Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en 2010, denuncia emergencia nacional y propone una nueva ley para castigar servidores públicos omisos ante feminicidios
“Estoy incompleta. Jamás me voy a sentir bien”. Estas palabras definen el sentir permanente de Irinea Buendía desde que su hija Mariana Lima Buendía fue víctima de feminicidio, en junio de 2010. Trece años después, frente a un panorama desolador por el nivel de impunidad en el tema de los feminicidios, propone crear una ley que lleve el nombre de su hija y un nuevo delito cometido por servidores públicos: Negación de la Justicia por Razones de Género.
Tras un recorrido por la mitad del país, en 16 de los 32 estados, con la Caravana Nacional para dar a conocer la sentencia Mariana Lima, Irinea comienza con esta propuesta una nueva fase de lucha por verdad, justicia y reparación.
No sólo para su hija asesinada en Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), sino “para las más de 140 mil mujeres que han muerto –en los últimos 13 años– de forma violenta en México” y que están sin investigar como feminicidios, con indagación incorrecta y sin sanción. En la impunidad.
Con repetidas negativas para recibirla en fiscalías estatales, además del contacto directo con otras madres de mujeres asesinadas en el recorrido de la caravana, Irinea constató que la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en 2015, donde establece que “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como presuntos feminicidios y con perspectiva de género”, se desconoce o no se cumple.
“Lo que se persigue es combatir la impunidad; que no haya más casos; que haya una ley donde los ministerios públicos, peritos o los que tengan que intervenir en esos casos, sepan que los están vigilando, que exista una ley que puede llamarlos a cuentas en cualquier momento, porque así nadie se hace responsable”, afirma tajante Irinea Buendía, en entrevista con Corriente Alterna.
“Patético” pero necesario: nuevo delito
“Se trata de hacer de una sentencia, ley. Es patético, porque ésta debería ser suficiente y obligatoria a nivel nacional, pero el recorrido de doña Irinea por los estados da cuenta de que no se conoce ni se aplica y eso es muy grave”, enfatiza Pablo Navarrete, abogado y asesor en derechos humanos, que ha acompaña en el proyecto a Irinea Buendía.
La propuesta jurídica impulsada por la activista y el abogado consiste en la reforma a diversas normas legales, que se intentó entregar el 18 de julio al Congreso del Estado de México (entidad que lidera las cifras de registro oficial de feminicidios), donde no fue recibida por encontrarse en “periodo vacacional”. Por lo que la entrega se reprogramará para agosto próximo.
Se propone modificar todo el contexto normativo federal, que incluye los Códigos Penal Federal y del Edomex, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la del Edomex, con el fin de hacer obligatorios los parámetros que establece la sentencia de la SCJN de 2015.
“Permitiría la incorporación de un nuevo delito: Negación de la Justicia Por Razones de Género, que cometieran los servidores públicos responsable de investigar los crímenes de mujeres cuando incurran en corrupción, omisiones, falencias y obstrucción de justicia.
“Se trata de evidenciar una realidad lacerante, tenemos niveles de impunidad escandalosos de entre 97 y 98 por ciento (por parte de servidores públicos), podría haber de todo, pero más de mala fe y eso es terrible”, señala Navarrete, quien para llegar a esta propuesta realizó junto con Irinea Buendía revisiones minuciosas de la legislación existente.
Desde 2009, a partir del caso conocido como Campo Algodonero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obliga a México a investigar todos los casos de muertes violentas de mujeres bajo presunción de feminicidio, a lo que se suma el hecho de que, a siete años de la sentencia emitida por el Máximo Tribunal de Justicia, no se haya dado un proceso de implementación de esos protocolos en el país.
En palabras del propio Navarrete: “La única vía posible es criminalizar la omisión del cumplimiento de esa sentencia de la Suprema Corte, dada la emergencia que estamos viviendo”.
El abogado aclara a Corriente Alterna que “no hay” duplicidad de conductas delictivas en la propuesta de Ley dada a conocer, en relación con disposiciones jurídicas ya existentes.
“Por el contrario, colma una carencia de un supuesto jurídico que sucede en los hechos pero no está considerado en la legislación penal. Viene a cubrir un vacío jurídico, por eso la pertinencia de su discusión. Tenemos confianza en que así sea.
“Así habría una sanción penal para quienes, por prejuicios, no faciliten el acceso a la justicia en favor de las mujeres, el ejemplo más sencillo puede ser cuando (los mismos servidores públicos) dicen que ellas fueron las culpables de que las hayan violado, por vestirse de tal forma o porque transitaron por una calle oscura. Es una propuesta incluso novedosa, por eso queremos que quede en el Código Penal”, expresa Navarrete.
