En 2019, un año antes de que el virus SARS-Cov-2 llegara a territorio nacional, México atravesó una crisis epidémica provocada por la expansión de un virus mortal para el que tampoco existe tratamiento: el dengue.
Ese año, el primero del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades mexicanas registraron, al menos, 157 mil “casos nuevos” de dengue. Esto representó un incremento de 411% en la incidencia de esta enfermedad de un año al otro.
Pero esa información no fue difundida entre la sociedad mexicana. Por el contrario, las autoridades epidemiológicas hicieron público un informe que solo incluye tres de cada diez casos registrados.
En 2019, además, las autoridades mexicanas —en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell— negaron la veracidad de los reportes de prensa que alertaban sobre el incremento en los casos de esta enfermedad. Los calificaron como una “campaña de desinformación” impulsada por supuestos defensores de la corrupción.
Sin embargo, informes de la misma Secretaría de Salud federal revelan que, en 2019, las autoridades mexicanas difundieron sólo una fracción de los casos de dengue detectados.
Reportes oficiales sobre el tema concluyen, además, que las pruebas de las que hablaron el presidente y el subsecretario de Salud sobre la supuesta campaña de desinformación nunca existieron.
Crisis maquillada
Para que la población mexicana pueda conocer el comportamiento del dengue e identificar las localidades con mayor incidencia, desde el año 2016 la Secretaría de Salud del gobierno federal hace público cada siete días su “Informe semanal de vigilancia epidemiológica – dengue”.
Según la edición 53-2020 de este informe, publicada en enero pasado, en el año 2019 se acumularon en México 41 mil 505 casos confirmados de dengue. Jalisco y Veracruz fueron las entidades con mayor número de casos y con mayor incremento anual: en Jalisco los casos aumentaron en 342% y en Veracruz subieron 302%.
No obstante, los reportes que cada institución de salud pública generó de manera individual, registrados en el Anuario de Morbilidad de la Dirección General de Epidemiología, incluyen, en total, 157 mil 18 “casos nuevos” de dengue registrados a lo largo de 2019: una diferencia de 115 mil 513 casos más de los inscritos en los boletines epidemiológicos que, hasta la fecha, se difunden entre la población mexicana.
Los casos ocurridos en 2019 que la Secretaría de Salud no incluye en su informe de vigilancia epidemiológica equivalen a 73.5% del total de cuadros de dengue identificados en su propio Anuario de Morbilidad.
Muertes bajo la alfombra
Los boletines oficiales sobre vigilancia epidemiológica del dengue no solo presentan irregularidades en el número total de personas enfermas. También existe un subregistro en el número de personas que fallecieron en 2019 por esta enfermedad.
Según los boletines de la Secretaría de Salud federal, en 2019 murieron 191 personas por dengue. Sin embargo, con base en certificados de defunción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta 394 muertes por dengue en 2019.
Es decir, el INEGI registra 106% más muertes por dengue de las que se aceptan en los boletines de la Secretaría de Salud para ese año.
La diferencia entre el número de muertes reconocidas por el gobierno federal, y las realmente ocurridas, se ejemplifica en Jalisco. Ahí, los boletines semanales sobre dengue de la Secretaría de Salud reconocen 20 muertes en 2019. El gobierno estatal, sin embargo, confirmó a Corriente Alterna que el número real es de 108 fallecimientos por dengue ese año.
El área encargada de elaborar esos reportes de vigilancia epidemiológica, que en 2019 incluyen cifras rasuradas, es la Dirección General de Epidemiología, adscrita a la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. La primera es dirigida por el doctor José Luis Alomía; la segunda, a cargo del doctor Hugo López-Gatell.
Ambos funcionarios son los principales encargados de la estrategia nacional de atención a la pandemia de COVID-19 en México.
Burocracia y negligencia
En 2018 se registraron en México 30 mil 431 “casos nuevos” de dengue, tal como señala el Anuario de Morbilidad. Para 2019, esa cifra se elevó a 157 mil 18 casos; es decir, cuatro veces más casos en un solo año.
Esta acelerada expansión del dengue coincidió con un hecho: en 2019, primer año de gobierno del presidente López Obrador, las autoridades federales retrasaron cinco meses la compra de los insecticidas necesarios para la campaña nacional de control del mosco aedes aegypti, que transmite los virus de dengue, zika y chikungunya.
