El 22 de agosto pasado, policías municipales de León detuvieron a 26 mujeres después de una protesta para denunciar la violencia machista ejercida por policías. De acuerdo con denuncias de mujeres detenidas y de defensores de derechos humanos, se trató de un operativo para criminalizar la protesta y dar una lección machista a las manifestantes, quienes denunciaron abuso sexual, tortura psicológica y detenciones arbitrarias.
Entre golpes y empujones, una voz de mujer grita: “Soy medio de comunicación, no me puede agredir, ¡oficial, no me agreda!”. Es Alfonsina Ávila, periodista de Zona Franca, portal de noticias de León, Guanajuato.
En el video que registra los hechos, transmitido en vivo por el portal informativo local, se puede ver a policías mujeres cuando patean a una manifestante tirada en el suelo. Al fondo se escucha una voz desesperada: “¿Por qué le pegas? ¡La están pateando!” Es la noche del 22 de agosto del 2020, a las 20:41 horas.
“Cuando me acerco a la chica que estaba siendo violentada y detenida, yo no me había dado cuenta de que cinco mujeres policías ya me tenían rodeada. Me trataron de derribar –relata Ávila– me empezaron a golpear en el estómago y en el vientre. Días después, sentí un dolor muy fuerte en la espalda baja.”
Alfonsina fue una de las 26 mujeres agredidas por la policía municipal en una marcha en el centro de León. Cuatro eran periodistas. Entre las demás había manifestantes, menores de edad y transeúntes que pasaban por el lugar.
La marcha, paradójicamente, se convocó para protestar contra las agresiones sexuales cometidas por policías municipales en contra de la joven Evelyn, en un contexto de violencias machistas contra mujeres en el estado de Guanajuato, y en México.
La
policía no me cuida
La madrugada del 14 de agosto, una joven llamada Evelyn esperaba dentro de su vehículo a un grupo de amigos, en el centro de León. Con el pretexto de una revisión para confirmar que no traía drogas, un grupo de policías municipales hombres se acercó al auto y le pidió que se desnudara. Uno le ordenó que le hiciera sexo oral.
En sus redes sociales, Evelyn denunció el
abuso sexual que vivió de parte de las autoridades estatales, por lo que la
marcha del 22 de agosto a las seis de la tarde era para exigir justicia y
atención sobre su caso.
Según cifras oficiales, de los 549 feminicidios registrados en México al mes de agosto, sólo 10 se han cometido en Guanajuato.
Sin embargo, según un informe de incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio del 2020 se registraron 276 asesinatos de mujeres en esa entidad, es decir, 27 veces más casos de los reconocidos por las autoridades.
Una
lección machista
La protesta del 22 de agosto fue convocada en redes sociales por habitantes de León, sin que existiera un grupo o colectiva específica al frente. Gracias a ello, a la manifestación acudieron mujeres de diversas procedencias, edades e ideologías.
“Fue una manifestación atípica, porque las mujeres estaban bastante molestas contra la autoridad municipal”, cuenta la reportera Alfonsina Ávila.
Pero aun con la molestia colectiva, la manifestación transcurrió pacíficamente: las mujeres cantaban y caminaban con cartulinas, gritando consignas. Algunas, acaso, aventaban polvos de colores a la policía.
“Por testimonios de los comerciantes de la zona, se supo que (antes de la protesta) había pasado la policía a avisarles que no ayudaran a las manifestantes –relata Juan Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)–. Lo que observamos es que se planificó un operativo con intención de, literalmente, dar una lección machista. Para ello, se cercaron las entradas y salidas de la plaza.”
Las agresiones y detenciones policiacas, destaca la reportera Alfonsina Ávila, comenzaron cuando la marcha avanzaba hacia el centro de León. “Pudimos documentar cómo varios policías le aplicaron una llave a una chavita y hasta que empezamos a fotografiarlos y a decir (en las transmisiones en vivo) que estaban deteniendo a las mujeres, la soltaron”. Otras mujeres, sin embargo, sí fueron detenidas por uniformados, mientras “a metros (de donde se realizaban las capturas) se ve que está el director de la policía municipal”.
A las ocho de la noche, recuerda la reportera, la manifestación concluyó y muchas de las asistentes comenzaron a organizarse para buscar a las mujeres detenidas poco antes. Fue en ese momento que comenzó la redada: “Una vez que había terminado la marcha, cuando ya se habían dispersado las mujeres y los colectivos, empezó la policía municipal a cazarlas, literal”, relata Marcela Villalobos, directora de Amnistía Internacional México, organización que ha dado acompañamiento a las víctimas del operativo.
