Bryan tiene 17 años, es hondureño y desde que tenía siete años y hasta principios de 2020 trabajó en el campo: cultivaba arroz, frijol, maíz, jitomate y cebolla. Al terminar su jornada iba a casa a comer con su mamá y pasaba el resto del día jugando futbol, pero en menos de una semana, “casi sin pensarlo”, decidió migrar con su primo en la caravana que partió el 14 de enero de Honduras.
Llegó a la frontera con México después de cuatro días, entró al país entre empujones, pero personal del Instituto Nacional de Migración lo detuvo tres horas más tarde, lo encerró en sus oficinas estatales un día y una noche, y luego fue trasladado a la Ciudad de México, a la estación migratoria Las agujas, en Iztapalapa. “Se miraba como si fuera un presidio”, pensó al llegar, con miedo.
A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas resoluciones son de aplicación obligatoria en México, determinó que “los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas y/o niños” bajo ninguna circunstancia, ni siquiera “para cautelar los fines de un proceso migratorio”, sólo en el primer semestre de 2020, cinco mil 949 menores de edad han sido ingresados en estaciones migratorias mexicanas, según los registros de la Secretaría de Gobernación (Segob), Bryan fue uno de ellos.
“La justificación del porqué privan de la libertad a las personas –explica Diana Martínez, de la International Detention Coalition– es para que no se escapen” mientras enfrentan el proceso administrativo migratorio que suele terminar con la deportación.
“La lógica de migración” que aplican las autoridades mexicanas, resalta la especialista, “es la detención y deportación” a rajatabla, sin ningún enfoque de derechos humanos, sin analizar las situaciones específicas de la niñez migrante y sin determinar cuál es la mejor forma de proteger sus intereses, que por ley deben ponderarse por encima de cualquier otra consideración.
En el caso de los niños migrantes, explica por su parte Alejandro de la Peña, coordinador del área de atención psicosocial de Sin Fronteras (institución de asistenci aprivada) la prioridad para las autoridades debería ser la identificación de sus necesidades de alojamiento, de seguridad y de refugio, pero lo que en realidad se prioriza es privarlos de la libertad para que no continúen su recorrido por territorio nacional.
En México, sin embargo, tres normativas distintas coinciden en que la migración irregular de niñas, niños y adolescentes no configura un delito, por lo que no hay razón para privarlos de su libertad (son la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de Migración y el reglamento de esta misma ley). Según esas normativas, en todos los procedimientos privará el interés superior de la niñez sobre cualquier otro principio normativo.
Pese a ello, los menores migrantes que son interceptados en su camino por autoridades mexicanas son sometidos a medidas punitivas al igual que los adultos, abunda Diana Martínez, porque “el sistema piensa que lo importante es que el niño sea extranjero. Pero no estamos hablando de un tema migratorio: estamos hablando de un tema de protección a la niñez, y lo migratorio es algo accesorio”.
Niñez migrante: reclusión disfrazada
Luego de ser detenido en Chiapas, y puesto en detención en las oficinas estatales del INM por 24 horas, sin que nadie le explicara su situación o lo que iba a suceder, Bryan fue puesto a bordo de un “bus lleno de menores”, que fueron trasladados a la capital del país, donde se ubica una de las principales estaciones de detención para migrantes del país, Las Agujas.
“Cuando llegamos nos metieron adentro, nos quitaron todo, teléfono y todo, sólo nos dejaron entrar con dos mudas y entonces nos tiraron… nos metieron… donde estaban los menores. A mí me tuvieron como cuatro días ahí encerrado”.
Bryan cuenta que cuando estuvo en la estación se sintió “bien”, no porque fuera un lugar “agradable y cómodo”, sino porque contaba con comida y algunos satisfactores que no disfrutaba en su vida cotidiana en Honduras. “Me gustaba porque sólo la pasaba durmiendo y viendo tele, pero nada más por eso… de ahí a otra cosa, pues no”.
La estación migratoria de Las Agujas, detalla Alejandro de la Peña, cuenta con un área para concentrar a niños, niñas y adolescentes, que está separada de la población adulta también recluida, pero no se trata de un espacio adecuado para retener a menores de edad. De hecho, enfatiza el especialista, ningún lugar de ninguna estación migratoria podría considerarse adecuado, ‘porque ellos no tienen que estar detenidos, así de claro”.
