Es 27 de septiembre de 2014 y aún no amanece en Iguala, Guerrero, cuando las puertas del cuartel militar se abren para dejar salir un vehículo oficial con nueve soldados a bordo.
Se trata del tercer grupo de soldados que abandona las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en las últimas horas, luego de que autoridades asentadas en Iguala reprimieran a normalistas y provocaran la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
La misión de los dos primeros contingentes militares es patrullar la ciudad, según los “mensajes urgentes” con folios 22636, 22638 y 22639, emitidos por el 27 Batallón de Infantería ese mismo día. Pero el objetivo de este tercer grupo de militares es otro: el vehículo que los transporta debe abandonar Iguala y llegar al hospital militar regional de Chilpancingo, a 110 kilómetros de distancia, para que ocho de esos soldados sean sometidos a exámenes sicológicos. Así lo refiere el mensaje urgente con folio 22655.
La urgencia por practicar evaluaciones clínicas a esos ocho militares es tal, que se les envía a Chilpancingo a las 2:15 horas de la madrugada, a pesar de que el mismo 27 Batallón sabe que “en la carretera Iguala-Chilpancingo (…) se encuentran hombres armados agrediendo a los automovilistas”, como revela el mensaje urgente número 22635.
La extracción de estos militares del cuartel de Iguala, y su urgente sometimiento a exámenes psicológicos, ocurre dos horas después de que concluyeran los ataques de la noche contra los estudiantes, cuyo saldo fue 43 alumnos en condición de víctimas de desaparición forzada, y seis personas asesinadas, una de ellas muerta a golpes y desollada.
¿Quiénes son estos ocho militares? ¿Jugaron algún papel en los ataques contra los normalistas? ¿Por qué se consideró necesario practicar exámenes psicológicos a estos soldados en la madrugada del 27 de septiembre, después de las agresiones a los estudiantes? Todas son preguntas que el Ejército Mexicano oficialmente se ha negado a responder.
El ocultamiento
En junio de 2016, consultado expresamente sobre estos ocho militares sometidos a exámenes psicológicos, el Ejército emitió un informe público, donde señala que “no se localizó evidencia documental” que explicara cuáles eran las responsabilidades que cumplían estos soldados en el cuartel de Iguala, ni tampoco registros sobre su posible participación en “labores de vigilancia, inteligencia, patrullaje o cualquier otra acción emprendida a raíz de la llegada de los normalistas a Iguala, o a raíz de los ataques que los normalistas sufrieron”.
Igualmente, el Ejército se negó a informar si dichos soldados fueron dados de baja, luego de los ataques contra los normalistas.
La Sedena sólo reconoció que tras la desaparición de los 43 normalistas, 17 soldados adscritos al 27 Batallón de Infantería solicitaron su baja de forma voluntaria, y a otros 33 se les rescindió su “contrato de enganche”.
Esta no es la primera ocasión en que el Ejército niega tener cualquier tipo de información sobre aquella noche.
En febrero de 2015, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional declaró formalmente que “en los archivos de esta Secretaría no se localizó documento alguno que contenga información” sobre “oficios y documentos girados por esta entidad desde que se tuvo conocimiento del caso conocido como Ayotzinapa”.
No obstante, en la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), obran al menos cuatro partes informativos y mensajes “urgentes” emitidos por el Ejército, durante el 26 y 27 de septiembre.
En el caso de los ocho militares sometidos a exámenes psicológicos, el Ejército no sólo reportó carecer de información documental sobre ellos, sino que en los posicionamientos públicos de la Sedena sobre los ataques de Iguala, este tercer grupo de militares que salió del 27 Batallón en la madrugada del 27 de septiembre ni siquiera se menciona.
La única investigación que habla de un tercer contingente militar es, hasta la fecha, el “Informe Ayotzinapa II”, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, según el cual, un testigo que intentaba escapar de los ataques en Iguala detectó un camión militar, alrededor de las 2:00 horas del 27 de septiembre, cuando intentaba salir de la ciudad “por la montaña”, a través de un camino de terracería.
“Ahí yo vi al Ejército –destaca el testimonio recabado por el GIEI–. (Eran) como las 2 am, en sus camiones, ya con armas (…) Ya en la salida a Chilpancingo, ahí fue donde vi un camión con unos ocho o diez elementos armados.”
Desde abril de 2016, cuando el GIEI presentó su segundo informe, este equipo enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que las acciones de este tercer grupo de militares, y su salida del cuartel del 27 Batallón, “es un hecho que necesita ser esclarecido”.
Si bien el “Mensaje urgente 22655” puede explicar por qué un tercer vehículo militar fue visto saliendo de Iguala por caminos de terracería, luego de los ataques contra normalistas, todavía permanecen en la oscuridad las razones por la que los ocho militares que eran parte de ese contingente requirieron evaluaciones psicológicas.
Narrativa inconclusa
El 5 de octubre de 2015, un año y diez días después de que autoridades y miembros del crimen organizado perpetraran la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, descartó cualquier participación del Ejército en el ataque a los estudiantes, y advirtió públicamente que “querer involucrar al Ejército en esto es algo muy grave”.
Hoy, Cienfuegos está detenido en Estados Unidos, con cargos por colaborar con el crimen organizado; y a seis años de los hechos, las investigaciones tanto ministeriales como periodísticas realizadas en torno al caso Iguala, han arrojado indicios que ponen en entredicho la versión oficial sostenida durante los seis años transcurridos desde la desaparición de los normalistas, según la cual ninguna autoridad federal estuvo involucrada en los ataques, especialmente el Ejército y su 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
Esta versión oficial se mantuvo vigente hasta el pasado 26 de septiembre de 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la emisión de órdenes de captura contra militares presuntamente implicados en la desaparición de los normalistas. El presidente, sin embargo, omitió aclarar cuántos militares han sido implicados en los hechos, cuáles son sus rangos, ni cuál fue su nivel de participación.