Según los testimonios que recopiló la REDIM, “persiguieron a aquellas que trajeran la pañoleta verde (símbolo de la lucha por la legalización del aborto), incluso se llevaron a una señora con su hija porque llevaban color violeta en sus ropas (color que se usa como emblema de la lucha contra la violencia feminicida)”.
Marcela Villalobos agrega: “Una de las detenidas ni siquiera había estado en la marcha. A unas las bajaron de su vehículo, a una mamá con su hija se la llevaron de la parada del transporte público”.
Melisa Espinosa, del portal Ágora Informativa y otra de las periodistas agredidas durante el operativo, recuerda que “mientras yo estoy grabando con mi celular, un hombre policía me esposó. Sentí mucho miedo porque sé lo que hace la Policía Municipal cuando arresta gente: no la lleva directamente al centro de detención, sino que la traen paseando por la ciudad por no sé cuántas horas, la golpean y humillan”.
Tortura en camino
La Colectiva de Mujeres Contra las Violencias Machistas relata, a través de una de sus voceras, cuyo nombre se reserva por temor a represalias, que luego de la marcha “nos empezaron a llegar mensajes de que estaban cometiendo detenciones arbitrarias y nosotras nos empezamos a movilizar”. Cuenta que siguió a las patrullas porque temían que las detenidas, cuyo número se ignoraba en ese momento, fueran víctimas de desapariciones forzadas.
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Guanajuato interpuso una queja de oficio por “abuso policial luego del operativo, pero las mujeres agredidas denuncian haber sufrido violencia física, psicológica y sexual, además de que las mujeres periodistas fueron víctimas de delitos que atentan contra la libertad de expresión, explica Mónica Cruz, directora de la organización civil Las Libres.
“En el momento de la detención hubo ahorcamientos, patadas, golpes. Muchas refieren a que las golpeaban en el cuello –comparte la vocera Colectiva de Mujeres Contra la Violencia Machista– y en su trayecto hacia el Cepol, las detenidas recibieron humillaciones, insultos, amenazas, y comentario del tipo de ‘¿quieren que les traigamos a nuestros compañeros para que las desaparezcan, para que las violen?’”
Entre los actos de violencia sexual denunciados, además de las amenazas de violación, están tocamientos debajo de la ropa de las detenidas, desgarramiento de prendas de vestir y miradas lascivas.
Rapto
En total, detalló Juán Pérez, la policía de León detuvo a 23 personas en el marco de la protesta, 22 mujeres y un hombre, “el señor Eduardo, un comerciante que pretendió ayudar a las compañeras, abriéndoles su casa y su local, para que pudieran resguardarse de la policía”, pero los agentes que participaban en la redada cargaron también con él.
Cuando familiares y organizaciones civiles se congregaron fuera del centro de detención conocido como Cepol Norte, a donde fueron trasladadas las manifestantes, las autoridades se negaron a proporcionar la identidad de las personas detenidas, que permanecieron privadas de la libertad toda la noche, sin que se les fincara ningún delito.
Al día siguiente fueron consignadas ante un juez cívico por supuestas faltas administrativas. Eso, destaca Juan Pérez, “ratifica que no había intención de fincarles cargos penales, sino solamente hacer esta demostración de poder y violencia machista, como una lección”.
En un comunicado oficial, emitido el mismo 22 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que los agentes involucrados en la agresión sexual contra Evelyn serían investigados y reasignados a funciones sin contacto con la ciudadanía, pero sobre las agresiones a manifestantes ocurridas ese mismo día, y transmitidas en vivo por las reporteras que cubrían el acto, el gobierno municipal no fijó postura en su comunicado.
Tres días después, el secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, advirtió en una sesión virtual con el Club Rotario de León que que la actuación de la policía en este municipio fue correcta, ya que “no podemos volver a Guanajuato en un manifestódromo violento, como lo es la Ciudad de México”, tal como reportó el portal informativo Zona Franca.
“¿Quién dio la orden de que esa noche ser mujer fuese
considerado un delito en León? ¿Quién dio la orden de actuar con ese abuso en
el uso de la fuerza, contra mujeres que se manifiestan para exigir justicia?”,
se pregunta Marcela Villalobos, de Amnistía Internacional.
“Nosotros como organismo internacional de defensa de derechos, le hacemos a las autoridades un señalamiento puntual –subraya Villalobos–: les decimos que las seguimos observando y que vamos a estar pendientes de que esto no vuelva a suceder”.
Mónica Cruz, de Las Libres, remata: “Se tiene que llegar al
fondo del asunto, estamos en el proceso de adquirir la fortaleza para decir:
‘Esto no puede volver a pasar’, y lo tenemos que hacer para prevenir otros
actos iguales o peores. Porque si lo dejamos así, lo que vendrá será peor”.
