017, decenas de damnificados han muerto sin alcanzar a ver sus hogares reconstruidos. Por eso, quienes han logrado regresar a sus viviendas no bajan la guardia y exigen una reconstrucción digna y transparente para todas y todos los damnificados de la Ciudad de México.

Desde la azotea del edificio 1-C, Israel Ballesteros saluda a una docena de vecinos que, en la azotea del 3-B, intentan averiguar qué ocurre con sus tinacos. Es miércoles 16 de septiembre de 2020. Esta mañana, los departamentos del 3-B amanecieron sin agua potable; además, a causa de una tubería rota, el cuarto de máquinas está completamente inundado. Los efectos del sismo del 19 de septiembre de 2017 persisten en el Multifamiliar Tlalpan, luego de tres años de protestas, bloqueos, campamentos y mesas de negociación con las autoridades. 

–Nos entregaron los edificios el 8 de febrero (de 2020) –cuenta Israel–. No había pasado una semana cuando la herrería de uno de los balcones del edificio 2-B se cayó desde el tercer piso. Fue un susto para todos. Por fortuna no hubo heridos. Pero existen normas que obligan a las constructoras a soldar esas estructuras de protección, no sólo a atornillarlas. ¿Quién supervisó todo eso? Nadie. Aquí hubo gente que murió por el sismo, personas rescatadas de los escombros. Es criminal que nos entreguen a los damnificados instalaciones en estas condiciones.

Israel Ballesteros nació y creció en este conjunto habitacional, ubicado sobre Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Sus abuelos fueron parte de la primera generación que habitó estos departamentos construidos en los años cincuenta y sus padres lo vieron crecer en estos jardines. Los terremotos de 2017 lo convirtieron en uno de los voceros del colectivo Damnificados Unidos que aglutina a damnificados de toda la Ciudad de México. Hoy, Israel comparte su vida con Francia Gutiérrez, también vocera del colectivo y, al momento del terremoto, habitante del edificio 1-C: el único edificio que se derrumbó por completo en el Multifamiliar. 

Nueve personas murieron entre los escombros de este inmueble. 18 fueron rescatadas. Después vino la burocracia, la desesperante espera: en cinco meses nada pasó. Desde septiembre hasta febrero, los vecinos tuvieron que acostumbrarse a ver los restos de su patrimonio abandonados a la intemperie, en espera de una reconstrucción que no comenzaba.

–Allí estaban nuestras cosas entre los escombros pero no podíamos acceder al inmueble –recuerda Francia–. Veíamos las cortinas escurriendo entre las piedras, las cobijas, las fotos, objetos que eran parte de nuestra identidad y que pasaron por un estado de descomposición. Era como ver un cadáver.  

Fue hasta febrero de 2019 que comenzó la demolición de la planta baja del inmueble, lo único que quedó en pie de los seis niveles y 40 departamentos. Pero desde entonces las cuentas no cuadraban. Por ejemplo, explica Israel, una primera empresa cobró alrededor de cuatro millones de pesos por demoler 336 metros cuadrados; luego, otra empresa se llevó otros dos millones por demoler los cimientos. Cuatro meses después de tomar el cargo, la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Contraloría General de la Ciudad de México investigaría el sobreprecio de las demoliciones: el precio promedio por metro cuadrado no debería superar los 550 pesos; existía un incremento de hasta el 363% en varios de los predios. 

Si bien el edificio 1-C es uno de los que menos imperfectos tiene, Francia e Israel no pueden dejar de notar que las empresas cobraron por trabajos y por cosas que no existen en su vida cotidiana. Calentadores de paso en lugar de calentadores de almacenamiento, por ejemplo. O celdas solares y sistemas de captación de agua de lluvias que no terminan de ser útiles.  Trabajos de carpintería que costaron cinco veces más que el precio de mercado. 

–Ahora ya estamos en casa –dice Israel–, pero nos enoja el lucro y el engaño. El gobierno se lava las manos diciendo que fueron los fraudes del gobierno pasado. Pero algunas de las empresas que cobraron a sobrecosto fueron “premiadas” por esta administración: se les asignaron contratos para rehabilitar otros edificios. Todo esto fue hecho con recursos públicos y hay quienes todavía no pueden regresar a casa. 