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No hay “cifras alegres” y sí subregistro de feminicidios
Desde que Mariana Lima Buendía fue asesinada por su esposo, Julio César Hernández Ballinas –entonces comandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán, en el Edomex–, caso que inicialmente fue cerrado calificando su muerte como “suicidio”, Irinea –quien hoy es reconocida activista a nivel internacional– nunca dejó de buscar justicia.
Con apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y gracias a la sentencia Mariana Lima, el caso fue reabierto para ser investigado como feminicidio. La persistencia le dio la razón a Irinea: Mariana no se suicidó.
El presunto “suicidio” fue en realidad un feminicidio. La asesinó su esposo, quien tuvo la frialdad para llamar a su madre después de matarla y decirle que su hija se había suicidado.
“El contacto con otras madres de víctimas -a su vez víctimas indirectas de un feminicidio-, todavía hace que el dolor sea más fuerte porque no alcanzamos a comprender ¿qué tienen en la cabeza esos sujetos? (los feminicidas). Vienen de una mujer, tienen hermanas, primas, amigas, tienen una esposa tal vez, tienen hijas… Yo no entiendo lo que tienen en la cabeza cuando toman la decisión de quitarle la vida a una mujer y sobre todo, en el caso de mi hija, que se casó con ella, ¿Hasta dónde llega la misoginia?”.
La vivencia de la caravana, iniciada en 2022, fortaleció en Irinea la idea de crear una propuesta de ley como la que ahora anuncia junto con Navarrete, que busca hacer efectivos los tres efectos de la sentencia referida: investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, incluidos los presuntos suicidios y accidentes; así como la sanción a servidores públicos corruptos y la reparación del daño.
Ambos coinciden en señalar que en México no se están investigando las muertes violentas de las mujeres como feminicidios y eso está incrementando de forma “alarmante” la impunidad: “Las cifras alegres del gobierno actual en relación con un registro menor de feminicidios, no existen”.
En estos 13 años, de acuerdo con datos oficiales: de las más de 140 mil muertes violentas de mujeres en México, más de 85 mil fueron por supuestos accidentes, más de 40 mil por presuntos homicidios y más de 40 mil por aparentes suicidios. Sólo el 20% del total son investigadas como feminicidios.
“De ahí vienen las ‘cifras alegres’ de que este delito ha disminuido, en contraste, la caravana encabezada por doña Irinea muestra hallazgos preocupantes, porque además tenemos un subregistro de homicidios”, destaca el abogado.
Los datos al respecto de 2015 a 2022 proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no coinciden.
Por ejemplo: en 2022 el SESNSP arroja un total de 2 mil 807 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso como tendencia nacional, mientras el INEGI reporta 3 mil 754.
“Seguimos ante una práctica sistemática para ocultar la verdadera dimensión de los feminicidios, donde estaríamos hablando de hasta 20 cada día si consideramos los que podrían estar en los rubros de muertes violentas, y que ameritaría declarar una emergencia nacional”, afirma el asesor en derechos humanos.
Por eso es importante hacer de esta sentencia, Ley, reitera Irinea: “Así, finalmente, lo hacen y lo hacen y lo vuelven a hacer, el mensaje que les siguen mandando es: pueden matar a cuantas mujeres quieran y los dejan libres. Espero que haya sensibilidad por parte de quienes tengan que autorizar (la propuesta de ley), para ponerle fin a este flagelo”.
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Dolor interminable: vivir en duelo en un país de feminicidios
A pesar de que en marzo de este año se dio a conocer la condena de 70 años de prisión para el feminicida de su hija, Irinea se mantiene en lucha por verdad y justicia para la memoria de Mariana.
Aún no es una sentencia firme para el caso, dado que hubo una apelación por parte de la defensa del feminicida, que logró ser detenido y llevado a prisión gracias a la emisión de la sentencia de la SCJN del 2015 y que sin duda constituye una referencia de acceso a la justicia en los casos de violencia feminicida en México.
En medio de este proceso falleció su esposo, Lauro Lima, y dos de sus hijos enfrentaron agresiones como presión para evitar que rindieran sus declaraciones en el proceso judicial del feminicidio de su hermana Mariana.
“Es un dolor que siempre voy a cargar. Posiblemente hay ocasiones en que yo digo que ya lo superé… Pero no es así, es un dolor, algo que lo trae uno como si estuviera grabado todo el tiempo. No voy a decir con esto que no me río, que no coma, no… Pero es algo que está ahí, dentro del alma y corazón. Presente siempre”.
Irinea Buendía no se siente bien. Nunca volverá a sentirse completa. Le faltará siempre una de sus cinco hijos e hijas. A pesar de ello, hoy levanta la voz no sólo por su hija, sino también por todas las mujeres y niñas asesinadas en este país, a partir de una propuesta construida con dolor: la Ley “Mariana Lima”.