Al ser consultado por Corriente Alterna, el gobierno estatal de Jalisco confirmó que “el gobierno federal no cumplió en tiempo y forma con los apoyos comprometidos en 2019” para la prevención del dengue.
“Debido al retraso de la federación para la entrega del insecticida”, se detalló, en 2019 la administración jalisciense debió realizar “compras con su propio presupuesto”.
Este retraso en la compra federal de insecticidas fue reportado por la prensa mexicana en junio de 2019 y, luego, en septiembre del mismo año. En ambas ocasiones la Secretaría de Salud federal minimizó tanto la tardanza en la adquisición de insecticidas, como la expansión de la epidemia.
El 5 de septiembre de 2019, de hecho, el presidente López Obrador aprovechó su conferencia mañanera para hablar del tema. Ante las denuncias de prensa sobre la epidemia de dengue, el presidente dijo que solicitó información sobre el caso y, tras analizarla, concluyó que las denuncias estaban motivadas por “el negocio, los billullos”.
En esa misma conferencia de prensa, el subsecretario López-Gatell acusó que las autoridades “hemos sido sujetos de una campaña de desinformación por parte de grupos interesados en la comercialización de los insecticidas”. Esos “grupos interesados”, afirmó el funcionario, forman parte de lo que denominó “mercados amafiados” de insumos para la salud.
Con las denuncias sobre la epidemia de dengue, aseguró el funcionario público, ese supuesto grupo amafiado “se está queriendo posicionar” para mantener “el control de las compras generales” que realizan las autoridades de salud.
Corriente Alterna solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República copia de la información que dijo poseer el presidente López Obrador el 5 de septiembre de 2019, sobre lo que él mismo denominó “el negocio” que, supuestamente, motivaba los reportajes acerca de la expansión del dengue en México.
En respuesta, el 12 de febrero de 2021, la Oficina de la Presidencia de la República se declaró en “notoria incompetencia” para aportar evidencias sobre las palabras de López Obrador.
Más tarde, el 3 de mayo 2021, la Coordinación de Asesores del Presidente respondió a Corriente Alterna que “no se localizaron documentos que contengan la información” mencionada por López Obrador en su conferencia de septiembre de 2019.
El 7 de mayo, finalmente, la Secretaría Particular del Presidente admitió que “no se localizó documento físico o legal” que respaldase las afirmaciones del presidente, sobre supuestos esquemas de corrupción en la compra de insecticidas, ni del supuesto “negocio” detrás de los reportajes de prensa sobre dengue en 2019.
Desinformación… oficial
Corriente Alterna también solicitó copia de las investigaciones realizadas por la Secretaría de Salud que, supuestamente, permitieron al organismo identificar un esquema de corrupción en la compra de insecticidas para el control del mosco que transmite el dengue, así como una “campaña de desinformación” sobre la epidemia que se enfrentaba ese año, según lo informado por el subsecretario López-Gatell en septiembre de 2019.
En respuesta oficial por escrito, la Secretaría de Salud reconoció que las pruebas de lo dicho por López-Gatell son “de carácter INEXISTENTE”. Así, en mayúsculas.
De hecho, el organismo público notificó que desconoce a qué se refirió el subsecretario de Salud cuando usó los conceptos “mercados amafiados” y compras de insumos para la salud “con dedicatoria”.
Pero el subsecretario López-Gatell dijo más cosas. Por ejemplo, que había “dos grandes grupos que se disputan el control de las compras generales”; que, en 2019, se realizaron estudios con “bases científicas” para determinar qué insecticidas eran más adecuados para controlar el mosco que transmite el dengue; que para la selección de los mejores productos se consultó a “expertos nacionales” y, también, a la Organización Panamericana de la Salud a través de “distintas reuniones de trabajo”.
Las pruebas de todas esas afirmaciones son de “carácter INEXISTENTE”, tal como reconoció la Secretaría de Salud federal.
De hecho, aun con un retraso de varios meses, en 2019 el gobierno mexicano adquirió los mismos insecticidas que ya usaba la administración anterior, a pesar de que supuestamente eran compras realizadas bajo esquemas de corrupción. Se los compró a los mismos proveedores, a través de los mismos funcionarios y mediante los mismos mecanismos de adquisición.
En abril de 2021 Corriente Alterna solicitó una entrevista a la Secretaría de Salud para que la autoridad aclarase la diferencia de 70% en los datos reportados en boletines sobre vigilancia epidemiológica y los incluidos en su Anuario de Morbilidad. La instancia federal negó la entrevista.