Sin base social

En el imaginario popular, se cree que el sismo del 19 de septiembre de 1985 fue un semillero de asociaciones civiles y organizaciones populares. Que ante la emergencia del sismo, la ciudadanía logró articularse de forma espontánea ante la necesidad de remover escombros y rescatar vidas. Pero David Fernández Dávalos, ex rector de la Universidad Iberoamericana y antes director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lo recuerda distinto:

–La verdad es que los Movimientos Urbanos Populares tenían años operando en la capital, no eran visibles porque los medios no les ponían atención –explica–. Ya existía la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, por ejemplo. También el Movimiento Independiente de Pedregales, gente muy organizada en la colonia Argentina y la Unión de Colonias Populares. Hasta la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre ya existía desde años antes, pero cambió de nombre tras el sismo. Quienes irrumpimos fuimos quienes ya estábamos organizados. 

La mañana del 19 de septiembre de 1985, David estaba en Huayacocotla, Veracruz. Se enteró de lo ocurrido al mediodía y decidió viajar de inmediato al Distrito Federal para ayudar en lo que se pudiera. Ya había trabajado antes con la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, apoyando en la organización para resistir los desalojos forzados de las vecindades de la zona. De aquellos días recuerda el evidente pasmo de las autoridades ante una sociedad que salía a las calles a levantar campamentos, rescatar personas atrapadas, aportar víveres, buscar desaparecidos y, después, para generar proyectos de reconstrucción. 

Fernández participó en cada una de aquellas actividades. Explica que el movimiento guerrillero de los años setenta había dado paso a un cambio de estrategia entre los militantes de izquierda; ante el asesinato y encarcelamiento de cualquier persona disidente, la prioridad dejó de ser la lucha armada y el ímpetu se invirtió en la formación de organizaciones obreras y campesinas, además del trabajo social de comunidades eclesiásticas de base, casi todo encaminado hacia la defensa de la vivienda, de la tierra y de los derechos laborales: techo, tierra y trabajo.

Treinta y dos años después, en el sismo del 2017, la sociedad civil volvió a poner el cuerpo para remover escombros y rescatar personas. Sin embargo, Fernández –quien hoy es miembro del International Council on Human Rights Policy, con sede en Ginebra, Suiza– piensa que algo cambió radicalmente. A diferencia del 85, pronto las autoridades –encabezadas por los soldados– se apoderaron de las zonas de desastre, se impidió a la sociedad civil continuar con la mayoría de las labores de rescate y se comenzó a administrar el descontento mediante créditos, financiamientos u otras alternativas. 

–Además, el 2017 encuentra una base popular desmantelada –advierte–. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas llega a la jefatura de gobierno, muchos cuadros dejan las organizaciones sociales  y se pasan al gobierno. Eso crea divisiones importantes. Luego, los restantes son absorbidos por el foxismo cuando Vicente Fox gana la presidencia. Por eso quienes se movilizan en el 2017 no son necesariamente los sectores populares sino los estudiantes, los profesionistas, los sectores medios. 

La situación actual resulta aún más complicada con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Cualquier crítica hacia el partido en turno es desactivada incluso cuando sustente una demanda justa.

–El gobierno federal asumió todas las reivindicaciones sociales en su discurso –concluye–. Pero esto es un disfraz ideológico. Sin embargo, como la gente lo cree cierto, ya no se moviliza ni se organiza. 

La reconstrucción que no llega

En el sismo del 2017, Trinidad Godínez perdió su hogar, un departamento en el sexto piso del edificio ubicado en Ámsterdam 27, en la colonia Hipódromo.

Trini ayudó a su madre a salir del departamento, corrió a la azotea del edificio para cerrar las llaves del gas y del agua; luego ayudó a cargar a una vecina en silla de ruedas hasta salir a la calle. Pensó: “regreso en unos días a mi casa”. Tres años después, este anhelo no se ha cumplido.

Las 12 familias que habitaban este edificio tuvieron que esperar 18 meses para que, en abril de 2019, las autoridades capitalinas incluyeran el inmueble en la lista de rehabilitación y firmaran un contrato para el inicio de las obras de rehabilitación.

De acuerdo al Portal para la Reconstrucción, de  los 370 inmuebles multifamiliares que serían reconstruidos o rehabilitados, sólo se han entregado noventa. De un total de siete mil 223 viviendas unifamiliares,  cuatro mil 630 siguen pendientes. Además, ninguno de los 173 edificios de ocho unidades habitacionales ha sido terminado. 

En el caso de Ámsterdam 27, la obra debió haber sido entregada en agosto de 2019, cuatro meses después; “ya cumplimos un año de retraso”, subraya Trini, de 59 años. 

–Tuvimos que esperar más de un año para que la compañía designada comenzara a trabajar, pero resulta que luego el comisionado (para la Reconstrucción en la Ciudad de México), César Cravioto, decidió que el edificio se tenía que demoler; aunque nosotros ya teníamos estudios topográficos, de mecánica de suelo, y todo indicaba que el edificio sí se podía rehabilitar.

