Sin poder huir: violencia contra las personas con discapacidad

En México hay más de siete millones de personas con discapacidades. Sin embargo, ninguna entidad federal tiene datos acerca de la violencia de la que son víctimas. La organización internacional Human Rights Watch publicó un informe que recopila casos de violencia familiar contra personas con discapacidad en cuatro entidades. Carlos Ríos, coordinador del reporte, habló con Corriente Alterna acerca de las vulnerabilidades y necesidades de este sector de la población.

11 de agosto de 2020, Ciudad de México.– “Están prácticamente atrapados en una situación de violencia sin poder huir”. Así se encuentran miles o cientos de miles de personas con discapacidad que son violentadas por quienes deberían cuidarlos: sus propios familiares. Ninguna instancia oficial, sin embargo, se ha ocupado de medir el fenómeno. México desconoce cuántas personas con discapacidad sufren violencia doméstica, y por lo tanto carece de una política pública para atender el problema. Ello, pese a que en México seis de cada cien personas tienen alguna discapacidad; o en otras palabras, en nuestro país hay al menos 7 millones de personas con alguna discapacidad. 

Los únicos indicadores que sugieren la magnitud del problema provienen de organizaciones de la sociedad civil.

Carlos Ríos Espinosa coordinó quizá el único ejercicio profundo para conocer el fenómeno de la violencia intrafamiliar contra personas con discapacidad: “Es mejor hacerte invisible”: Violencia familiar contra personas con discapacidad en México, publicado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en junio de 2020. 

Los hallazgos del informe son contundentes: las personas con discapacidades que son víctimas de violencia familiar viven un doble aislamiento. Dependen de sus agresores para necesidades básicas, como alimentarse, vestirse e ir al baño.

Las mismas personas que les dicen que “no sirven de nada” y que “son una carga”, administran sus recursos y toman decisiones por ellos. 

En entrevista con Corriente Alterna, Carlos Ríos cuenta que están en una situación de indefensión: no pueden denunciar los maltratos porque las instituciones de justicia rechazan su autonomía y no se esfuerzan por entenderles. En las oficinas del Ministerio Público no hay intérpretes calificados y no toman declaraciones a domicilio.

HRW enfocó su reporte en Nuevo León, Oaxaca, Jalisco y la Ciudad de México. Eligió a estas entidades porque tienen los índices más altos de violencia familiar y los más bajos de denuncia en el país, de acuerdo con datos sobre población general de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), ambas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Cabe mencionar que ninguna de estas encuestas visibiliza casos de violencia contra personas con discapacidades.

La inexistencia de información federal o local sobre este fenómeno obligó a HRW a buscar testimonios en escuelas y centros de rehabilitación. Fue el caso de Olga y Javier, quienes nacieron con parálisis cerebral. Solo salen para ir a la escuela y es lo que más les emociona, pues se alejan de casa. Ambos han sido amenazados, descuidados, golpeados e insultados por sus familiares. No tienen ningún poder de decisión sobre sus vidas, aunque sean adultos y estén conscientes de la situación de violencia que viven (se cambió el nombre de las víctimas para proteger su privacidad). 

Sin acceso a la justicia

“Todos y todas las mexicanas tenemos problemas para acceder a la justicia, pero esto es especialmente grave para personas con discapacidad”, explica Carlos Ríos. “Habitualmente (las autoridades) cuestionan la capacidad de estas personas para participar en los procedimientos”. La mayoría de las veces no existe infraestructura en las instituciones jurídicas, locales y federales mexicanas para garantizar la accesibilidad  de personas con discapacidad.

Así le pasó a Isabel, mujer sorda que vive en la Ciudad de México. Fue víctima de violencia familiar, tanto de su esposo como de su suegra, durante los cinco años que duró su matrimonio. Cuando dio a luz a su hija, su suegra se aprovechó de su discapacidad auditiva y convenció al médico de ligarle las trompas uterinas, aún cuando Isabel había rechazado el procedimiento.

Después de divorciarse de su agresor, el juez le quitó la custodia de su única hija. Isabel demandó por secuestro a su exmarido y a su suegra, pero no pudo participar en ninguno de los juicios debido a la falta de intérpretes calificados en Lengua de Señas Mexicana y negligencia de los funcionarios públicos. Hoy desea tener otro hijo y no puede.

“No basta con una pensión mensual”

En México no hay suficientes políticas públicas que promuevan la inclusión y el derecho a una vida independiente de las personas con discapacidad. La instancia encargada de atender a esta población es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que depende de la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, el Conadis carece de titular desde diciembre de 2018.

El único programa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfocado en personas con discapacidad es la Pensión para el Bienestar, que consiste en una transferencia mensual de mil 310 pesos. En febrero del 2019, la Secretaría del Bienestar implementó este programa, que en mayo de 2020 se elevó a derecho constitucional. Su meta es atender a un millón de personas con discapacidad en 2020, apenas el 13% de las 7.7 millones que hay en México. 

El apoyo de mil 310 pesos mensuales no basta para cubrir sus necesidades. Como explica Carlos Ríos: “Algunos están bajo tutela o no tienen capacidad jurídica, no reciben los recursos. El dinero se le da a la familia”. 

Oscar vive en la Ciudad de Oaxaca, tiene 35 años y una fractura en la espalda le impide caminar. No se ha levantado de la cama en meses. No sale ni recibe visitas. La sala donde duerme huele a orina, pues para ir al baño usa un pañal y catéter conectado a una bolsa de plástico que su tía, su cuidadora principal, no cambia con suficiente frecuencia. 

Cuando HRW lo entrevistó, en su casa, respondía con voz baja por miedo de que sus familiares escucharan. No tiene acceso al apoyo económico que recibe del gobierno. Está bajo la tutela de su tía y ella administra su dinero.

“Se trata de proveer a las personas con discapacidad de los apoyos necesarios para que puedan decidir sobre con quién, cómo y el dónde vivir. No basta con simplemente dar una pensión mensual”, menciona Ríos Espinosa. “A muchas personas los ayuda por lo menos en algo, pero para la mayoría es insuficiente. Realmente no hay una inclusión adecuada”.

Derecho a una vida independiente

Las recomendaciones del informe giran en torno a la “prevención, protección y resarcimiento”, y a impulsar el derecho a una vida independiente y autónoma. “Sobre todo, que pueda existir una solución sustentable para las personas con discapacidad que han sufrido violencia”, dice Carlos Ríos.

Quedan huecos por cubrir desde el Estado, como implementar políticas públicas que permitan la compra de hogares accesibles y asequibles para personas con discapacidad. No hay un transporte público inclusivo, ni garantías educativas o laborales para que logren una vida autónoma.“No significa que uno tenga que vivir solo, sino con los apoyos específicos que sean necesarios”, dice Ríos, él mismo en silla de ruedas. “El chiste es que tengas el control sobre tu asistencia personal. Cualquiera puede decidir el cómo y el dónde vivir. ¿Por qué tendría que ser distinto para personas con alguna discapacidad?”