De acuerdo con la Ley de Migración, cuando una niña, un niño o un adolescente migrante no acompañado “sea puesto a disposición del Instituto”, éste deberá canalizarlo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) “mientras se resuelve su situación migratoria”. No obstante, las cifras reportadas por la Segob prueban que los menores de edad no son alojados de forma inmediata en albergues especializados, sino conducidos a centros de detención para migrantes adultos.
Tal como explicaron tanto Martínez como De la Peña, en la mayoría de los casos, además, las mismas disposiciones que buscan proteger la integridad familiar son aprovechadas para favorecer la privación de la libertad de menores, cuando van acompañados de sus padres, ya que la misma Ley de Migración establece que en estos casos las familias deben permanecer unidas.
En estos casos, en vez de que los núcleos familiares sean conducidos a albergues, donde los menores de edad puedan ser atendidos adecuadamente, padres, madres e hijos son recluidos en estaciones migratorias. De hecho, la Corte Interamerciana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto y sostiene que la unidad familiar no es criterio suficiente para privar de la libertad a la niñez migrante y a sus acompañantes.
No obstante, de los cinco mil 949 ingresos de menores registrados en estaciones migratorias durante el primer semestre del 2020, dos mil 638 casos correspondieron a niños, niñas y adolescentes detenidos junto con sus familias.
En 2016, el DIF y el Consejo Nacional de Población (Conapo), justificaron esta irregularidad en el trato a la niñez migrante, argumentando falta de capacidad en albergues oficiales o falta de recursos para brindarles la atención especializada que requieren, por lo que los menores de edad “suelen ser atendidos en las estaciones migratorias del INM” o en módulos especiales “los sistemas DIF han instalado dentro de dichas estaciones”. La detención, no obstante, persiste.
Para la niñez migrante, resume De la Peña, “las estaciones migratorias son lugares de encierro”.
“Digamos que si las ves, no están tan feas porque no son una jaula como las de Trump, pero lo grave es: el encierro, el estar con un montón de personas y que toda tu actividad está controlada”. Estas tres características hacen de estos lugares “una cárcel” en términos sociológicos, y el procedimiento de encierro “para un adolescente, niño, niña, o para cualquier persona, es una experiencia violenta, porque por mucho que las detenciones puedan ser conforme a derecho, por mucho que pueda ser con un trato cordial, se trata de una imposición de la voluntad de otro frente a la tuya, por medios coercitivos”.
En la misma sintonía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó en su informe 2019 sobre la Situación de las estaciones migratorias en México, que estos espacios “siguen patrones operativos de centros de reclusión penal”, como el sometimiento “a rutinas propias de centros de reinserción social, basado en un esquema de protección de la seguridad nacional en detrimento de la seguridad humana y de respeto a sus derechos humanos”.
Cuando el Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas visitó las estaciones de Tijuana, Saltillo y Monterrey en 2016, constató las “condiciones difíciles” para la niñez migrante, ya que los menores de edad “tenían que permanecer en los cuartos todo el día sin realizar ningún tipo de actividad ni salidas al aire libre”, quienes podían jugar lo hacían en lugares sucios y fríos, algunos otros vivían hacinados en espacios donde no retiraban los pañales usados y las mamás de bebés que lloraban mucho dijeron que las amenazaron con enviar a sus hijos al DIF.
Algún día desaparecerán las fonteras
Cuando Bryan salió de Honduras, su plan era llegar a la casa de su prima, que vive en Tapachula, Chiapas e instalarse ahí, “pero al final de cuentas me pasé de donde es”, dice entre risas desde la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (Cafemin); Bryan fue acreedor a una alternativa a la detención y aunque al principio no le gustaba mucho el lugar, ahora lo encuentra “bonito”.
El joven está en espera de que el gobierno mexicano le conceda la condición de refugio por razones humanitarias y cuando cuando esto ocurra, afirma, quiere irse de la Ciudad de México y trabajar en algún lugar del interior de la república, todavía no sabe a dónde. Quizá regrese a Honduras algún día, afirma, porque “me hace bastante falta mi país, mi familia”. Desde finales de enero ha convivido con personas de su edad o más jóvenes en México, y ellos le mostraron la música de Santa Fe Klan, un rapero de Guanajuato que tiene canciones que “me gustan bastante”, y de entre ellas una destaca, la que dice “yo no pierdo la esperanza de que vuelva, que esas fronteras algún día desaparezcan”.