Para defender su patrimonio, explica Trini, desde 2017 los vecinos de Ámsterdam 27 salieron en busca de la ayuda de otras familias en las mismas circunstancias. Así se integraron a Damnificados Unidos de la Ciudad de México. La organización aglutina las demandas de decenas y decenas de predios en espera de una reconstrucción digna. Que los damnificados de Tláhuac e Iztapalapa que siguen fuera de sus casas no dejen de recibir apoyo para alquileres durante la pandemia; que se acelere el proceso de aprobación del predio ubicado en Licenciado Primo de Verdad número 7; San Antonio Abad 39 urge que se tramite ya la expropiación para poder realizar la reconstrucción; y en Chihuahua 129 no se ha depositado siquiera el dinero necesario pese a que la obra tenía que haberse entregado en septiembre de 2020… y así, un largo etcétera. 

–Yo tuve que aprender cuáles eran mis derechos, porque ni siquiera eso sabía yo –dice Trini–. Aprender de empatía, aprender que si no nos unimos no vamos a poder salir adelante.

Y con ese aprendizaje en la defensa de los derechos ciudadanos, subraya: “queremos que esta experiencia quede para las próximas situaciones que se van a enfrentar. A nadie le deseo todo esto que hemos pasado, pero queremos que la Ley para la Reconstrucción sea un legado para los siguientes damnificados. No sabemos cuándo volverá a temblar, ni cuándo vuelva a haber damnificados; por eso queremos una ley que no beneficie sólo a los afectados por el sismo de 2017, sino que sea un paso adelante para apoyar a esos próximos damnificados, por el bienestar común. La lucha digna para recuperar un patrimonio y la unión es lo que nos ha dado la fortaleza”.

Damnificados: “nos han convertido en adversarios”

Habían pasado siete meses y medio, cientos de damnificados dormían aún en la calle. La única opción de reconstrucción que el gobierno capitalino les ofrecía era acceder a un crédito o construir más pisos para vender los departamentos nuevos. Luego de una asamblea multitudinaria, el 30 de mayo de 2018, los damnificados del Multifamiliar Tlalpan decidieron trasladar su campamento a la Calzada de Tlalpan y bloquear el flujo vehicular. 

El entonces jefe de gobierno, José Ramón Amieva, tuvo que acudir a la medianoche a intentar negociar, convencer. Pero la respuesta fue clara: convertir a los damnificados en deudores, construir más pisos para financiar la reconstrucción era lucrar con la tragedia. En otras palabras, “¿dónde estaban los millones que el mundo había donado para la reconstrucción?”

Reconstruir implica mucho más que volver a levantar una piedra sobre otra. Lograr que se reconstruyeran sus casas implicó, para los habitantes del Multifamiliar, aprender a gestionar masivas asambleas vecinales, negociar con autoridades, convocar conferencias de prensa, aliarse con otros movimientos, distanciarse de cualquier ánimo partidista, estudiar términos de arquitectura y seguridad estructural. Sobre todo, se tuvo que trabajar en reconocerse otra vez como una comunidad. 

–Siempre hubo un intento de aislar al colectivo, por parte de distintos funcionarios –dice Iván Martínez, vocero de Damnificados Unidos– y esto se ha acentuado. Desde que López Obrador asumió el cargo, su discurso ha sido que toda atención a una persona vulnerable será individual y directa. Eso ha desmovilizado a los colectivos, nos ha convertido en adversarios. El comisionado y la actual jefa de gobierno han participado en una campaña de descrédito contra nosotros. Que pedimos mucho, dicen, que somos unos pedinches, que todos se nos dio, que estamos en contra de la transformación. 

Actualmente existen por lo menos tres funcionarios prófugos, acusados de desviar 48 millones de pesos que debieron haberse usado para la reconstrucción durante la administración del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera: Edgar Tungüí, quien pasó de titular de la Secretaría de Obras (Sobse) a Comisionado para la Reconstrucción; Felipe de Jesús Gutiérrez, ex-secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; y Jorge Eduardo Herrera González, ex director de Construcción de Obra Civil de la Sobse. Además, otros seis funcionarios de la Secretaría de Finanzas fueron detenidos y vinculados a proceso a finales de 2019; entre ellos, destaca Enrique Takahashi, director de licitaciones de obras públicas de la Sobse, acusado de celebrar contratos fantasma en inmuebles afectados por el sismo. 

Pese a ello, Damnificados Unidos de la Ciudad de México –quienes no representan al total de damnificados de la ciudad, pero sí, probablemente, al grupo más amplio y articulado– acusan que el nuevo gobierno mira a los damnificados como un obstáculo. “Para descalificarnos, se nos acusa de pedir interfones –dice Iván–. Pero esta es una demanda de un edificio en particular: la empresa que lo rehabilitó se llevó los interfones, que ya existían; los vecinos sólo piden que los regresen”. 

El 14 de agosto pasado, Damnificados Unidos presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en contra de diferentes funcionarios de la capital. En ella se acusa al comisionado César Cravioto de revictimizarlos por declarar ante la prensa, “sin presentar prueba alguna”, que los damnificados han modificado muros en los nuevos departamentos: “intenta desprestigiarnos, pero nos revictmiza al responsabilizarnos de la tragedia que vivimos”, señaló la organización en un comunicado.

La queja también señala que, en los últimos meses, las mesas de negociación con el gobierno local han sido condicionadas a que el grupo deje de hacer manifestaciones. “Esto constituye una injustificable violación a nuestros derechos de libertad de expresión, de manifestación y de organización, así como una forma de violencia institucional”, concluyen.

“No bajamos la guardia”

A las 13 horas con 14 minutos del 19 de septiembre de 2017 Alma Guadalupe Nava acababa de salir de bañarse cuando sintió que el suelo se sacudía en su departamento del Multifamiliar Tlalpan. Se recargó contra una pared y de inmediato sintió el vértigo en la boca del estómago –“como cuando un elevador baja muy rápido”. En medio de los golpes pensó en sus vecinos que vivían en el piso de abajo y cerró los ojos de puro pánico. Sintió el impacto, la losa de su propio techo en su espalda.

–El peso me asfixiaba y me cortaba la circulación, pero nunca perdí la conciencia –cuenta Alma, tres años después–. Tenía mucho miedo porque no sabía si me iban a lograr sacar. Escuchaba que afuera decían que el gas se estaba saliendo, que se alejaran; yo pensaba: “no, por favor, no se alejen, ¿cómo me van a encontrar si se alejan?”. 

Tres horas estuvo bajo los escombros hasta que un par de policías lograron sacarla de entre las ruinas. Las lesiones pélvicas y de cadera le duelen hasta la fecha. 

Nueve personas murieron en el colapso. Además de Alma, otras 17 fueron rescatadas. En un chasquido, en pocos segundos, más de 40 familias quedaron en la calle. La gran mayoría prefirió acampar para no perder el vínculo con su patrimonio, con eso que llamaban hogar. Entre el frío, la incertidumbre y la burocracia, muchos más murieron. Al menos una docena de personas que habitaban el edificio 1-C falleció en los últimos tres años. Elizabeth, murió en un albergue por los estragos de la diabetes. Jesús, otro vecino también diabético, murió en el hospital; también la madre de Reynaldo; y la mamá de Rosenda. Y Patricia, quien murió a causa de los golpes sufridos tras de asistir a un mitin de Morena que fue reventado por porros; ella había perdido a sus dos nietos durante el sismo. 

Damnificados Unidos cuenta medio centenar de damnificados del Multifamiliar Tlalpan fallecidos desde el 19 de septiembre de 2017 a la fecha. “Estos no eran nuestros índices de mortalidad pero la vida se precariza muchísimo cuando pierdes tu vivienda”, explica Israel Ballesteros. 

En febrero pasado Alma pudo, por fin, volver a casa. Dice esas palabras con cuidado: “volver a casa”. Su casa es un departamento en el último piso del edificio 1-C, un sitio pequeño cuyas ventanas dan a los jardines centrales del Multifamiliar. El sonido de los autos corriendo por avenida Tlalpan se escucha a lo lejos. 

–Sabemos lo que esta casa significa, no sólo para nosotros sino para todos quienes acompañaron esta lucha –dice Jorge Martínez, esposo de Alma–. Toda la comunidad de damnificados se involucró al fondo en la planeación y en la negociación de cómo debía ser la reconstrucción. Hoy sabemos que sus cimientos son fuertes, difícilmente volverá a caerse. Y lo sabemos porque no fue fácil.

–Tener esta casa significa haberle ganado una pelea al gobierno –secunda Alma–. Por eso es que, aunque ya nos hayan entregado a nosotros, no bajamos la guardia. Porque hay compañeros que no han recibido nada y siguen acampando. La gente muere por no tener una casa. La pandemia nos enseñó eso, ¿no? ¿Por qué hay damnificados viviendo en la calle durante una contingencia sanitaria? No es por gusto, es porque no tienen dónde quedarse.